Sentencia Social 6067/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2283/2023 de 26 de octubre del 2023

PRIMERO. Contenido y objeto del recurso.

Se articula el recurso por la representación de Inocencio contra la sentencia del Juzgado de lo Social sobre la base de tres motivos: en el primero, formulado al amparo de la letra a) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), y se alega infracción del artículo 97 de la misma norma en relación con los artículos 24 y 120 de nuestra constitución, y ello por entender que la sentencia recurrida es arbitraria en las conclusiones probatorias que alcanza; en el segundo, formulado al amparo de la letra b) del mismo artículo, se pretende la revisión de los hechos declarados probados; y en el tercero, al amparo de la letra c) de la misma norma, se alega infracción de los artículos 316 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), en relación con doctrina de varias sentencias de esta Sala y de otras Salas de TSJ todas anteriores a 2002; también de los art. 34.9 y 35 ET y de la sentencia 4462/2021 de esta Sala, de 17/09/2021, rec. 3977/2021. Pretende la revocación de la sentencia y la consiguiente estimación de la demanda origen del proceso.

El recurso ha sido impugnado por la representación de FORTY PADEL, S.L, al entender que la sentencia ha valorado correctamente la prueba practicada y aplicado adecuadamente el derecho. Han sido parte en el proceso el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

La demanda origen del presente procedimiento pretendía la condena a la empresa codemandada a abonar en concepto de horas extras la cantidad de 6.611.29 € más el 10% de interés por mora, por el periodo 1-1-2019 a 15-3-2020.

La sentencia ahora recurrida entiende que no han quedado suficientemente acreditados hechos que puedan sustentar la pretensión razón por la que desestima la demanda.

SEGUNDO. Sobre la nulidad de la sentencia.

En el primer motivo el recurso interesa la " nulidad de la sentencia y la reposición de las actuaciones al momento en el que se produjo a esta parte indefensión, por infracción de los dispuesto en el artículo 9.3 , 24.1 y 118 CE ... porque la sentencia de instancia ha realizado una valoración arbitraria y alejada de la veracidad". La tesis que desarrolla este motivo de recurso, que se extiende a lo largo de 28 folios, es que la sentencia deduce los elementos fundamentales de los HDP exclusivamente de la prueba de interrogatorio del empresario administrador de la sociedad demandada, poniendo de manifiesto que no habría valorado adecuadamente los registros de jornada aportados por el trabajador, y existirían varias evidentes contradicciones entre lo que en algunos momentos manifiesta dicha persona con otras partes de su propia declaración o con documentos que obran en el proceso, y ello implica que la valoración de la prueba es irracional y arbitraria, ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva de la recurrente, y debe ser anulada. Pone también de manifiesto que quien ha ejercido jurisdicción en la instancia decidió, como Diligencia Final, practicar el interrogatorio del representante legal de la empresa demandada sin que fuera propuesto por ninguna de las partes, y al no decidir lo mismo sobre el interrogatorio del demandante, habría producido indefensión por desigualdad de armas.

El escrito de impugnación pone de manifiesto que la sentencia ha analizado la prueba practicada en el acto del juicio de forma razonable y de acuerdo con los criterios de la sana crítica, extendiéndose después a explicitar que se entiende por tal concepto, sin que se haya incurrido en arbitrariedad alguna en tanto que ha sido aplicada la valoración procesal adecuada, y sin que se haya incurrido en ningún tipo de arbitrariedad, citando tal efecto la sentencia 698/2015 del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre que define la misma. En cuanto a la impugnación del registro de jornada, señala que la misma se produjo en el minuto 15:19'' de la grabación de la vista oral. Por fin, respecto a la pretendida indefensión que a la parte actora habría causado la práctica del interrogatorio por diligencia final, pone de manifiesto que dicha parte en ningún momento formuló protesta ante tal decisión, y tuvo la oportunidad de intervenir en la misma y valorarla una vez terminada. Pone también de manifiesto que ahora, en fase de recurso, pretende sustentar sus motivos en los controles horarios aportados por la demandada, que precisamente impugnó en el acto del juicio (minuto 13:02 de la grabación), lo cual resulta contradictorio desde el punto de vista procesal.

En la Sala entendemos que no existe ningún motivo para acordar la nulidad de la sentencia, pues lo que en definitiva se está señalando en este motivo es que existe una profunda discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado quien ha ejercido jurisdicción en la instancia y ha plasmado en la sentencia; pero tal motivo debió articularse al amparo del artículo 193.b LRJS. Las pruebas personales, interrogatorios y testificales, son libremente valoradas en la sentencia de instancia, según establece la LRJS, y a nuestro modo de ver -en el caso presente- no incurre en ningún tipo de arbitrariedad o contradicción: del interrogatorio podrían haberse deducido otras conclusiones, pero la sentencia razona suficientemente porqué alcanza las mismas a la vista también de la valoración que da a la documental aportada por ambas partes y al conjunto de la prueba practicada, explicaciones éstas que alejan totalmente la posibilidad de arbitrariedad; lo cual no impide que si más adelante en el recurso se plantea discusión sobre las conclusiones alcanzadas, las mismas sean adecuadamente analizadas. Por otra parte es cierto que la parte demandante impugnó algunos de los documentos en los que ahora pretende sustentar su motivo de nulidad (al igual que la demandada impugnó los registros horarios presentados por la demandante), y aunque ello en la práctica pudiera significar ir contra sus propios actos -en la medida en que sus manifestaciones en el proceso han producido consecuencias jurídicas- ello no impide que sustente en ellas su razonamiento: cuestión distinta será la valoración que de ello haga esta Sala. Por fin, no es cuestionable la decisión de practicar interrogatorio del representante legal de la empresa demandada, menos aún cuando la parte ahora recurrente no formuló la oportuna protesta, ni recurrió tal decisión, como tampoco solicitó la práctica de la misma prueba en la persona de la parte demandante: cuando la ley procesal exige que se formule protesta que conste en acta ante una decisión de quien dirige el acto del juicio, en el momento en que se toma dicha decisión y no después, lo hace para que en ese preciso momento se analice la validez de la decisión de practicar la misma, antes y al margen del resultado que produzca y de que se conozca la parte que hipotéticamente ha podido resultar "beneficiada" o "perjudicada" por dicha prueba; es decir, debe ser analizada la decisión de acuerdo con las previsiones procesales y no en función del resultado de dicha prueba.

Se desestima el primer motivo del recurso.

TERCERO. Los Hechos declarados probados: Propuesta de modificación.

En cuanto a la pretendida modificación de hechos declarados probados (en adelante, HDP) que propone el recurso, debe en primer lugar razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el Tribunal "ad quem" está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones: De otra forma carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) de la ley procesal.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Criterios estos que han sido reafirmados por la reciente sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero, Recurso 2429/2019.

El recurso propone que se adicione al HDP 3º una frase en que conste que " La empresa reconoció la improcedencia del despido".

Sustenta la pretensión en prueba documental consistente en el auto judicial que refrenda el acuerdo alcanzado y lo justifica en que pondría de manifiesto que el trabajador no marchó voluntariamente de la empresa, sino que fue despedido de la misma.

El escrito de impugnación pone de manifiesto que la propuesta es irrelevante de cara a la resolución del presente proceso, y el hecho de que el empresario manifestará en el acto del juicio que el trabajador se fue voluntariamente resulta intrascendente en la medida en que era una expresión no jurídica que de ninguna manera puede variar el Fallo de la sentencia.

En la Sala entendemos que no se puede acceder a tal pretensión dado que la propuesta es totalmente intrascendente en la medida en que nada aporta al HDP pues de su redacción actual se desprende, sin necesidad de conjeturas, cuanto pretende el recurso.

Propone después la modificación del HDP 4º que tendría la siguiente redacción:

"El club tiene un horario de 8 a 24 horas de lunes a domingo. El trabajador iniciaba su jornada laboral a las 8 o las 9 horas, un poco cuando quería, hasta las 13 o 14 horas dado que vivía en el club. Luego por la tarde hacia otras dos horas más. Tenía que trabajar 8 horas y al empresario le era indiferente si las realizaba en uno u otro momento. El empresario llevaba a cabo un control sobre el horario del trabajador".

Cita nuevamente la documental consistente en las hojas de control horario presentadas por la parte demandada, y que ya hemos explicado arriba fueron impugnadas en el acto del juicio, y señala, sin mayor explicación, que tal cambio puede ser trascendente para el fallo del proceso.

Propone después la adición de un HDP 7º que tendría como finalidad introducir las horas diarias realizadas por el demandante en el mes de mayo y junio de 2019 (hojas de control horario aportadas por la empresa, impugnadas por la contraparte, y cuyas horas extras no son reclamadas en demanda), y también un HDP 8º que tendría la misma finalidad, si bien referida a los meses de noviembre de 2019 a marzo de 2020 (hojas de control horario aportadas por el demandante, impugnadas por la contraparte, y cuyas horas extras son reclamadas en demanda).

Se opone a todas ellas el escrito de impugnación en tanto que señala, respecto al HDP 7º, que se trata de horas no reclamadas en el proceso, lo que las hace intrascendentes, y respecto al HDP 8º y 4º que serían predeterminantes del fallo lo cual las hace inadmisibles.

En la Sala entendemos que no debemos aceptar las propuestas de relativas a los HDP 4º, 7º, y 8º, el primero porque contradice el planteamiento ideológico de la sentencia -que admite que se realizaba control horario, pero que éste era realizado con una gran libertad por el demandante- según se deduce de los restantes párrafos del mismo HDP 4º. Lo relativo al HDP 7º, es totalmente intrascendente en la medida en que no se refiere a las horas reclamadas, y es evidente que tiene por finalidad introducir en el proceso la idea de que siempre se hacían horas extraordinarias, incluso en el periodo no reclamado: pero éste no es objeto del debate, pues en este proceso lo que se trata de dilucidar es si existieron horas extraordinarias en los meses de noviembre 2019 a marzo de 2020, y, caso de que se hayan realizado, si las mismas fueron o no retribuidas.

En cuanto al HDP 8º, se da la circunstancia de que la sentencia recurrida no otorga credibilidad a las hojas de control horario presentadas por la parte demandante, y dicha valoración no ha sido discutida hasta el momento, lo que impide que podamos sustentar una modificación en dichos documentos. No olvidemos que, al encontrarnos ante un recurso de carácter extraordinario, quien ejerce jurisdicción en la instancia tiene un amplísimo margen de valoración de la prueba practicada, y en la Sala de suplicación tenemos, de forma correlativa, extraordinariamente limitada la posibilidad de variar esa valoración, que en la práctica se limita a supuestos de clara irracionalidad, arbitrariedad o vulneración de derechos fundamentales, circunstancias que no observamos concurran en el presente caso. La sentencia otorga absoluta credibilidad a la declaración en interrogatorio del representante legal de la empresa, y ello condiciona el resto de las conclusiones probatorias; a ello debemos añadir que los argumentos que se dan para tal credibilidad de los controles horarios aportados por la empresa y no de los aportados por el trabajador, son razonales y admisibles por su contenido, forma de redacción, e incluso el nombre que consta en el encabezamiento.

Ello implica la desestimación total de los motivos del recurso.

CUARTO. La legislación aplicable al caso.

Por cuanto aquí interesa, la LEC establece:

Artículo 316. Valoración del interrogatorio de las partes.

1. Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial.

2. En todo lo demás, los tribunales valorarán las declaraciones de las partes y de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 301 según las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 304 y 307.

Artículo 326. Fuerza probatoria de los documentos privados.

1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.

2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

QUINTO. Análisis del derecho aplicado por la sentencia. Recurso e impugnación.

1. La sentencia , tras explicar el objeto del proceso razona:

"La parte demandada se opuso a la demanda alegando no ser ciertos los hechos contenidos en la demanda e interesando su desestimación. Ponía de manifiesto que el trabajador tenía una relación de familiaridad con el empresario hasta el punto de que vivía en las instalaciones del club de pádel donde tenía una habitación, a petición suya, ya que de esta forma, podía ahorrar costes para poder traer a su familia de su país de origen. Afirma por otra parte, que no se han realizado horas extraordinarias dado que además, no existe la necesidad de que un trabajador preste servicios a jornada completa, porque no hay tanto trabajo que atender para una jornada completa. Añade que no ha podido aportar los registros horarios del periodo reclamado porque no los tiene, dado que el trabajador se los llevó, no reconociendo los aportados de contrario".

Explica la regulación legal de las horas extras y la carga probatoria respecto a las mismas, y añade:

"Y así las cosas, de la prueba practicada no puede concluirse que el trabajador realizara las horas extraordinarias cuyo abono reclama, no existiendo ningún motivo que lleve a dudar de las manifestaciones del Sr. Lorenzo en el transcurso del interrogatorio realizado al mismo.

En este sentido resultaron controvertidos los registros horarios aportados por cada una de las partes, motivos por los cuales se prescindirá de la valoración del contenido de dichos documentos, entendiendo que el interrogatorio del legal representante de la empresa demandada ofrece los suficientes datos para la resolución de la cuestión controvertida que nos ocupa, la cual, practicada en estricta contradicción, lleva a esta juzgadora a la convicción, de que el trabajador no realizó las horas extraordinarias cuyo abono pretende. En este sentido, el Sr. Lorenzo, propietario del club expuso como antecedentes que ayudan a esta juzgadora a comprender la forma en la que se desarrolló la relación laboral, que consideraba al trabajador su amigo, remontándose la amistad a 20 años, habiendo decidido ayudarle con motivo de la apertura del club de pádel en Reus hasta el punto de que para favorecer la reagrupación familiar, le ofreció un techo y un trabajo, depositando en él su confianza. De las manifestaciones del Sr. Lorenzo que vienen corroboradas por las de la testigo Sra. Adelina se desprende que el horario del trabajador era libre y no era controlado por el empresario. El hecho de que residiera en el mismo club de pádel hace más fácil comprender la imposibilidad de llevar a cabo un control sobre el horario y el trabajo que desarrollaba el demandante. Por otra parte, la confianza que el empresario tenía sobre el trabajador le llevó a relajar la vigilancia en torno a las anotaciones del registro horario. También se ha acreditado que eran los trabajadores quienes rellenaban las hojas de registro de jornada y que el empresario las validaba con su firma, nunca con un sello de caucho que estaba a disposición de todos los trabajadores en la recepción del club.

(...)

En otro orden de cosas, resulta claro que desde la reforme efectuada en 2019 en el ET, resulta obligatorio para la empresa la llevanza de un registro horario en el caso de los trabajadores a jornada completa. En este sentido, por la parte actora, se aportaron unos registros de jornada correspondientes al periodo reclamado (meses de noviembre de 2019 a marzo de 2020) en los que figura una firma en la casilla del trabajador, siendo que en la casilla de la empresa no aparece ninguna firma, a pesar de que es lo que se indica como requerido en el documento y aparece un sello de la empresa. La parte demandada manifestó no reconocer este documento por no haber sido confeccionado por la empresa, manifestando no poder presentar el registro de jornada correspondiente a ese periodo por no tenerlo en su poder, sospechando que el trabajador se lo había llevado, dado que vivía en las instalaciones y era persona de máxima confianza del dueño, añadiendo no haber interpuesto ninguna denuncia hasta la fecha.

Por su parte, la empresa demandada aportó tres hojas de registro correspondientes a los meses de abril y mayo de 2019 y añadiendo no poder aportar los correspondientes a otros meses por haberse quedado el actor con las hojas correspondientes al registro de jornada. La parte demandada, aportó uno registro diario de jornada correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2019, que fue impugnado por la parte contraria, por entender que hay tachaduras y que no está cumplimentado en forma, dado que se refiere a su representado como " Inocencio", si bien ha resultado de la prueba practicada que era con este nombre como se conocía al trabajador".

Recuerda el contenido del art. 326 LEC y concluye:

"Desde esta perspectiva, no se considera esencial o fundamental para la resolución de esta controversia, el documento consistente en el registro horario presentado por la actora obrante a los folios 57 a 61, ya que además, impugnado por la parte demandada, no se ofreció por la actora la práctica de prueba controvertida y el mismo no puede servir de principio de prueba de la realización de horas extraordinarias en la forma pretendida por la actora.

Excepción hecha de ese documento, no se ha aportado por la parte actora otro principio de prueba del que resulte la obligación de abono por parte de la empresa demandada; más al contrario, se ha practicado prueba acerca de la no realización de horas extraordinarias, como ha sido la derivada del interrogatorio del legal representante de la empresa demandada.

Y en cuanto a las horas extraordinarias que pudieran resultar del registro horario aportado por la parte demandada y a cuyo pago del exceso de la jornada ordinaria insinuó avenirse la parte en trámite de valoración de las diligencias finales, no puede hacerse pronunciamiento alguno, por prohibirlo el principio dispositivo, dado que se corresponden con un periodo de tiempo no reclamado por la parte actora".

2. El escrito de recurso denuncia infracción del artículo 316 LEC, e insiste en que la documental aportada por la empresa contradice lo expresado por el representante de la demandada, a pesar de lo cual, la sentencia no reconoce la realización de horas extraordinarias. Concluye que el razonamiento de "... la Sentencia, en torno a la prueba practicada del interrogatorio del administrador de la mercantil demandada, es arbitraria, incoherente y contradictoria", insistiendo en que existen 8 contradicciones. Y termina señalando que " La posibilidad de controlar en suplicación la aplicación de las normas jurídicas que atribuyen un efecto vinculante a medios probatorios distintos de la pericial o documental ha sido admitida por diferentes Tribunales de Justicia ... Además, no es coherente que como diligencia final se practicara la prueba del interrogatorio del legal representante de la empresa (rompiendo con el principio de inmediación y concentración), y no del actor y basándose plenamente en esa declaración para desestimar la demanda, como si de una prueba testifical se tratara".

Finalmente, en otro motivo, denuncia infracción del art. 34.9 y 35 ET y de la sentencia 4462/2021 de esta Sala, de 17/09/2021, rec. 3977/2021. El recurso transcribe parcialmente dicha sentencia y, tras señalar que ha planteado la modificación de los HDP 7º y 8º (arriba analizados), razona que en tanto que la sentencia admite que "... el trabajador en un periodo no reclamado ya realizaba horas extras...", debería haber concluido que también las realizaba en el periodo reclamado y "... el hecho de no cumplir por el empresario su obligación registro horario supone, conforme a las reglas de la carga de la prueba, la existencia de una presunción a favor de la persona trabajadora, considerándose suficiente que se aporte un indicio de prueba de la realización de las horas extraordinarias, correspondiendo a la empresa acreditar que no se hicieron en todo o en parte las horas extras reclamadas o que han sido debidamente compensadas con descansos ... Consideramos que hay indicios más que razonables para que opere la presunción a favor del recurrente. En todo caso, esta parte ha aportado los registros de jornada que no han sido impugnados de contrario, y que acreditan todas las horas extras reclamadas en la demanda (y aclaración de la demanda)."

3. El escrito de impugnación pone de manifiesto que, contra lo que señala el recurso, las conclusiones que alcanza la sentencia también se sustentan en la prueba testifical practicada en la persona de una antigua trabajadora de la empresa, que igualmente puso en cuestión los registros horarios aportados por el trabajador. Señala que el interrogatorio del representante legal de la empresa se ajustó a las previsiones legales, y resultó intenso y contradictorio, con posibilidad de intervención de la parte demandante. La sentencia valoró la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el HDP 2º declara que la empresa llevaba registro de control horario, y llega a recordar que incluso la falta de registros de control horario tan solo implica una presunción y no necesariamente la certeza de incumplimiento en materia de jornada. El trabajador residía en las instalaciones empresariales y ello hace extraordinariamente difícil el cálculo de las horas extraordinarias realizadas. Igualmente pone de manifiesto que alguna de las reclamaciones contenidas en la demanda implicaría que el demandante realizaría jornadas de "... Hasta 25 horas al día".

SEXTO. La posición de la Sala.

En la Sala entendemos que debemos desestimar el recurso.

Efectivamente hemos dejado dictado varias sentencias, baste por todas la 2048/2022, de 31 de marzo de 2022, Recurso 7738/2021, en las que afirmamos que, en nuestra opinión, la previsión del 34.9 ET debe armonizarse con el art. 217 LEC (" Carga de la prueba") cuando indica que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (apartado 2), e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior (apartado 3), todo ello matizado con el mandato de que para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio (apartado 7). Del análisis conjunto de dichas normas, atendida la obligación que tiene la empresa de mantener un registro horario en el que se detalle el tiempo de trabajo y, en consecuencia, las horas extraordinarias caso de que existan, es evidente que dicha parte (la empresa demandada) dispone de mayor disponibilidad y facilidad probatoria: razón por la que, en el caso de ser requerida para aportar dicho registro y de no cumplirlo, debe considerarse probado lo alegado en la demanda, de no ser algo totalmente ilógico, absurdo o irracional; en otro caso, de realizar otra interpretación, estaríamos incumpliendo la voluntad de la ley, que en su exposición de motivos explica que (subrayado nuestro):

"Una de las circunstancias que han incidido en los problemas del control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como en las dificultades de reclamación por parte de las personas trabajadoras afectadas por esa extralimitación horaria y que, a la postre, ha facilitado la realización de jornadas superiores a las legalmente establecidas o convencionalmente pactadas, ha sido la ausencia en el Estatuto de los Trabajadores de una obligación clara por parte de la empresa del registro de la jornada que realizan las personas trabajadoras.

La Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de diciembre de 2015, afirmó que "el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada". Y, a mayor abundamiento, precisó que la inexistencia del registro "coloca a las personas trabajadoras en situación de indefensión que no puede atemperarse porque las horas extraordinarias sean voluntarias, puesto que el único medio de acreditarlas es, precisamente, el control diario".

Aunque la interpretación recogida en esta Sentencia de la Audiencia Nacional no fue confirmada, el Tribunal Supremo en su Sentencia 246/2017, de 23 de marzo, afirmó que "de lege ferenda convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias...".

En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en su sentencia 4229/2021, de 1-9-2021, recurso 2121/2021, referida a una reclamación por horas extras posteriores a 12-5-2019, en la que se razona que:

"En cuanto las horas extras, es cierto que el actor, como recoge la sentencia recurrida, no ha probado la realización de las horas que reclama, y por tanto, deberíamos rechazar esta pretensión con los mismos argumentos que utilizó el Juzgado, pero, ese criterio jurisprudencial que obligaba al trabajador a probar la realización de cada hora extra que se reclamaba, entendemos que decayó a partir del 13.3.2019, fecha en que se modificó el art. 34 del TRLET añadiéndole un nuevo párrafo, el noveno, que dice lo siguiente ... [sigue transcripción] ... Por tanto, a partir de ese momento, corresponde al empresario la llevanza del correspondiente registro de la jornada y, por tanto, siendo el registro diario un elemento probatorio relevante a efectos de acreditar el número de horas que de trabajo efectivo realizó el actor en cada uno de los días que reclame la realización de horas extras, la falta de llevanza del mismo o la no presentación del registro para probar la realidad de la jornada realizada nunca puede favorecer a la parte que incumplió con sus obligaciones, por lo que correspondiéndole a la empresa y, no al trabajador la carga de la prueba, en el presente caso en que la empresa no compareció a juicio, se debe tener por acreditadas todas y cada una de las horas que el trabajador dice que realizó."

La conclusión que alcanzamos es que -de tratarse de horas extras posteriores a la fecha de entrada en vigor del art. 34.9 ET- deberá estimarse probada la realización de horas extraordinarias, al existir presunción derivada de la ley, en tal sentido; pero como toda presunción admite prueba en contrario, lo que implica que únicamente deberá aceptarse lo propuesto en demanda de no aportarse el registro horario, siempre y cuando no concurran circunstancias excepcionales que prueben lo contrario y sean adecuadamente valoradas por la sentencia recurrida, que es lo que sucede en el presente caso.

En el acto del juicio oral se presentaron controles horarios tanto por la empresa como por el trabajador, los de la empresa de periodo no reclamado, al tiempo que se formuló alegato de que los relativos al periodo reclamado habían sido sustraídos por el demandante; por parte del demandante se aportaron los registros horarios del periodo reclamado, con alegato de ser los elaborados por la empresa. En tales circunstancias ambos grupos de documentos fueron impugnados por la parte contraria.

Quien ejerció jurisdicción en la instancia ha llegado a la conclusión -valorando la totalidad de la prueba practicada- de que los aportados por la parte demandante no responden a la realidad y no son aquellos que supuestamente habría elaborado la empresa demandada, al tiempo que entiende que la explicación empresarial -para no aportar los registros horarios, que no se cuestiona que se elaboraban permanentemente- es creíble y coherente dentro del conjunto de circunstancias en las que se desarrollaba la prestación de servicios de la relación laboral; si a ello añadimos que en la demanda (y en los documento de registro horario aportados por el demandante) se llegan a reclamar en numerosas ocasiones la realización de 12 y 13 horas extraordinarias en un solo día, y entre 32 y 38 semanalmente durante el periodo reclamado, añadido a las objeciones en cuanto a confección del documento que señala la sentencia, nos resultan aceptables los razonamientos de esta última para desestimar la validez de la prueba propuesta por el trabajador y el resto de sus conclusiones.

En definitiva, manteniendo nuestra doctrina expresada en resoluciones anteriores, concluimos que en el presente caso concurren una serie de circunstancias que impiden aceptar como real la propuesta realizada por la parte demandante, y ello implica la desestimación del recurso y con él la confirmación de la desestimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.