Sentencia Social 3642/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 228/2023 de 08 de junio del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda interpuesta por CAPRABO S.A.U., dirigida contra INSS, TGSS y Hernan. En dicha demanda, la demandante impugna la resolución del INSS de 30.11.2020, confirmada por la de 2.6.2021, en la que la indicada entidad gestora acuerda estimar la solicitud formulada por el señor Hernan e imponer a la demandante un recargo del 30% sobre todas las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sufrido por dicho señor el 3.10.2017, mientras prestaba servicios para la demandante. Todo ello, de conformidad con la propuesta de recargo de prestaciones formulada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en el curso del expediente administrativo.

Según se sigue del relato fáctico de la sentencia de instancia, no combatido en esta fase de recurso, el señor Hernan prestaba servicios para la demandante desde el 17.5.2005 con la categoría profesional de encargado de sección y sufrió el accidente de trabajo en el curso de una operación específica organizada por la demandante a fin de hacer frente a un problema de insectación de jamones (pulgón) que se había presentado en la planta logística que la demandante posee en Abrera (Barcelona). Para proceder a la clasificación y limpieza de los jamones, la demandante formó un equipo de trabajo multidepartamental que se desplazó a la indicada planta logística y entre cuyos miembros figuraba el señor Hernan. La tarea consistía, básicamente, en cubrir las piezas con abundante aceite de girasol. El señor Hernan sufrió el accidente el primer día de trabajo en que participaba en dicha operación y, a raíz de las lesiones sufridas en el mismo, estuvo en situación de incapacidad temporal y ha sido declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La sentencia de instancia, acogiendo el criterio de la ITSS, confirma la imposición del recargo de prestaciones por considerar que la demandante incurrió en las infracciones en materia de prevención de riesgos que la ITSS le imputa y que las mismas son causa del accidente de trabajo producido.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita su revocación y que se estime la demanda, dejando sin efecto el recargo de prestaciones. Articula el recurso con arreglo a un solo motivo, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.c) LRJS y dirigido a la censura jurídica de la sentencia.

El recurso es impugnado por el señor Hernan, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- En el indicado único motivo del recurso, la recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe el artículo 164 LGSS, en relación con el artículo 12.16.b) LISOS, que es la infracción determinante de la sanción que la ITSS propone imponer a la demandante en el acta de infracción levantada con motivo del accidente (folios 52 -vuelto- a 58 de los autos).

En el desarrollo del motivo, la recurrente, tras exponer la doctrina jurisprudencial sobre los presupuestos jurídicos del recargo de prestaciones, alega, en síntesis, que la sentencia de instancia no se ajusta a la misma porque confirma el recargo teniendo en cuenta solamente las supuestas infracciones en materia preventiva cometidas por la recurrente y no el presupuesto jurídico consistente en la relación de causalidad que debe existir entre dichas infracciones y el resultado dañoso. La recurrente alega que dicha relación de causalidad no concurre en este caso porque, según la descripción del accidente contenida en el parte de accidente de trabajo, aceptada, según dice, por la sentencia, lo único que consta es que el señor Hernan sufrió el accidente por un mal gesto al desplazarse y realizar un giro, sin conexión, por tanto, con algún posible incumplimiento empresarial, que la sentencia, según la recurrente, no identifica, más allá de referirse, de forma abstracta, a los que le imputa la ITSS y que se concretan en la infracción tipificada en el artículo 12.16.b) LISOS, que la recurrente tacha de totalmente genérica. En este sentido, la recurrente señala que el trabajador sufrió el accidente por el mero hecho de desplazarse y que "no se declara probada la existencia de ningún elemento perturbador de la marcha del accidentado que pudiera dar lugar a realizar un giro forzado (...) por causa imputable al mal estado del suelo o a que este no estuviese en condiciones de transitar normalmente por él", es decir, "por mucho que la empresa haya podido cometer alguna de las infracciones genéricas que se le imputan, ninguna de ellas es la causa de la producción del accidente que aquí nos trae."

Por su parte, el señor Hernan, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo con base, fundamentalmente, en el contenido del acta de la ITSS y razonamientos de la sentencia de instancia, de los que, según dice, se deduce claramente la existencia de las infracciones y la relación de causalidad entre estas y el accidente.

TERCERO.- A la vista de las alegaciones de las partes, el examen del presente motivo del recurso obliga a empezar recordando que el artículo 164 LGSS regula el recargo de prestaciones de Seguridad Social derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional en los siguientes términos, iguales a los de su antecedente normativo ( artículo 123 LGSS 1994):

<<1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.>>

Dicho precepto, al igual que su antecedente normativo, ha dado lugar a una copiosa doctrina jurisprudencial, aplicada por innumerables sentencias de nuestra Sala, entre las que puede citarse la de 24.2.2020 (recurso 5841/2019), que sintetiza dicha doctrina jurisprudencial en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo):

(...)

< [se refiere al artículo 164 LGSS] existe una abundante doctrina jurisprudencial, que ha destacado el carácter sancionador y no indemnizatorio del recargo y ha venido mantenido que la imposición del mismo exige la concurrencia de una serie de requisitos: a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad, general o especial, y que ello resulte cumplidamente acreditado; b) Que medie relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, lo que ha de resultar ciertamente probado, porque una obligada interpretación restrictiva (tiene naturaleza sancionadora) determina que esa relación de causalidad no se presuma; c) Que exista culpa o negligencia por parte de la empresa -a veces se requiere que sea exclusiva y otras veces se admite que sea compartida-, porque la responsabilidad no es objetiva; y d) Que esa culpa o negligencia sea apreciable a la vista de la diligencia exigible, que resulta ser la propia de un prudente empleador, atendidos criterios de normalidad y razonabilidad.

Es cierto también, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001 , que "La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores". Del juego de estos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social el requisito esencial para poder apreciar la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo es la existencia del nexo causal entre el siniestro y la ausencia de medidas de seguridad en el trabajo. Dicho nexo causal implica que la falta de aquellas medidas, cuyo cumplimiento corresponde al empresario al recaer sobre él la obligación de seguridad en el trabajo, deben haber contribuido a la producción del accidente, salvo que la causa eficiente del mismo obedezca únicamente a la conducta del accidentado en cuyo caso procede excluir la responsabilidad empresarial. Y ello sin ignorar la reciente jurisprudencia que en la materia declara que "la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable], y que " ..." La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá - incluso- de las exigencias reglamentarias". En cuanto a la carga de la prueba se ha dicho que, "ha de destacarse la aplicación -analógica- del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta] " y que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente". ( STS de 30 de junio de 2010, rcud 4123/2008 ). Esta doctrina jurisprudencial se ha visto reflejada posteriormente en el art. 96.2 de la LRJS , que dispone que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".>>

CUARTO.- A la hora de aplicar dichas consideraciones generales al presente motivo del recurso, debemos empezar advirtiendo de que, a diferencia de lo que parece plantear la recurrente, la ITSS, cuyos razonamientos son asumidos íntegramente por la sentencia de instancia, no se limita a imputar a la recurrente la infracción prevista en el artículo 12.16.b) LISOS. Por el contrario, la imputación de dicha infracción es el resultado de los numerosos incumplimientos en materia preventiva que la ITSS imputa a la recurrente, detallados en el informe remitido al Juzgado (folios 34 a 39 de los autos), el informe-propuesta de recargo de prestaciones y el acta de infracción (folios 48 a 58 de los autos), que damos por reproducidos y que van desde la omisión de la identificación y evaluación de los riesgos derivados de la operación de limpieza de los jamones hasta la no determinación de los equipos de protección individual que debían ser suministrados a los trabajadores encargados de la operación, incluyendo calzado antideslizante, además de la ausencia de formación e información a dichos trabajadores. En resumen: a tenor de lo que se deduce de la actuación inspectora y de la sentencia de instancia, la recurrente ordenó realizar la operación de limpieza de los jamones afectados por el pulgón sin adoptar ni una sola medida de seguridad que protegiera a los trabajadores frente a los riesgos derivados de dicha operación. Y, desde luego, nada de todo ello se combate mínimamente en el recurso

QUINTO.- Determinados, en la forma expuesta, los incumplimientos en materia preventiva en que incurrió la recurrente, debemos examinar ahora si, como alega dicha parte, no concurre el presupuesto jurídico del recargo de prestaciones consistente en la relación de causalidad entre incumplimiento y daño.

Para ello, debemos tener en cuenta que, desde luego, la sentencia de instancia no contiene ningún hecho probado en el que establezca la descripción del accidente que considera probada. Sin embargo, dicha resolución, tras dar por reproducido en su integridad el informe emitido por la ITSS para el Juzgado, del que transcribe sus conclusiones (hecho probado cuarto), se manifiesta, en todo momento, de acuerdo con el mismo, como se deduce del fundamento jurídico primero, donde señala que la empresa no ha desvirtuado la presunción de veracidad dimanante de las actuaciones inspectoras, y de la parte del fundamento jurídico tercero dedicada al examen del caso, debiéndose destacar que, en dicho informe, al igual que en el acta de infracción y propuesta de recargo, la ITSS parte de la versión ofrecida al organismo por el propio señor Hernan, que indica que sufrió un resbalón al descender de la carretilla eléctrica y que, al intentar mantener el equilibrio, notó el pinzamiento en la espalda. Por ello, a diferencia de lo que alega la recurrente en el presente motivo del recurso, la causa del sobreesfuerzo, asumida por la ITSS y la sentencia de instancia, fue el resbalón que sufrió el señor Hernan. De ahí que tanto la ITSS como la propia sentencia insistan repetidamente en que la empresa no había suministrado calzado antideslizante a los trabajadores, a pesar de que el suelo estaba resbaladizo a consecuencia del vertido del aceite de girasol sobre los jamones, que iban siendo depositados uno a uno en mesas construidas improvisadamente por los propios trabajadores con palets y cartón. Es más, si bien ni el parte de accidente de trabajo (documento 1 de la demandante, hoy recurrente), que la sentencia da por reproducido en el hecho probado sexto, ni el informe de investigación del accidente, citado por la ITSS, aluden a un posible resbalón del señor Hernan, es significativo que este último informe establezca que el agente material causante del accidente es "el suelo, superficie de tránsito", a diferencia del parte, que niega la existencia de agente material alguno. Y, desde luego, frente a ello, el hecho de que la sentencia de instancia dé por reproducido el parte de accidente en el hecho probado sexto, no significa que asuma la descripción del accidente que se contiene en el mismo.

Llegados a este punto, la relación de causalidad que exige el recargo de prestaciones es clara, pues si la recurrente hubiera suministrado calzado antideslizante al señor Hernan, existe una probabilidad, rayana en la certeza, de que el accidente no se hubiera producido, por lo que el incumplimiento es causa del accidente en sentido jurídico. Todo ello, con independencia de los restantes incumplimientos imputados a la recurrente en materia preventiva.

Debemos señalar, finalmente, que el caso que nos ocupa es distinto del examinado en la STSJ Comunidad Valenciana 7.3.2006 (recurso 3966/2005), citada por la recurrente, por lo que sus razonamientos no son aplicables al mismo, aparte de que, como es sabido, la doctrina contenida en las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia no constituye jurisprudencia, integrada únicamente por la contenida en las sentencias del Tribunal Supremo ( artículo 1.6 CC).

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al desestimar la demanda, no ha cometido las infracciones que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del recurso y la confirmación de la indicada sentencia en todos sus pronunciamientos.

SEXTO.- La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida del depósito efectuado por la recurrente, al que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204.4 LRJS).

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no goza del beneficio de justicia gratuíta. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado del señor Hernan, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 500 euros ( artículo 235.1 LRJS).

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,