Sentencia Social 4129/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 8164/2022 de 29 de junio del 2023

PRIMERO.- Por la parte demandada se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando las excepciones de indebida acumulación de acciones opuestas por la demandada y estimando parcialmente la demanda, declaró la nulidad de la distribución de jornada y modificación de horario impuestas, dejando ésta sin efecto con reposición a las personas trabajadoras demandantes en las condiciones retributivas establecidas con anterioridad al 1 de noviembre de 2021 en que se puso en práctica la modificación; condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a abonar por los daños derivados de la modificación impuesta la cantidad total de dos mil euros (2.000 euros), que para cada uno de lo/as demandantes se cuantifica en cuatrocientos euros (400 euros); desestimando el resto de pretensiones deducidas en la demanda. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la nulidad de la sentencia, y, subsidiariamente, la improcedencia de la indemnización acordada.

Conviene precisar que, pese a que la sentencia de instancia declare en su fundamentación jurídica la irrecurribilidad de la sentencia en suplicación al amparo del artículo 191.2.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (no obstante lo cual procedió a su admisión), dado que constata el carácter colectivo de la modificación sustancial acordada -en extremo incombatido en esta sede-, procede admitir el recurso interpuesto en aplicación de aquel precepto.

SEGUNDO.- Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte demandada recurrente insta la reposición de las actuaciones al momento anterior a la admisión de la demanda, denunciando la infracción del artículo 25.3 de aquella norma en relación con el artículo 24.1 de la Constitución, alegándose haberse incurrido en indebida acumulación subjetiva de acciones. Se argumenta, en síntesis, que la decisión empresarial imputada no es la misma para cada una de las personas demandantes, teniendo un efecto distinto y particular sobre cada una de las condiciones laborales supuestamente modificadas; a lo que añade que siendo reclamados daños y perjuicios la decisión tiene un efecto específico sobre cada una de aquéllas. Por ello, se insta la desacumulación de las acciones, entendiendo que la indebida acumulación acordada le genera indefensión al haberse reconocido la diversa casuística que rodea el contenido de la modificación de condiciones de cada demandante, pese a lo que se aprecia el requisito legal de la sustancialidad de las diversas modificaciones de condiciones "de manera indivisa", sin atender a la intensidad de las mismas en cada demandante ni a las situaciones de origen y final de cada una de ellas.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que la acumulación subjetiva de acciones acordada se encuentra amparada por el artículo 25.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dado que las pretensiones de lo/as demandantes tienen el necesario nexo por razón del título o causa de pedir, que consiste en que la empresa procedió simultáneamente con respecto a todo/as ello/as a una modificación de jornada en sentido peyorativo, con los mismos incumplimientos de los requisitos previstos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuestionándose la indebida acumulación subjetiva de acciones ejercitada en la demanda, dispone el precepto invocado, artículo 25.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir, añadiendo que se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos. En relación a este precepto, expusimos en la sentencia de 27 de septiembre de 2021 (recurso 3427/2021):

"En interpretación de los preceptos que se citan de la Ley Reguladora se remiten las sentencias de la Sala de 15 de febrero de 2018 y 2 de noviembre de 2020 a lo decidido en su pronunciamiento de 10 de junio de 2014 (RS 1744/2014 ), que reenvía (a su vez) a lo resuelto sobre el particular por las SSTSJ de Galicia de 14 de junio y 11 de octubre de 2013 .

Se recuerda, en este sentido, que "la acción puede definirse como derecho o interés subjetivo que se esgrime para justificar la petición de tutela judicial efectiva", pudiendo las mismas acumularse "de manera objetiva, subjetiva y objetivo- subjetiva" (siendo "el objeto del proceso la petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien de cualquier clase y los sujetos ... los que formulan las pretensiones, aquellos frente a los que se formulan las pretensiones y el juzgado o tribunal ante el que se formula la reclamación"). Se advierte, a tal efecto, que "La redacción originaria del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 11 de abril, no establecía norma alguna en materia de acumulación subjetiva de acciones, debiendo acudirse a las previsiones normativas en la materia establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado su carácter supletorio (primero el artículo 156 del Real Decreto de 3 de febrero de 1981 , y después el artículo 72 de la Ley 1/2000, de 7 de enero ).

Posteriormente, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, modificó la redacción del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , señalando en su apartado 3 que también podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos (introduciendo en la norma procesal laboral "directamente la regulación de la acumulación subjetiva de acciones").

Por su parte -avanza la Sala de Galicia en su razonamiento- "el artículo 25.3 de la actualmente vigente Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social , establece: También podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos. Es decir, no introduce modificación alguna sobre la del mismo apartado del artículo 27 del ya derogado Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral . Ambas normas (advierte el Tribunal), establecen lo mismo que antes lo hacía, por aplicación supletoria, la normativa antes citada de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un criterio general de posibilidad de acumulación subjetiva de acciones, siempre que entre las mismas exista una misma o conexa causa de pedir ...".

Subsumiendo el objeto del recurso en la normativa y doctrina expuestas, el nexo entre las pretensiones de lo/as demandantes resulta evidente por cuanto es impugnada la implantación de una modificación que afecta a la jornada u horario y distribución del tiempo de trabajo que fue llevada a cabo a través del mismo procedimiento, modificando unilateralmente el cuadrante mensual de cada persona trabajadora, con comunicación previa pero sin la antelación prevista en el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores de estimarse su carácter individual. Particularmente, concurre una circunstancia que determina que la referida excepción deba desestimarse sin necesidad de adicional argumentación, cual es que nos encontramos ante una modificación sustancial de carácter colectivo, al haber así concluido la sentencia de instancia en extremo incombatido en esta sede. De este modo, se expone que teniendo en cuenta que en los últimos noventa días la demandada habría acordado modificaciones de las mismas características en porcentaje superior a diez personas trabajadoras (conforme a las modificaciones resueltas por el Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona por sentencia de 28 de septiembre de 2021 -autos 681/2021-, así como en los autos 846/2021 seguidos ante el Juzgado de instancia), cabe concluir sobre su carácter colectivo. Es por ello que la conexión entre las diversas acciones resulta evidente, al basarse en modificación sustancial de carácter colectivo, a lo que no obsta la existencia de condiciones laborales distintas entre lo/as demandantes, lo que, en su caso, podrá ser tenido en cuenta en relación a los parámetros de determinación indemnizatoria.

No estimamos, en consecuencia, que la acumulación genere la indefensión alegada, lo que comporta que desestimemos la infracción procesal invocada y el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.- Como segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte demandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 1101, 1106 y 1107 del Código Civil en relación con el artículo 138.7 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se argumenta que la indemnización acordada no resulta procedente, dado que la medida ha sido declarada nula y no injustificada, sin haberse acreditado el daño causado por el comportamiento infractor y culpable de la empresa. De este modo, se continúa esgrimiendo, ni lo/as demandantes alegan daño concreto ni la sentencia individualiza éste para cada demandante, condenándose a la empresa por su comportamiento (no haber seguido las formas del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) en lugar de por el daño causado a cada persona trabajadora, lo que vulnera el régimen jurídico de indemnización de daños y perjuicios sufridos que establece el Código Civil en los preceptos invocados. Por ello, se insta la revocación del pronunciamiento de instancia en relación a la condena indemnizatoria por falta de acreditación de un daño real y falta de aportación, y en su caso explicación clara y lógica, de las bases, elementos o puntos de apoyo para su cuantificación.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que procede estar a la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia para considerar que nos encontramos ante una decisión dotada de suficiente razonabilidad con especial ponderación de la conducta reiterada de la empresa que incumple la sentencia de 28 de septiembre de 2021, dictada previamente por el Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona (autos 681/2021). Se postula, en consecuencia, la confirmación del pronunciamiento de instancia.

No cuestionándose la calificación de nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo (en adelante, MSCT) de carácter colectivo por no haberse seguido las formalidades previstas legalmente ex artículo 41 en sus apartados 3 y 4, cuestiona la parte recurrente tanto la fijación de indemnización por daño causado como los parámetros utilizados para su cálculo, materias sobre las que resolveremos de forma separada para superior claridad expositiva.

a) La procedencia de la indemnización.

Por lo que respecta a la procedencia de la indemnización en los supuestos de nulidad de la MSCT, pese a que el artículo 138.7 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social únicamente se refiere a la indemnización de daños y perjuicios en los supuestos de declararse el carácter injustificado de aquélla, estableciendo en relación a la nulidad el derecho al reintegro a la persona trabajadora en las condiciones anteriores, entendemos que esta última referencia no puede excluir el resarcimiento indemnizatorio en caso de ser acreditado. Y ello por cuanto de estimarse la nulidad de la medida el referido reintegro a las condiciones anteriores comporta el abono de los daños derivados de tal modificación, que de otro modo no podrían restituirse, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una modificación de condiciones laborales llevada a cabo por la empresa que determinó una variación de aquéllas durante un tiempo determinado sin causa, debiendo la empresa responder de las consecuencias que de ello deriven.

Así lo hemos venido entendiendo en supuestos similares, exponiendo en la sentencia de 10 de noviembre de 2021 (recurso 2771/20021), con fundamento en el artículo 1101 del Código Civil, que al regular de forma genérica la indemnización de daños y perjuicios en el ámbito del incumplimiento de las obligaciones dispone "quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas", concluyendo que el perjuicio económico en supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabajo debe comportar el correspondiente resarcimiento. Con idéntica doctrina, cabe citar asimismo la STSJ de Madrid de 18 de octubre de 2016 (recurso 617/2016).

En el supuesto que nos ocupa, del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, pacífico en esta sede, se desprende que la medida acordada sobre modificación de horarios, con reducción significativa del número de horas semanales y variación de su distribución (con introducción de horas en las jornadas alternas que se venían realizando) ha comportado para lo/as demandantes una alteración de la organización de su vida personal y laboral. Ello no obstante, concluye la juzgadora a quo que resulta dificultoso concluir sobre si se ha producido una repercusión salarial, ante el reconocimiento por la empresa de que los cambios horarios no han afectado a la retribución, al haberse ofrecido a la mayoría de lo/as demandantes la posibilidad de realizar superior jornada, y no disponerse de datos ordenados que permitan llegar a tal conclusión. Pese a no disponerse de datos sobre si se produjo pérdida retributiva para cada una de las personas trabajadoras ni, en consecuencia, sobre su importe, compartimos con la juzgadora de instancia que la modificación horaria conllevó una alteración que pudo afectar a la vida personal y familiar dada la necesaria reorganización de horarios al modificarse los laborales, por lo que estimamos que podría haber lugar a la indemnización por los daños y perjuicios causados, cuestión sobre la que dirimiremos seguidamente.

b) El quantum indemnizatorio.

Cuestiona el recurso interpuesto el quantum de la indemnización acordado por la sentencia de instancia, que determina como tal del de dos mil euros (2.000 euros) a prorratear para cada uno/a de lo/as demandantes en el importe de cuatrocientos euros (400 euros). A tal efecto, la parte actora ofrecía en la demanda como doble criterio de cuantificación de los daños el de las horas realizadas fuera del horario inicialmente pactado, asimilables a horas extras conforme al precio de las mismas en función de las categorías de los demandantes, o el cálculo de las horas en que no se les habría dado ocupación como horas ordinarias; parámetros que no se consideran aplicables por la juzgadora a quo al no haber sido acreditada la repercusión en la retribución percibida. Por ello, la sentencia de instancia, partiendo de no resultar necesaria la práctica de prueba sobre la cuantificación de la indemnización dada su notoriedad, adopta como criterio para su cálculo el de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la cuantía prevista para las faltas graves en su grado medio por importe de dos mil euros (2.000 euros).

Ahora bien, sin perjuicio de que compartamos que la MSCT debió afectar a cada uno de lo/as demandantes dada la lesión de su derecho al mantenimiento de sus condiciones laborales, la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo viene exigiendo una individualización de los daños causados en supuestos de medidas de alcance colectivo (por todas, STS/4ª de 26 de julio de 2022 -recurso 67/2022-), que en el supuesto que nos ocupa no se ha producido. A tal efecto, resulta de interés recordar que, si bien la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha considerado que la indemnización por daño moral en supuestos de vulneración de derechos fundamentales resulta indisolublemente ligada a su propia concurrencia, no concluye del mismo modo en aquellos en que, cual acontece en el objeto de recurso, no se aprecia tal lesión. Recuerda, en tal sentido, la STS/4ª de 13 de diciembre de 2018 (recurso 3/2018) que " la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." ( STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada".

La propia sentencia de instancia concluye que no procede aplicar los criterios objetivados en la demanda sobre resarcimiento indemnizatorio ante la ausencia de acreditación de la repercusión de la medida en relación a cada uno/a de lo/as demandantes. Es por ello que estimamos que este defecto probatorio no puede ser suplido en esta sede ni debe comportar, tal como efectúa la sentencia de instancia, el cálculo de una indemnización global posteriormente prorrateada en relación a cada uno/a de lo/as demandantes, sino que impide el cálculo individualizado del daño producido a cada persona trabajadora, también en relación al daño moral y, consecuentemente, su determinación. Tal conclusión deriva de la doctrina jurisprudencial expuesta que, si bien exime de superior concreción en los supuestos de daño moral derivado de lesión de derechos fundamentales, no extiende tal conclusión a los que no impliquen lesión de tal índole, por lo debiera haberse concretado, siquiera someramente, la afectación de la medida en relación a cada uno/a de lo/as demandantes para ulteriormente proceder a su individualización. De este modo, la STS/4ª de 6 de junio de 2018 (recurso 149/2017) recuerda, en relación a la doctrina de la Sala sobre indemnización de daños y perjuicios, que "en la LRJS se preceptúa que: a) "La demanda ... deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios , a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183 , y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador" ( art. 179.3 LRJS ), de donde es dable deducir que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental y que tratándose de daños morales cuando resulte difícil su estimación detallada deberán flexibilizarse, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización".

En suma, no pudiendo presumirse la cuantificación del daño moral sin una mínima acreditación por la parte actora, y no habiéndose aceptado por la juzgadora a quo (en extremo incombatido en esta sede) las bases de cálculo o parámetros determinados en la demanda ni el daño moral individualizado en relación a cada uno/a de lo/as actores, procede estimar la infracción denunciada en relación a este particular, dejando sin efecto las indemnizaciones acordadas.

Lo anteriormente expuesto comporta la estimación parcial del recurso, revocando parcialmente el pronunciamiento de instancia en el particular relativo al importe indemnizatorio que quedará sin efecto, manteniendo el resto de pronunciamientos.

CUARTO.- En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas devengadas en el recurso.

Del mismo modo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 203, apartados 2 y 3, de aquella norma, procédase a la devolución parcial de las consignaciones, en la cuantía que corresponda a la diferencia de las dos condenas, así como a la cancelación parcial de los aseguramientos prestados, una vez firme la presente resolución. Se acuerda, asimismo, la devolución de la totalidad del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,