Sentencia Social 4180/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 7427/2022 de 30 de junio del 2023

PRIMERO.- Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Juan Enrique, dirigida contra INSS, TGSS, UNIVALE ACTIVA MUTUA e IVEMON AMBULANCIAS EGARA S.L., y declara derivados de accidente de trabajo los procesos de incapacidad temporal de 18.11.2020 a 29.12.2020 y 30.12.2020 a 14.3.2021, manteniendo la contingencia común del iniciado el 30.4.2019 y finalizado el 1.10.2020 y condenando a la mutua demandada a abonar las diferencias en el importe del subsidio derivadas de dichas declaraciones. Todo ello, frente a la resolución del INSS de 22.3.2021, dictada en expediente de determinación de contingencia, que declara que los tres procesos derivan de enfermedad común.

Frente a la indicada sentencia, el demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita que se revoque el pronunciamiento de la misma referido al proceso de incapacidad temporal 30.4.2019-1.10.2020 y se declare que también deriva de accidente de trabajo. Articula el recurso con arreglo a un motivo de revisión fáctica, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso es impugnado por la mutua demandada, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- En el indicado motivo de revisión fáctica, el recurrente solicita la supresión del hecho probado duodécimo de la sentencia de instancia y la adición de un nuevo hecho probado, que sería el cuarto bis.

Cada una de dichas peticiones debe ser examinada individualmente. Sin embargo, con carácter previo y común a ambas, es necesario tener en cuenta que, para la estimación de los motivos dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- Supresión del hecho probado duodécimo.

Como hemos visto, el texto de este hecho probado es el siguiente:

"El Sr. Juan Enrique presenta como antecedentes patológicos: lumbalgia.

(Documentos nº. 30 a 39, 81 a 85 del ramo de prueba de la parte actora)"

El recurrente, en síntesis, alega que este hecho probado debe ser suprimido porque ninguno de los documentos que cita la magistrada de instancia en el mismo, consistentes en informes médicos, establece, por su fecha, la existencia de una patología previa al accidente de trabajo de 7.12.2014, que se declara probado en el ordinal fáctico tercero y que, según el recurrente, es el origen de toda su patología "invalidante", por lo que el citado hecho probado duodécimo puede dar lugar a confusión en relación con lo que establece la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de Tarragona el 9.10.2018 (autos 519/2017), que establece la contingencia profesional de los procesos de incapacidad temporal derivados de aquel accidente de trabajo.

Por su parte, la mutua, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la solicitud del recurrente alegando, en síntesis, que la propia sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Tarragona declara probada la existencia de patología degenerativa lumbar previa al accidente de trabajo de 7.12.2014.

La doctrina expuesta en el fundamento jurídico anterior de la presente sentencia impide el acogimiento de la presente solicitud porque la magistrada de instancia funda su convicción en la valoración conjunta de los informes que cita en el hecho probado y el recurrente no justifica la existencia de error en dicha valoración, en los términos exigidos por dicha doctrina para la revisión fáctica. En este sentido, hay que señalar, de entrada, que el hecho probado no precisa en ningún momento que los antecedentes patológicos sean anteriores o posteriores al accidente de trabajo de 7.12.2014. Además, como alega la mutua, la propia sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 el 9.10.2018 en los autos 519/2017, obrante a los folios 9 a 12 de los presentes autos y que la sentencia aquí recurrida dice que es firme (hecho probado cuarto, donde se da por reproducida), admite la existencia de patología degenerativa lumbar previa al citado accidente, pues, precisamente, declara que dicha patología se agravó como consecuencia del accidente (fundamento jurídico tercero), que es uno de los argumentos por los que considera que los procesos de incapacidad temporal de 6.4.2016 a 11.10.2016 y 10.11.2016 a 31.5.2017 derivan de dicho accidente, lo que la lleva a desestimar la demanda de la mutua, en la que solicitaba que se declarara que dichos procesos derivaban de enfermedad común.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación de la presente solicitud de revisión fáctica.

CUARTO.- Adición de un nuevo hecho probado (cuarto bis).

El nuevo texto que el recurrente propone incorporar al relato fáctico de la sentencia de instancia es del tenor literal siguiente:

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En fecha 16/12/2018 el actor sufrió un accidente cuando "(...) fent una transfer a la feina, nota dolor a esquena a zona dorsal". Fue recibida asistencia por parte de la Mutua del 17/12/2018, sin emisión de parte de baja médica, con diagnóstico "lumbago"

(Doc n.º 8 y Doc n.º 9 de la actora, folios 340 a 348)>>

El recurrente fundamenta este texto en los documentos que cita en el mismo y, en síntesis, alega que los datos que contiene son importantes porque la sentencia de instancia basa el carácter común de la contingencia determinante del proceso de incapacidad temporal iniciado el 30.4.2019 en la inexistencia de bajas posteriores a 2017 por problemas lumbares, entre otros argumentos.

La mutua, por su parte, no se opone a la incorporación del nuevo hecho probado, si bien señala que no es relevante en relación con el sentido del fallo de la sentencia.

La solicitud formulada por el recurrente debe ser estimada porque los datos que alega se extraen literalmente de los documentos obrantes a los folios 340 a 348 de los autos. En este sentido, consta la emisión de parte de baja médica de 14.1.2018 por accidente de trabajo sufrido en la misma fecha, alta médica inicial de dicho proceso el 9.2.2018, revocación de dicha alta médica por resolución del INSS de 8.3.2018 (salida), nueva alta médica el 6.4.2018 y asistencia de la mutua el 17.12.2018 -sin baja médica- por accidente de trabajo sufrido el 16.12.2018 con la descripción que cita el recurrente. Por tanto, acordamos incorporar el nuevo hecho probado al relato fáctico de la sentencia de instancia con el texto propuesto por el recurrente, con independencia de la trascendencia que este nuevo hecho probado pueda tener, cuestión que será examinada en el motivo de censura jurídica de la sentencia de instancia.

Por todo lo expuesto, el motivo de revisión fáctica se estima en parte, únicamente respecto de la incorporación del nuevo hecho probado cuarto bis al relato fáctico de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Debemos examinar ahora el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia, en el que el recurrente denuncia que dicha sentencia infringe el artículo 156 LGSS, si bien, a tenor de las alegaciones contenidas en el motivo, la denuncia se refiere concretamente a los apartados 2.f) y 3 de dicho precepto.

Para centrar adecuadamente las alegaciones con las que el recurrente sustenta el presente motivo del recurso, hay que tener en cuenta que, a tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, dicha parte presta servicios para la empresa demandada con la categoría profesional de técnico de transporte sanitario-camillero y estuvo en situación de incapacidad temporal derivada de dolencias lumbares en los periodos 30.4.2019-1.10.2020, 18.11.2020-29.12.2020 y 30.12.2020- 14.3.2021, periodo, este último, en el que la incapacidad temporal se extinguió por declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de enfermedad común. Además, a raíz de un accidente de trabajo sufrido el 7.12.2014, la ya citada sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Tarragona declaró que los procesos de incapacidad temporal de 6.4.2016 a 11.10.2016 y 10.11.2016 a 31.5.2017 derivaban de este último accidente de trabajo.

Como hemos visto, el INSS, en la resolución dictada el 23.3.2021, declaró que la contingencia de los tres procesos objeto del presente litigio era enfermedad común. Frente a ello, la sentencia de instancia declara que la contingencia de los dos últimos es accidente de trabajo porque derivan del accidente de trabajo sufrido por el recurrente el 17.11.2020 a raíz del dolor lumbar irradiado a miembro inferior derecho, que le sobrevino al realizar la transferencia de un paciente (hecho probado séptimo, párrafo segundo), debiéndose advertir de que la contingencia de estos dos procesos de incapacidad temporal no es objeto de discusión en esta fase de recurso, pues ninguna de las demandadas ha recurrido la sentencia y el recurrente, lógicamente, está de acuerdo con el parecer del Juzgado.

Sin embargo, la sentencia declara que la contingencia del proceso de incapacidad temporal 30.4.2019-1.10.2020 es enfermedad común porque deriva de la intervención quirúrgica programada que le fue practicada al recurrente el 30.4.2019, consistente en radiofrecuencia de las facetas lumbares L3-L4. L4-L5 y L5-S1 derechas (hecho probado séptimo), y, según la sentencia, no tiene relación con el accidente de trabajo sufrido el 7.12.2014, pues, a pesar de la coincidencia de diagnósticos, no se acredita "la existencia de mecanismo causal ocasionado por su actividad laboral [la del recurrente] que empeorara esta patología previa" y "no existe proximidad temporal entre la IT 30-04-2019 con el accidente de trabajo ni con los periodos de IT de 06-04-2016 al 11-10-2016 y de 10-11-2016 al 31-05-2017", añadiendo: "Tampoco constan bajas laborales posteriores al 2017 por problemas lumbares" [hecho probado cuarto, letra a)].

Frente a todo ello, el recurrente, en el presente motivo del recurso, sostiene que la contingencia del proceso de incapacidad temporal 30.4.2019-1.10.2020 es igualmente accidente de trabajo, tesis que fundamenta en una serie de extremos que podemos resumir en los siguientes puntos: 1) los accidentes de trabajo de 14.1.2018 y 16.12.2018, que, según el recurrente, desmienten los argumentos de la sentencia de instancia sobre la inexistencia de mecanismos causales y bajas médicas desde 2017; 2) el riesgo de sobreesfuerzo que comporta su profesión, según declara la propia sentencia en el hecho probado décimo; 3) la no adopción de medidas de seguridad por parte de la empresa demandada, a pesar de que solicitó que le cambiaran de puesto de trabajo, petición que consta en el hecho probado undécimo de la sentencia de instancia; 4) el seguimiento médico continuado desde el accidente de trabajo de 7.12.2014, para lo que el recurrente cita numerosos documentos médicos; 5) la intervención quirúrgica de 30.4.2019, motivada por la patología lumbar que venía presentando desde el accidente de trabajo de 7.12.2014, agravada por el accidente de trabajo de 16.12.2018, citando, para todo ello, una serie de documentos; 6) un nuevo accidente de trabajo de 14.3.2016, reconocido por la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 y que tuvo lugar al coger un bache en la carretera, lo que le ocasionó un fuerte dolor en la espalda.

Por su parte, la mutua, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que no consta la existencia de ningún acontecer traumático que pudiese haber agravado la patología degenerativa que motivó la intervención quirúrgica de 30.4.2019, teniendo en cuenta que el accidente de trabajo de 16.12.2018 ni siquiera dio lugar a incapacidad temporal. Todo ello, con independencia del riesgo de sobreesfuerzo que comporta la profesión del recurrente.

SEXTO.- A la vista de las alegaciones de las partes, debemos empezar el examen del presente motivo del recurso teniendo en cuenta que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156.1 LGSS, se entiende por accidente de trabajo "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", lo que, como es sabido, implica que debe existir relación de causalidad entre el trabajo y la lesión. Por otra parte, hay que tener en cuenta igualmente que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156.2.f) del indicado cuerpo legal, tienen también la consideración de accidente de trabajo "las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente", y que el artículo 156.3 LGSS dice: "Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo."

La aplicación de dichos preceptos legales al presente caso impide acoger las alegaciones con las que el recurrente fundamenta su afirmación de que la contingencia del proceso de incapacidad temporal 30.4.2019-1.10.2020 es accidente de trabajo. Todo ello, según exponemos a continuación.

Respecto de los accidentes de trabajo sufridos el 14.1.2018 y el 16.12.2018, hemos acordado su incorporación al relato fáctico de la sentencia de instancia. Sin embargo, el primero dio lugar a un periodo de incapacidad temporal que finalizó el 6.4.2018 y el segundo ni siquiera dio lugar a baja médica alguna, como señala la mutua, por lo que no hay ninguna razón para vincularlos causalmente a la intervención quirúrgica que motivó la baja médica de 30.4.2019, ya programada, teniendo siempre en cuenta que el recurrente padece dolencias degenerativas lumbares, anteriores, incluso, al accidente de 7.12.2014, según estableció ya la sentencia del Juzgado de lo Social número 3. En consecuencia, si bien no es exacto el razonamiento de la sentencia aquí recurrida cuando dice que no constan bajas laborales posteriores a 2017, ello es intrascendente, pues los datos incorporados en virtud de la estimación de la revisión fáctica solicitada por el recurrente no afectan a la causalidad de la baja médica de 30.4.2019.

Respecto del riesgo de sobreesfuerzo que comporta el puesto de trabajo del recurrente, el hecho consta probado (ordinal décimo), pero no prueba, por sí mismo, la existencia de acontecer traumático alguno.

Respecto de la alegada falta de medidas de seguridad, tiene razón la sentencia de instancia cuando, en el fundamento jurídico cuarto, letra c), dice, en relación con el accidente de trabajo de 17.11.2020, que dicha cuestión es ajena al objeto del litigio, limitado a la determinación de contingencia de diversos procesos de incapacidad temporal, además de señalar que el demandante, hoy recurrente, no especifica qué medidas de seguridad incumplió la empresa, más allá de aludir a su petición de cambio de puesto de trabajo, y que tampoco el informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hace referencia alguna a incumplimientos empresariales.

Respecto de las alegaciones atinentes al tratamiento continuado desde el accidente de 7.12.2014 y a la agravación de las dolencias hasta llegar a la intervención quirúrgica de 30.4.2019, el recurrente se basa en hechos que no constan probados en la sentencia de instancia y en una nueva valoración de las pruebas practicadas, proceder vedado en los motivos del recurso de suplicación dirigidos a la censura jurídica de la sentencia de instancia, que siempre deben partir de los hechos que dicha sentencia declara probados, a excepción de aquellos que hayan resultado modificados en virtud de la estimación de todos o algunos de los motivos de revisión fáctica.

Finalmente, respecto del accidente de trabajo de 14.3.2016, debemos señalar que si bien es cierto que la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 alude, en la fundamentación jurídica, al fuerte dolor en la espalda que sufrió ese día el allí codemandado, hoy recurrente, al coger un bache en la carretera mientras iba en la ambulancia, hecho que la sentencia vincula al proceso de incapacidad temporal iniciado el 6.4.2016, no hay ninguna base para plantearse alguna relación entre el mismo y la baja médica de 30.4.2019, casi tres años más tarde, teniendo en cuenta que los periodos de incapacidad a que alude la indicada sentencia son, como hemos dicho, 6.4.2016-11.10.2016 y 10.11.2016-31.5.2017.

En definitiva, como afirma la sentencia de instancia, no consta la existencia de ningún acontecer traumático que justifique la baja médica de 30.4.2019 ni agravara las dolencias degenerativas lumbares que motivaron la intervención quirúrgica practicada dicho día, por lo que no hay base jurídica para subsumir dicha baja médica en los preceptos legales que el recurrente denuncia como infringidos.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida en todos sus pronunciamientos.

SÉPTIMO.- No procede imponer las costas del recurso al recurrente, parte vencida en el mismo, dado que dicha parte goza del beneficio de justicia gratuita ( artículo 235.1 LRJS).

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,