Sentencia Social 5433/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 1053/2023 de 29 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso:

La sentencia de instancia desestimó la demanda en la que el trabajador solicitaba una incapacidad permanente total, o subsidiariamente parcial, derivada de enfermedad común, para la profesión habitual de minero.

Frente a dicha sentencia interpone recurso de suplicación el trabajador, con motivos dirigidos a la nulidad de la sentencia por infracciones procesales, a la revisión de hechos probados y a la censura jurídica.

El recurso no fue impugnado.

SEGUNDO.- Motivo dedicado a la denuncia de infracción de normas de procedimiento.

En este primer motivo el recurrente solicita la declaración de nulidad de la sentencia por haber quedado sin respuesta una de las cuestiones planteadas en la demanda, concretamente la petición de ver reconocida una incapacidad permanente parcial. Se transcribe en el recurso la conclusión denegatoria de la sentencia para indicar acto seguido que no existe " ningún razonamiento en toda la sentencia que sustente esta enumeración", denunciando que no se razona sobre la disminución del rendimiento ni sobre el incremento en la penosidad y la peligrosidad.

Sobre la petición de nulidad de actuaciones el Tribunal Supremo, en doctrina manifestada en sentencias tales como las de 13 marzo 1990 ( RJ 1990, 2071), 30 mayo 1991 y 22 junio 1992 (RJ 1992, 4603), seguida por numerosos pronunciamientos de diversos Tribunales Superiores de Justicia, ha establecido las pautas que deben aplicarse y que pueden sintetizarse del modo que sigue:

a) Ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales. En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 (RJ 2004, 2577) (recurso 63/2003) que " la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada".

b) Ha de constar previa protesta en el juicio oral, salvo que no haya sido posible realizarla, en cuyo caso debe manifestarse el rechazo a la vulneración imputada en el oportuno recurso.

c) Ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones.

d) Ha de justificarse la infracción denunciada.

e) Debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante.

f) La infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retroacción de actuaciones.

g) No debe tener parte en la alegada indefensión quien solicita la nulidad.

En concreto respecto de la nulidad por defectos en la motivación la sentencia de esta Sala de 2/11/2022 (rec. 1297/2022) razona del modo siguiente:

" El art.24.2 CE protege el derecho a que las pruebas practicadas sean valoradas, de forma que se vulnera el derecho a la prueba si la prueba practicada no se valora al resolver el litigio ( SSTC 116/1983, de 7 de diciembre [ RTC 1983\116 ], 147/1987, de 25 de septiembre [ RTC 1987\147 ], 50/1988, de 22 de marzo [ RTC 1988\50 ], 205/1991, de 30 de octubre [ RTC 1991\205 ], 65/1992, de 29 de abril [ RTC 1992\65 ], 357/1993, de 29 de noviembre [ RTC 1993\357 ], 110/1995, de 4 de julio [ RTC 1995\110 ], 131/1995, de 11 de septiembre [ RTC 1995\131 ], 164/1996, de 28 de octubre [ RTC 1996\164 ] y 205/1998, de 26 de octubre [ RTC 1998\205].)

En orden a apreciar la motivación fáctica suficiente de la resolución recurrida, la Sala ha ido desgranando la siguiente doctrina:

1) Hay que expresar en relación a cada hecho probado el medio o medios de prueba de los que se obtiene, para posibilitar así el control en vía de recurso ( STSJ Catalunya núm. 2509/2004 de 25 marzo .)

2) No son admisibles las fórmulas que encubren la falta de motivación tras la valoración conjunta de la prueba. Ejemplo: "Conforme al art.97.2 LRJS los hechos declarados probados se deducen de una valoración conjunta de la actividad probatoria ( STSJ Catalunya núm. 1316/2008 de 12 febrero ).

3) No es admisible la remisión genérica a los medios de prueba practicados sin individualizar respecto de cada hecho probado los medios de que procede . Ejemplo: "se estiman los hechos declarados probados más arriba en virtud de las alegaciones de las partes y valorando, en su conjunto, la prueba practicada (documental, confesión y testifical) en relación a los hechos vertidos en las actas de la Inspección de Trabajo teniendo en cuenta que las actas gozan de presunción de certeza..." ( STSJ Catalunya núm. 1991/2002 de 8 marzo )

4) Genera nulidad la ausencia total de motivación sobre hechos que se declaran como probados ( STSJ Galicia de 20 enero 2003 . )

6) No se cumple el requisito de justificación suficiente de la valoración de la prueba practicada en orden a un punto esencial del litigio cuando no se justifica en modo alguno la causa por la cual no se hayan incorporado a los hechos probados determinadas manifestaciones testificales de un testigo, del que se toman otras manifestaciones en hechos probados. La falta de justificación del sesgo es insuficiencia de la motivación( STSJ Islas Canarias (Las Palmas) núm. 314/2002 de 22 marzo )

7) Genera nulidad una sentencia que se limita a consignar en un hecho probado los devengos de los actores por determinados conceptos, precisando unas concretas diferencias a su favor, y en la fundamentación jurídica no indica el razonamiento que le ha llevado a declararlo probado (STSJ Comunitat Valenciana núm. 506/2001 de 30 enero).

8) Generan nulidad las "sentencias formularias" cuya fundamentación Jurídica consiste en un razonamiento "tipo" o explicación jurídica genérica y no particularizada del supuesto ante ella planteado, de tal modo que le sirve para ofrecer una solución jurídica única a distintos supuestos de la misma materia ( STSJ Castilla-La Mancha núm. 1547/2001 de 6 noviembre . )

En definitiva, la Ley exige la motivación de las conclusiones fácticas de la sentencia, cuando dice en su art. 97.2 LRJS que la sentencia, apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esa conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por la presunción legal de certeza.

Las partes tienen derecho a conocer el iter valorativo que lleva al juzgador a expresar la conclusión fáctica en los hechos probados de la sentencia, no siendo admisibles fórmulas tan rituarias como vacías, como " los hechos probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba practicada"; u otras similares, pues con dichas fórmulas se impide el control de razonabilidad de dicha valoración y, también, la posibilidad de recurrir, pues tales vaguedades hacen imposible a la parte conocer qué pruebas se basan en documentos o pericias, y gozan por tanto de la posibilidad de ser revisadas en sede en suplicación ( art.193b) LRJS ) o casación ordinaria ( art.207d) LRJS ).

Por ello, la indeterminación del medio de prueba del que procede un hecho probado puede y suele acarrear indefensión ( STSJ Catalunya 516/2013 de 22 enero . JUR 2013\91844)"

Del examen del fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, la Sala llega a la conclusión de que el motivo ha de ser desestimado. La sentencia recurrida contiene suficientes hechos probados para resolver la controversia, se razona en ella de forma más que suficiente cuál ha sido el proceso valorativo que ha llevado a considerar acreditados unos hechos, y se termina por explicar por qué no se entiende que el trabajador sea tributario de ninguno de los dos grados solicitados. Tal y como el propio recurso reconoce, la sentencia hace expresa mención al rechazo de la incapacidad permanente parcial. Aunque la conclusión se exprese de forma breve, ello es consecuencia lógica de la previa descripción de las limitaciones funcionales que implican las alteraciones anatómicas acreditadas. En el fundamento primero de la sentencia, cuando se alude al cuadro residual acreditado, se concluye que " las pruebas practicadas no permiten objetiva ninguna limitación funcional en el ámbito de la movilidad, fuerza o sensibilidad, en el segmento cervical ni en el lumbar". El juez a quo, por tanto, al aplicar el derecho parte de que no se han acreditado limitaciones funcionales objetivas y relevantes, más allá de una cervicolumbalgia " de discreto impacto funcional", que no presenta " criterios de permanencia" ya que es episódica.

Con esa premisa, que la sentencia señale que la demanda se desestima, en cuanto a la incapacidad permanente parcial, porque no es apreciable una disminución en el rendimiento superior al 33%, constituye a nuestro juicio una motivación más que suficiente, que permite holgadamente a la parte conocer por qué razón se ha denegado ese grado de incapacidad: no se alcanza esa disminución porque previamente se ha dicho que no existe una limitación funcional permanente ni que pase de ser discreta. Ello conduce al rechazo del motivo.

TERCERO.- Revisión de hechos probados.

En el motivo del recurso dirigido a la modificación de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, el recurrente solicita que se revise el hecho probado quinto.

El examen de este motivo de suplicación obliga, ante todo, a recordar que, respecto de los motivos de revisión fáctica, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019), viene exigiendo de forma reiterada que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

El redactado del motivo no se ajusta exactamente a las citadas exigencias. No se limita el recurso en este punto, como sería procedente de acuerdo con el art. 193.b) LRJS, a designar algunos documentos concretos, o la prueba pericial, para explicar en qué medida los mismos revelan un error palmario o evidente en el hecho probado quinto. El razonamiento sobre el error valorativo a nivel fáctico se entremezcla de forma constante con la censura jurídica, insertando en este motivo alegaciones frecuentes relativas a la imposibilidad del trabajador para prestar servicios como minero y la consecuente procedencia de estimar la demanda.

Filtrando el contenido del motivo, y limitándolo a la denuncia sobre el error en los hechos, la Sala entiende que se señalan como referentes probatorios para fundar la solicitud de revisión suplicacional las periciales médica y técnica que fueron propuestas por su parte en juicio. Con esa base se intenta añadir que en su trabajo el recurrente está sometido a fuertes vibraciones, que requiere constantes flexoextensiones cervicales para mirar el techo de la mina, que deambula por terrenos irregulares con un caso y luz que pesan 1 Kg y un módulo rescatador de 4 Kg de peso sobre la región lumbar. También solicita que se añada que la IT previa al expediente de incapacidad fue precedida de " largos periodos de IT desde como mínimo 2015".

Comenzaremos por desechar la adición relativa a los periodos de IT previos en primer término porque si alguna relevancia (relativa) pudiera tener la existencia de bajas médicas en el pasado, sería si su causa fueran las patologías que basan la pretensión de IP, y ese dato no se incorpora al texto alternativo, limitado a pretender que se deje constancia que han existido "largos periodos de IT". Sucede, además, que del folio 125 resulta que el recurrente se mantuvo de baja por cervicalgia desde 2015, y antes del periodo previo al expediente administrativo, sólo en cuatro ocasiones, con duraciones variables que van desde 9 días hasta 8 meses, lo que no se corresponde exactamente con el texto propuesto.

En cuanto al resto de la solicitud, no prospera por su irrelevancia, dado que resulta pacífica la profesión habitual de minero y respecto de ella no sólo son notorias las exigencias biomecánicas, sino que se cuenta con la Guía de valoración profesional del INSS que la propia parte actora aportó en juicio, y la relevante circunstancia de que el referente en este tipo de procedimientos no es el puesto de trabajo, que a lo que principalmente se refiere el texto cuya adición se pretende, sino la más amplia categoría de profesión habitual.

CUARTO.- Censura jurídica.

El recurrente impugna la sentencia de instancia por la vía de lo dispuesto en el artículo 193.c) LRJS y a su amparo denuncia infracción del art. 196.1 LGSS en concordancia con el Decreto 1646/1972. Entendemos, dado que el suplico del recurso pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial, que se está denunciando la infracción de los apartados 3 y 4 del art. 194 LGSS.

El art. 194, en su apartado 4, define la incapacidad permanente total para la profesión habitual como aquella " que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta". La sentencia de esta Sala de 27.10.2017 (recurso 4436/2017), recogiendo doctrina jurisprudencial también pacífica, señala que " la incapacidad permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir exclusivamente de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de la misma, y proceder a declarar la incapacidad permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia ( STS 26-2-79 ) y con rendimiento económico y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ), en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989 )" .

En cuanto a la incapacidad permanente parcial el apartado 3 del citado art. 194 LRJS -en su redacción provisionalmente vigente- señala que se entenderá como tal la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. La jurisprudencia ha reiterado que a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad del/de la trabajador/a ( sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2.009), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetiva y matemáticamente pueda rendir el trabajador afectado, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta ( sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero y 30 de junio de 1987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

En este caso concreto el cuadro secuelar del que nos da cuenta el inmodificado hecho probado quinto supone que el trabajador, como consecuencia de las alteraciones degenerativas que sufre a nivel discal, presenta lumbalgia y cervicalgia. En relación con su intensidad la sentencia, con base en el dictamen de la SGAM, la pericial del INSS y el informe especializado que el actor aportó como parte de su pericial médica (folio 122), concluye que no existe afectación radicular clínica o electromiográficamente comprobada, ni tampoco disminución en la movilidad o en la fuerza de las extremidades El carácter discreto de las afectaciones condujo al juez a quo a negar la concurrencia de los requisitos exigibles para ser acreedor de ninguno de los grados pretendidos, y la Sala comparte esa valoración.

Es cierto que en la profesión de minero la carga física sobre el raquis es elevada, en concreto con solicitudes mecánicas entre el 40% y el 60% de la jornada (grado 3 sobre 4 según la antes citada guía de valoración profesional del INSS), pero el impacto funcional de las alteraciones discales no alcanza en el presente momento una relevancia tal que impida todas o las principales funciones de la citada profesión, ni tampoco implicará una disminución del rendimiento superior al 33%, ni un incremento significativo de la penosidad o la peligrosidad.

El demandante presenta una afectación discal que desde luego debe tener en cuenta su empleadora a los efectos del art. 25 LPRL, y si su principal limitación tiene que ver con la necesidad de mirar al techo de la mina en el puesto de operario de jumbo de entibación y perforación, puede ser procedente el cambio a un puesto en que la mirada se mantenga en la horizontal o por debajo de ella. Existe un espacio legal entre la ausencia de limitaciones, y la situación en que se alcanza un grado de afectación funcional suficiente como para precipitar el reconocimiento de una IP, y a nuestro juicio el actor en este momento se mantiene en ese espacio. Presenta patología lumbar y sobre todo discal, y puede precisar procesos de IT como los 4 que sufrió entre 2015 y 2022, pero no es apreciable la permanente limitación que debe concurrir como presupuesto ineludible para cualquiera de los dos grados postulados.

Tal conclusión, contrariamente a lo que señala el recurso, no supone una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la misma no implica ver en todo caso reconocidas las pretensiones deducidas, sino únicamente la obtención de una resolución que de forma suficientemente motivada resuelva la controversia tras la práctica de los medios de prueba propuestos y admitidos.

Por todo cuanto hemos razonado procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,