Sentencia Social 4442/2023 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 2998/2023 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO. - La sentencia de instancia, estimo la demanda formulada por Aida contra SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA (actualmente, GRUPO SADA P.A. SA) y:

Declaró improcedente el despido con efectos dende o 2 de enero de 2020.

Condenó a SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA a que en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la sentencia opte, comunicando al juzgado, entre readmitir a Aida en su puesto de trabajo o le indemnice por la extinción da relación laboral con la cantidad de 27.225,41 euros.

Para o caso de optar pola readmisión, la demandada deberá abonar a la trabajadora, como salarios de tramitación por cada uno de los días entre el 2 de enero de 2020 y la fecha de notificación de la sentencia la cantidad de 40,41 euros.

. Absolviendo a SERVICARNE, SC de toda petición en su contra formulada en este procedimiento.

Contra dicha resolución, la parte demandada SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA vencida en instancia, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicada.

Como señala la recurrente, el objeto del presente recurso lo constituye exclusivamente el análisis sobre los años de prestación de servicio que deben reconocerse a la actora a los efectos de cálculo indemnizatorio del art. 56 del Estatuto de los Trabajadores.

SEGUNDO. - Al amparo de lo establecido en el art. 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al objeto de revisar los hechos declarados probados por la Sentencia recurrida a la vista de la prueba documental practicada. Se pretende alterar:

1º/ modificando el hecho probado tercero, que dice:

Terceiro.- A relación laboral entre Aida e SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA comezou o 1 de xaneiro de 2003, se ben nesa data a traballadora figuraba formalmente alta como autónoma para a actividade de 1011 (procesado e conservación de carne), sendo socia da entidade SERVICARNE, SC. Dende o 1 de xaneiro de 2003 ata o 2 de xaneiro de 2020 a traballadora prestou servizos sempre no mesmo centro de traballo e baixo a dirección do persoal de SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA

para que se le dé nueva redacción del siguiente tenor literal:

"TERCERO. - La trabajadora figuraba formalmente de alta como autónoma para la actividad de 1011 (procesado y conservación de carne) desde el 1 de enero de 2003"

Se ampara en el documento nº 3 del ramo de prueba de la parte actora, consistente en la vida laboral de la demandante. En ese documento consta su alta en el RETA en el código 1011 (procesado y conservación de carne).

La pretensión se rechaza. Como ya señalamos en autos Rec-num. 1543/11 de esta misma Sala y Sección, la modificación propuesta presenta un claro signo conclusivo-valorativo más que meramente fáctico, resultando de la interpretación de los documentos que hace la parte recurrente, debiendo recordarse a este respecto que la prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, porque, si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria.

Aceptándose únicamente suprimir la frase " A relación laboral entre Aida e SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA comenzó el 1 de enero de 2003", por ser predeterminante del fallo.

Como ha señalado el Tribunal Supremo: "... la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 -rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 -; ... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -)."- STS 14-6-2018 (Rec. 189/2017 )-.

2º/ modificando el hecho probado cuarto, que dice:

" Cuarto.-O 27 de xullo de 2018 a Inspección de Traballo e Seguridade Social levantou acta de liquidación de cotas á Seguridade Social á empresa SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA pola fata de afiliación ou alta de varios traballadores/as (todos figuraban formalmente como autónomos e socios de SERVICARNE, SC) entre xaneiro de 2013 e o novembro de 2017. Entre eses traballadores/as figuraba Aida , quen foi dada de alta de oficio como traballadora de SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA con efectos do 1 de outubro de 2013"

mediante la supresión de un párrafo y la adición de otro, para que se le dé nueva redacción del siguiente tenor literal:

"Cuarto. El 27 de julio de 2018 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social a la empresa Sada P. A. Castilla-Galicia, S. A. por falta de afiliación o alta de varios trabajadores/as (todos figuraban formalmente como autónomos y socios de Servicarne, S. C.) entre octubre de 2013 y noviembre de 2017. Entre esos trabajadores/as, figuraba Aida, quien fue dada de alta de oficio como trabajadora de Sada P. A. Castilla-Galicia, S. A. con efectos de 1 de octubre de 2013."

Se solicita la modificación con base en el documento nº 13 del ramo de prueba de la demandada, consistente en el extracto del acta de liquidación de cuotas levantada el 27 de julio de 2018.

Considera la recurrente que existe un error de valoración patente y claro del documento invocado, porque la Juzgadora fija el período de reclamación de cuotas de la Inspección de Trabajo " entre enero de 2013 y noviembre de 2017", cuando realmente el documento invocado evidencia que el período es de octubre de 2013 a noviembre de 2017, y no desde enero de 2013.

La pretensión se acepta tal como alega la recurrente, la adición es relevante para el sentido del fallo porque afecta al período en el que la sentencia dictada en el procedimiento de oficio despliega efectos de cosa juzgada material en sentido positivo del art. 222 LEC.

TERCERO. - Mediante examen de infracción de normas sustantivas o de la Jurisprudencia, al amparo de la letra c) del art 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social alega infracción del art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y Jurisprudencia que lo interpreta;

Considera la recurrente que procede la denuncia de infracción del art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y de la doctrina y jurisprudencia que lo interpreta, en lo relativo al cálculo de las consecuencias de la declaración del despido impugnado de contrario y singularmente en lo relativo a la antigüedad. Que la recurrente considera debe quedar fijada en 1 de octubre de 2013. Pues considera que no es posible fijar como fecha de antigüedad aquella en la que la actora estuvo dada de alta en el RETA, sino aquella en la que, indubitadamente, conste que la actora prestaba servicios para SADA como trabajadora por cuenta ajena, y sin que existiera solución de continuidad. Y esta fecha no puede ser otra que el 1 de octubre de 2013, fecha en la que la Administración procede a dar de alta, con efectos de ese día, a la actora como empleada de SADA.

Subsidiariamente, si se estima que las actuaciones inspectoras se produjeron desde 1 de enero de 2013 (Hecho Probado Cuarto y se desestima tomar la fecha de efectos del alta de oficio, se solicita la estimación del Motivo tomando como fecha inicial de prestación de servicios la referida de 1 de enero de 2013.

Sostiene el recurrente que se denuncia la vulneración del art. 56.1 ET por considerar que los hechos probados de la sentencia no permiten concluir que la antigüedad de la actora fuera de fecha 1 de enero de 2003, en tanto que no queda acreditada la existencia de un supuesto fraude anterior a la fecha de efectos del alta de oficio cursada por la TGSS (Hecho Probado Cuarto, 1 de octubre de 2013) perpetrado presuntamente entre SADA y SERVICARNE, encubridor de que la actora fuera realmente trabajadora de SADA. Por lo que no es posible computar a efectos de despido el período anterior al alta de oficio, es decir, anterior a 1 de octubre de 2013.

La resolución ahora recurrida reconoce expresamente que el efecto de cosa juzgada material en sentido positivo ( art. 222.4 LEC) de la sentencia dictada en el procedimiento de oficio vincula a la Magistrada en el período que se indica en la sentencia (sic, página 10 in fine de la sentencia traducida), y no a lo largo de toda la relación mercantil entre SADA y SERVICARNE que data de 1993. Este período corresponde a aquel en el que la Inspección de Trabajo circunscribe su actuación inspectora, que comprende en este caso desde 2013 a 2017.

Partiendo de este efecto, con cuya extensión limitada el recurrente muestra su conformidad, entiende que los hechos probados de la sentencia no permiten inferir la existencia de un fraude anterior al 1 de octubre de 2013, que es el período de circunscripción de las actuaciones administrativas y, en consecuencia, el momento en el que la actora es dada de alta como trabajadora de SADA y no antes (Hecho Probado Cuarto).

Y se ampara el recurrente para solicitar la revocación de la resolución recurrida, en que, no existen Hechos Probados en la resolución que describan cómo se desarrollaban los servicios entre SADA y SERVICARNE en un momento anterior al 1 de octubre de 2013, fecha de las actuaciones inspectoras y de la correlativa alta de oficio, ni de la existencia de las notas de laboralidad que deben presidir una relación de trabajo. Por lo que no es posible extraer que la antigüedad de la actora se deba extender a un momento anterior aunque en hipótesis se aceptase que la actora prestó servicios como socia cooperativista en SERVICARNE o que lo hiciera en las instalaciones de la recurrente. Pues en tal caso, si de los Hechos Probados no constan los elementos fácticos que configuran el fraude, no es posible declararlo y condenarla como si la actora hubiera sido trabajadora por cuenta ajena de SADA desde el año 2003. Si efectivamente no es posible declarar la existencia de fraude porque los Hechos de la sentencia no lo patentizan, el período anterior a 1 de octubre de 2013 no puede considerarse a efectos de cálculo de la indemnización por despido al no haber relación laboral acreditada entre la demandante y SADA.

Es doctrina reiterada por los Tribunales que los períodos de servicios amparados en relaciones no laborales no computan a efectos de determinar el tiempo de servicios, pues con carácter general solamente se puede considerar el prestado en virtud de relación laboral, bien de la que se extingue, bien de alguna otra previa que antecede a la actual sin solución de continuidad. Por todas, cabe citar las SSTSJ de Galicia de 20 de diciembre de 2001 [ AS 2001/4139] y de 27 de junio de 2003 [ AS 2003/4136], de Cataluña de 12 de noviembre de 2002 [ AS 2003/256], de 24 de septiembre de 2008 [ AS 2008/2620], de 9 de octubre de 2006 [ AS 2006/2876], o del País Vasco de 20 de mayo de 2003 [ AS 2003/2634], que en supuesto de prestación de servicios con cooperativa afirma: "En el mismo sentido se han pronunciado las Sentencias de 12 de junio de 1987 ( RJ 1987, 4347) y de 6 de mayo de 1988 ( RJ 1988, 3571) , entre otras.

Pues bien, para concluir, al hilo de todo lo antedicho, y teniendo en cuenta esta doctrina jurisprudencial, la Sala ha de determinar que el período de servicios prestados por la demandante en virtud de un contrato societario como socia trabajadora de la cooperativa demandada no puede ser tomado en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido, habida cuenta de la distinta naturaleza jurídica de ambas relaciones, a pesar de las similitudes entre ellas, habida cuenta de que la socia no reúne la condición de trabajadora por cuenta ajena y se halla regulada su relación por normas distintas, a salvo algunas que expresamente le son aplicables de entre la legislación social. Sucede que no sólo no hay contrato de trabajo, sino que no existe tampoco si se admite la diferenciación relación laboral subyacente ni asimilada ni asimilable. Con independencia de la respuesta que en materia de previsión social se haya dado en cada caso. A ello cabe añadir que el socio trabajador no puede engendrar derechos laborales que nunca tendría per se el mero hecho de que a esa relación societaria le siga otra de carácter laboral común."

Por tanto, si no hay relación laboral acreditada entre SADA y la demandante, sino una relación de socia cooperativista entre ésta y SERVICARNE, el período en tal situación no se puede tener en consideración a efectos de calcular las consecuencias del despido como efectúa la sentencia ahora recurrida.

CUARTO. - Consideramos con la recurrente que no resulta ajustada a derecho la inversión de la carga de la prueba que se contiene en la resolución recurrida, al decir que "la demandada tenía la carga de probar que antes del año 2013 existía un funcionamiento distinto al que se apreció desde esa fecha por parte de la ITSS y del Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo" . Y estimamos igualmente que el fraude no se presume, y si efectivamente no se acreditó por la demandante la existencia de ese supuesto fraude, habrá que fallarse precisamente considerando los propios Hechos Probados.

Ahora bien, contrariamente a lo que se dice en recurso, consideramos que en la resolución recurrida se contienen datos facticos en la fundamentación jurídica, cuando la juzgadora examinando la testifical, hace constar:

En relación a los períodos no abarcados por la resolución judicial y el acta de liquidación, la demandada incorporo los contratos suscritos con SERVICARNE, S.C. (doc. 2), el Plan de Coordinación entre ambas entidades para las actividades preventivas en los años 2005, 2007, 2009, 2010 y 2011 (doc. 6), la formación en prevención de riesgos laborales exclusivamente para los trabajadores contratados como sus trabajadores en los años 2000-2010 (doc. 7) y los pagos de alquiler de despacho y facturas de lavandería de 2012 realizados por SERVICARNE, S.C. (docs. 8 y 9).

Al tiempo, a Sra. Ariadna (responsable de recursos humanos en SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA) manifestó que los pagos por las actividades realizadas por los cooperativistas, reclamaciones laborales recibos, condiciones de trabajo, horarios, selección de personal, determinación del número de trabajadores precisos, prevención de riesgos laborales, entrega de EPIS, sanciones, control de IT, etc, eran todas las cuestiones que gestionaba SERVICARNE, SC, sin intervención de ningún tipo de SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA , al tiempo que los cooperativistas estaban situados en dependencias distintas que os trabajadores de SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA.

Todas las cuestiones señaladas, son una pura formalidad y así ya declarada a la ITSS y la sentencia firme del procedimiento OAL 913/2018 (basta ver la redacción de hechos probados que se reproduce en esta resolución), en la que se indica que a pesar de que todas las alegaciones están contenidas en el testimonio y que también está incluido en el documental ahora llegado, esa era la forma habitual de trabajar en la empresa para ocultar la existencia de un fraude de derecho consistente en hacer pasar a las cooperativas formales como tales (polo tanto, autónomos) para no aplicarles la legislación laboral cuando, a pesar de todas las formalidades indicadas, eran trabajadores dependientes de SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, S.A. .

A lo que habrá de añadirse que en el hecho probado tercero se mantiene la afirmación de que desde el 1 de enero de 2003 hasta el 2 de enero de 2020 la trabajadora presto servicios siempre en el mismo centro de trabajo y bajo la dirección del personal de SADA P.A. CASTILLA-GALICIA, SA.

Y como ya resolvimos en la sentencia de fecha 20-1-09, R.5261-08, cabe recordar que es criterio reiterado de esta Sala que al no haberse logrado modificar la apreciación del Juzgador de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos.

Y además la Juzgadora ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS 18/11/1999 [RJ 1999\8742]). En sentencia, de fecha 24/5/2000 (RJ 2000\4640), el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte voluntaria y subjetiva, confundiendo éste recurso excepcional y con motivos tasados en una nueva instancia. Igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 7/3/2003 (RJ 2003\3347) indica que como se recoge en sentencias de 3 de mayo de 2001 (RJ 2001\4620) y 10 de febrero de 2002 (RJ 2002\4362), con esta forma de articular el motivo y de proceder lo que está tratando de conseguir es que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba (obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida), como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación o suplicación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. El planteamiento en suplicación o casación del error en la valoración de la prueba (cualquiera que sea su concepto), también requiere la indicación y análisis de una norma sobre prueba idónea para determinar tal apreciación, o la infracción de la doctrina constitucional sobre el error patente, valoración arbitraria o irrazonable.

Por todo ello no apreciamos la infracción jurídica que se dice cometida en recurso.

Y al haberlo apreciado así, la juzgadora de instancia, su resolución no es merecedora del reproche jurídico que en el recurso se le dirige, por lo que procede, con desestimación de éste, dictar un pronunciamiento confirmatorio del suplicado y, en definitiva, estimatorio de la pretensión deducida en la demanda. En consecuencia,