Sentencia Social 6960/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4454/2023 de 04 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La representación letrada de las trabajadoras demandantes interpone recurso de suplicación fundamentado en dos motivos. El primer motivo de recurso, formulado al amparo del art. 193, b) LRJS, pretende la revisión de cuatro ordinales del relato fáctico de la sentencia de instancia. En el segundo motivo de recurso, que se formula al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS, formula censura jurídica en dos apartados separados, denunciando la infracción de diferentes preceptos y jurisprudencia.

El recurso finaliza solicitando la revocación de la sentencia de instancia y la estimación íntegra de la demanda, declarándose: ...que la antigüedad de la Sra. Lina debe computarse desde 1-10-2006, que la relación laboral entre las actoras y la demandada es indefinida fija y que la extinción contractual operada en fecha 1 de marzo de 2022 deviene nula.

El recurso interpuesto ha sido impugnado por la representación letrada del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En dicho escrito se opone a todos y cada uno de los motivos de recurso planteados y concluye solicitando la desestimación íntegra del recurso de suplicación, así como la confirmación de la sentencia recurrida. Del escrito de impugnación se dio traslado a la parte recurrente que, mediante nuevo escrito, formuló alegaciones y reiteró sus pretensiones deducidas en el recurso de suplicación.

SEGUNDO.- Con amparo procesal en el apartado b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente interesa revisar los hechos probados 4º, 10º, 13º y 19º, proponiendo redacción alternativa de cada una de estas revisiones y señalando la prueba documental que justificaría -al parecer de la recurrente- las modificaciones propuestas.

Con carácter previo a examinar cada una de las revisiones propuestas, debe recordarse que para que sea viable la modificación de los hechos probados es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Hay que indicar concretamente el hecho probado que se quiere modificar y debe proponer cuál es el redactado alternativo que propone y qué supresión solicita. 2) El recurrente debe indicar con claridad y precisión el documento o pericia -indicando el folio de las actuaciones- en que fundamenta su petición. 3) Es imprescindible que la revisión propuesta sea trascendente para la decisión del litigio. La modificación de errores materiales, aritméticos o de transcripción deben sustanciarse por la vía de la aclaración ex art. 214 LEC o 267 LOPJ. 4) Además, la modificación propuesta debe ser a partir de un error evidente del iudex a quo, que debe deducirse directamente de la prueba invocada, sin necesidad de interpretaciones, hipótesis, conjeturas ni deducciones, más o menos lógicas, dado que el tribunal ad quem no puede hacer una nueva valoración de la prueba que ya ha sopesado el juez de instancia. 5) En cuanto a las afirmaciones fácticas predeterminantes o la inclusión de conceptos jurídicos en el relato fáctico, se acostumbran a considerarse como defectos procesales no trascendentes, salvo que produzcan indefensión. 6) No es posible la revisión de hechos probados en base a la prueba negativa, es decir, no se puede atender una petición revisora basada en la alegación de inexistencia de prueba. 7) Se puede incorporar en el relato fáctico que se quiere modificar hechos conformes, o sea, aquellos sobre los que las partes han mantenido una absoluta conformidad, aunque no exista prueba documental o pericial al respecto.

TERCERO.- En el primer apartado del Motivo primero de recurso, se solicita la revisión del H.P.4º de la sentencia, proponiéndose la agregación al redactado original del siguiente texto: Desde el 1.1.2008 el Sr. Gaspar es administrador único de la sociedad y, desde esa misma fecha, la Sra. Lina tiene adjudicados los servicios de mediación del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y del Consell Comarcal del Garraf, motivo por el cual suscribieron un pacto de no competencia mediante el cual la citada sociedad y el Sr. Gaspar se comprometieron a respetar y facilitar las eventuales prórrogas, renovaciones o nuevas licitaciones de la Sra. Lina -o cualquier sociedad que la misma utilizase- en el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y en el Consell Comarcal del Garraf y a no presentarse a los mismos (folios 217 y 218, documento nº 24 de las actoras). [...] (folios 1562 a 1566 y folios 1575 a 1599,...).

Esta primera revisión fáctica -por adición- no puede tener favorable acogida por resultar intrascendente para la cuestión que se debate en esta Litis. Ciertamente, los pactos societarios entre una de las demandantes y un tercero en nada afectan a las cuestiones que se suscitan, ni tan solo inciden en lo que a la antigüedad se refiere de la actora Sra. Lina, pues la vinculación de la sociedad Mediación y Convivencia, SL con el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ya se declara probada en este ordinal fáctico, sin que pueda confundirse -como pretende la recurrente- esta vinculación administrativa de la sociedad con la que personalmente pudiera sostener la demandante con la corporación local demandada, cuestión esta última que es examinada por el juzgador de instancia. En efecto, en el fundamento jurídico sexto se afirma que: ...en el año 2008 la adjudicataria fue una sociedad de la que se había apartado la actora, algo que acreditaría que durante estos dos años la prestación de servicios no fue prestada personalmente por la Sra. Lina. Por lo tanto, en su caso, la fecha de ingreso debe computarse, en efecto, desde el 1 de enero de 2009, algo que guardaría coherencia con el reconocimiento del propio ayuntamiento. Por tanto, es claro que la vinculación administrativa de una sociedad mercantil con el ayuntamiento demandado durante 2007 y 2008 resulta irrelevante de cara a acreditar la antigüedad de la actora, pues esta persona se había desvinculado de dicha sociedad y, por tanto, no puede presuponerse en absoluto que la misma actora prestara servicios personalmente para la corporación mediante la interposición formal de una sociedad que le era ajena. En consecuencia, debe permanecer inalterado el H.P. 4º.

CUARTO.- En el segundo apartado de revisión fáctica, la recurrente solicita modificar el H.P. 10º, pretendiendo corregir de este ordinal únicamente la fecha referida al inicio de la prestación de servicios de la Sra. Lina para el ayuntamiento, solicitando que conste el siguiente texto: Desde el 1 de octubre de 2006 la Sra. Lina ha prestado servicios... Para avalar esta modificación de la fecha de inicio de prestación de servicios de la demandante para la Administración pública demandada se señalan los mismos documentos que ha valorado el magistrado a quo. Teniendo en cuenta que la antigüedad reconocida en la sentencia deriva no tan solo de los mismos documentos sino también de la prueba testifical practicada en juicio, tal y como consta en la sentencia recurrida, es claro que debe prevalecer la valoración objetiva e imparcial del juzgador de instancia, la cual ha de prevalecer sobre la sesgada y subjetiva de la recurrente. Al respecto, debe recordarse que desde antiguo la jurisprudencia laboral ( SSTS de 16-12-67, 18-03-68, 27-03-68, 30-06-78, 6-05-85, 5-06-95, etc.) ha sostenido queno es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada en base a las mismas pruebas que han servido de fundamento de la resolución de instancia, ya que no es aceptable sustituir la percepción objetiva que tuvo de ellas el juez a quo por un juicio parcial y subjetivo de la recurrente. Y en el supuesto de documentos contradictorios y en la medida en que de ellos se puedan extraer conclusiones contrarias o incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica del órgano jurisdiccional de instancia, que es soberano para apreciar la prueba ( SSTC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero), salvo en el caso de que esta libre apreciación no sea razonable ( SSTS de 10-03-80, 30-10-91, 22-05-93, 16-12-93, 10-03-94, etc.). Y en el presente caso, la antigüedad reconocida a la Sra. Lina no tan solo deriva de la valoración imparcial y objetiva del magistrado de instancia de la misma prueba documental señalada por la recurrente sino también de la declaración testifical de dos personas que depusieron en el acto del juicio. En consecuencia, no procede acceder a la revisión fáctica propuesta del H.P. 10º.

QUINTO.- En el tercer apartado de revisión fáctica se propone la modificación del H.P. 13º mediante una nueva redacción que, por economía procesal, se tiene aquí por reproducida. El nuevo texto pretende incorporar datos sobre facturación de las demandantes al ayuntamiento desde 2019 a 2022, señalándose diferentes documentos que avalarían la revisión propuesta. Sin embargo, tampoco puede accederse a esta novación fáctica por resultar totalmente estéril desde una perspectiva procesal. En efecto, en el suplica del recurso no se solicita recalcular ni las indemnizaciones ni los salarios de tramitación en base nuevos salarios reguladores. Tampoco en el segundo motivo de recurso se formula censura jurídica alguna sobre el salario regulador reconocido en sentencia. Además, según se hace constar en el fundamento jurídico séptimo de la resolución recurrida, la parte actora aceptó el salario regulador reconocido finalmente por la administración demandada. Por tanto, dada la total irrelevancia jurídica de las modificaciones jurídicas solicitadas en este punto, debe desatenderse dicha pretensión, manteniéndose sin variación el H.P. 13º.

SEXTO.- En el cuarto apartado de revisión fáctica se pretende la corrección del H.P. 19º, sustituyéndose la mención a la Sra. María Antonieta por la Sra. Lourdes. Aunque la corrección interesada es absolutamente irrelevante para el fallo de la sentencia, pues se trata de un error material evidente que es susceptible de aclaración ex art. 267.1 LOPJ, procede acceder por simple economía procesal a la corrección propuesta y sustituir en el H.P. 19º la mención a la Sra. María Antonieta por la Sra. Lourdes, que es el primer apellido correcto de la segunda de las demandantes.

SÉPTIMO.- Con amparo procesal en el art. 193, c) LRJS, la recurrente denuncia en el primer apartado del Motivo segundo de recurso la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia de 28 de enero de 2022, rec. 3781/2020. La recurrente sostiene que se ha vulnerado esta doctrina jurisprudencial por el hecho de no haberse declarado el carácter fijo del vínculo laboral entre las demandantes y el ayuntamiento demandado.

La sentencia de 28 de enero de 2022 concluye: ...afirmando que cuando una Administración Pública se subroga, por transmisión de empresa, en un contrato de trabajo que tenía carácter fijo debe mantenerse esa condición. Es inadecuado aplicar en este caso la categoría de personal indefinido no fijo, so pena de desconocer las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/CE . Esta unificación doctrinal también persigue despejar las dudas que pudieran haber suscitado algunas consideraciones albergadas en anteriores sentencias, en las que no se debatía frontalmente la presente cuestión: es el caso, por ejemplo, de laSTS 619/2021 de 10 junio (rcud. 4926/2018 ).

La doctrina jurisprudencial que se invoca no es aplicable al supuesto que nos ocupa, pues en estas actuaciones ni las demandantes tenían reconocida la condición de trabajadoras fijas en una empresa vinculada administrativamente con la Administración demandada ni el ayuntamiento demandado se ha subrogado en la plantilla de los trabajadores de la empresa titular de la contrata administrativa. Si se atiende a los hechos que se declaran probados, la prestación de servicios de la Sra. Lina con el ayuntamiento demandado es directa desde enero de 2009, y ello a pesar de interponerse una sociedad mercantil. Por tanto, ninguna subrogación ha sido reconocida a las demandantes, pues se ha declarado el vínculo laboral directo con la corporación. Lo mismo cabe decir de la Sra. Lourdes, que inició la prestación de servicios directamente para el ayuntamiento desde 2012, desarrollando sus funciones en los locales municipales, compartiendo instalaciones con el resto de funcionarios, prestando sus servicios bajo seguimiento y supervisión del correspondiente jefe de servicio, que controlaba su horario y el trabajo realizado, haciendo uso de las instalaciones y medios puestos a disposición como el restos de funcionarios de la corporación, percibiendo sus retribuciones salariales mediante factura mensual que emitía contra Gestió del Canvi, SCP o contra la Sra. Lina. Por tanto, ninguna de las actoras está en el mismo supuesto que se examina en la sentencia del Alto Tribunal que indica la parte recurrente.

En definitiva, debe desestimarse este primer motivo de recurso porque la sentencia de instancia declara indefinida no fija la relación laboral que vincula a las demandantes con la corporación demandada. En nuestra sentencia de 25 de octubre de 2022, rec. 1423/2022, resumíamos la jurisprudencia vigente al respecto, razonándose que: La figura del trabajador indefinido no fijo al servicio de las Administraciones públicas es una creación jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que se remonta a finales de la última década del siglo pasado y que pretende hacer compatible el respeto a los principios constitucionales para el acceso al empleo público ( arts. 23 y 103 CE ) con el sometimiento por parte de la Administraciones a la legalidad en materia de contratación laboral temporal, construyendo una figura contractual que comporta cierta sanción al empleador público por incumplir las normas laborales de contratación, que dota al trabajador de cierta estabilidad en el empleo -laboral indefinido- y que no renuncia a la vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen para acceder al empleo público de carácter fijo. La vigencia de estos principios constitucionales, después desarrollados por la legalidad ordinaria - art. 55 y ss. EBEP - se explican si se recuerdan los males endémicos que afectaron históricamente a las Administraciones públicas de este país durante épocas pretéritas en materia de empleo público, entonces opaco y basado en el nepotismo, rémora con la que el constituyente pretendió acabar a partir de 1978. Por tanto, es evidente que las previsiones constitucionales que intentan reglar el acceso al empleo público en un Estado democrático no son casuales ni banales. Y aunque podrá objetarse que esta doctrina jurisprudencial construida sobre la figura del indefinido no fijo pretende la cuadratura del círculo, también es justo reconocer que la solución propuesta resulta ser -al menos hasta el día de hoy- la menos mala de las soluciones posibles, y ello teniendo en cuenta la necesaria tutela de la que es acreedor tanto el interés privado del trabajador contratado irregularmente como la protección del interés público, que exige una contratación transparente basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Partiendo de estas consideraciones, la jurisprudencia unificada de la Sala 4ª del Tribunal Supremo -que por su reiteración queda excusada su cita-, que se resume sintéticamente en la STS, 4ª, de 16 de noviembre de 2021, rec. 3657/2021 , ha venido sosteniendo de forma constante que:"2. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice. Dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

3. Es cierto que el art. 103 de la Constitución hace referencia al "acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad". Pero el hecho de que la Carta Magna solamente vincule el mérito y la capacidad con el acceso a la función pública no impide que normas con rango legal también puedan exigir el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a empleo público distinto de la función pública, como ha hecho la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP , ampliando el ámbito de aplicación de dichos principios a fin de evitar que la contratación temporal irregular permita el acceso a la condición de trabajador fijo de estas empresas del sector público. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades.

En definitiva, como viene afirmando esta Sala IV (así se insiste en STS 21.01.2021, RC 71/2020 ), la relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) con el objetivo de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Y en igual sentido, la potencial existencia de irregularidades en la contratación temporal en el seno de la Administración pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto pugnaría con los principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

En consecuencia, el carácter indefinido del contrato, aun cuando implica que este no esté sometido a término cierto o determinado, no supone que el trabajador consolide una plaza fija en plantilla. ( STC 71/2016, 14.04.2016 ).

Y, como afirmamos en el reiterado rcud 1656/2020, "Hay que recordar que el objetivo y finalidad de la denominada relación laboral indefinida no fija, acudiendo una vez más al recurso ya identificado que plasma su cristalización jurisprudencial. Decimos al respecto que aquella persigue salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice. Dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad."

Esta construcción jurisprudencial sigue manteniéndose por el Alto Tribunal hasta nuestros días, como evidencian las recientes SSTS, 4ª, de 2 de octubre de 2023, rec. 1014/2020; de 2 de octubre de 2023, rec. 72/2021, de 4 de octubre de 2023, rec. 1224/2021; de 31 de octubre de 2023, rec. 1291/2021; de 8 de noviembre de 2023, rec. 3499/2022; etc.

Por consiguiente, ha de desestimarse este motivo de recurso al haber aplicado con total corrección la sentencia de instancia la doctrina jurisprudencial que califica el contrato laboral como indefinido no fijo en aquellos supuestos en que los trabajadores mantuvieron con anterioridad al despido un vínculo contractual en fraude de ley o abuso de derecho.

OCTAVO.- En el apartado 2 del segundo motivo de recurso, se postula la infracción del art. 5, c) del Convenio 158 de la OIT en relación a los arts. 10.2 y 24.1 CE y con el art. 4.2, g) ET, así como la doctrina del Tribunal Constitucional - STC 7/1993- y del Tribunal Supremo. Sucintamente expuesto, postula la recurrente que la sentencia recurrida debía haber declarado la nulidad del despido de las demandantes por haberse vulnerado la garantía de indemnidad de las trabajadoras, pues considera que se han aportado indicios de que el despido constituye un acto de represalia.

Por la representación letrada de la administración demandada se niega la existencia de causa discriminatoria, recordándose que la realidad es que la contrata administrativa suscrita con la Sra. Lina expiraba el 20 de febrero de 2022, habiéndose adjudicado la nueva contrata a la entidad Fundació AGI, cuya actividad debía iniciarse el 1 de marzo de 2022, razón por la cual se comunicó esta circunstancia a las actoras.

Para resolver la denuncia jurídica que se formula en este motivo de recurso, debe recordarse que la garantía de indemnidad es una figura que nace tempranamente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la premisa jurídica de que el legítimo ejercicio de un derecho fundamental nunca puede ser susceptible de sanción ( STC 4/1996, de 16 de enero). Un trabajador no puede ser sancionado por haber articulado pretensiones judiciales contra su empresa (STC14/1993, de 18 de enero). En el campo de la relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de modo que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada de discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental ( SSTC 87/2004, de 10 de mayo y 38/2005, de 28 de febrero).

Partiendo de esta doctrina constitucional sobre la garantía de indemnidad, esta Sala ha sostenido reiteradamente, como se recoge en nuestra sentencia de 1 de marzo de 2021, rec. 3713/2020, que: "Es cierto que de acuerdo con doctrina jurisprudencial reiterada solo se vulnera la garantía de indemnidad si el despido es una reacción contra el trabajador por el ejercicio de acciones judiciales o de actos previos o preparatorios para ejercitarlas, o de reclamaciones extrajudiciales. Y en el caso que nos ocupa el trabajador demandante no había interpuesto papeleta de conciliación o demanda en reclamación de cantidad por horas extraordinarias devengadas y no abonadas, ni formulado reclamación extrajudicial antes de su despido o denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo. Pero, como pone de manifiesto la STS 19-4-2013 (rec. 2255/2012 ) " una actuación de reivindicación interna en la empresa puede ser objeto de la protección de la garantía de indemnidad del derecho a la tutela judicial efectiva cuando resulta ser preparatoria o previa a la reclamación jurisdiccional". Y para este Tribunal Superior repugna al sentido jurídico que las alegaciones reiteradas dentro de la empresa de la disconformidad del trabajador con el trato que recibe del empresario en cuanto a su jornada de trabajo, la realización de horas extraordinarias y su falta de pago, sean correspondidas con una extinción fulminante de su contrato de trabajo, como respuesta a esta petición o afloramiento de la discrepancia del operario con las circunstancias que rodean su trabajo. Cualquier acto previo al proceso, al ejercicio de un derecho, exige dentro los parámetros de comunicación social la manifestación de la pretensión dentro del mismo seno empresarial. Difícilmente podría mantenerse una defensa de la tutela judicial efectiva cuando se cercena de manera fulminante la misma posibilidad de la reclamación, por cualquier tipo de consideración como es la misma reivindicación frente al empresario de la discrepancia en los términos de la relación laboral. De las conversaciones del actor con la empresa previas al despido se desprende el total desacuerdo del actor con la empresa en relación con su jornada, el pago de las horas extraordinarias y su permanencia misma en el puesto de trabajo, manifestando incluso el trabajador que "acudiría a un abogado para que lo decidiera un juez", con lo que estaba apuntando a su interlocutor el posible ejercicio de acciones en defensa de sus derechos, que mal pudo iniciar o preparar dada la inusitada rapidez con que le llegó el despido. El demandante ha aportado indicios suficientes que generan una fundada sospecha, apariencia o presunción de que su despido constituye un acto de represalia empresarial. Esa aportación permite invertir la carga de la prueba, obligando al empresario a probar la existencia de un motivo razonable del despido ajeno a aquella intención (por todas, STC 7/1993, de 18 de enero ). De modo que recae sobre la empresa demandada la carga de probar plenamente el carácter objetivo, razonable y proporcional de la medida extintiva adoptada. Y, en el presente caso, no se acredita una causa justificadora suficiente, pues las razones disciplinarias invocadas en la carta de despido no permiten excluir el móvil discriminatorio, pues ninguno de los cuatro hechos imputados ha quedado mínimamente acreditado, destacando la Juzgadora en particular el sucedido el 27-12-2018, respecto del que no hay ninguna prueba de que el hachís encontrado en el suelo del vehículo perteneciera al actor. Por todo ello solo cabe encontrar un fondo discriminatorio en el despido, lo que conduce, con rechazo del motivo, a confirmar la calificación de nulidad de la decisión extintiva.

En cuanto a la inversión de la carga de la prueba ante indicios fundados de discriminación, el art. 96.1 LRJS dispone que: Corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. La inversión de la carga de la prueba en despidos basados en vulneración de derechos fundamentales requiere la aportación por parte del demandante de algún indicio racional de que efectivamente el despido se ha producido por alguna razón ilícita ( SSTC 266/1993, de 20 de setiembre; 180/1994, de 20 de junio; 87/1998, de 21 de abril; 190/2001, de 1 de octubre, 214/2001, de 29 de octubre; etc.).

Y en el caso que se examina, partiendo de los hechos declarados probados, la Sala ha de concluir en los mismos términos que el magistrado de instancia, puesto que no tan solo no se han acreditado indicios razonables de represalia o discriminación, sino que han quedado acreditadas causas objetivas, razonables y proporcionales que explican la conducta empresarial de extinguir los contratos que vinculaban a las demandantes con la corporación demandada. En efecto, se ha acreditado antes la expiración de la contrata del servicio externalizado, el ayuntamiento adjudicó dicha contrata a la Fundació AGI -H.P. 16º-, la cual debía iniciar su ejecución con fecha 1 de marzo de 2022, razón por la cual se comunicó a las demandantes que debían cesar en esta fecha. Además, tal como subraya el juzgador de instancia, cualquier sospecha de represalia o discriminación queda totalmente diluida ante el hecho objetivo de que el ayuntamiento demandado procedió a formalizar sendos contratos laborales directamente con las actoras en fecha 1 de setiembre de 2022. Por tanto, ninguna animosidad cabe presumir contra las actoras por parte de la corporación demandada ante el dato objetivo -H.P. 23º y 24º- de una nueva contratación laboral de las mismas que, además, se produce con reconocimiento de una antigüedad de 10 años.

En consecuencia, ha de concluirse que el despido del que fueron objeto las demandantes no encubría un acto de represalia o discriminación adoptado contra las mismas, de forma que debe desatenderse el segundo motivo de recurso al no verificarse la infracción por parte de la sentencia recurrida de ninguno de los preceptos y jurisprudencia invocados, procediendo la confirmación íntegra de la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.