Sentencia Social 3642/2022 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 951/2022 de 29 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Se recurre por la Letrada designada por los demandantes en el procedimiento la sentencia de instancia que, tras estimar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de litisconsorcio pasivo necesario opuestas por la representación de la mercantil JUAN AGUILAR MARCO SL, desestimó la demanda frente a la misma deducida dejando imprejuzgada la cuestión de fondo.

En la demanda deducida en reclamación de daños y perjuicios por el fallecimiento de Gustavo por enfermedad profesional, que fue presentada por Constanza - incapacitada judicialmente siendo su tutora su hija Bernarda que actúa también en su propio nombre, Caridad y Celso ( viuda en hijos del señor Gustavo ) contra la empresa JUAN AGUILAR MARCO SL se solicitaba ( una vez concretado el suplico por escrito de subsanación ) la condena a la mercantil a abonar la cantidad de 42.730,77 euros en concepto de daños y perjuicios más los intereses legales que se desglosaban de la siguiente manera :

* 23.008,89 euros en favor de la viuda.

* 6.573,96 euros para cada uno de los tres descendientes mayores de 30 años.

El recurso cuenta con tres motivos , el primero con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para solicitar la revisión y modificación del hecho probado primero, y los siguientes con amparo en la letra c) del mismo precepto para denunciar como infringidos , de un lado, artículo 17.1 de la LRJS , en relación con el artículo 9.2 de la CE , artículo 7.3 de la LOPJ , artículos 6.1.4, 7.5 y 792 de la LEC y artículo 911 del Código Civil y , de otro, los artículos 16 y 17 de la LRJS , en relación con el artículo 12 de la LEC , y 24 de la CE .

El recurso fue impugnado por el Letrado designado por la mercantil.

SEGUNDO .-En el primero de los motivos de recurso, con correcto amparo jurídico procesal en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS solicita la parte actora se de nueva redacción al hecho probado primero de la sentencia de instancia cuyo tenor es el siguiente:

" D. Gustavo, nacido el NUM000/1993 con Dni nº NUM001, profesional del sector metalúrgico- doc 1 de la demanda consistente en informe de Vida Laboral del mismo, donde figuran las empresas donde ha trabajado relacionadas con el sector metalúrgico :

Hierros y Metales Dobón Marzal : 1/12/1997 a 23/08/2000 ; 4/11/1994 -30/11/1997.

Ferro Commodities España SA : 18/08/1994- 20/10/1994.

Juan Aguilar Marco : 3/07/1992 a 2/12/1992.

Hierros Aguilar Hermanos SA : 14/03/1990- 31/08/1990.

Aguilar y Peris SA : 12/11/1993 -16/09/1994; 24/04/1989-28/02/1990 ; 4/07/1988 a 27/12/1998; 4/02/1988- 24/06/1988; 23/07/1987-18/12/1987; 28/04/1987-27/05/1987; 22/10/1986-31/03/1987; 2/06/1986-15/10/1986; 2/12/1985-4/04/1986; 19/08/1985- 4/04/1986; 19/08/1985-15/11/1985; 25/03/1985-30/07/1985; 4/10/1984-28/02/1985; 11/06/1984/12/09/1984; 1/02/1984-22/05/1984 y 17/01/1983-16/01/1984.

Obras y contratas siderúrgicas : 19/06/1992 - 25/06/1992.

Cisneros Pérez Ángel Ceferín : 18/03/1992-7/04/1992.

Francisco Quesada González : 4/0371991- 3/08/1991.

Ratorpla SA : 1/06/1982-31/08/1982.

Cial de Demoliciones SA : 2/12/1980 -20/12/1980.

No figura entre las empresa contratantes del fallecido D. Gustavo la actual empresa demandada JUAN AGUILAR MARCO SL ".

Solicita la parte recurrente que se suprima la última frase, pasando a continuación a realizar un extenso razonamiento de porqué debe considerarse que la empresa JUAN AGUILAR MARCO SA es sucesora de las empresas AGUILAR HERMANOS SA, AGUILAR Y PERIS SA y HIERROS AGUILAR HERMANOS SOCIEDAD ANÓMINA, solicitando seguidamente que se añada el siguiente párrafo: "De la documentación aportada queda acreditada la existencia de sucesión de empresas , en concreto por lo que respecta a Aguilar Hermanos SA; Aguilar y Peris SA, Hierros Aguilar Hermanos SA y Juan Aguilar Marco SL, siendo esta última la demandada por ser la sucesora de las tres anteriores .

Atendidos los términos en los que se formula el presente recurso, debemos comenzar recordando que, tal y como viene sosteniendo esta Sala de forma reiterada, entre otras en la sentencia de 19/5/2020 dictada en el recurso 2156/2019, que es doctrina jurisprudencial consolidada contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo y 5 de mayo de 1987, 3 de marzo de 1998 y 11 de diciembre de 2003, la que sostiene de forma unánime que el recurso de suplicación es un recurso extraordinario que solo puede prosperar por los motivos enumerados taxativamente en la norma procesal laboral ( artículos 193 a 196 de la LRJS) .

De acuerdo con la citada doctrina, la Sala de suplicación puede revisar los hechos declarados probados únicamente en virtud de error manifiesto de valoración de prueba documental o pericial, quedando vinculada con carácter general y fuera de la excepción señalada a la declaración de hechos probados que efectúe la instancia. En este sentido cabe recordar que para que una revisión de hechos pueda prosperar, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse; 2º) Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la valoración del signo del pronunciamiento; 3º) Citar concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, respetando escrupulosamente las facultades valorativas de los elementos de convicción que competen al juez de instancia por razón del artículo 97.2° LRJS y 4º) Y que la revisión propuesta sea trascendente para el fallo, de tal manera que pueda tener virtualidad modificativa de aquél.

En el supuesto sometido a la consideración de la Sala no procede acceder a las modificaciones interesadas , de un lado y respecto de la supresión de la última frase relativa a que no figura entre las empresas contratantes del señor Gustavo la empresa JUAN AGUILAR MARCO porque, sin perjuicio de que tal hecho se desprende de la propia relación de empresas contratantes del señor Gustavo que se refleja en el hecho probado, ningún error se desprende de dicha afirmación y ello sin perjuicio de las consideraciones que puedan efectuarse en sede de censura jurídica .

En relación a la adición de nuevo párrafo tampoco ha lugar a lo solicitado por cuanto que contiene valoraciones jurídicas impropias de este motivo.

TERCERO .- Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS se denuncia al motivo segundo, como se ha hecho constar , la infracción de los artículos 17.1 de la LRJS , en relación con el artículo 9.2 de la CE , artículo 7.3 de la LOPJ , artículos 6.1.4, 7.5 y 792 de la LEC y artículo 911 del Código Civil entendiendo no ajustada a derecho la estimación de la excepción de falta de legitimación activa . Sostiene en este sentido que el hecho de que no se haya aceptado la herencia no quiere decir que no puedan litigar por cuanto que la herencia yacente tiene capacidad procesal.

Identificándose la legitimación procesal ordinaria con la "titularidad" de la relación jurídica u objeto litigioso, señala el artículo 17 de la LRJS que los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes. En el mismo sentido, proclama el artículo 10 de la LEC que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

Un supuesto especial de legitimación activa es la legitimación derivada, que resulta de la sucesión mortis causa o de la sucesión por transmisión del objeto litigioso. En el caso de muerte del titular del derecho, éste se transmite a sus herederos, salvo que se trate de derecho personalísimo y estos pueden ejercitar las acciones que tenía el difunto para la defensa del mismo. Así ocurre en el caso de una prestación o diferencia sobre la misma anterior al fallecimiento, que sus herederos reclaman en calidad de tales ( TS 5-12-81 , EDJ 9231; 6-7-92 , EDJ 7384; 21-10-02 , EDJ 51533). Pero aún cuando no se haya aceptado la herencia ni instado la declaración de herederos ab intestato, quienes tengan atribuida la administración y representación de la masa hereditaria o caudal relicto (LECart.6.4 y 7.6) pueden ejercitar acciones en defensa o beneficio de la masa hereditaria. El Tribunal Central de Trabajo en Sentencias de 24-3-82 , 3-2-86 y 23-4-87, entre otras sostuvo, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo , la legitimación activa de la viuda del causante fallecido para pedir pensiones devengadas con anterioridad al fallecimiento de este.

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de julio de 1992, dictada por la sala de lo Social en Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, resuelve un supuesto similar al de autos, estableciendo" que la reclamante, como esposa del actor y cotitular de la sociedad de gananciales, está legitimada para ejercitar acciones en defensa de los bienes y derechos que deben integrarse en la misma y su condición de heredera, en la porción usufructuaria que, al menos, el Código Civil le reconoce, le permiten accionar también en beneficio de la Comunidad Hereditaria. La posibilidad de que no exista sociedad de gananciales y pueda no ser heredera no pasan de ser meras especulaciones sin fundamento alguno, pues la sociedad de gananciales existe cuando no se acredite que se haya convenido otro régimen ( Art. 1.358 del Código Civil )".

Sobre esta cuestión se ha pronunciado, asimismo, la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo recaída en fecha 18 de diciembre de 2.018 ( Sentencia nº 1070/18) en el RS 676/2017 que ha establecido lo siguiente :

" 1.- Determinada así la cuestión planteada en el único motivo de contradicción, el mismo ha de ser desestimado siguiendo, al efecto, reiterada doctrina de esta Sala constituida entre otras por las sentencias de 5 de diciembre de 1981 ( que recuerda otras anteriores ), 6 de julio de 1992 (rec. 1753/1991 ) y 21 de octubre de 2002 (rec. 438/2002 ), conforme a la cual, y en general, "se reconoce la legitimación del cónyuge viudo para reclamar judicialmente las pensiones causadas por su causante dada su condición de titular de la sociedad de gananciales en la que se integran las mismas y de heredero de la cuota usufructuaria que le corresponde." En la de 6 de julio de 1992, tras señalar, que "el concepto de legitimación, -a la que alude el artículo 17.1 de la Ley de Procedimiento Laboral -que es una cualidad jurídica de la persona, exigida por la Ley a los sujetos que figuran como partes en un proceso, integrante de un requisito imprescindible para que la pretensión se examine en cuanto al fondo por el órgano jurisdiccional, cualidad que solamente ostentan aquellas personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del proceso, que en el caso de la denominada legitimación directa, es identificada por al Ley con la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica deducida en el litigio de que se trate, es decir, que los litigantes están legitimados para actuar en el pleito, por pertenecer al actor el derecho que reclama y estar el demandado obligado a reconocerlo y hacerlo efectivo, legitimación que debe entenderse existente por la simple circunstancia de resultar afectado por el negocio jurídico de que se trate, bastando con un interés legítimo, por cuanto la entrada en vigor de la Constitución con la consagración de su artículo 24 del derecho de las personas a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos o intereses legítimos obliga a interpretar y aplicar el régimen legal de la legitimación con un criterio amplio", estima la legitimación activa de la viuda para reclamar diferencias de pensión de Invalidez Permanente del esposo, tanto en relación a las devengadas como a las que pudieran devengarse, en representación de la sociedad de gananciales de la que era cotitular, estando legitimada para ejercitar acciones en defensa de los bienes y derechos que deben integrarse en la misma ( artículo 1385 del Código Civil ) y dada su condición de heredera en la porción usufructuaria que el Código Civil le reconoce en beneficio de la comunidad hereditaria, reclamando la pensión o parte de pensión no abonada al fallecimiento del causante. En definitiva, y en aplicación de la regla general de la legitimación por interés (ventaja o utilidad jurídica que se obtendría en caso de prosperar la pretensión ejercitada) a la que alude la Sentencia del Tribunal Constitucional 220/2001, de 31 de octubre , ha de estimarse, que los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social (cónyuge supérstite, hijos y parientes del trabajador fallecido) tienen legitimación activa para reclamar las prestaciones de la Seguridad Social del fallecido o las que se deriven de su muerte, así como a impugnar las resoluciones administrativas en materia de Seguridad Social afectantes al causante y a ellos como herederos o sucesores".

Aplicando la anterior doctrina al supuesto examinado, procede la estimación del recurso formulado. A este respecto hay que señalar que la viuda y los hijos del trabajador fallecido reclaman una indemnización de daños y perjuicios tras el fallecimiento del esposo y padre habiéndose declarado como contingencia determinante de la misma enfermedad profesional.

Debe añadirse a lo expuesto que siendo la acción ejercitada la de reclamación de daños y perjuicios, los demandantes, por su condición de viuda e hijos y, por tanto, perjudicados , tenían legitimación <> , no tratándose en este caso de una derecho que se encontrara en el acerbo del fallecido y haya pasado por vía sucesoria a los hoy demandantes, sino que los mismos tienen capacidad para instar el reconocimiento lo que incide en el hecho de que la excepción no debió ser admitida .

Procede, en aplicación de la doctrina expuesta, estimar el motivo considerando que los demandantes tenían capacidad procesal para actuar y que por tanto no debió ser estimada la excepción de falta de legitimación activa .

CUARTO.- En el tercer motivo de recurso se denuncia por la parte recurrente, por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la LRJS , la infracción, por aplicación indebida, de los artículos 16 y 17 de la LRJS , en relación con el artículo 12 de la LEC , y 24 de la CE . Sostiene en este sentido que las empresas a las que hace referencia la sentencia de instancia no están activas, y partiendo de la afirmación de que hay sucesión de empresas, entiende que debió desestimarse la excepción y entrando a conocer de la cuestión de fondo debatida ,condenar a la mercantil JUAN AGUILAR MARCO SL a la indemnización de daños y perjuicios reclamadas .

La sentencia de instancia apreció la excepción de falta de litisconsorcio pasivonecesario por defectuosa constitución de la relación jurídica procesal al no haber sido llamadas al proceso como demandadas las empresas para las que el causante prestó servicios. Afirma en este sentido que se ha acreditado que varias de las empresas donde trabajó el fallecido pertenecían al sector de metalurgia, que están inscritas en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana y que se encuentran actualmente en activo y no han sido llamadas a juicio.

A tenor de la jurisprudencia civil (por todas, STS/1.ª n.º 323/1994 de fecha 8 de abril de 1994 -rec. n.º 1501/1991 -), "la figura del litisconsorcio necesario, de creación jurisprudencial, se produce como consecuencia del fenómeno de la pluralidad de partes en el proceso, cuya presencia es exigida, tanto por razones de método y economía procesal, como cuando, dada la relación jurídico-material, se hace necesaria la intervención en el mismo, como demandantes o demandados, de todas aquellas personas que puedan ser afectadas por la resolución que haya de poner fin al litigio, y ello, para mantener incólumenes los principios de derecho que preconizan que nadie pueda ser condenado sin ser oído y vencido en juicio y el de la santidad de la cosa juzgada, evitando la posibilidad de la existencia de resoluciones contradictorias sobre un mismo asunto." También la jurisprudencial social (por ejemplo, en SSTS/IV de 16 de julio de 2004 -rcud 4165/2003 - y 22 de febrero de 2017 -rcud 999/2015 -) tiene dicho que "El litisconsorcio pasivo necesario, figura que tiene ya hoy configuración legal ( art. 12.2 y 416.1.3º LEC ) de creación jurisprudencial ( sentencias, entre otras muchas, de 26-9-84 , 3-6-86 , 1-12-86 , 15-12-87 , 17-2-00 , 31-1-01 y 29-7-01 de esta Sala IV y de 3-7-01 y 1-12-01 de la Sala I) obedece a la necesidad de integrar en el proceso a cuantos sean titulares de la relación jurídico-material controvertida, bien porque su llamamiento venga impuesto por una norma legal, bien porque dicha necesidad se desprenda de la propia relación jurídica material que da soporte al litigio. Ello exige que el juzgador la aprecie de oficio antes de admitir la demanda a trámite aplicando la previsión del art. 81 LPL en relación con el art. 80.1.b); y si en ese momento le ha pasado inadvertido el defecto deberá, en el momento en que tome conciencia de él o le sea señalado por las partes, anular las actuaciones para que se subsane la demanda y se constituya correctamente la relación jurídico-procesal.

La necesidad de esa actuación judicial de oficio encuentra su razón de ser en que el litisconsorcio pasivo necesario o, en otro términos, la correcta configuración de la relación jurídico-procesal, es una cuestión que por afectar al orden público ( STC 165/1999 ) queda bajo la vigilancia de los tribunales y obliga al juzgador a preservar el principio de contradicción y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de quienes deben ser llamados al proceso como parte.

El Tribunal Constitucional, por otra parte, recuerda en sus sentencias 335/94 y 22/4/97 que "la jurisprudencia social viene sosteniendo, en general, que el juzgador, de oficio y a través de este cauce, debe velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal en las situaciones de litisconsorcio pasivo, a fin de conseguir, salvaguardando el principio de audiencia bilateral, que la cosa juzgada material despliegue sus efectos y de evitar que se dicten eventuales fallos contradictorios sobre un mismo asunto ( SSTS de 15 de diciembre de 1987 ; 14 de marzo , 19 de septiembre y 22 de diciembre de 1988 ; 24 de febrero , 17 de julio y 1 y 11 de diciembre de 1989 y 19 de mayo de 1992 )" . Y también que "no se trata de una mera facultad, sino de una autentica obligación legal del órgano judicial" ( SSTC 118/1987 , 11/1988 , 232/1988 , 335/1994 , 84/1997 , 165/1999 y 87/2003 ).

Partiendo de la anterior doctrina cabe concluir que la Juez de instancia debió dar la oportunidad a la parte actora , hoy recurrente , una vez alegada en juicio la excepción de falta de listiconsorcio pasivo necesario, de ampliar la demanda para la correcta constitución de la relación jurídico procesal o, si estimaba que no era necesario, analizar la cuestión sometida a su consideración que no era otra que la de dilucidar si se había producido o no una sucesión de empresas y , en caso afirmativo, si le era imputable y en qué medida responsabilidad por daños y perjuicios , lo que conlleva la revocación de la sentencia.

QUINTO .- Como ya declaramos en nuestra sentencia recaída en el recurso de suplicación 91/20 ".....la revocación debería determinar según el artículo 202,3 de la LRJS que la sala resolviese lo que corresponda, con preferencia de la resolución de fondo del litigio, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, así como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnación, siempre y cuando el relato de hechos probados y demás antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes.

.....

Sobre la insuficiencia de hechos probados, e incluso como causa de nulidad de la sentencia la ya antigua STS de 22 de octubre de 1991 refería que 1) la sentencia debe reflejar todos los hechos del debate procesal para la decisión del juez a quo y para la eventual solución del recurso (S. 19-12-89, entre otras muchas); 2) En aplicación del art. 238-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las omisiones del relato fáctico intrascendentes en la solución del caso, y que no causen indefensión, carecen de virtualidad anulatoria ( S. del 21-5-1986, entre otras); 3) Las irregularidades formales o de redacción en la versión judicial de los hechos, como la indicación en la fundamentación jurídica de los que se estimen probados, o de las remisiones a documentos obrantes en autos, no tienen tampoco en sí mismas fuerza invalidante de la resolución judicial ( SS. de 21-2-1989, de 17-10-1989 y de 9-12-1989, entre otras); 4) la anulación de la sentencia por insuficiencia de hechos probados sólo es posible como última ratio, para el caso de que las omisiones en que haya incurrido la decisión judicial no pueda subsanarse por una u otra vía ( S. de 17-10-1989).

A ello se une otra doctrina respecto a la motivación de las sentencias que ha venido a entender que el artículo 120.3 CE establece que "las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública" y el artículo 97.2 LRJS dispone que "la sentencia...deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos de fallo. Y ello supone como se razona en la STC 22/1994 de 27 de enero que la fundamentación de las resoluciones judiciales viene exigida tanto por la necesidad de garantizar las posibilidades de su control por los Tribunales Superiores como por la de lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial que afecte a los intereses del ciudadano, así como la de demostrar el esfuerzo realizado por el juzgador para confeccionar una decisión carente de arbitrariedad. Y ello solo puede lograrse si la sentencia hace referencia a la manera a que debe inferirse de la Ley la solución judicial y expone las consideraciones que fundamentan la subsunción del derecho bajo las disposiciones legales que aplica.

Y todo ello sin olvidar que como ha señalado la jurisprudencia de modo reiterado -por todas se pueden citar las SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014) o 4 de julio de 2017 (rec. 200/2016), que recogen pronunciamientos anteriores; el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LPL (referencia que se debe entender hecha al vigente art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (...), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar un nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación (en este caso suplicación) sino el ordinario de apelación. Y ello supone que se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Por ello mismo, es de capital importancia que en el relato de hechos probados de la sentencia se expresen con toda precisión los hechos y circunstancias que a juicio del magistrado resultaron acreditados tras la práctica de la prueba, y que en los fundamentos de derecho se haga referencia a los razonamientos que le llevaron a tal conclusión, tal y como exige el artículo 97.2 LRJS. Como ya tuvo ocasión de señalar la STS 10 de julio de 2000 (rec. 4315/1999) 1.- La obligada determinación de los hechos probados en la sentencia se recoge en el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al expresar, con simpleza, que, entre otros datos, la misma comprenderá "los hechos probados. En forma más garantizadora, se expresa la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), actual LRJS cuyo art. 97.2 manifiesta que el Juzgador "apreciando los elementos de convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión". Esta necesidad de motivación fáctica no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la Constitucional ("las sentencias serán siempre motivadas", según el art. 120.3 CE) en cuanto, como afirma el Tribunal Constitucional ( STC 14/1991, de 28 de enero), debe reconocerse "el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, y, debe tutelarse por tanto, el enlace de las mismas con la ley y el sistema general de las fuentes de que son aplicación". Ello es consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley, y el derecho constitucional del justiciable a exigirlo encuentra su fundamento en que el conocimiento de las razones, que conducen al órgano judicial a adoptar sus decisiones, constituye instrumento necesario para contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan. 2.- En aplicación práctica de lo anteriormente afirmado, una constante y extendida doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el Tribunal "ad quem" considera necesarios, a los efectos de fundamentar la sentencia de suplicación o casación. Esta misma jurisprudencia ha proclamado, con igual asiduidad, que esta nulidad se produce cuando las sentencias contienen declaraciones fácticas, oscuras, incompletas o contradictorias. También, ha sentado la necesidad de dejar constancia, en el relato histórico, de los hechos probados, con toda precisión y detalle que requiera el reflejo de la realidad, deducible de los medios de prueba aportados a los autos, con la claridad y exactitud suficientes para que el Tribunal "ad quem" -que no puede alterar aquéllos, sino mediante el cauce procesal adecuado que los recurrentes le ofrezcan- tenga, en caso de recurso, los datos imprescindibles para poder resolver, con el debido conocimiento, la cuestión controvertida. 3.- En definitiva, esta obligación del Órgano Judicial de motivar el "factum" de su sentencia, actúa pues, de una parte, para garantizar el ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio, y, de otra, como elemento preventivo de la arbitrariedad ( A.T.C. 77/1993), aunque, lógicamente, esta obligación no debe ser entendida en el sentido de que coarte la libertad del Juez en la formación de su convicción o de que le imponga una extensa y prolija redacción. Basta, en términos generales, con decir que la motivación fáctica -y también, evidentemente la jurídica- ha de ser suficiente; suficiencia que, como todo concepto indeterminado, habrá de ser precisada en cada caso concreto ( STC de 12 de diciembre de 1.994). Como afirma la jurisprudencia ( STS de 15 de enero de 1998)". La declaración de hechos probados debe ser concreta y detallada en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley".

En aplicación de las anteriores premisas cabe afirmar que en la sentencia recurrida no existen hechos probados suficientes, fundamentación jurídica ni valoración de la prueba por cuanto que la Juez de instancia analiza con carácter previo las excepciones opuestas por la mercantil. Y, como así se declara en la Sentencia de esta Sala reiteradamente mencionada, tal labor de declaración de hechos probados, valoración de la prueba y fundamentación jurídica no se pueda dejar en manos de la resolución del recurso de suplicación al suponer convertir a la Sala en un tribunal de Instancia cuando tiene limitadísimas funciones valorativas de la prueba ante el carácter extraordinario del recurso de suplicación

La aplicación de esta doctrina al supuesto enjuiciado nos conduce a declarar no tanto la nulidad como la insuficiencia de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 16 en este procedimiento. Es cierto que en el escrito de recurso no se solicita expresamente tal nulidad, pero sí que denuncia que se le ha producido indefensión lo que permite valorar la nulidad o insuficiencia de la sentencia, incluso aunque no se haya instado en el suplicio del recurso.

Cierto es que incluso en caso de supuestos de nulidad, por ser este un remedio extremo, se hace la previsión en el artículo 202,2 de la LRJS que "si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida y por no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolución impugnada que conservan su firmeza, y mandará reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal"

Procede por lo expuesta revocar la Sentencia por cuanto que no concurre la excepción de falta de legitimación activa de los actores, y respecto a la falta de litisconsorcio pasivo necesario apreciado procede, como ya se ha razonado, dar oportunidad a la parte actora para que, si a su derecho interesa, amplíe la demanda respecto de los posibles litisconsortes .

SEXTO .- Sin costas