Sentencia Social 3480/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 7104/2022 de 31 de mayo del 2023

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 31 de Barcelona se ha dictado sentencia de fecha 14-9-2022, en el procedimiento de reclamación de cantidad (Autos 153/2021), seguido a instancia de Dª María contra Dª Macarena (como heredera de Dª Olga fallecida), en la que ha estimado parcialmente la demanda interpuesta, condenando a la demandada a pagar a la actora la cantidad de 7.564,83 euros en concepto de horas extraordinarias realizadas entre el mes de marzo de 2019 y el mes de enero de 2020, con más el 10% en concepto de intereses por mora.

En dicha sentencia se estima parcialmente la excepción de prescripción, referida a las cantidades de los meses de enero y febrero de 2019, así como la excepción de falta de acción respecto a la antigüedad. Y considera acreditado que la actora trabajaba, como empleada de hogar/cuidadora de Dª Olga, de forma continua entre las 8:00 y las 19:00 horas, lo que constituye una jornada laboral de 11 horas diarias, de lunes a domingo, y festivos, de forma regular; en consecuencia, que trabajaba 77 horas en cómputo semanal, por lo que la jornada de trabajo de la demandante excedía en 27 horas a la semana la jornada ordinaria, ya excluidas las horas de presencia. Y, concluye, que teniendo en cuenta dicho exceso de 27 horas semanales, en el periodo marzo a diciembre de 2019 efectuó 1.165 horas extraordinarias, que multiplicadas por el precio de 6,05 euros (precio no controvertido), determinan la cantidad de 7.048,25 euros, y en el año 2020 (3 semanas del mes de enero), resulta un total de 81 horas extraordinarias, que multiplicadas por el precio de 6,38 euros (precio no controvertido), determinan la cantidad de 516,68 euros.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la demandada, Dª Macarena, formula el presente recurso de suplicación en el que alega motivos, amparados en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, solicitando que la revocación de la sentencia de instancia y la desestimación de la demanda interpuesta, absolviendo a la demandada de las pretensiones formuladas en la misma.

La parte actora ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos alegados en dicho recurso, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, está dirigido a la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La parte recurrente solicita la modificación del Hecho Probado Primero, y la adición de un nuevo Hecho Probado Primero Bis. La parte impugnante se opone alegando, en sustancia, que las mismas son intranscendentes.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11- 2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 ( Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021, ( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994, 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995, 1 de marzo de 1.996, 4 de julio de 1.997, 20, 21 y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero, 5 de abril, 13, 15 y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990, y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980, 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador "a quo" puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos, se ha de examinar la revisión fáctica planteada.

1.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Primero, cuya redacción el del siguiente tenor literal: "La parte actora Dª María desempeñó sus funciones de empleada de hogar/cuidadora de Dª Olga, formalizando contrato de trabajo de fecha 16 de enero de 2019 en jornada de trabajo a tiempo completo de 40 horas semanales de lunes a domingo con los descansos establecidos legal o convencionalmente. La relación laboral finalizó en fecha 18 de enero de 2020 como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Olga.

(documentos números 4 a 6 del ramo de prueba de la demandada aportados en el acto de la vista)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "La parte actora Dª María desempeñó sus funciones de empleada de hogar/cuidadora de Dª Olga, formalizando contrato de trabajo de fecha 16 de enero de 2019 en jornada de trabajo a tiempo completo de 40 horas semanales de lunes a domingo con los descansos establecidos legal o convencionalmente. La relación laboral finalizó en fecha 18 de enero de 2020 como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Olga.

En el contrato suscrito entre las partes de 16 de enero de 2019 hay dos cláusulas específicas de trabajadores del servicio del hogar:

1. La no realización de prestaciones de horas de presencia a disposición del empleador.

2. La no pernocta en el servicio del empleador.

(documentos números 4 a 6 del ramo de prueba de la demandada aportados en el acto de la vista.)"

Como fundamento de dicha modificación, se citan el documento nº 4 del ramo de prueba de la parte demandada, obrante a los folios 275 y 276, consistente en el contrato de trabajo suscrito.

Se accede a esta modificación; pues los términos que se pretenden introducir resulta de forma clara, palmaria e incontestable del documento invocado; siendo relevante esta modificación a los efectos de resolver el recurso de suplicación.

En consecuencia, el Hecho Probado Primero queda redactado en los siguientes términos: "La parte actora Dª María desempeñó sus funciones de empleada de hogar/cuidadora de Dª Olga, formalizando contrato de trabajo de fecha 16 de enero de 2019 en jornada de trabajo a tiempo completo de 40 horas semanales de lunes a domingo con los descansos establecidos legal o convencionalmente. La relación laboral finalizó en fecha 18 de enero de 2020 como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Olga.

En el contrato suscrito entre las partes de 16 de enero de 2019 hay dos cláusulas específicas de trabajadores del servicio del hogar:

3. La no realización de prestaciones de horas de presencia a disposición del empleador.

4. La no pernocta en el servicio del empleador.

(documentos números 4 a 6 del ramo de prueba de la demandada aportados en el acto de la vista.)"

2.- Se solicita la adición de un nuevo Hecho Probado Primero Bis, con la siguiente redacción: " A la actora se le hizo entrega de todas las nóminas desde el día 16 de enero de 2019 hasta la finalización de su contrato de trabajo como consecuencia de la muerte de la Sra. Olga, ocurrida el día 18 de enero de 2020. En todas las nóminas consta la firma de la actora, a excepción del mes de enero de 2020, que fue abonada, junto con el resto de percepciones económicas pendiente como consecuencia de acuerdo alcanzado a través del Acta de conciliación de 22 de abril de 2021 realizada dentro del procedimiento de despido 240/2020-E, seguido en el Juzgado de lo Social Nº 17 de Barcelona ."

Como fundamento de dicha adición, se cita el bloque de documentos nº 5 del ramo de prueba de la parte demandada (folios 277 a 288 de las actuaciones), consistentes en las nóminas de la trabajadora, y el documento nº 9 del ramo de prueba de la parte demandada (folios 311 y 312 de las actuaciones), consistente en el acta de conciliación de 22-4-2021.

Se estima esta adición; pues los términos que se pretenden introducir resultan de forma clara, palmaria e incontestable de los documentos invocados; siendo relevante para resolver el recurso de suplicación.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, encauzado a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se dirige a la censura jurídica. Se denuncia la infracción de los artículos 59.2 y 26.1 y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Este motivo se dirige a combatir el pronunciamiento de la sentencia de instancia en el que ha estimado la prescripción de la acción de reclamación de horas extraordinarias sólo referida a las cantidades de los meses de enero y febrero de 2019, al considerar la parte recurrente que dicha acción se encuentra totalmente prescrita. En síntesis, argumenta la parte recurrente que no puede darse efecto interruptivo en el plazo de prescripción, a la demanda presentada el 3-3-2020, en la que, la actora, reclamaba las horas extraordinarias acumuladas a la acción de despido entablada, en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social Nº 17 de Barcelona (Autos 240/2020-E); pues la acción de reclamación de horas extraordinarias fue indebidamente acumulada a la acción de despido, excediendo de la liquidación a la que se refiere el artículo 49.2 del Estatuto de los Trabajadores, y así lo apreció dicho Juzgado, que requirió a la parte actora en Diligencia de Ordenación de 21-5-2020 para que optara por una de las dos acciones, y al no haber optado, acordó seguir el procedimiento únicamente por la acción de despido. Y, concluye la parte recurrente, que en este caso la acción de reclamación de horas extraordinarias estaría prescrita, pues se reclama el periodo enero de 2019 a enero de 2020, y la demanda de reclamación de estas horas extraordinarias que ha dado lugar al presente procedimiento fue presentada el 18-2-2021.

La parte impugnante se opone a este motivo. Alega, en sustancia, que, tal y como se reconoce en la sentencia de instancia, el plazo de prescripción se interrumpió con la reclamación de las horas extraordinarias acumuladas a la acción de despido, habiendo presenta la nueva demanda antes del transcurso del plazo de un año, pues el Decreto en el que se acordó seguir el procedimiento sólo por la acción de despido es de fecha 31-7-2020, y a partir de la misma, la parte actora tenía un año para interponer la acción indebidamente acumulada.

SEXTO.- En cuanto a la prescripción de las acciones se ha de tener en cuenta que el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores establece, en los que aquí interesa:

"1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse."

El artículo 1973 del Código Civil establece: "La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor."

Por otra parte, se ha de tener en cuenta la jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, respecto a la interrupción del plazo de prescripción. La Sentencia TS de 1-12-2016 (Rec. 2110/2015), donde se recoge la doctrina jurisprudencial; en su Fundamento de Derecho Segundo, expone:

<< 1. Doctrina jurisprudencial sobre la prescripción y su interrupción.

Abandonando anteriores criterios más rígidos y dogmáticos anteriores la Sala 1ª de este Tribunal, como resume su sentencia de 20 de octubre de 2016 (R. 1880/2014 ), viene manteniendo: "La doctrina de la Sala (STS 2 de noviembre de 2005, Rc. 605/1999 ) viene manteniendo la idea básica, para la exegesis de los artículos 1969 y 1973 CC , que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva ( sentencias de 8 de octubre de 1981 , 31 de enero 1983 , 2 de febrero y 16 de julio 1984 , 9 de mayo y 19 de septiembre de 1986 y 3 de febrero de 1987 ). Esta construcción finalista de la prescripción tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades como en consideración de necesidad y utilidad social. De ahí que mantenga la Sala reiteradamente, al interpretar la prescripción, que cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias.

Al llevar a cabo los tribunales esta labor interpretativa han de tener presente, por cuanto quedaría imprejuzgada la pretensión de fondo planteada, el derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la jurisdicción, ya que la estimación de la prescripción adquiriría relevancia constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y aplicación legal que por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que preservan la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para resolver sobre la pretensión deducida (por todas STC 148/2007, de 18 junio ).".

De estos criterios ya se hizo eco esta Sala en su sentencia del Pleno de 26 de junio de 2013 (RC 1161/2012 ) en la que, tras afirmar en su Fundamento Segundo que "cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse... habría de resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho y más restrictivo de la prescripción", añade en su Fundamento Tercero "el instituto de la prescripción, al no estar constituido sobre los principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de tal modo que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi" por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis" ( sentencia de 12 de julio de 1991 que cita las sentencias de 17 de diciembre de 1979 , 16 de marzo de 1981 , 8 de octubre de 1982 , 9 de marzo de 1983 , 4 de octubre de 1985 , 18 de septiembre de 1987 , 14 de marzo de 1989 ). En la misma línea la sentencia de 12 de julio de 2005 insiste en que "la construcción finalista de la prescripción (...) tiene su razón de ser (...) en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho", por lo que "cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias". Destaca también esta sentencia que "nuestro Código Civil (...) no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos puede servir para tal fin". Esta doctrina ha sido reiterada por esta Sala en posteriores sentencias como la de 17 de febrero de 2014 (RC 444/2013 ) entre otras.>>

En la más reciente sentencia de 18-1-2023 (Rcud 3884/2021), con remisión a la doctrina anterior, se señala: << Este precepto ha sido objeto de diferentes decisiones de esta Sala, en las que se ha analizado el alcance que debe otorgarse a la previsión legislativa de interrupción del plazo de prescripción al que dicho precepto se destina.

Así, la más reciente doctrina, recogida en las SSTS de 12 de febrero de 2019 , rcuds 4476/2017 y 175/2018 que, precisamente, se identifican y sirven a la sentencia recurrida para emitir su fallo, ha entendido, con carácter general, que la prescripción es una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en la presunción de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y seguridad jurídica, por lo que la aplicación que de la misma se haga por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelar y restrictiva, tal y como viene reconociendo reiterada doctrina de esta Sala [STS de 28 de febrero de 2018, R. 16/2017 , entre otras]. Es por ello por lo que "cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse ... habría de resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho y más restrictivo de la prescripción", y, en consecuencia, "cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias" [ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012 ], lo que no impide, en ningún caso, que las acciones se encuentren sometidas en su ejercicio a los plazos legalmente establecidos, de forma que no podrá aceptarse el ejercicio de acciones que, a tenor de dichas normas, hayan sido planteadas fuera de esos tiempos, ya que el titular de las mismas no podría plantearlas en una época ulterior.

Más específicamente, en relación con el precepto legal que es objeto del recurso, se ha dicho que " Este efecto de interrupción está vinculado al efecto extintivo que supone la prescripción de forma que, como dice la jurisprudencia "en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi" por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis" [ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012 ].>>

Aplicando la normativa y los criterios jurisprudenciales expuestos, ha de desestimarse este motivo de censura jurídica.

El efecto interruptivo del plazo de prescripción está anudado al ejercicio de la acción ante los Tribunales, y ello con independencia de que dicho ejercicio se haga de una forma procesalmente incorrecta, desde el momento en que, también interrumpe el plazo de prescripción, una reclamación extrajudicial, que no ha de observar una formalidad concreta; pues lo relevante es la manifestación clara de voluntad del titular de la acción de conservación de la misma.

En consecuencia, ha de mantenerse el criterio del Magistrado de instancia, en el sentido de darle efecto interruptivo del plazo de prescripción, a la demanda de despido presentada por el actor en fecha 3-3-2020, donde se ejercitó, también, la acción de la reclamación de las horas extraordinarias, aunque se considerase por el Juzgado al que correspondió dicha demanda, que se trataba de una acumulación indebida de acciones; por lo que la acción para la reclamación de horas extraordinarias correspondientes al periodo marzo de 2019 a enero de 2020 no está prescrita.

SÉPTIMO.- El tercer motivo del recurso, viene amparado en el artículo 193c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Se denuncia la infracción de los artículos 8 y 9 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, y el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.

Este motivo se dirige a combatir el pronunciamiento de condena al pago de las horas extraordinarias contenido en la sentencia de instancia. En síntesis, argumenta la parte recurrente que en el contrato de trabajo suscrito se pactó una jornada de 40 horas de trabajo efectivo a la semana, estableciéndose en el mismo la no realización de horas de presencia, y que en este caso no se ha probado la realización de horas extraordinarias. La recurrente, en su exposición se dedica a realizar una serie de alegaciones dirigidas, todas ellas, a manifestar su disconformidad con la valoración que de la prueba ha efectuado el Magistrado de instancia, particularmente de los mensajes a través de la aplicación de DIRECCION000, introducir su propia valoración, e intentando desvirtuar la posibilidad de realización de horas extraordinarias por la parte actora, con base en conjeturas relativas a la no formulación de reclamaciones anteriores, al tiempo que había de dedicar la actora al cuidado de su hijo, a la existencia de otra persona que atendía también a la titular del domicilio, a la contratación de un servicio de teleasistencia, a los descansos de diez horas mínimas entre jornada y jornada, y las dos horas diarias para las comidas principales, que no tienen un soporte fáctico en la sentencia de instancia, ni tampoco se han intentado introducir, a través del motivo de revisión fáctica. Finalmente, señala que el hecho de ser una empleada interna no significa automáticamente que genere horas extraordinarias, con cita de una sentencia de esta Sala de 18-6-2020 (Rec. 526/2020),

La parte impugnante se opone a este motivo aduciendo, en sustancia, que la parte recurrente pretende realizar una nueva valoración de la prueba, y fundamentar la imposibilidad de realización jornada de trabajo pretendida, en el hecho de que la actora tenía un hijo, e introduciendo hechos nuevos; se remite a la valoración realizada por el Magistrado de instancia, concluyendo que la parte actora ha cumplido con las reglas de la carga de la prueba, acreditando los servicios reales prestados, pese a la dificultad probatoria existente.

OCTAVO.- Para resolver este motivo, se ha de tener en cuenta los preceptos citados como infringidos por la parte recurrente.

El artículo 8 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre , por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que regula las retribuciones, establece: " 1. El Salario Mínimo Interprofesional, fijado anualmente por el Gobierno, es aplicable en el ámbito de esta relación laboral especial, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento laboral común. Dicho salario mínimo se entiende referido a la jornada de trabajo completa a la que se refiere el artículo 9.1 de este real decreto , percibiéndose a prorrata si se realizase una jornada inferior.

Este salario podrá ser objeto de mejora a través de pacto individual o colectivo.

2. Las percepciones salariales se abonarán por el empleador en dinero, bien en moneda de curso legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo acuerdo con el trabajador. No obstante, en los casos de prestación de servicios domésticos con derecho a prestaciones en especie, como alojamiento o manutención, se podrá descontar por tales conceptos el porcentaje que las partes acuerden, siempre y cuando quede garantizado el pago en metálico, al menos, de la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual y sin que de la suma de los diversos conceptos pueda resultar un porcentaje de descuento superior al 30 por 100 del salario total.

3. Los incrementos salariales deberán determinarse por acuerdo entre las partes. En defecto de acuerdo se aplicará un incremento salarial anual igual al incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos según la publicación de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración del mes en que se completen doce consecutivos de prestación de servicios.

4. El empleado de hogar tendrá derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año que se percibirán, salvo pacto en contrario, al finalizar cada uno de los semestres del año, en proporción al tiempo trabajado durante el mismo. Su cuantía será la que acuerden las partes, debiendo ser suficiente para garantizar, en todo caso, el pago en metálico, al menos, de la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

5. Para la retribución de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el salario mínimo de referencia será el que se fije en el real decreto por el que se fija anualmente el salario mínimo interprofesional para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar, que incluye todos los conceptos retributivos; este salario mínimo se abonará íntegramente en metálico, en proporción a las horas efectivamente trabajadas.

6. La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo, en la forma acordada entre las partes o, en su defecto, conforme a lo señalado en el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores .

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera, el Ministerio de Trabajo e Inmigración pondrá a disposición de los empleadores modelos de recibos de salarios para el cumplimiento de lo establecido en este apartado."

El artículo 9 del citada Real Decreto, regula la jornada de trabajo, y establece: " 1. La jornada máxima semanal de carácter ordinario será de cuarenta horas de trabajo efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que pudieran acordarse entre las partes. El horario será fijado por acuerdo entre las partes.

Una vez concluida la jornada de trabajo diaria y, en su caso, el tiempo de presencia pactado, el empleado no estará obligado a permanecer en el hogar familiar.

2. Respetando la jornada máxima de trabajo y los periodos mínimos de descanso, el tiempo de presencia tendrá la duración y será objeto de retribución o compensación en los mismos términos que acuerden las partes. En todo caso, salvo que se acuerde su compensación con períodos equivalentes de descanso retribuido, las horas de presencia no podrán exceder de veinte horas semanales de promedio en un periodo de referencia de un mes y se retribuirán con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

3. El régimen de las horas extraordinarias será el establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores , salvo lo previsto en su apartado 5.

3 bis. Respecto a los trabajadores contratados a tiempo parcial, no serán de aplicación las obligaciones de registro de la jornada establecidas en el artículo 12.5.h) del Estatuto de los Trabajadores .

4. Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de doce horas. El descanso entre jornadas del empleado de hogar interno podrá reducirse a diez horas, compensando el resto hasta doce horas en períodos de hasta cuatro semanas.

El empleado de hogar interno dispondrá, al menos, de dos horas diarias para las comidas principales, y este tiempo no se computará como de trabajo.

5. Los empleados de hogar tienen derecho a un descanso semanal de treinta y seis horas consecutivas que comprenderán, como regla general, la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo.

Cuando el empleado de hogar no preste servicios en régimen de jornada completa, con la duración máxima establecida en el apartado 1 de este artículo, la retribución correspondiente al período de descanso se reducirá en proporción a las horas efectivamente trabajadas.

6. El trabajador tendrá derecho al disfrute de las fiestas y permisos previstos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores .

7. El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales, que podrá fraccionarse en dos o más periodos, si bien al menos uno de ellos será, como mínimo, de quince días naturales consecutivos. El periodo o periodos de disfrute de las vacaciones se acordarán entre las partes. En defecto de pacto, quince días podrán fijarse por el empleador, de acuerdo con las necesidades familiares y el resto se elegirá libremente por el empleado. En este caso, las fechas deberán ser conocidas con dos meses de antelación al inicio de su disfrute. Durante el periodo o periodos de vacaciones, el empleado de hogar no estará obligado a residir en el domicilio familiar o en el lugar a donde se desplace la familia o alguno de sus miembros.

8. Serán de aplicación los límites establecidos para los menores de dieciocho años en el Estatuto de los Trabajadores en materia de tiempo de trabajo:

a) Sólo podrán realizarse ocho horas diarias de trabajo efectivo, con una pausa de treinta minutos para las jornadas superiores a cuatro horas y media. Si el menor de dieciocho años trabajase para varios empleadores, para el cómputo de las indicadas ocho horas se tendrán en cuenta las realizadas con cada empleador.

b) No podrán realizar horas extraordinarias ni trabajar en periodo nocturno, considerándose este el transcurrido entre las diez de la noche y las seis de la mañana.

c) El descanso entre jornadas será, como mínimo, de doce horas.

d) El descanso semanal será, al menos, de dos días consecutivos."

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores regula las horas extraordinarias, y establece:

"1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en situación de desempleo.

3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.

4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de los límites del apartado 2.

5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente."

NOVENO.- En los términos en los que se haya planteado este motivo del recurso, debe ser desestimado, por las consideraciones que se exponen a continuación.

En relación a la realización de horas extraordinarias por la actora, se ha de partir del relato fáctico de la sentencia que, transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución, se tiene aquí por reproducido, con las modificaciones admitidas en el motivo de revisión fáctica. Del mismo, así como de las afirmaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en los Fundamentos de Derecho, resulta que la actora prestó servicios como empleada de hogar/cuidadora para Dª Olga, desde el 16-1-2019 hasta el 18-1-2020, fecha en que finalizó dicha prestación de servicios por fallecimiento de la Sra. Olga; y aun cuando el contrato de trabajo formalizado, se pactó una jornada de 40 horas semanales, de lunes a domingo, así como la no realización de prestaciones de horas de presencia a disposición del empleador, y la no pernocta, ha quedado probado que la actora, en el periodo de prestación de servicios, vivía en el mismo domicilio de la Sra. Olga, hallándose empadronada en el mismo junto a su hijo nacido el NUM000-2013, también ha quedado probado que durante el periodo enero de 2019 a enero de 2020, la actora trabajaba de forma continua y regular, entre las 8:00 horas y las 19:00 horas, de lunes a domingo, y los festivos, efectuando 77 horas semanales, excluidas las horas de presencia, excediendo la jornada en 27 horas semanales (Fundamento de Derecho Cuarto, con valor de hecho probado). Hechos que no han sido impugnados por la parte recurrente, a través del cauce adecuado del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En consecuencia, queda probada la realización de horas extraordinarias por la actora. Y ello no queda desvirtuado por el hecho de que la actora no realizara reclamación con anterioridad, o firmara las hojas de salario, pues dicha firma lo que único que puede acreditar es el recibo de las cantidades allí consignadas. Es cierto, tal y como señala la recurrente, que el hecho de que se trate de una empleada interna no significa de forma automática que se generen horas extraordinarias, aludiendo a la sentencia de esta Sala de 18-6-2020, pero, contrariamente al supuesto enjuiciado en la misma, en este caso, ha quedado probada la efectiva realización de horas extraordinarias.

Finalmente, debe señalarse que la parte recurrente, propiamente, no formula argumentos que justifiquen la infracción de normativa denunciada, sino que se limita a manifestar su disconformidad con la valoración de la prueba efectuada por el Magistrado de instancia, y a realizar conjeturas o conclusiones, sin apoyo en el relato fáctico de la sentencia de instancia.

Hemos de recodar la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias como la de 5 de junio de 2011 en el sentido de que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LPL , en la actualidad LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, y ello, a través de la formulación del oportuno motivo de revisión fáctica, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar un nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación (recientes, SSTS 11/11/09; 13/07/10; y 21/10/10 ).Y como consecuencia de ello se rechaza la existencia de error, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes (entre tantas otras, SSTS 11/11/09; y 26/01/10 ).

DÉCIMO.- Por todo lo expuesto y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y no apreciándose las infracciones de la normativa denunciadas, debe desestimarse el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

UNDÉCIMO.- Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se imponen las costas a la parte recurrente, que incluyen los honorarios del letrada de la parte actora interviniente, por importe de 450 euros.

DUODÉCIMO.- Conforme al artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida de la cantidad consignada y del depósito constituido para recurrir.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,