Sentencia Social 386/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5405/2023 de 23 de enero del 2024

PRIMERO.- Recurre la empresa condenada la estimación de la demanda, instando -por el cauce del artículo 193.b) LJS- la modificación del relato histórico, y denunciando -por la vía artículo 193.c) LJS- la infracción por aplicación indebida del artículo 24 CE, STC 60/1996 y 52 CC aplicable; artículo 52 de CC del siderometal; del artículo 24 CE y diversa jurisprudencia; del artículo 68.c) ET.

SEGUNDO.- Respecto de las revisiones fácticas:

(a) La primera no se acoge, porque han de calificarse como meras cuestiones de redacción o estilo, ajenas a la finalidad de la Suplicación (valgan por todas, SSTSJ Galicia 15/01/24 R. 4012/23, 03/11/23 R. 3151/23, 12/06/23 R. 4244/22, 29/05/23 R. 6430/22, 10/05/23 R. 421/23, 10/04/23 R. 5223/22, etc.), que carecen de trascendencia, ya que en los propios ordinales de la Sentencia se describe sucintamente lo que intenta desgranarse por el recurrente, ya que resulta claro que de los doce trabajadores, ocho resultaban afectados y cuatro no, debiendo atribuirse a una lectura equivocada la interpretación ofrecida por la recurrente como justificación de su revisión.

(b) La segunda sí en los términos planteados por la empresa en su texto alternativo, pues se funda en documento hábil y puede resultar trascendente, dado que la empresa reconoce como indemnización anudada al despido improcedente reconocido una cantidad de 6.089,22 euros, pero abona un líquido de 5.958,36 euros, tras practicar una retención del 12%. De esta forma, se sustituirá en el ordinal cuarto la frase «Poniéndose a disposición del mismo una indemnización por importe de 5.958,36 euros» por «Poniéndose a disposición del mismo una indemnización por importe de 6.089,22 euros. El importe de su liquidación y finiquito ascendió a la cantidad líquida de 5.958,36 euros».

(c) La tercera también, pues, a pesar de que sus eventuales efectos se apreciarán en la fase de ejecución, es preciso determinar el marco fáctico y todos los elementos que puedan llevar a aquilatar los salarios de tramitación, siendo incorrecto remitir dicha cuestión a la ejecución, en la que sería discutible realizarlo. De esta forma, se añadirá un nuevo hecho probado -que hará el séptimo- que diga: «El trabajador demandante causó baja por la prestación de desempleo el 14/05/23 y alta en otra empresa el 15/05/23». Y,

(d) La cuarta igualmente, al fundarse en documentos hábiles y resultar confusa la fecha en la que se novaron los contratos, lo que podría tener trascendencia para valorar la decisión empresarial, pero no en los términos pretendidos; de esta forma, en el ordinal cuarto, se añadirá al final del último párrafo la expresión «el 01/04/23».

TERCERO.- 1.- El primero de los motivos en realidad no es jurídico, sino de nulidad, por lo que debería haberse articulado a través de la letra a) del artículo 193 LJS, pues se denuncia una incongruencia por exceso; no obstante, entrando a resolverla, la rechazamos, porque el salario que se debe hacer constar en la sentencia de despido [artículo 107.a) LJS] es el debido, que no el realmente percibido al tiempo de la extinción, siendo el proceso por despido cauce adecuado para proceder a su debate y fijación, sin que proceda apreciar indebida acumulación de acciones ( SSTS 25/02/93 Ar. 1441; [...] 19/10/07 -rcud 4128/06-; 17/10/13 -rcud 3076/12; y 12/11/19 -rcud 1638/17-), lo que no implica que en todo caso se conceda lo solicitado por quien demanda ( STS 21/09/99 Ar. 7300), pero sí atender a la horquilla que haya fijado el actor y resulta que en la demanda se indicaba que -en el salario diario- debería incluirse el plus por trabajos especiales del artículo 52 CC aplicable; cuestión a la que se ajusta la Magistrada al resolver.

2.- En relación a la incongruencia por exceso, es evidente que este defecto no se ha cometido, porque en la demanda se pretendía la impugnación de un despido, instando un salario determinado, y se ha resuelto, efectivamente, sobre ese despido, fijando el salario en los términos postulados. Seguiremos en este punto el criterio que hemos repetido en tantas Sentencias (por todas, SSTSJ Galicia 18/01/24 R. 4203/23, 11/05/23 R. 357/23, 14/03/23 R. 6557/21, 06/07/22 R. 2021/22, 09/03/22 R. 4409/21, 10/06/21 R. 1753/21, etc.), pues, ante todo, no podemos olvidar que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso [ STC 186/2001, de 17/Septiembre, F. 6, por todas] ( STC 218/2004, de 29/Noviembre, F. 2; y STS 08/11/06 -rco 135/05-). Mientras que la incongruencia entraña una vulneración de aquel derecho siempre y cuando esa desviación «sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal», con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes ( SSTC -con otras muchas precedentes- 172/2001, de 5/Mayo; 91/2003, de 19/Mayo; 92/2003, de 19/Mayo; 218/2003, de 15/Diciembre; 130/2004, de 19/Julio; 250/2004, de 20/Diciembre; 41/2007, de 26/Febrero,...; y SSTS 27/09/07 -rco 37/06-; 16/12/09 -rco 72/09; 17/07/13 -rco 2350/12-; 26/03/14 -rco 158/13-; [...] 28/04/16 -rcud 3229/14-; 08/02/18 -rcud 129/16-; 27/02/18 -rcud 689/16-; 05/12/19 -rcud 1849/17-; 19/12/19 -rcud 28/18-; 17/12/21 -rco 182/21-; 19/01/22 -rco 64/21-; y 27/04/22 -rcud 179/21-).

En definitiva, el vicio de incongruencia se ha definido como un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido» ( SSTC 20/1982, de 5/Mayo; 136/1998, de 29/Junio; 29/1999, de 8/Marzo; 113/1999, de 14/Junio; 124/2000, de 16/Mayo, FJ 3; 182/2000, de 10/Julio; 172/2001, de 19/Julio; 91/2003, de 19/Mayo; 114/2003, de 16/Junio, FJ 3; 8/2003, de 9/Febrero, FJ 4; 218/2004, de 29/Noviembre, FJ 2). Por lo que el posible incumplimiento de la obligación de congruencia que impone el artículo 359 LEC, debe valorarse siempre «en términos de comparación entre la pretensión procesal de las partes -lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos- y la respuesta o fallo judicial. Pronunciamiento último en el proceso que debe guardar, se repite, la debida correlación con la petición y causa de pedir del actor y con la "resistencia" del demandado» ( SSTS 01/12/98 Ar. 1999/435; 05/06/00 Ar. 5900; y 08/11/06 -rcud 135/05-). En definitiva, la cuestión de incongruencia ha de resultar de un juicio comparativo entre la pretensión procesal de las partes -lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos- y los términos del fallo combatido, y no existe tal vicio interno -incluida la exhaustividad o plenitud como requisito interno de la sentencia- cuando entre dicha pretensión y la resolución judicial existe una máxima concordancia y correlatividad, que afecte tanto a los elementos subjetivos y objetivos de la relación jurídico-procesal, como a la acción ejercitada. En otras palabras, «se debe atender a los términos en que las partes han formulado sus pretensiones en la demanda y en los escritos esenciales del proceso, configurando las acciones y excepciones ejercitadas, constituyendo la desviación que suponga una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal que represente por su contenido una vulneración del principio de contradicción y, por lo tanto, del fundamental derecho de defensa, una lesión del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión (FJ 4)» ( STC 53/2005, de 14/Marzo). No obstante, «[n]o quiere ello decir que el Juez o Tribunal tenga vedado utilizar su potestad, expresada tradicionalmente en los axiomas iura novit curia y narra mihi factum, dabo tibi ius, que le permiten no ajustarse estrictamente a los argumentos jurídicos utilizados por las partes al motivar las Sentencias, pudiendo apoyarse en razones de carácter jurídico distintas pero que conduzcan a la propia decisión de aceptar o rechazar las pretensiones cuestionadas. Claro es, sin embargo, que en ningún supuesto puede admitirse que aplicando el principio de referencia el órgano judicial cambie la acción ejercitada o la fundamentación de la oposición formulada, por lo que cabe admitir el empleo por los Jueces y Magistrados de distinta argumentación jurídica a la utilizada por las partes, para resolver sobre las pretensiones o excepciones ejercitadas en el proceso, pero en absoluto variar el fundamento jurídico en virtud del cual se pide o se opone alguien a las pretensiones. Dicho en los términos de la STC 29/1999, de 8 de marzo, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión ( STS 14/11/14 -rcud 1839/13-).

Debe traerse a colación «la doctrina constitucional que califica de incongruencia extra petita todo aquello que sea otorgado por la sentencia sin que oportunamente haya sido invocado por las partes, refiere que "para que pueda apreciarse una variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, por afectar de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte demandada una situación de indefensión» ( SSTS 08/02/18 -rcud 129/16-; 27/02/18 -rcud 689/16-; 19/12/19 -rcud 28/18-; y 27/04/22 -rcud 179/21-).

Y, como corolario e intento de condensando la doctrina jurisprudencial actual ( SSTS 17/12/21 -rco 182/2021-; y 09/03/22 -rcud 2895/20-), que ha abordado de manera reiterada la incongruencia desviacional o extra petita, podemos fijar las siguientes conclusiones: (a) no cabe resolver los recursos introduciendo un cambio de la causa petendi que esgrimió la demanda, máxime dado el carácter extraordinario del recurso; (b) la incongruencia por exceso o extra petitum es aquella por la que «el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones»; (c) la incongruencia extra petitum constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial; y (d) el objeto del debate deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido ( petitum) y por los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). Todo ello en el bien entendido de que el Juez no debe quedar vinculado rígidamente al tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo; y, también, de que, para que la incongruencia posea relevancia, es menester que la decisión judicial «se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales» (por todas, STC 264/2005, de 24/Octubre, FJ 2; 40/2006, de 13/Febrero, FJ 2; y 44/2008, de 10/Marzo, FJ 2).

3.- Y en este caso queda claro que la Magistrada se ajusta a las pretensiones de la parte y no concede más de lo solicitado. Otro tema es la discrepancia sobre si dicho concepto salarial puede o no ser reconocido, o cuáles son sus características, etc. Pero ello no tiene que ver con la congruencia, sino con la fundamentación concreta. Y, desde luego, la argumentación que pretende restringir la fijación del salario solamente a efectos del salario resulta inane, habida cuenta de que aquélla -ya se ha advertido en el número primero de este Fundamento- es el objeto típico del proceso por despido y, qué duda cabe, produce efectos de cosa juzgada sobre cualquier otro proceso -una vez alcanzada la firmeza- en el que se venga a discutir el salario. Se rechaza la censura.

CUARTO.- Tampoco compartimos la censura respecto del artículo 52 CC, porque parece obviar la recurrente el inciso final del precepto: «en caso de desacuerdo, decidirá la autoridad judicial»; lo que significa que no es una condición imprescindible el acuerdo entre las partes, sino solo para su cobro sin necesidad de plantear una demanda. En otras palabras, se viene a expresar una obviedad: el cobro de los pluses dependerá de un acuerdo, mas, para el caso de discordancia, habrá que demandar para que un Juez decida -que es precisamente el supuesto presente-. Por lo tanto, la primera de las premisas del motivo decae, al no resultar una exigencia obligatoria el acuerdo. También lo hará una segunda, que se refiere a la condición de ocasional en el uso de tóxicos, lo que comportaría -en su razonamiento- su anulación; y lo hará, porque en el precepto nada se expresa sobre las condiciones en las que se considera que su presencia «impliquen penosidad, toxicidad o peligrosidad». Se trata, ante todo, de un elemento abierto en el que caben múltiples interpretaciones, de las cuales compartimos la expuesta por la Magistrada de Instancia, atendidas las condiciones en las que se prestan los servicios por el Sr. Eduardo -nos remitimos al fundamento jurídico segundo- y que nos abocan a reconocer la condición de tóxico a su puesto de trabajo de Maquinista (y el reconocimiento del plus), por la presencia de sustancias químicas nocivas y lo obligan a emplear EPI específicos.

QUINTO.- 1.- El siguiente de los motivos (el que discute la vulneración de un derecho fundamental) tampoco puede llegar a buen puerto, porque nos hemos centrado -muchas veces- en que la prevalencia de los derechos fundamentales y la dificultad probatoria de toda vulneración en el marco de amplias facultades directivas determinan la inversión de la carga de la prueba ( SSTC 38/1981, de 23/Noviembre; 47/1985; 38/1986; 114/1989; 21/1992, de 14/Febrero, F. 3; 266/1993; 180/1994; 136/1996, de 23/Julio; 20/1997, de 06/Mayo; 29/2002, de 11/Febrero; 30/2002; 66/2002, de 21/Marzo, F. 3, 4 y 5; 87/2004, de 10/Mayo, F. 2; 144/2005, de 06/Junio, F. 3; 171/2005, de 20/Junio, F. 3; 326/2005, de 12/Diciembre, F. 6; y 138/2006, de 8/Mayo, F. 5); y también, en la misma línea, que «[...] la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial. [...] Precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo», hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL ( SSTC 29/2002, de 11/Febrero, F. 3; y 168/2006, de 05/Junio, F. 5). «Necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan las facultades organizativas y disciplinarias del empleador» ( SSTC 29/2002, de 11/Febrero, F. 3; y 168/2006, de 05/Junio, F. 4).

Como se ha reiterado en numerosas ocasiones, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el artículo 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19/Enero- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19/Abril- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, SSTC 14/1993, de 18/Enero, F. 2; 125/2008, de 20/Octubre, F. 3, 06/2011, de 14/Febrero, F. 2; y 183/2015, de 10/Septiembre, F. 3).

De ahí que en los casos de alegada discriminación o vulneración de derechos fundamentales, acreditada ésta de forma indiciaria, se invierte la carga de la prueba ( SSTC 114/1989, de 22/Junio, F. 4; 21/1992, de 14/Febrero, F. 3; 266/1993, de 20/Septiembre, F. 2; 90/1997, de 06/Mayo, F. 5; 41/2002, de 25/Febrero, F. 3; 84/2002, de 22/Abril, F. 3, 4 y 5; 114/2002, de 20/Mayo; 05/2003, de 20/Enero, F. 6; 38/2005, de 28/Febrero, F. 3; 342/2006, de 11/Diciembre, F. 4; y 74/2008, de 23/Junio F. 2).

Sin embargo, y esto es lo determinante, para que opere este desplazamiento al empresario del onus probandi no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio ( STC 266/1993, de 20/Septiembre, F. 2), sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido» ( SSTC 114/1989, de 22/Junio, F. 5; 85/1995, de 06/Junio, F. 4; 144/2005, de 06/Junio, F. 3; y 171/2005, de 20/Junio, F. 3), que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» ( STC 207/2001, de 22/Octubre, F. 5) o «principio de prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razón de sexo, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (por todas, SSTC 308/2000, de 18/Diciembre, F. 3; 41/2002, de 25/Febrero, F. 3; 17/2003, de 30/Enero, F. 3; 98/2003, de 02/Junio, F. 2; 188/2004, de 02/Noviembre, F. 4; 38/2005, de 28/Febrero, F. 3; 175/2005, de 04/Julio, F. 4; 326/2005, de 12/Diciembre, F. 6; 138/2006, de 08/Mayo, F. 5; 168/2006, de 05/Junio, F. 4; 342/2006, de 11/Diciembre, F. 4; y 74/2008, de 23/Junio F. 2).

Además, ese indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión ( SSTC 21/1992, de 14/Febrero, F. 3; 266/1993, de 20/Septiembre, F. 2; 87/1998, de 21/Abril; 293/1993, de 18/Octubre; 140/1999, de 22/Julio; 29/2000, de 31/Enero; 308/2000, de 18/Diciembre, F. 3; 136/2001, de 18/Junio; 142/2001, de 18/Junio, F. 5; 207/2001, de 22/Octubre; 214/2001, de 29/Octubre; 14/2002, de 28/Enero, F. 4; 29/2002, de 11/Febrero, F. 5; 30/2002, de 11/Febrero, F. 5; 41/2002, de 25/Febrero, F. 3; 48/2002, de 25/Febrero F. 5; 84/2002, de 22/Abril F. 3, 4 y 5; 5/2003, de 20/Enero; 617/2003, de 30/Enero; 151/2004, de 20/Septiembre; y 326/2005, de 12/Diciembre, F. 6). Y «tendrán aptitud probatoria tanto los hechos que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del derecho sustantivo, como aquellos que, pese a no generar una conexión tan patente y resultar por tanto más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental. Esto es, dicho en otras palabras, son admisibles diversos resultados de intensidad en la aportación de la prueba que concierne a la parte actora, pero deberá superarse inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión necesaria, pues de otro modo, si se funda la demanda en alegaciones meramente retóricas o falta la acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no se podrá pretender el desplazamiento del onus probandi al demandado» ( ATC 89/2000, de 21/Marzo; y SSTC 17/2003, de 30/Enero; y 151/2004, de 20/Septiembre). No obstante, el indicio ha de ser acreditado por hechos indicativos de la probabilidad de la lesión o la razonable hipótesis de ella, pero no simples alegaciones retóricas ( SSTC 111/2003, de 16/Junio, F. 4; 79/2004, de 5/Mayo, F. 3; y 168/2006, de 05/Junio, F. 6).

Y, finalmente, no resulta admisible que se niegue «la vulneración del derecho fundamental alegado sobre la base de la falta de intencionalidad lesiva del sujeto infractor, pues, como hemos declarado en anteriores ocasiones, la vulneración de derechos fundamentales no queda supeditada a la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del sujeto activo; esto es, a la indagación de factores psicológicos y subjetivos de arduo control. Este elemento intencional es irrelevante, bastando constatar la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el comportamiento antijurídico y el resultado prohibido por la norma» ( SSTC 225/2001, de 26/Noviembre, F. 4; y 66/2002, de 21/Marzo, F. 3; 80/2005, de 04/Abril, F. 5; y 06/2011, de 14/Febrero, F. 2).

2.- Pues bien, en este asunto, llegamos a apreciar -en criterio concurrente con la Instancia- que concurre ese indicio o prueba verosímil de la que habla la jurisprudencia ( SSTC 74/2008, de 23/Junio F. 2; 104/2014, de 23/Junio, F. 7; y 183/2015, de 10/Septiembre, F. 3), ya que el actor participó como representante de sus compañeros en la negociación del ERE y se opuso a las medidas planteadas por la empresa, finalizando el proceso sin acuerdo; su despido se produce al finalizar dicho proceso; se reconoce en la carta la improcedencia del despido; junto a él fue despedido otro trabajador que también votó en contra del acuerdo; tras sus despidos (únicos), se contrató a dos trabajadores para hacer su trabajo; y con la entrada del nuevo año, a los dos meses, se recuperó la actividad y todos los contratos fueron novados en indefinidos (tras la conversión temporal en fijos discontinuos). Para esta Sala es cristalino que el despido se vincula con la actividad reivindicativa del Sr. Eduardo (al menos, aparentemente) de manera causal e inmediata temporal; y que frente a la inversión de la carga de la prueba, la empresa no ha tratado de demostrar ninguna otra causa por la que procedió a su despido, ni consta en el relato histórico cuál puede ser el motivo objetivo, ajeno y justificado para haberlo acordado, de manera que -ante esta vacuidad- el único elemento que queda es la represalia por su oposición a las pretensiones de la empresa en defensa de los legítimos derechos de sus compañeros y, también, de los suyos propios. Ello conduce -sin ninguna duda- a poder sostener la nulidad del despido y confirmar la decisión de la Instancia.

SEXTO.- La última censura carece de objeto, una vez que hemos constatado la existencia de una represalia por las actuaciones del recurrido en defensa de los derechos de sus trabajadores, por lo que el despido ya será nulo por el motivo anterior.

SÉPTIMO.- Las costas del presente recurso han de ser impuestas a la parte vencida, incluyéndose en las mismas la cantidad de 750 euros en concepto de honorarios del Letrado de la parte impugnante (artículo 235 LJS). En consecuencia,