Sentencia Social 2569/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6822/2022 de 24 de abril del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda, en la que el demandante, Santos, solicita ser declarado en situación de incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente total para su profesión habitual de cocinero, derivadas, ambas, de enfermedad común. Todo ello, frente a la resolución del INSS de 21.7.2021, confirmada por la de 26.10.2021, que no le reconoce ningún grado de incapacidad permanente.

Frente a dicha sentencia, el demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y que se estime la demanda (la mención del "suplico" del escrito a la reposición de los autos en relación con un reportaje fotográfico debe ser atribuida a un simple error de redacción). Articula el recurso con arreglo a un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso no es impugnado por los demandados.

SEGUNDO.- En el motivo de revisión fáctica, el recurrente, tras enumerar todas las pruebas que aportó al proceso (puntos 1.2 y 1.3), lo que carece de eficacia procesal alguna en un recurso extraordinario como el que nos ocupa, solicita nueva redacción para el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia y la adición de cuatro nuevos hechos probados (sexto, séptimo, octavo y noveno).

Cada una de dichas peticiones debe ser examinada individualmente. Sin embargo, con carácter previo y común a todas ellas, debe tenerse en cuenta que, para la estimación de los motivos dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019), viene exigiendo de forma reiterada que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- Revisión del hecho probado cuarto.

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en este hecho probado, establece que el recurrente presenta las dolencias y limitaciones siguientes:

"Lumbociatalgia derecha en contexto de discretos signos degenerativos discovertebrales en los espacios L4-L5 y L5-S1, sin compromiso a nivel foraminal ni del canal, tratada con infiltraciones. Alta en la unidad de clínica del dolor desde abril de 2021. Electromiograma con resultado de parámetros normales el 14/06/2021, inexistencia de signos de radiculopatía. Exploración física normal."

Frente a dicha redacción, el recurrente propone la siguiente (subrayamos las adiciones, como hace el recurrente):

"Lumbociatalgia derecha en contexto de discretos signos degenerativos discovertebrales en los espacios L4-L5 y L5-S1, sin compromiso a nivel foraminal ni del canal, tratada con infiltraciones que han resultado inefectivas. Alta en la unidad de clínica del dolor desde abril de 2021 por no considerar que sea candidato a ninguna otra técnica de infiltración en estos momentos. Electromiograma con resultado de parámetros normales el 14/06/2021, inexistencia de signos de radiculopatía. Exploración física normal. Se aumenta dosis de tryptizol a 20 mg/12 h."

En el apartado correspondiente a la justificación de la solicitud, el recurrente, tras reprochar a la magistrada de instancia que no haya valorado las pruebas aportadas por él con la demanda y en el acto de juicio y sí únicamente el informe de los folios 77 y 78, emitido por la unidad de clínica del dolor del Hospital de Sant Pau el 7.4.2021, y señalar que la magistrada hace una valoración sesgada del mismo, pues examina solamente su segunda página, invoca el informe en su integridad para fundamentar la nueva redacción que propone.

Dicha solicitud no puede ser estimada porque no se ajusta a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico anterior de la presente sentencia. En este sentido, debemos señalar, de entrada, que no es cierto que la magistrada de instancia haya valorado únicamente el informe de los folios 77 y 78, pues, a tenor del fundamento jurídico primero de la sentencia, ha valorado todas las pruebas, cosa distinta a considerar de mayor valor el indicado informe, lo que entra dentro de sus facultades de libre valoración de la prueba. En segundo lugar, debemos señalar que, como es obvio, el hecho de que la magistrada de instancia solo cite el folio 78, no significa que no haya valorado igualmente la primera página del informe, esto es, el folio 77, valoración que se deduce del propio fundamento jurídico. Y, en tercer lugar, debemos señalar que el examen del citado informe no revela error alguno de la magistrada al valorarlo, en los términos exigidos por la indicada doctrina para que pueda prosperar la solicitud de revisión fáctica. Es más, la nueva redacción que propone el recurrente se aparta del texto y sentido del informe, el cual, tras exponer todas las actuaciones practicadas con el recurrente desde que visitó la unidad en 2018, dice, en su parte final, lo siguiente:

"Para valorar si ha habido algún cambio respecto a pruebas previas y la posibilidad de poder ofrecerle algún tipo de infiltración por nuestra parte se realiza nueva RM que solo muestra Discretos signos degenerativos discovertebrales en los espacios L4-L5 y L5-S1 sin compromiso relevante foraminal ni del canal. Por ello, no consideramos que sea candidato a ninguna otra técnica de infiltración en estos momentos. Así mismo, aumentamos la dosis de tryptizol a 20 mg / 12 h. hacemos receta y sugerimos seguimiento por médico de cabecera. Alta por Clínica del Dolor."

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación de la presente solicitud.

CUARTO.- Adición de un nuevo hecho probado (sexto).

El texto que el recurrente propone para este nuevo hecho probado, que damos por reproducido en su integridad, es un resumen de la evolución de los diferentes diagnósticos y tratamientos llevados a cabo en la mencionada unidad de clínica del dolor, texto para el que el recurrente invoca el informe emitido por el centro el 3.9.2018 (folio 20) y el indicado de los folios 77 y 78.

Dicha solicitud no puede ser estimada, en aplicación de la doctrina expuesta en el fundamento jurídico segundo de la presente sentencia, porque los datos que el recurrente pretende incorporar al relato fáctico no son relevantes en relación con el sentido del fallo de la sentencia, al no referirse a su estado en el momento actual. Además, la magistrada de instancia ya ha tenido en cuenta la historia clínica del recurrente en la unidad del dolor al valorar el repetido informe de los folios 77 y 78, donde consta dicha historia.

QUINTO.- Adición de un nuevo hecho probado (séptimo).

El texto que propone el recurrente para este nuevo hecho probado, que damos por reproducido en su integridad, se refiere al síndrome ansioso depresivo, las pruebas que, a su juicio, objetivan el mismo y la medicación prescrita. Basa el texto en la prueba pericial evacuada a su instancia (folios 82 a 93) más un informe de urgencias que cita la perita en el folio 85 y los informes de clínica del dolor obrantes a los folios 24, 25, 76 y 78.

La propia formulación de la solicitud impide su acogimiento porque incumple, una vez más, la doctrina expuesta en el fundamento jurídico segundo de la presente sentencia. En este sentido, el recurrente, en lugar de citar un documento o pericia concretos que evidencien error de la magistrada de instancia al valorar las pruebas, en los términos exigidos por la indicada doctrina para que pueda prosperar la solicitud de revisión fáctica, cosa que no sucede con ninguno de los documentos y pericial que cita, pretende que se incorpore al relato fáctico un texto que es fruto de su valoración particular y conjunta de todas estas pruebas, proceder vedado en este recurso extraordinario, que no abre una segunda instancia jurisdiccional y que no permite a la Sala valorar nuevamente las pruebas, a excepción de los supuestos de error ya mencionados. Por tanto, como hemos anticipado, la solicitud se desestima.

SEXTO.- Adición de un nuevo hecho probado (octavo).

El texto que propone el recurrente es el siguiente:

"Al Sr. Santos se le reconoce un grado de discapacidad del 65% con efectos de 13 febrero 2019, desglosados, grado de discapacidad del 58% y factores sociales complementarios 7; superando el baremo de movilidad en 10 puntos."

El recurrente fundamenta dicha solicitud en la resolución del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obrante a los folios 26 a 28, emitida el 18.11.2019, y la misma debe ser estimada porque los datos que aduce el recurrente constan en la indicada resolución. Únicamente debe corregirse el texto en el dato relativo al baremo de movilidad, pues el recurrente ha obtenido diez puntos en el mismo, que es cosa distinta a decir que lo supera en diez puntos, lo que, además, no es posible porque el máximo es de quince puntos (véase anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre). En consecuencia, acordamos incorporar al relato fáctico de la sentencia un nuevo hecho probado con el siguiente texto:

"Al Sr. Santos se le reconoce un grado de discapacidad del 65% con efectos de 13 febrero 2019, desglosados, grado de discapacidad del 58% y factores sociales complementarios 7; superando el baremo de movilidad, en el que ha obtenido 10 puntos."

Todo ello, con independencia de la relevancia de dichos datos a efectos de la declaración de incapacidad permanente, tema que abordaremos al tratar el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia.

SÉPTIMO.- Adición de un nuevo hecho probado (noveno).

El texto que el recurrente propone para este nuevo hecho probado, que damos por reproducido en su integridad, se refiere a la incompatibilidad entre las patologías que padece y los requerimientos que establece la Guía de Valoración Profesional del INSS para la profesión de cocinero (folio 81) y su propia formulación impide acogerlo, dado su carácter valorativo y predeterminante del fallo de la sentencia, cosa que lo hace impropio de figurar en el relato fáctico de la misma.

Debemos señalar, finalmente, que carece de eficacia procesal alguna el punto 1.9 del motivo, donde el recurrente resume los extremos que, en su opinión, se extraen de todas las pruebas practicadas.

Por todo lo expuesto, el motivo de revisión fáctica debe ser desestimado, a excepción de la solicitud tratada en el anterior fundamento jurídico de la presente sentencia.

OCTAVO.- En el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia, el recurrente denuncia que dicha sentencia infringe el artículo 194 LGSS, en la redacción contenida en la disposición transitoria 26ª de la misma.

En el desarrollo del motivo, el recurrente, tras exponer la doctrina jurisprudencial y de esta Sala sobre los grados de incapacidad permanente, alega, en síntesis, que las patologías y limitaciones que padece le impiden el desempeño de cualquier profesión y, subsidiariamente, la de cocinero, por lo que debe ser declarado en situación de incapacidad permanente absoluta y, subsidiariamente, total para su profesión habitual.

NOVENO.- Para resolver este motivo del recurso, es necesario empezar recordando que la incapacidad permanente absoluta, contemplada en el artículo 194.1.c) LGSS, viene definida en el artículo 194.5 del mismo texto como aquella "que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio". Por su parte, la incapacidad permanente total para la profesión habitual, contemplada en el artículo 194.1.b) LGSS, viene definida en el artículo 194.4 del mismo texto como aquella "que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta" (todo ello, en la redacción contenida en la disposición transitoria 26ª LGSS).

En relación con la incapacidad permanente absoluta, la sentencia de esta Sala de 19.7.2011 (recurso 4702/2010), recogiendo doctrina jurisprudencial pacífica, señala que "deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS de 18-1-1988 y de 25-1-1988 ), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS de 25-3-1988 ) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros ( STS de 12-7-1986 y de 30-9-1986 ), por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención que son indispensables en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias ( STS de 21-1-1988 ). Por tanto, no se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS de 6-2-1987 ), y estando por ello incapacitado para asumir cualquier género de responsabilidad laboral, por liviana o sencilla que sea la profesión u oficio elegido ( STS de 29-09-87 ). En consecuencia, habrá invalidez permanente absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS de 23-3-1988 y de 12-4-1988 )".

Por su parte, en relación con la incapacidad permanente total para la profesión habitual, la sentencia de esta Sala de 27.10.2017 (recurso 4436/2017), recogiendo doctrina jurisprudencial también pacífica, señala que "la incapacidad permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir exclusivamente de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de la misma, y proceder a declarar la incapacidad permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia ( STS 26-2-79 ) y con rendimiento económico y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ), en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989 )".

DÉCIMO.- A la hora de aplicar estos preceptos legales y doctrina al caso que nos ocupa, debemos partir de las patologías y limitaciones que la sentencia de instancia declara probadas en el ordinal fáctico cuarto, dada la desestimación del motivo de revisión fáctica salvo en lo referido a la declaración de discapacidad y superación del baremo de movilidad.

Lo expuesto, no permite, ya de entrada, acoger las alegaciones del recurrente, que parten de patologías y limitaciones que la sentencia no declara probadas. Por otra parte, la única patología que la sentencia declara probada, que es la referida a la zona lumbar, no comporta ninguna limitación funcional relevante, pues cursa sin compromiso radicular, como lo demuestra que la exploración física es normal. Tampoco puede deducirse nada relevante de los tratamientos en clínica del dolor, pues el recurrente ha sido alta en dicha unidad en abril de 2021. Por tanto, no está justificado que el recurrente no pueda desempeñar trabajo alguno, pero tampoco lo está que no pueda desempeñar el de cocinero, dada la aludida inexistencia de limitaciones funcionales, sin que ello suponga desconocer los requerimientos de dicha profesión, a tenor de la Guía de Valoración Profesional del INSS (código CNO-11: 5110).

Frente a ello, no cabe tener en cuenta las declaraciones de discapacidad y superación de baremos, pues no son vinculantes en sede de incapacidad permanente (sobre ello, extensamente, STS -Sala 4ª- 9.7.2020 -RCUD 805/2018-). Además, debemos advertir de que dos de las patologías en las que se basa la declaración de discapacidad y superación del baremo de movilidad no figuran en el relato fáctico de la sentencia de instancia (sordera y disartria) y tampoco se ha solicitado su incorporación en esta fase de recurso, por lo que ni siquiera aquellas declaraciones tendrían valor orientativo en este caso.

Por lo expuesto, la sentencia de instancia, al desestimar la demanda, no ha cometido las infracciones legales alegadas por el recurrente. Ello comporta la desestimación del recurso de suplicación y la confirmación de dicha sentencia en todos sus pronunciamientos.

UNDÉCIMO.- No procede imposición de costas al recurrente, parte vencida en el recurso, dado que dicha parte goza del beneficio de justicia gratuita ( artículo 235.1 LRJS).

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,