Sentencia Social 4950/202...e del 2023

Última revisión
15/11/2023

Sentencia Social 4950/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2065/2023 de 06 de septiembre del 2023

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Orden: Social

Fecha: 06 de Septiembre de 2023

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: MIQUEL ANGEL FALGUERA BARO

Nº de sentencia: 4950/2023

Núm. Cendoj: 08019340012023104922

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2023:8077

Núm. Roj: STSJ CAT 8077:2023


Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2021 - 8043748

EMA

Recurs de Suplicació: 2065/2023

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

IL·LM. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

Barcelona, 6 de setembre de 2023

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 4950/2023

En el recurs de suplicació interposat per AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (ACESA) a la sentència del Jutjat Social 34 Barcelona de data 2 de decembre de 2022, dictada en el procediment núm. 864/2021, en el qual s'ha recorregut contra la part Dolores, FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), Carmelo, Celso, Cipriano -, David, Diego, Donato, Eladio, Enrique, Ernesto, Eugenio, Isidora, Josefina i Lorenza, ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. Miguel Angel Falguera Baró.

Antecedentes

Primer. Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 2 de decembre de 2022, que contenia la decisió següent:

" ESTIMO parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones,formulada por D.ª Dolores frente a la empresa AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (ACESA), la Comisión Representativa de Trabajadores (integrada por D.ª Josefina; D. Diego; D. Carmelo; D.ª Isidora; D. Cipriano; D. Donato; D. Eugenio; D. David; D. Eladio; D. Lorenza; D. Enrique; D. Ernesto; y D. Celso), y el FOGASA; y, en consecuencia, DEBO DECLARAR Y DECLARO los siguientes pronunciamientos:

1. Se declara la improcedencia del despido objetivo sufrido por la parte demandante, con fecha de efectos a 31/08/2021, y habiendo reconocido la empresa demandada la improcedencia del despido y optado por la extinción indemnizada, declaro la extinción de la relación laboral entre las partes a fecha 31/08/2021 y condeno a la empresa demandada AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (ACESA) al abono de la cantidad 48.888,30 euros, en concepto de indemnización por despido objetivo improcedente (con deducción de la cantidad ya reconocida en la carta de despido y abonada a la trabajadora de 36.966,57 euros).

2. Se absuelve a la Comisión Representativa de Trabajadores (integrada por D.ª Josefina; D. Diego; D. Carmelo; D.ª Isidora; D. Cipriano; D. Donato; D. Eugenio; D. David; D. Eladio; D.ª Lorenza; D. Enrique; D. Ernesto; y D. Celso) de todos los pedimentos ejercitados en su contra.

3. Respecto del FOGASA demandado, procede su absolución, sin perjuicio de las posibles responsabilidades legales que, en su caso, pudieran corresponderle.

4. Asimismo, se imponen las costas del proceso a la empresa demandada por incomparecencia injustificada al acto de conciliación previa, incluidos los honorarios, hasta el límite de 600 euros, del letrado de la parte actora."

Segon. En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

" PRIMERO. - La demandante D.ª Dolores ha venido prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (ACESA); con una antigüedad a 12/06/2004; con categoría profesional de cobradora (Grupo II-Nivel 3); salario anual bruto de 26.985,60 euros, con inclusión de las prorratas de las pagas extraordinarias; en virtud de contrato de trabajo indefinido, con jornada a tiempo parcial, prestando sus servicios en la zona gerencia sur (P. Martorell) de la empresa demandada.

A la relación laboral le es de aplicación el III Convenio Colectivo para las empresas integradas en la Unidad de Negocio de Abertis Autopistas de España -UNaAE-(código n.º 90100223012014).

La actora no ostenta ni ha ostentado la condición de legal representante de los trabajadores ni representación sindical.

SEGUNDO. - La actora ha estado vinculada con la empresa demandada en virtud

de los siguientes contratos:

Modalidad de contrato de trabajo Fecha alta Fecha baja Plazo de interrupción entre contratos Causa de temporalidad

410: interinidad 12/06/2004 06/07/2004 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 10/07/2004 31/07/2004 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

510: interinidad 04/08/2004 25/08/2004 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad 410: interinidad 29/08/2004 19/09/2004 183 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 21/03/2005 28/03/2005 81 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 17/06/2005 16/09/2005 78 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 03/12/2005 10/12/2005 22 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 01/01/2006 08/01/2005 92 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 10/04/2006 17/04/2006 23 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 10/05/2006 25/05/2005 21 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 15/06/2006 06/07/2006 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

510: interinidad 10/07/2006 31/07/2006 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 04/08/2006 25/08/2006 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 29/08/2006 19/09/2006 75 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 03/12/2006 10/12/2006 22 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 01/01/2007 08/01/2007 52 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 01/03/2007 31/05/2007 15 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 10/05/2006 25/05/2005 21 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 15/06/2006 06/07/2006 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

510: interinidad 10/07/2006 31/07/2006 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 04/08/2006 25/08/2006 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 29/08/2006 19/09/2006 75 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 03/12/2006 10/12/2006 22 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 01/01/2007 08/01/2007 52 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 01/03/2007 31/05/2007 15 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 15/06/2007 06/07/2007 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 10/07/2007 31/07/2007 4 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 04/08/2007 25/08/2007 15 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 09/09/2007 30/09/2007 64 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

510: interinidad 03/12/2007 10/12/2007 14 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

510: interinidad 24/12/2007 08/01/2008 53 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 01/03/2008 31/03/2008 35 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 05/05/2008 26/05/2008 6 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 01/06/2008 30/09/2008 64 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 03/12/2008 10/12/2008 14 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 24/12/2008 08/01/2009 85 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

410: interinidad 03/04/2009 14/04/2009 20 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 04/05/2009 26/05/2009 6 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

502: eventual por circunstancias de la producción 01/06/2009 30/09/2009 64 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

402: eventual por circunstancias de la producción 03/12/2009 10/12/2009 14 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

402: eventual por circunstancias de la producción 24/12/2009 08/01/2010 39 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

501: obras y servicios determinados 16/02/2010 30/04/2010 13 días No consta acreditada la causa objetiva

y real de temporalidad

502: eventual por 13/05/2010 08/06/2010 7 días No consta circunstancias de la producción acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

402: eventual por circunstancias de la producción 15/06/2010 19/09/2010 46 días No consta acreditada la causa objetiva y real de temporalidad

200: indefinido 04/11/2010 31/08/2021

TERCERO. - Con fecha 20 de julio de 2021 la empresa demandada inició un procedimiento de despido colectivo (ERE) que, tras el periodo de consultas con la Comisión Representativa de Trabajadores, finalizó con acuerdo de fecha 19/08/2021, al

cual me remito y doy enteramente por reproducido, en cuyo apartado tercero se pactó la

mejora cuantitativa de la indemnización legal por despido objetivo, al sostener que la empresa abonará una indemnización a todos los empleados/empleadas afectados/afectadas por el procedimiento de despido colectivo equivalente a la indemnización legal máxima por despido improcedente establecida en la actual legislación vigente.

CUARTO. - En virtud de carta de fecha 20 de agosto de 2021, a la cual me remito y doy enteramente por reproducida, el empresario demandado notificó a la demandante su despido objetivo, por causas productivas y organizativas, con fecha de efectos a 31/08/2021, informándole que, de conformidad con lo recogido en el acta final del Acuerdo del procedimiento de despido colectivo, suscrita el día 19 de agosto de 2021, le corresponde percibir una indemnización legal máxima por despido improcedente, que asciende a la cantidad total de 36.966,57 euros, que ha sido percibida por la trabajadora

demandante.

QUINTO. - Presentada por la actora la papeleta de conciliación en fecha 27/09/2021, se señaló para la celebración del acto el día 18/10/2021, con resultado de "intentado sin efecto" ante la incomparecencia de la empresa, sin alegar justa causa. En fecha 18/10/2021 la parte actora presentó demanda telemática ante el Decanato de los Juzgados de Barcelona en ejercicio de la acción de impugnación de despido objetivo."

Tercer. Contra aquesta sentència AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (ACESA) va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i Dolores va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.- Per la via de la lletra a) de l'art. 193 LRJS denuncia l'empresa demandada la infracció d'allò previst a l' art. 117 LEC en relació a l' art. 6.4 CC. Bàsicament la tesi que en aquest punt es sustenta per la recurrent és que no consten a les actuacions tots els contractes als que es fa esment en el fet provat segon de la sentència, sense que a ella li correspongués aportar els contractes anteriors als quatre anys previstos en l' art. 21 LISOS, per la qual cosa l'acreditació dels períodes anteriors al dit període corresponia a la part actora, tenint present que el frau de llei ha de ser provat.

El motiu està condemnat al fracàs per vàries raons. En primer lloc, escau observar que l' art. 21 LISOS no es refereix als contractes de treball, sinó a la documentació o els registres o suports informàtics en què s'hagin transmès les corresponents dades que acreditin el compliment de les obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes o variacions que, en el seu cas, es produïssin en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions. Per tant, la dita norma allò que regula són les dades de Seguretat Social -com en forma expressa es recull en l'epígraf del Capítol Tercer de la invocada norma-, així com als fulls de salari. En segon lloc, perquè resulta inversemblant que una empresa de les característiques de la recurrent no guardi còpia dels contractes realitzats amb les persones integrades dins la bossa de contractació temporal. En tercer lloc, perquè consta la diligència d'ordenació en la que se la requeria per a que aportés els contractes realitzats amb l'actora en els termes expressats a la demandada, en forma tal que en l'hipotètic supòsit que els dits documents no s'haguessin guardat res impedia a l'empresa fer la corresponent sol·licitud a l'SPEE i/o posar-ho en coneixement del jutjat per a que es reclamessin d'ofici. I finalment, perquè, com es veurà tot seguit, en la modificació fàctica proposada del fet segon no es demana en cap moment un canvi en la redacció actual respecte els vincles contractuals i el temps de durada, limitant-se a peticionar un afegitó relatiu als períodes d'inactivitat, per la qual cosa aquell contingut resulta pacífic.

En conseqüència, com ja hem avançat, el motiu ha de ser desestimat.

SEGON.- Per la via de la lletra b) de l'art. 193 LRJS se'ns demana en el següent motiu la modificació del fet provat segon, amb remissió al document del foli 192 i següents de les actuacions, per tal que s'hi afegeixi el següent redactat:

"Asimismo, la vida laboral refleja que durante los periodos de inactividad ha prestado servicios en terceras compañías:

Prestación de servicios en la empresa SABARCA GIMNASTIC CLUB entre 27/10/2016 Y 28/11/2016 (Folio 193)

Prestación de servicios en la empresa COYMOGA, S.COOP entre 01/04/2008 y 20/11/2009 (Folio 193)

Prestación de servicios en la empresa COYMOGA, S.COOP entre 01/02/1999 y 31/03/2008 (Folio 193)

A mayor abundamiento, el mismo documento pone de manifiesto que incluso ha cobrado la prestación por desempleo entre los siguientes lapsos temporales:

Entre 01/12/2010 y 14/08/2011. Folio 193

Entre 28/09/2010 y 30/11/2010. Folio 193

Entre 12/06/2010 y 14/06/2010. Folio 193

Entre 08/05/2010 y 12/05/2010. Folio 193

Entre11/01/2010 y 15/02/2010. Folio 193".

Val a dir que la sala no té cap inconvenient en principi en acceptar aquesta addició. No obstant, caldrà recordar que, entre els diferents condicionants que per a la revisió fàctica s'han anat conformat en la conformació del recurs de suplicació cobra especial significació la necessitat de que el canvi sigui transcendent respecte la part dispositiva de la sentència (llevat perjudici o gravamen), amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria. S'afirma així a la STS UD 27.03.2000 (Rec. 2497/1999): " la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes".

Doncs bé, el fet de que l'actora percebés prestacions de desocupació en determinats períodes d'inactivitat no té cap incidència en la determinació del període de prestació de serveis a efectes del càlcul de la indemnització per acomiadament, en no afectar a l'existència o no de la unitat essencial del vincle contractual, tal i com ha posat de manifest la jurisprudència (per totes: SSTS UD 15.05.2015 -Rec. 878/2014-, 29.03.2017 -Rec. 2536/2015-, etc.). I a una conclusió similar escau arribar respecte l'existència de prestació de serveis per a terceres empreses en l'interí, al que hem d'afegir que, com consta en el fet provat primer de la sentència, el vincle contractual entre les parts era a temps parcial, pel que el fet que concorregués pluriocupació en les descrites circumstàncies esdevé del tot irrellevant, màxim quan bona part del temps coincident es correspon al període en que la demandant tenia la condició d'indefinida.

TERCER.- A continuació es postula l'examen del dret aplicat, conforme la lletra c) de l'art. 193 LRJS, denunciant la recurrent la infracció de la DT III del conveni col·lectiu d'aplicació, així com la jurisprudència que s'esmenta en relació a la determinació de la doctrina sobre la unitat essencial del vincle contractual.

Caldrà observar d'entrada que, ateses les dites pretensions, resta obvi que la demandada no invoca en el seu recurs el caràcter excusable de les possibles diferències indemnitzatòries, per la qual cosa la sala no té competència funcional per tal d'entrar en l'anàlisi d'aquest aspecte, tenint present que, com s'afirma en la STC 205/2007 " los recursos extraordinarios -y lo es el de suplicación laboral- se caracterizan porque los motivos de interposición están legalmente tasados y a ellos se reduce el conocimiento del Tribunal llamado a resolverlos, que no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa. El recurso de suplicación, tenemos dicho, es un recurso de alcance limitado en el que los términos del debate vienen fijados por el escrito de interposición del recurrente y la impugnación que del mismo haga, en su caso, el recurrido".

A una conclusió similar hem d'arribar en relació a l'existència o inexistència de frau de llei. Per bé que en la part final del recurs es nega formalment que concorri aquesta institució, el fet cert és que la simple lectura del dit recurs -així com la falta de cita legal o jurisprudencial al respecte- posa en evidència que en cap moment la pretensió de l'empresa passi per considerar que la contractació efectuada s'adequà a legalitat. Consideració a la que escau afegir que la més recent doctrina cassacional ha vingut indicant -rectificant criteris anteriors- que l'encadenament de contractes per tal de cobrir necessitats estructurals de plantilla (i no, les merament conjunturals), és un frau de llei (entre d'altres: STS UD 18.05.2022 - Rec. 4088/2020-).

Entrant, en conseqüència, en les pretensions de la recurrent començant pel mòdul de càlcul de la indemnització escau estar al contingut de la norma convencional invocada, que és del següent tenor:

"En el supuesto que, las Empresas, en atención a las circunstancias concurrentes, se vieran en la necesidad de plantear medidas que supongan extinciones colectivas o individuales de contratos de trabajo por causas de innovaciones tecnológicas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, u otra de carácter similar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52.b ) y c) del Estatuto de los Trabajadores , se aplicará la indemnización legal máxima por despido improcedente establecida en la legislación vigente a la firma del presente Convenio. No podrá utilizarse el principio del derecho "rebus sic stantibus" para la no aplicación de las condiciones fijadas en la presente cláusula.

La antigüedad computable a efectos del cálculo de la indemnización quedará integrada por el periodo de prestación de servicios anterior a la extinción del contrato, siempre que no se produzcan interrupciones superiores a seis meses".

Certament ens trobem davant una norma en principi confusa, atès que conforme l' art. 56 ET -i la seva coneguda interpretació judicial- a efectes del càlcul de la indemnització per acomiadament allò que escau computar són els "períodes de prestació de serveis" i no, l'"antiguitat". No obstant, per bé que el conveni empra erròniament aquest segon concepte, es pot assolir una doble hermenèutica en quant la finalitat perseguida: d'una banda, integrar períodes que no superin els llindars dels sis mesos en els casos de suspensió de contracte o relacions fixes-discontinues; d'altra, establir, precisament, un límit en l'aplicació de la unitat del vincle contractual.

I ocorre que en el present cas és del tot evident que en l'encadenament de contractes no s'ha superat mai el termini de sis mesos. No obstant, la tesi de la recurrent sembla passar -per bé que en un redactat confús- per entendre que escau sumar tots els períodes de no activitat fins al termini de sis mesos. La dita interpretació és a judici de la sala manifestament errònia. En primer lloc per una interpretació literal del seu contingut, atès que en ella es fa esment a "interrupcions" -no "interrupció", en singular- de sis mesos. En segon lloc perquè la dita hermenèutica comportaria que una persona que portés vint anys encadenant contractes temporals d'onze mesos de durada anuals només tindria dret a que la indemnització es calculés per un període corresponent a sis anys. I, finalment, perquè encara que hipotèticament aquesta fos la voluntat de les parts signatàries del conveni, la clàusula convencional esdevindria nul·la, per ser contrària a la jurisprudència abans esmentada.

I pel que fa a la determinació de si concorre o no solució de continuïtat en l'encadenament de contractes caldrà començar les nostres reflexions posant en evidència que la denominada "cultura de la temporalitat" (això és: la pràctica generalitzada d'acudir a la contractació temporal com forma de cobertura de necessitats continuades i estructurals de mà d'obra, afavorida per un marc normatiu que durant molt de temps fou extraordinàriament permissiu) comportà a la pràctica un problema afegit: la determinació del període de prestació de serveis a efectes del càlcul de la indemnització en cas d'extinció del vincle laboral quan existia encadenament de contractes (així com, en el seu cas, de determinació de l'antiguitat o els efectes sobre prestacions de la Seguretat Social). El criteri tradicional de la jurisprudència passà en el seu moment per fixar com a límit el període de caducitat de vint dies de l' art. 59.3 ET, en forma tal que si entre un i altre contracte es superava aquest límit el temps de prestació de serveis previ no es computava. No obstant, com és conegut, aquesta hermenèutica fou modificada a partir de la STS UD de 8 de març de 2007 -Rec. 175/2004- en la que emergí la noció jurisprudencial d'"unitat essencial del vincle contractual", com element per determinar si concorre o no solució de continuïtat en l'encadenament de contractes temporals.

Tanmateix continua existint una òbvia problemàtica en la determinació de quin és el període a partir del qual es pot assolir la conclusió d'existència de l'esmentada unitat del vincle, atès que continua existint una certa indeterminació respecte el concret termini de no prestació de serveis. Cal fer esment en aquest punt al contingut de la STS UD 21.09.2017-Rec. 2764/2015-, atès que en aquest pronunciament trobarem un intent de sistematització dels criteris d'aplicació en la forma següent:

"1. Doctrina de la Sala.

Son muchas las ocasiones en que hemos debido pronunciarnos sobre el alcance de la doctrina sobre continuidad esencial del vínculo. De este modo en las SSTS de 8 marzo 2007 (rcud. 175/2004 ), 17 diciembre 2007 (rcud. 199/2004 ), 18 febrero 2009 (rcud. 3256/2007 ) y 17 marzo 2011 (rcud. 2732/2010 ), entre otras, hemos dejado consolidada la doctrina según la cual,

"En supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta que se le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también, a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso, a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente ".

Son numerosas las sentencias que han compendiado el significado de la doctrina a que venimos aludiendo. Por ejemplo, la STS 18 de febrero de 2009 (rcud. 3256/2007 ) lo hace del siguiente modo:

"La controversia ya ha sido unificada por esta Sala en sus sentencias de 12 de noviembre de 1993 (Rec. 2812/92 ), 10 de abril de 1995 (Rec. 546/94 ), 17 enero de 1996 (Rec. 1848/95 ), 8 de marzo de 2007 (Rec. 175/04 ) y de 17 de diciembre de 2007 (Rec. 199/04 ) a favor de la solución adoptada por la sentencia recurrida. En ellas se aborda la cuestión litigiosa, y se acaba resolviendo que una interrupción de treinta días entre contratos sucesivos no es significativa a efectos de romper la continuidad de la relación laboral, así como que la subsistencia del vínculo debe valorarse con criterio realista y no sólo atendiendo a las manifestaciones de las partes al respecto, pues la voluntad del trabajador puede estar viciada y condicionada por la oferta de un nuevo contrato. Por ello se ha consolidado la doctrina que establece "que en supuestos de sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, ha sido seguida por las Sentencias ya más recientes de 29 de septiembre de 1999 (rec. 4936/1998 ); 15 de febrero de 2000 (rec. 2554/1999 ); 15 de noviembre de 2000 (rec. 663/2000 ); 18 de septiembre de 2001 (rec. 4007/2000 ); 27 de julio de 2002 (rec. 2087/2001 ) 19 de abril de 2005 (rec. 805/2004 ) y 4 de julio de 2006 (rec. 1077/2005 ), y si bien en varias de estas resoluciones la Sala ha tenido en cuenta como plazo interruptivo máximo el de los veinte días previstos como plazo de caducidad para la acción de despido, también ha señalado que cabe el examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos. Así, por ejemplo, se ha computado la totalidad de la contratación, a pesar de la existencia de una interrupción superior a 20 días, en los supuestos resueltos por las sentencias de 10 de abril de 1995 (rec. 546/1994 ) y 10 de diciembre de 1999 (rec. 1496/1999 ), con interrupción de 30 días, y de coincidencia con el período vacacional en el auto de 10 de abril de 2002 (rec. 3265/2001).

La STS 15 mayo 2015 (rec. 878/2014 ) mantiene la unidad del vínculo con una interrupción de 45 días, en la que el recurrente percibió prestaciones de desempleo, teniendo en cuenta el tiempo de prestación de servicios anterior y posterior.

La STS 129/2016 de 23 de febrero (rec. 1423/2014 ) considera que no se acredita la ruptura de la unidad esencial del vínculo, pese al transcurso de 69 días de intervalo, en caso de reiterada contratación fraudulenta.

Interesa advertir que se trata de doctrina diversa a la sentada respecto del complemento por antigüedad respecto de algunas empresas. En tal sentido, la STS 20 noviembre 2014 (rec 1300/2013 ) compendia nuestro criterio en los siguientes términos:

"A efectos de antigüedad, deben computarse los servicios efectivamente prestados por los demandantes mediante los contratos temporales suscritos con anterioridad a la fecha del reconocimiento expreso y formal de la antigüedad por la demandada, tomando como fecha inicial la del primero de los citados contratos, y aun cuando entre ellos se hayan producido interrupciones significativas en la prestación de servicios. Esta es la solución a la que también ha llegado esta Sala en asuntos similares, también de IBERIA LAE, resueltos recientemente ( sentencias de 14 y 15 (2) de octubre de 2014 ( rcud. 467/2014 , 164/2014 y 492/2014 )".

La STS 23 febrero 2016 (rec. 1423/2014 ) recuerda que la unidad del vínculo, a efectos del cómputo de la antigüedad, no se rompe, por ejemplo, por la simple firma de recibos de finiquito entre los sucesivos contratos suscritos con cortas interrupciones; ni cuando las interrupciones se hacen coincidir con el periodo vacacional.

La STS 963/2016 de 8 de noviembre (rcud. 310/2015 ) resume la doctrina que hemos ido sentando y ahora debemos aplicar por razones de igualdad en la aplicación de la ley y de seguridad jurídica, acordes con la finalidad de este recurso unificador:

"TERCERO.- 1.- Desde muy tempranamente, la doctrina de la Sala sostuvo que "[e]n el ámbito del Derecho del Trabajo es regla y principio general [...] que si en un contrato temporal concluye el plazo de vigencia que le es propio o se produce la causa extintiva del mismo, y a continuación, sin interrupción temporal alguna, es seguido por un contrato indefinido entre las mismas partes, bien porque el trabajador continúe... la prestación de sus servicios, bien concertándose en forma escrita el nuevo contrato, se entiende que la antigüedad del empleado en la empresa se remonta al momento en que se inició el trabajo en virtud del primer contrato temporal. La novación extintiva sólo se admite si está objetivamente fundada en la modificación del contenido de la obligación y por ello en los supuestos en que la relación sigue siendo la misma, la diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones [sucesivas] diferentes" ( STS 12/11/93 -rco 2812/92 -).

Planteamiento que si bien inicialmente fue establecido a efectos retributivos del complemento de antigüedad y en los supuestos de ausencia de solución de continuidad, posteriormente también fue aplicado a la hora de determinar los servicios computables para calcular la indemnización propia del despido improcedente y se amplió a todos los supuestos en que pudiera apreciarse la unidad esencial del vínculo, de forma que -como recuerda la STS 08/03/07 rcud 175/04, dictada en Sala General- "[e]l tiempo de servicio al que se refiere el art. 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores sobre la indemnización de despido improcedente debe computar todo el transcurso de la relación contractual de trabajo, siempre que no haya habido una solución de continuidad significativa en el desenvolvimiento de la misma".

2.- Toda la cuestión de autos se reduce, pues, determinar lo que haya de entenderse por la interrupción "significativa" que lleve a excluir la "unidad esencial" del vínculo, cuya frontera -la de aquélla- si bien inicialmente fue situada en los veinte días del plazo de caducidad para accionar por despido, en los últimos tiempos se ha ampliado a periodos que carezcan de relevancia en relación con la duración total de los servicios prestados, como evidencia la casuística jurisprudencial reciente (así, 69 días naturales en la STS 23/02/16 - rcud 1423/14 -).

A los referidos efectos ha de indicarse que si bien es claro que no necesariamente la unidad del vínculo está ligada la existencia de fraude de ley, pues parece innegable que pudiera apreciarse aquélla en la sucesión de contratos temporales perfectamente ajustados a derecho, no lo es menos cierto que la concurrencia de fraude parece que haya de comportar - razonablemente- que sigamos un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración del plazo que deba entenderse "significativo" como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora. Máxime cuando -como ya observamos en la precitada STS 08/03/07 rcud 175/04 - en interpretación del Anexo a la Directiva 99/70/CE y en la lucha contra la precariedad en el empleo, la doctrina comunitaria ha entendido que aquella disposición de la Unión Europea "debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales" ( STJCE 04/Julio/2006, asunto "Adeneler "); doctrina que ciertamente ha de tenerse en cuenta, en tanto que resulta obligada la interpretación de la normativa nacional en términos de conformidad con el derecho y jurisprudencia de la Unión Europea.

3.- Las precedentes consideraciones nos llevan a acoger el recurso de la trabajadora, como muy razonadamente informa el Ministerio Fiscal, habida cuenta de que nos hallamos en presencia de seis años de servicios prestados a virtud de contratación fraudulenta por parte de un Ayuntamiento [aquietado a tal pronunciamiento de la recurrida], en tanto que dirigida a satisfacer una actividad habitual y ordinaria del mismo, y que ni tan siquiera -la actividad- se acreditó concluida en la fecha del cese de la trabajadora, la cual -por otra parte- ya había adquirido en todo caso la cualidad de indefinida de la Corporación municipal, a virtud de las previsiones contenidas en el art. 15.5 ET respecto de la duración de las contrataciones temporales, "con o sin solución de continuidad"; acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal, que minora la relevancia de las dos interrupciones contractuales acaecidas, primero de algo más de tres meses y después de uno solo".

La STS 494/2017 de 7 junio (rec. 113/2015 ) concluye que se han de tener en cuenta los servicios prestados desde el primero de los contratos temporales suscritos, en aplicación de la teoría de la unidad esencial de vínculo contractual, aunque haya habido dos interrupciones contractuales, primero de algo más de cuatro meses y después de más de uno, habida cuenta de que se trata de 14 años de prestación de servicios y de que el trabajador había adquirido la cualidad de indefinido en aplicación del art. 15.5 del ET . Con cita de varios precedentes, en ella se expone lo que sigue:

A los referidos efectos ha de indicarse que si bien es claro que no necesariamente la unidad del vínculo está ligada la existencia de fraude de ley, pues parece innegable que pudiera apreciarse aquélla en la sucesión de contratos temporales perfectamente ajustados a derecho, no lo es menos cierto que la concurrencia de fraude parece que haya de comportar - razonablemente- que sigamos un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración del plazo que deba entenderse "significativo" como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora. Máxime cuando -como ya observamos en la precitada STS 08/03/07 rcud 175/04 - en interpretación del Anexo a la Directiva 99/70/CE y en la lucha contra la precariedad en el empleo, la doctrina comunitaria ha entendido que aquella disposición de la Unión Europea "debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales" ( STJCE 04/Julio/2006, asunto "Adeneler "); doctrina que ciertamente ha de tenerse en cuenta, en tanto que resulta obligada la interpretación de la normativa nacional en términos de conformidad con el derecho y jurisprudencia de la Unión Europea

La STS 501/2017 de 7 junio (rec. 1400/2016 ) estudia si constituye una ruptura "significativa" que lleve a excluir la "unidad esencial" del vínculo contractual la interrupción por un período de 3 meses y 19 días, en una sucesión de contratos celebrados durante 14 años por la trabajadora recurrente. La respuesta es negativa.

2. Especial consideración de la STS 12 julio 2010 (rec. 76/2010 ).

A) Dicho queda que la recurrida se basa expresamente en la doctrina sentada por la STS 10 julio 2012 , también invocada por los escritos de oposición al recurso. Esta sentencia anula la dictada previamente por el TSJ de Galicia y entiende que en el caso examinado no puede decirse que exista un vínculo laboral unitario a los efectos de computar la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido.

En el caso existen más de veinte contratos temporales en el periodo de seis años; en cuatro ocasiones, al menos, los períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses, además la actora percibió prestaciones por desempleo en algunos periodos.

B) Con cita de numerosos antecedentes recuerda que en supuestos de sucesión de contratos temporales, "si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente". Asimismo advierte que " si bien en varias de estas resoluciones la Sala ha tenido en cuenta como plazo interruptivo máximo el de los veinte días previstos como plazo de caducidad para la acción de despido, también ha señalado que cabe el examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos".

C) La sentencia ahora recurrida acepta todas esas premisas, pero particularmente se basa en las afirmaciones contenidas al final del Fundamento Segundo de la STS en estudio. Recordemos su tenor:

"La doctrina establecida en esa serie establece el principio de la unidad esencial del contrato, cuando la reiteración de contratos temporales evidencien la existencia de unidad de contratación. Mas tal presunción de unidad de propósito en la contratación no puede deducirse en casos, como el presente en el que si bien existieron más de 20 contratos en el periodo de seis años, en cuatro ocasiones, al menos, los períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses, Además la actora percibió prestaciones por desempleo en los siguientes períodos: de 7 de mayo a 6 de julio de 2003; de 27 de julio al 17 de agosto de 2003; de 17 de junio a 25 de septiembre de 2004; de 21 de febrero de 2005 al 20 de junio de 2006; y de 20 de marzo de 2008 al 19 de septiembre de 2008. Mantener que en estos supuestos de largos períodos de inactividad, intercalados por prestaciones de desempleo, debe presumirse la existencia de unidad de contrato, cuando de los hechos lo que puede deducirse es precisamente lo contrario, implicaría la imposición de una carga injustificada al empleador por utilizar reiteradas veces los servicios del mismo trabajador".

3.Consideraciones del Tribunal.

A) Yerra la STSJ Galicia ahora recurrida cuando afirma que la doctrina del Tribunal Supremo conduce a que se rompa la unidad esencial del vínculo si median interrupciones superiores a tres meses, amparándose en la literalidad del transcrito pasaje de la STS 12 julio 2010 . Un atento examen de la misma muestra lo siguiente:

· Rechaza que debamos " atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos ". Lejos de estar queriendo fijar un tope exacto, recuerda que se abandonó ese enfoque (por referencia a la doctrina que operaba sobre el plazo de veinte días hábiles).

· Adopta su decisión a la vista de que " en cuatro ocasiones, al menos, los períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses ". En modo alguno se afirma que una interrupción superior a tres meses, por sí sola y en todo caso, enerve la presunción de continuidad del vínculo. Lo que hace es enumerar las cuatro que ha habido.

· La sentencia pone en relación la dimensión de las interrupciones existentes entre unos y otros contratos con el tiempo global analizado (" el periodo de seis años ").

En suma: la STS de 2012 ni opta por un método matemático a la hora de apreciar la ruptura del vínculo, ni erige el módulo de tres meses como barrera universal, ni prescinde de la duración global del arco temporal examinado a la hora de ponderar todas las circunstancias.

B) Diversas sentencias de esta Sala, como las citadas 963/2016 de 8 de noviembre (rcud. 310/2015 ), 494/2017 de 7 junio (rec. 113/2015 ) y 501/2017 de 7 junio (rec. 1400/2016 ) han entendido que con una interrupción superior a tres meses es posible que siga existiendo una vinculación laboral recognoscible como tal, es decir, unitaria.

C) Para adoptar la decisión final, por tanto, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.

D) El caso ahora examinado exige contemplar lo acaecido durante un periodo que dura más de doce años (arranca en mayo de 2001 y persiste, al menos cuando se dicta la sentencia de 2013): durante el mismo han mediado varios contratos temporales, pero siempre para realizar las mismas tareas; ha existido una cesión ilegal; el único paréntesis se ha prolongado durante tres meses y medio.

De este modo se suma la existencia de anomalías en la contratación y en la identificación empresarial con la prestación de la misma actividad durante un 97% del tiempo transcurrido en el lapso de referencia. En esas condiciones, de acuerdo con el Informe del Ministerio Fiscal, consideramos que, tal y como la sentencia del Juzgado de lo Social entendiera, no cabe hablar de ruptura significativa en el hilo conductor de la prestación de servicios".

A la llum d'aquesta doctrina cassacional escau entendre que escau a l'anàlisi concreta de la casuística concurrent en cada supòsit. D'aquesta manera escau valorar aspectes com el gaudi de les vacances, les particularitat del tipus de treball i la seva estacionalitat, etc. Ara bé, quan concorre un frau de llei en la contractació cal aplicar un criteri més flexible tenint present aspectes com ara el temps en que s'han vingut efectuant els contractes temporals i el tipus de treball que es realitza, en forma tal que fins i tot es pot considerar que -ateses les circumstàncies- concorre unitat del vincle contractual en períodes llargs. Als dits efectes s'indica en la STS UD 02.12.2020 (Rec. 970/2018): "para adoptar la decisión final sobre la concurrencia de interrupciones significativas, con entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, cuando la contratación ha sido fraudulenta, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos". I caldrà indicar que en el dit pronunciament es considera que concorre unitat essencial de vincle amb una interrupció de sis mesos i sis dies al llarg de cinc anys (un termini similar a l'observat en la STS UD 12.07.2010, Rec. 76/2010, respecte un encadenament de contractes de sis anys).

Atesa la interpretació efectuada prèviament efectuada del conveni col·lectiu rector, resta evident que en seu d'autonomia col·lectiva -el que ha estat acceptat per la jurisprudència- allò que les parts acordaren fou establir una frontera de sis mesos a efectes de determinar la concurrència de solució de continuïtat -la qual cosa s'adequa, com es pot comprovar, amb els paràmetres temporals acceptats per la doctrina cassacional-. Doncs bé, en el present cas la demandant encadenà contractes temporals al llarg de sis anys, essent els períodes d'inactivitat en alguns casos de poc més de tres mesos i en un supòsit específic de poc més de sis mesos, essent pacífica l'existència de frau en la contractació. En conseqüència a judici de la sala concorre la unitat del vincle contractual, la qual cosa ens ha de dur a la desestimació del motiu.

QUART.- Les anteriors consideracions, doncs, han de comportar la desestimació del recurs, en tant que el jutjador d'instància ha valorat adequadament la qüestió jurídica plantejada, amb la conseqüència de la plena confirmació del decideixo de la sentència recorreguda, així com la pèrdua de les consignacions efectuades a les que es donarà la destinació legal, amb imposició de les costes d'impugnació del recurs interposat per la recorrent inclosos els honoraris de lletrat de la part demandada actuant en el recurs, que la Sala fixarà en la part dispositiva d'aquest pronunciament, tot això atès el disposat en els arts. 204 i 235.1 LRJS en aplicació del principi de venciment.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (ACESA), contra la sentència dictada pel jutjat del social número 34 dels de Barcelona en data 2 de desembre de 2022, recaiguda en actuacions 864/2021, en virtut de la demanda instada per Dolores contra el dit recurrent i contra Carmelo, Celso, Cipriano -, Diego, Donato, Eladio, David, Enrique, Ernesto, Isidora, Josefina, Lorenza, Eugenio i el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en reclamació per acomiadament, per la qual cosa la hem de confirmar i la confirmem, declarant la pèrdua dels dipòsits i consignacions constituïts per recórrer, i fixant en concepte de costes processals la quantia de vuit-cents (800.-) euros, que haurà de pagar la recurrent a l'actora.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de "ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a "beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. El Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.

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