Sentencia Social 5070/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2826/2022 de 04 de octubre del 2022

Primero.- Recurre en suplicación el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincroto la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 1 de los de Sabadell en fecha 7/1/2022. Sentencia en la que, y como se ha visto, se estima parcialmente la demanda presentada por el sindicato CGT para declarar "....el derecho de sus trabajadores a ajustar su jornada de trabajo conforme a la Resolución de 28/2/2019 de la Secretaría de Estado de la Función Pública por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos....efectuándose los siguientes concretos pronunciamientos: 1....que la jornada actual es de 1642 horas anuales, con promedio de 37'5 horas semanales, con un descanso diario de 30 minutos que computan como trabajo efectivo, lo cual ya tenían reconocido los trabajadores...; 2.....el derecho de los trabajadores a disfrutar de la bolsa de horas, de hasta 5% de la jornada anual, prevista en el art. 8.8 de la citada Resolución, para los casos de cuidado de hijos e hijas menores de edad, menores sujetos a tutela o acogimiento, atención de personas mayores y para la atención de personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad...; 3.....que esta sentencia es susceptible de ejecución individual en los términos del art. 247 LRJS, efectos no limitados a quienes han sido parte en este procedimiento de conflicto colectivo, alcanzando a todas las personas trabajadores que presten servicios para el Consorcio en la actualidad, así como aquéllas que los hubieran prestado entre el 1/3/2020 y la fecha de ejecución de esta sentencia....; 4.....que la compensación dineraria por exceso de jornada en el período comprendido entre el 1/3/2020 hasta la fecha de ejecución de esta sentencia, en atención al valor de la hora ordinaria de cada persona trabajadora, dividiéndose la total retribución salarial anual bruta que hubiera percibido por 1.642 horas, con la proporcionalidad que corresponda respecto de aquellos trabajadores que presten o hubieran prestado sus servicios a tiempo parcial, aplicándose a la cantidad resultante el interés moratorio del 10%.....(y) 5.....el derecho a la compensación por exceso de jornada en el período comprendido de 1/3/2020 hasta la fecha de ejecución de esta sentencia, mediante descansos, a aquellos trabajadores que así lo soliciten....de una hora de descanso por una hora de exceso de jornada prorrateándose por minutos los lapsos temporales inferiores y debiendo acordar trabajador y Consorcio los períodos en que se disfrute....." (v. fallo de la sentencia). Se dirá en la sentencia, dicho sea en un resumen estricto de sus distintas consideraciones y en cuanto ahora interesa recoger dado el alcance y contenido del recurso de suplicación interpuesto contra la misma, que "....el convenio colectivo reseñado en la declaración de hechos probados, en su art. 21, intitulado "jornada laboral", establece una jornada laboral de 40 horas a la semana, equivalente a 1.752 horas en cómputo anual....(que) la Resolución de 28/2/2019...principia con la indicación de que las Administraciones Públicas son competentes para establecer la ordenación del tiempo de trabajo de personal a su servicio....y que se hace necesaria la aprobación de una nueva Resolución que sustituya a la de 28/12/2012....y que a su vez sistematice e integre todos los aspectos tratados en aquélla....(y) establece....que la duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual....(que) la propia controversia que se suscita entre las partes se circunscribe, precisamente, en la aparente colisión entre la Resolución ...de 28/2/2019 y el Convenio colectivo y en dichos supuesto prevé el art. 3.3 ET que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas que deberán respetar en todo caso los mínimos derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables....(que) la jornada de los empleados públicos es el número de horas que realiza un empleado en un período de tiempo....la Resolución de 28/2/2019....calcula la jornada anual de 1.642 horas en un año ordinario sobre un promedio semanal y descontando las vacaciones y permisos de asuntos propios por lo que en principio el calendario laboral deberá respetar los elementos indicados en el apartado 2.4.letra a de la citada Resolución....(y) determinada la sujeción a la citada Resolución....que conlleva que al quedar adscrito el Consorcio a la Administración General del Estado, a su personal ha de serle aplicada dicha Resolución en materia de jornada, si bien dicha aplicación ha de serlo en su conjunto y globalidad y no de forma parcial o sesgada.....(por lo que) la consecuencia es que se ha producido el exceso de jornada postulado...que da lugar a la procedencia de la compensación por exceso de jornada....." (apartados octavo, décimo-primero, décimo-quinto y décimo-sexto de la relación de fundamentos jurídicos).

Segundo.- Articula la recurrente su recurso a través de tres motivos distintos y todos ellos formuladas por los cauces procesales previstos en los apartados b y c del art. 193 de la L.R.J.S. para que, y con estimación íntegra del recurso, la Sala "...revoque y deje sin efecto la sentencia recurrida desestimando íntegramente la demanda...." (v. suplico del escrito de recurso). Con el primer motivo de recurso, formulado por el cauce procesal previsto en el art. 193.c de la L.R.J.S., denunciará la recurrente la infracción de los arts. 153, 157.1.d y 160.3 de la propia L.R.J.S. y 416.15 de la L.E.C. por entender en primer término que ha existido defecto legal en el modo de proponer la demanda por su falta de claridad y precisión en relación a la pretensión de compensación del exceso de jornada que encubre una petición de abono de horas extraordinarias; y por, y en segundo lugar, considerar que se ha producido el uso indebido de la modalidad procesal de conflicto colectivo tanto para la pretensión principal como para la reclamación de horas extraordinarias. Un motivo de recurso que, ya podemos anticipar, no puede ser aceptado por la Sala. De entrada, no podemos sino advertir que la denuncia de infracción de normas procesales se formula por un cauce procesal inadecuado, el previsto en el art. 193.c de la L.R.J.S., reservado, como es sabido, al control de infracciones de normas laborales o sustantivas al decir del legislador procesal social. Y no podemos advertir error alguno en la elección del cauce procesal en cuestión cuando la petición de la recurrente no es otra que la de la revocación de la sentencia recurrida de forma que se acuerde la desestimación íntegra de la demanda. Sucede además que, y obviando la consideración o circunstancia anterior, no podemos sino advertir que tales alegaciones relativas en definitiva al contenido propio de la demanda origen de las actuaciones, que la reacción procesal planteada por el ahora recurrente no se habría formulado en el momento procesal oportuno que no podía ser otro que el que correspondía al momento inmediatamente posterior al de la presentación de dicha demanda. Cabe recordar que la denuncia de una falta esencial en el procedimiento, como es el caso, puede formularse en el recurso de suplicación, como dispone el art. 191.3.d de la ley procesal social, "siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma....". Consideraciones todas ellas que nos conducen a acordar la desestimación, como decimos, de dicho primer motivo del recurso.

Tercero.- Interesa a continuación la recurrente, por el cauce procesal previsto, dirá, en el art. 193.b de la L.R.J.S., la revisión de la relación de hechos de la resolución recurrida alegando al efecto que se habría producido la "omisión de un hecho probado". Pide por ello que se proceda a la adición de una "frase adicional" en el apartado noveno en el que se indique que "la Resolución de 28/2/2019 de la Secretaría de Estado de la Función Pública por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se dictó previa negociación de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado que, según resulta de la Resolución de 23/1/2019, de la Secretaría de Estado de la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado, por el que se adecua a la nueva reestructuración ministerial el acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación, el Consorcio aquí demandado no estaba representado y no formó parte de dicha negociación a diferencia de otros organismos públicos con personalidad jurídica propia adscritos al Ministerio de Ciencia". Cita al efecto de justificar su petición el documento nº. 5 por ella aportado y contiene la Resolución de referencia. Petición que no puede, podemos ya indicar, ser aceptada. Dejando a un lado la propia relevancia de la circunstancia o circunstancias aludidas en la petición en cuestión lo cierto es que no cabe, entendemos, identificar a la existencia de representación o falta de representación del Consorcio en la Mesa de negociación en cuestión como la descripción de una circunstancia de hecho en cuanto que la determinación de dicha circunstancia exige, de un lado, la valoración de diversas circunstancias de hecho, esto es, resultaría o tendría una condición valorativa que no fáctica; y, y de otro, sería el resultado, esto es, exigiría sin duda de la interpretación de normas legales, incluida la propia Resolución de referencia a la que como se ha visto remite el propio recurrente, que permitieran determinar el alcance de la acción del Ministerio de Ciencia e Innovación y al que se encuentra, en definitiva, adscrito el Consorcio recurrente. Lo que, sin duda, excedería, ex art. 97 L.R.J.S., del contenido propio del registro de hechos de la resolución recurrida. Consideraciones que abonan, y en definitiva justifican la decisión desestimatoria apuntada.

Cuarto.- Denunciará a continuación la recurrente, nuevamente por el cauce procesal previsto en el art. 193.c de la L.R.J.S., la infracción de la Resolución de 28/2/2019 de la Secretaría de Estado de la Función Pública de referencia por cuanto, dirá, "...no es aplicable al Consorcio demandado...(y) subsidiariamente, puede mantenerse la jornada de 40 H semanales por ser personal con jornada de especial dedicación...(de forma que) en ningún procede el abono de compensación alguna por un supuesto exceso de jornada....". Mantendrá al efecto que "...la cuestión controvertida no era si existía una colisión o conflicto de normas entre la Resolución....y el Convenio colectivo sino que se discutía si la primera era o no aplicable en el Consorcio...(ya que) para que exista un conflicto o colisión de normas...debe existir consenso en cuanto a la aplicabilidad de ambas normas jurídicas a una misma relación jurídica....(y en el presente caso esta Abogacía del Estado no comparte que la citada Resolución de 28/2/2019 sea aplicable al Consorcio.....(que) el Consorcio...es un organismo de derecho público con personalidad jurídica propia adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Ciencia e Innovación e integra lo que se denomina Red de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)....de los previstos y regulados en los arts. 18 y ss de la Ley 40/2015....cuyo objeto es a explotación de una infraestructura científica de tercera generación....(y) su funcionamiento es continuo, 24 horas 7 días a la semana....(lo que) obliga a tener una jornada de 40 horas semanales así como diferentes turnos de trabajo....(y) en cuanto al régimen jurídico aplicable al personal del Consorcio demandado, de conformidad con el art. 121 LRJSP será el de la Administración Pública de adscripción....por lo que debemos estar a lo dispuesto en el Estatuto Básico de Empleo....(que) en la actualidad a totalidad del personal del Consorcio demandado es personal laboral a excepción de su Directora...."; que "....la principal pretensión del presente conflicto colectivo es en materia de jornada laboral pues se pretende que en virtud de tal Resolución de 28/2/2019....rija en el Consorcio demandada la jornada laboral en dicha resolución contemplada....(pero) el Consorcio demandado, si bien es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada a la AGE, no se rige por la normativa general de la Función Pública....sino principalmente por el derecho laboral y solo aplica el EBEP en aquellas cuestiones en que expresamente así se declare en dicho cuerpo normativo...(y) por lo tanto no cabe la aplicación de la Resolución de 28/2/2019 y todas las cuestiones en ella reguladas por no estar el Consorcio demandado comprendido en su ámbito de aplicación...."; y, añadirá, "....no cabe la aplicación al Consorcio demandado de una resolución fruto de una negociación colectiva en la que no ha participado ni ha sido debidamente representado....(y) supondría un espigueo normativo prohibido....pues hace elección de aquello que más le favorece de cada norma....". De forma subsidiaria, y de tenerse por aplicable la Resolución, defenderá que "...se trata de personal sujeto a jornada de especial dedicación.....(por cuanto) los objetivos de los trabajadores se fijan partiendo de una jornada de 40 h semanales que es la jornada pactada individualmente....(que) es por razón de la actividad del Consorcio demandado que se pacta una jornada de 40 horas semanales...(y que) sin lugar a dudas las características de la actividad del Consorcio demandado hacen que su jornada deba ser considerada de especial dedicación.....". Y de todo ello deducirá la recurrente finalmente que "...en ningún caso procede el abono de compensación alguna por un supuesto exceso de jornada....".

Quinto.- No se ha cuestionado en lugar y por parte alguna del procedimiento que el Consorcio demandado fue constituido y actúa regularmente como un organismo de derecho público con personalidad jurídica propia y adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Ciencia e Innovación. Cabe recordar al efecto, como lo hace también el Juzgado de instancia, que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Púbico (en adelante LRJSP) incluye, al determinar el ámbito subjetivo de aplicación de la misma, al sector público institucional en el que se consideran integrados "cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas"; y entre ellos, y específicamente, los "consorcios" ( art. 2.2.a, 84.1.d y 118 y ss). Consorcios que se regirán, dispone la LRJSP, "por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos...." ( art. 119). Dichos estatutos deberían determinar en todo caso, tal y como se indica también en la LRJSP, "...la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo..." ( art. 120). Respecto al régimen jurídico de su personal lo que indica la LRJSP es que "el personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes....(y que) su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción..." (art. 121). Los estatutos del Consorcio demandado, cabe reseñar, figuran como anexo del Convenio de constitución del mismo publicado por Resolución de 20/3/2003 de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica (BOE 4/4/1981) disponiéndose en los mismos, en concreto en su art. 5, que "el Consorci se rige por las disposiciones de estos estatutos por la reglamentación propia interna dictada en desarrollo de estos y por el ordenamiento jurídico público...". En relación a los "Recursos Humanos" lo que disponen los citados estatutos es que el régimen jurídico del personal del Consorcio será el de la Administración pública de adscripción. Por su parte, y en materia de jornada, y tal y como se registra por el Juzgado de instancia en la relación de hechos probados, el segundo Convenio colectivo del personal laboral del Consorcio, con vigencia desde 1/1/2009 a 31/12/2011, prorrogado tácitamente por períodos anuales, establece como jornada laboral de su personal la de 40 horas semanales equivalente a 1.752 horas en cómputo anual. Tal y como se predica en el preámbulo de dicha resolución "...las Administraciones Públicas son competentes para establecer la ordenación del tiempo de trabajo del personal a su servicio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público....(competencia que) debe ser ejercida respetando, a su vez, lo establecido en el artículo 37.1.m) del mismo texto legal, que señala como materias objeto de negociación las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas y permisos...(y siendo así que) la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de su Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta, fija nuevas medidas que afectan al régimen de jornada y horarios de los empleados y empleadas públicos.....se hace necesaria la aprobación de una nueva Resolución que sustituya a la de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos ("BOE" de 29 de diciembre) y que, a su vez, sistematice e integre todos los aspectos tratados en aquella". .

Sexto.- Recordada en los términos expuestos tanto la condición o cualidad del consorcio demandado como la normativa que le es de aplicación pocas dudas cabe albergar, coincidiendo en ello con el criterio aplicado por el Juzgado de instancia, respecto a la aplicabilidad al mismo de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 28/2/2019 en la que, recordemos, "se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos". De su ámbito de aplicación se ocupa específicamente el art. 1 de la Resolución determinando como sujeto a la misma a "...los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, que se rijan por la normativa general de Función Pública". Y en materia de jornada sancionará específicamente que "la duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales" (art. 3.1). La disparidad regulatoria apuntada en materia de jornada, la de la Resolución y la del Convenio, lleva al órgano judicial de instancia a mantener que se está ante un verdadero "conflicto de normas" que debe resolverse en favor de la aplicación de la Resolución de 28/2/2019. Los conflictos de normas se reconocen ordinariamente, recordemos, al ser identificada una verdadera e inexcusable contradicción entre dos normas que ordinariamente pertenecerán a un mismo cuerpo legislativo pero entre las que no cabe establecer una relación de especialidad (imposibilidad de reconocer la lex specialis); esto es y con una pretensión de mayor claridad, en supuestos en los que hay, al menos, dos normas válidas, ambas potencialmente aplicables, cuyas consecuencias jurídicas resultarían de todo punto incompatibles. En este aspecto, y también por lo que se refiere incluso a la materia que nos ocupa, la referencia hecha por el Juzgador de instancia a la doctrina de la Sala Social del Tribunal Supremo expresada en la sentencia dictada en fecha 27/3/2015, resulta, entendemos, de absoluta pertinencia. Sentencia que, recordemos también, confirma resolución de esta Sala de 17/10/2013 ( STS 27/3/2015 RC 78/2014). Señalará el Tribunal Supremo que "...teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la demandada integrada dentro del Sector Público, las leyes estatal y autonómica analizadas deben prevalecer sobre lo dispuesto en el convenio colectivo en virtud del principio de jerarquía normativa, que impone la preeminencia de la Ley sobre el convenio colectivo. Por tanto es acertada la sentencia recurrida, cuando señala que la Generalitat de Catalunya tiene competencias para regular la jornada y el horario de su personal, siempre que se respete la Ley Estatal, lo que se ha producido en el presente caso...(que) el Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público regula el tiempo de trabajo para la Administración General del Estado, siendo competencia de las correspondientes Comunidades Autónomas fijar el tiempo de trabajo de su personal respetando la normativa estatal básica....(que) el art. 2.1 del EBEP establece que sus disposiciones se aplican al personal funcionario "y en lo que proceda al personal laboral" al servicio de las Administraciones Públicas, comprendiendo entre ellas a las Universidades Públicas....(y) de forma más precisa el art. 7 de la misma norma legal indica: "El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan"....por tanto, cuando así se establezca expresamente, el EBEP resulta aplicable al personal de administración y servicios de la UB....(y) este es el caso de la jornada laboral regulada en el art. 47 de la L 7/07, según el cual "Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial". Una prevalencia de la norma estatal frente a la norma colectiva que no puede ser sino identificada también en el caso que nos ocupa en base a las mismas consideraciones realizadas por el alto Tribunal que no podemos sino reiterar, no necesitan, creemos, de consideración ulterior alguna, y dado que, además, podría añadirse y como también subraya el Juzgador de instancia, se trata claramente de una norma, la resolución de 28/2/2019, más "favorable" para los trabajadores del Consorcio que de esta manera ven reducidas las jornadas máximas semanal y anual que puede serles exigida (art. 3.3 E.T.). Procede en este punto desestimar íntegramente el primer motivo del recurso.

Séptimo.- Se formula todavía y por el recurrente un segundo motivo para defender que, y en cualquier caso, esto es, aun siendo de aplicación la Resolución de referencia, se estaría ante una jornada, la de los trabajadores del Consorcio, que requiere del tratamiento de las jornadas de especial dedicación a las que se refiere el art. 4 de la misma Resolución para determinar que "la duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 40 horas semanales, sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio.....(y que) cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en función de la naturaleza y características del servicio aquellos puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación". Tampoco este motivo del recurso podrá ser aceptado. Lo cierto es que, y de un lado, que no se ha constatado, ni siquiera alegado, que se haya determinado por el propio consorcio demandado el régimen de especial dedicación para los trabajadores del mismo en la forma prevista en el citado art. 4 de la Resolución de referencia lo cierto es que la única indicación contenida en la sentencia respecto a las circunstancias en que son prestados los servicios de dichos trabajadores es la contenida en el apartado décimo-segundo de la relación de hechos probados para indicar que "en el laboratorio de luz Sincroto hay usuarios unos 200 días al año, unos 50 días sin usuarios y el resto de días se destinan a tareas de instalación y mantenimiento (testifical Sr. Ceferino)". Reconocer la concurrencia de condiciones que justifiquen o hagan "precisa" la ampliación de jornada que incorpora el régimen de especial dedicación es algo que la Sala, simplemente y a partir de las condiciones descritas en dicho apartado de la relación de hechos probados de la sentencia, no resulta, entendemos, posible. Lo que motiva la decisión desestimatoria apuntada.

Octavo. Finalmente, por lo que se refiere a las costas del presente recurso, indicar que no procede imposición de las mismas ex art. 235.2 de la L.R.J.S.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.