Sentencia Social 1642/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 488/2024 de 05 de abril del 2024

PRIMERO.- Delimitación general del recurso.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de A Coruña, aclarada por auto, estimó la demanda, en la que se solicitaba la nulidad o, subsidiariamente, la improcedencia del despido, más una indemnización de daños y perjuicios morales por vulneración de derechos fundamentales en cuantía de 7501 €, declarando la nulidad del despido y condenando a la empresa a abonar a la demandante la referida cantidad en concepto de indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Recurre en suplicación la empresa demandada, LACERA, S.A. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, desde la doble perspectiva que autorizan los apartados a) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social - LRJS-, para suplicar la estimación del recurso, declarándose la nulidad de las actuaciones y su reposición al momento previo a la admisión a trámite de la demanda, a fin de que la demandante proceda a establecer correctamente la relación jurídico procesal, a la subsanación de la demanda, se declare la litispendencia del procedimiento que se tramita ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de A Coruña (PO 24/2023), procedimiento a la suspensión del presente procedimiento hasta que se dicte Sentencia firme en el citado proceso, y subsidiariamente, para el supuesto de que no se estimen los motivos procesales, se revoque la de instancia y la declaración de nulidad del despido y la condena al abono de la indemnización adicional y se declare la improcedencia del despido con las legales consecuencias inherentes a tal declaración, así como con todo lo demás procedente en derecho, condenando a la parte demandante a estar y pasar por dicha declaración con todos los efectos legales correspondientes.

El recurso ha sido impugnado por la demandante.

SEGUNDO.- Infracción de normas o garantías del procedimiento e indefensión .

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto a la declaración de nulidad de actuaciones, ha venido estableciendo que " la nulidad de actuaciones constituye una medida excepcional que debe quedar reservada para casos extremos de una total indefensión, de modo que no basta que se produzca una vulneración de normas procesales sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material a la parte que la invoca, ya que la nulidad no deriva de cualquier infracción o vulneración de normas procesales sino de que esta vulneración le haya producido al interesado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa" ( STS/Social de 12.01.2022, rcud. 5130/2018), por lo que se hace exigible el cumplimiento de varios requisitos:

a) La denuncia debe quedar referida a la infracción de una norma o garantía de carácter procedimental, entendida en sentido amplio, alcanzando a la vulneración de los principios recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, si bien, como se indica en la STC 124/1994, para que exista infracción del indicado precepto, no será suficiente el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni cualquier vulneración o irregularidad procesal cometida por el órgano judicial, sino que de ellas deberá derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, deberá tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, ya que no toda infracción o irregularidad procesal de los órganos procesales provoca la eliminación o el deterioro sustancial de los derechos que corresponden a las partes en el proceso.

b) La denuncia no puede serlo de cualquier norma procesal, ya que ello podría conducir a la posibilidad de prácticas dilatorias, sino que aquélla ha de estar cualificada, implicando una efectiva indefensión para la parte, entendida ésta como impedimento efectivo del derecho de alegar y acreditar en el proceso los propios derechos.

c) Por último será preciso, siempre que sea posible por el momento procesal de que se trate o por la naturaleza de la decisión que se impugne, el que la parte que alegue el defecto haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado la correspondiente protesta en tiempo y forma ( artículo 191.3.d) LRJS) .

La parte recurrente opone, al amparo del apartado a) del artículo 193:

a) Falta de litisconsorcio pasivo necesario, invocando los artículos 12.2 y 13.1 de la LECivil, en relación con el 24 de la CE y los artículos 81 y 80.1.b) de la LRJS, alegando que solicitó en el acto del juicio que se ampliara la demanda contra la empresa acciona ACCIONA FACILITY SERVICES, S.L. y, en su caso, contra las empresas anteriores para las que prestó servicios la demandante, al efecto de establecerse correctamente la relación jurídico procesal, pues la recurrente, empresa de limpieza, se subrogó el 01.02.2023 en el único contrato de trabajo de la demandante, facilitado por la empresa ACCIONA, que es un contrato de interinidad de fecha 13 de septiembre de 2021, para sustituir la baja por incapacidad temporal de otra trabajadora, así como 6 nóminas donde consta una antigüedad de 13.09.2021, sin haber sido informada de la existencia de contratos previos, ni relaciones laborales, considerando fundamental que, al menos, la empresa saliente, en cuyo contrato se ha subrogado la recurrente, acuda al acto de juicio, a fin de clarificar su actuación y las circunstancias de su actuación, solicitando la reposición de las actuaciones al momento de la admisión a trámite de la demanda, para requerir a la demandante al objeto de que amplíe la demanda frente a ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. al efecto de constituir correctamente la relación jurídico procesal.

La parte demandante recurrida impugna el motivo aduciendo que únicamente tiene que demandar a la empresa que efectuó la extinción de su contrato de trabajo, remitiéndose a lo que en este sentido se argumenta en la resolución recurrida, en el sentido de que no es legalmente necesario dirigir la acción de despido frente a las anteriores concesionarias del servicio de limpieza del Hospital Abente y Lago.

Ejercitándose una acción de despido, las consecuencias jurídicas que pueden derivarse, relativas a su nulidad, improcedencia o procedencia, al margen de los supuestos en que se postule un régimen de responsabilidad solidario, únicamente pueden afectar a los dos sujetos de la relación contractual laboral directamente concernidos, cuales son la persona trabajadora y la empresa empleadora que lo ha llevado a cabo, sin que por tanto puedan derivarse efectos de tal pronunciamiento judicial a otros sujetos. En este orden de ideas, aun cuando para la determinación de las consecuencias de un eventual despido irregular sea preciso fijar el parámetro relativo al tiempo de prestación de servicios que contempla el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), y en tal análisis haya de tenerse en consideración la secuencia previa de sucesiones de contratos en la misma actividad o subrogaciones, ello no hace necesario traer a juicio a tales empresas como partes, en cuanto ajenas a las consecuencias jurídicas del despido, con independencia de las relaciones internas entre las distintas empresas, sin perjuicio de la posibilidad de la demandada de utilizar los medios de prueba que tenga por convenientes, incluso partiendo como fuente de los mismos de las indicadas empresas, para la defensa de su derecho en las presentes actuaciones. No se acoge, pues, el motivo opuesto.

b) Defecto legal en el modo de proponer la demanda, citando como infringidos los artículos 80.1.c) y 104.1.a) de la LRJS, en relación con el artículo 24 CE. Alega que en el acto del juicio invocó esta excepción procesal, desestimada en la sentencia, al no ofrecer la demanda dato alguno del que pueda inferirse o cuestionarse de manera real y concreta, la antigüedad que reclama, ya que no hace ninguna mención a los contratos que ha tenido previamente, modalidad de los mismos, períodos de interrupción, desconociendo si ha recibido en algún momento indemnización por despido de alguna empresa saliente anterior o si las interrupciones han sido superiores a cuatro meses, de manera que aun cuando se aportaron en el acto del juicio vida laboral y contratos, no pudo examinarlos, por su volumen, con un mínimo de rigor, considerando que tenía derecho, para una correcta defensa, a disponer y tener constancia de los datos concretos en que fundamenta la actora su antigüedad en el año 2008, resultando exigible que la demanda determine la antigüedad, concretando los períodos en que hayan sido prestados los servicios, modalidad y duración del contrato, desconociendo la recurrente la situación previa a su propia subrogación convencional, con lo que se le ha generado, aduce, una grave indefensión, solicitando la reposición de las actuaciones al momento de la admisión a trámite de la demanda, para su subsanación.

La parte demandante recurrida impugna el motivo remitiéndose a la propia sentencia, en el sentido de que basta con que la actora señale la antigüedad de la relación, sin que sea necesario especificar los contratos suscritos, de manera que en la demanda la trabajadora recoge la fecha de inicio de la prestación de servicios para el Hospital Abente y Lago, haciendo referencia a las múltiples empresas en las que se ha ido subrogando a lo largo de los años, desde 2008, con suscripción de más de 60 contratos temporales con las adjudicatarias del servicio de limpieza. Añade que el momento de practicar la prueba es el acto del juicio y que la demandada podría haber solicitado con carácter anticipado tal prueba, con lo que ninguna indefensión puede alegar.

Ciertamente, el artículo 104.a) de la LRJS recoge que las demandas por despido deberán contener, entre otros requisitos, "antigüedad, concretando los períodos en que hayan sido prestados los servicios; (...) modalidad y duración del contrato (...), y la demanda recoge " Que vengo prestando servicios como limpiadora desde el 26 de septiembre de 2008, a través de multitud de contratos temporales con empresas que me han ido subrogando en la prestación de servicios: Sacyr Facilities S.A., Grupo Norte Facility S.A, Servicios Auxiliares y Mantenimiento S.L., Acciona Facility Services S.A. y Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., entre otras, empresa esta última para la que prestaba mis servicios en la actualidad. Todos los contratos suscritos desde el 26 de septiembre de 2008 incurrieron en un claro fraude de ley, por cuanto las citadas empresas recurrieron a mi contratación temporal continuada -a través de múltiples modalidades de contratación -eventual, por obra o servicio, por interinidad, etc.- (...) llevo 16 años efectuando el mismo trabajo (...) el último contrato suscrito con la mercantil Acciona Facility Services, S.A., data de fecha 13 de septiembre de 2021, a fin de sustituir a una trabajadora en situación de baja por Incapacidad Temporal, siendo dicha antigüedad la que la empresa erróneamente me asigna en las nóminas (...) dado el encadenamiento fraudulento de contratos sin solución de continuidad desde el año 2008, en fecha 7 de diciembre de 2022 procedí a presentar papeleta de conciliación en materia de acción declarativa de relación laboral indefinida (...) a lo largo de todos estos años -desde el 2008-, he prestado mis servicios para la conciliada a través de contratos temporales todas las semanas sin que, a lo largo de todos estos años existiese semana alguna en la que no haya prestado mis servicios".

Con ello, la demanda contiene noticia suficiente de la antigüedad, entendida a estos efectos como tiempo de prestación de servicios para de determinar las eventuales consecuencias del despido, y de los motivos de los que deriva o trae causa, en orden a permitir a la parte demandada el ejercicio de su derecho de defensa, canon hermenéutico básico para determinar tal suficiencia, y poder solicitar, en su caso, la práctica de los medios de prueba correspondientes, incluido, de ser preciso, el expediente de las alegaciones complementarias que contempla el artículo 87.6 de la LRJS, de presentarse pruebas documentales en el acto del juicio de tal volumen o complejidad que lo hicieran razonable. No se aprecia, pues, que concurra el motivo de nulidad opuesto.

c) Litispendencia impropia o prejudicialidad suspensiva, con invocación del artículo 86.4 LRJS y 43 LECivil, al entender que al haberse iniciado por la actora un proceso para el reconocimiento de relación laboral indefinida, antigüedad, trienios, grado profesional y reclamación de cantidad, frente a la anterior empresa adjudicataria, ampliado a la recurrente, con carácter previo al despido, cuyo objeto es determinante para determinar la antigüedad, era necesario celebrar dicho juicio con carácter previo al despido, por cuanto habría determinado aspectos fundamentales a la hora de analizar el presente proceso. Al no caber acumulación de procesos, ni haber acuerdo sobre la suspensión, entiende que puede apreciarse en el recurso de suplicación, al tratarse de una cuestión de orden público procesal, solicitando la suspensión del presente procedimiento hasta que se dicte Sentencia firme en el citado proceso.

La recurrida impugna el motivo, alega que se trata de una excepción procesal que no puede ser introducida en ningún caso en vía de recurso, máxime cuando la recurrente ya conocía que existía el otro procedimiento, al ser parte en el mismo, negando asimismo que exista la indicada litispendencia impropia o prejudicialidad suspensiva, al tener el de despido carácter preferente en el que debe analizarse y quedar fijada, además, la antigüedad.

Ha de recordarse que el párrafo 2.º del apartado 2 del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que " En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal", siendo así que la litispendencia "impropia" o prejudicialidad suspensiva que se opone no se incardina en el ámbito del orden público procesal que puede dar lugar a que la Sala entre de oficio en su análisis, lo que a su vez implica que no tratándose de una cuestión sobrevenida, y no constando que se formulara la oportuna protesta por la recurrente por la no suspensión que ahora postula, no resulta admisible que introduzca la cuestión en esta fase procesal.

En cualquier caso, resulta notorio que la pendencia de un proceso declarativo previo en el que, entre otros extremos, se dirime el carácter indefinido o temporal de una relación laboral y la antigüedad de la persona trabajadora, carece de previsión normativa suspensiva sobre otros procesos que, aun ulteriores, incluyan dentro de su ámbito de cognición el análisis de esos mismos elementos, como ocurre con el proceso de despido, de tramitación preferente, a los efectos de determinar las eventuales consecuencias jurídicas del despido, de manera que a salvo los supuestos de previa petición de ambas partes ( artículo 86.3 LRJS) , en modo alguno procede la suspensión del procedimiento de despido por la previa pendencia del declarativo indicado.

TERCERO.- Infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia.

Con amparo en el apartado c) del artículo 193 LRJS, articula la recurrente dos motivos:

a) Infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores así como de la jurisprudencia relativa a la unidad del vínculo, según doctrina de la STS de 29.03.2017, no pudiendo entenderse que la antigüedad de la demandante sea de 26.11.2008, al romperse la unidad esencial del vínculo, pues consta reconocido en la sentencia, se aduce, que hay interrupciones en la contratación, constatada en la vida laboral de la actora, señalando que estuvo en situación de desempleo del 15 de enero al 14 de mayo de 2012, que figura en la vida laboral prestando servicios en Geriatros, que no consta tenga nada que ver con la prestación de servicios de limpieza que nos ocupa, del 27.05.2014 al 26.02.2015, y posterior e inmediatamente en desempleo del 22 de marzo al 30.06.2015, siendo el 01.07.2015 contratada por Sacyr, lo que supondría una interrupción de más de un año, de lo que deriva que la antigüedad debería establecerse en fecha 01.07.2015 y no en 2008, como determina la sentencia recurrida.

La recurrida impugna el motivo remitiéndose a la argumentación contenida en la sentencia de instancia.

El HP 2.º de la resolución recurrida refleja que " La demandante suscribió, desde el 26 de septiembre de 2008, múltiples contratos de interinidad para prestar servicios en el HOSPITAL ABENTE Y LAGO de la Coruña para las empresas GRUPO NORTE FACILITY, S.A., LIMPISA GRUPO NORTE, S.A., VALORIZA FACILITIES, S.A.U., SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. y ACCIONA FACILITY SV, dándose por íntegramente reproducidos los aportados por la parte. En concreto en el contrato celebrado el 21 de septiembre de 2016 se señala como causa "Sustituir al/la trabajadora Personal del centro por periodo vacacional...", causa (vacaciones) que se repite en los de 1 de julio de 2010, 1 de agosto de 2010, 1 de agosto de 2012, 1 de agosto de 2013, 1 de agosto de 2015, 1 de septiembre de 2015 y 16 de septiembre de 2015, si bien con indicación de la persona a sustituir, no indicándose causa alguna en el de 7 de diciembre de 2020, si bien se señala un nombre", y en el 3.º: " El último de dichos contratos, suscrito con ACCIONA FACILITY SV, es un contrato de interinidad, a tiempo completo, para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, identificado como trabajadora a sustituir a Dª Adoracion, suscrito el 13 de septiembre de 2021 con la misma fecha de inicio ", y en penúltimo párrafo del FJ 5.º, tras argumentar que " de la vida laboral de la actora no se aprecian interrupciones significativas que permitan considerada que rompa la unidad de la relación laboral, ni siguiera en los periodos en que la actora ha percibido prestaciones por desempleo", se añade, con claro valor fáctico, en relación con tales interrupciones, " siendo la de mayor duración la referida al periodo comprendido entre el 13 de enero de 2012 y el 5 de julio de 2012, que no llega a siete meses", relato histórico cuya revisión no ha sido solicitada y a la que por tanto la Sala necesariamente ha de estar.

Como es sabido, la antigüedad es un concepto jurídico complejo, pues su delimitación es diversa en atención a la perspectiva desde la que se contemple, ya que no es lo mismo la antigüedad en la empresa, entendida esta como fecha de inicio de la prestación ininterrumpida de servicios por su cuenta y orden, que la antigüedad a efectos de progresión o de promoción profesional, ni tampoco lo que se entiende por tiempo de trabajo para el cómputo del complemento retributivo de antigüedad (promoción económica), o bien, lo que también es distinto, para cuantificar la indemnización por despido improcedente o cualquier otro supuesto de extinción contractual indemnizada.

El tiempo de servicio que ha de ser considerado a los efectos de las eventuales consecuencias del despido se computa desde la fecha de la primera contratación, tanto si han mediado irregularidades en los sucesivos contratos como si la sucesión de los mismos es regular, siempre que no exista una solución de continuidad significativa, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial (así, S.TS. -4ª- de 08.03.2007, Rec. 175/04). No rompe la continuidad de la relación de trabajo la suscripción de un recibo de finiquito -que por otro lado no refleja, normalmente, más que la liquidación de cantidades adeudadas- cuando la empresa da por extinguido el contrato temporal viciado. Además, se entiende que no existe interrupción eficiente, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos, más allá del plazo de caducidad de la acción de despido -20 días hábiles- en supuestos singulares y excepcionales en que se acreditan una actuación empresarial en fraude de ley y al mismo tiempo la unidad esencial del vínculo laboral, matización esta última corroborada por la doctrina sentada por la S.TJCE. -hoy TJUE- de 04.07.2006, C-212/2004, conforme a la cual el examen de la regularidad de la contratación sucesiva no se podrá condicionar a que el plazo transcurrido entre los diversos contratos sea inferior a los veinte días, toda vez que la interpretación contraria se opondría a la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 junio 1999.

En definitiva, tal consideración del tiempo de servicios como unitaria a estos efectos lo es al margen y con independencia de si existe o no fraude en la contratación, sobre la base de la doctrina que tiene en cuenta la "unidad esencial del vínculo laboral" y que a la luz del inalterado relato de hechos probados de la sentencia de instancia resulta de aplicación al presente caso, pues una interrupción o interregno que no llega a los siete meses, en un mismo contexto de prestación de servicios laborales, iniciado en 2008 (de cerca de 15 años al tiempo de la extinción que se impugna), no puede cabalmente considerarse como rupturista de la continuidad. No se acoge, pues, el motivo analizado.

b) Infracción del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y del 108 de la LRJS, en cuanto la sentencia parte de que existe una relación laboral indefinida al cuestionar la validez de los contratos celebrados con anterioridad a la subrogación operada por la recurrente y desconocidos por la misma, lo que lleva a la sentencia a determinar que la extinción, amparada en el artículo 49.1.b) ET y 4.2.b) del RD 2720/1998 es irregular y, al haber indicios de vulneración de derechos fundamentales, en concreto de la garantía de indemnidad, por haber formulado la demandante una acción de reconocimiento de derechos, en inmediación temporal, concluye con la declaración de nulidad del despido por vulneración de tal derecho fundamental, obviando, se argumenta, que se produce un hecho objetivo y fundamental que es la única y verdadera causa del cese de la actora, que es que la trabajadora a la que sustituía la demandante, finaliza la incapacidad temporal en la fecha en que se produce el cese de la actora. Con ello, aun cuando se considerase la existencia de los indicios, por haber formulado la demanda la trabajadora, el cese responde a un hecho objetivo, acreditado y previsto en el contrato de trabajo, como es la finalización de la situación de IT de la trabajadora sustituida que figura en el contrato de trabajo, causas suficientes, reales y serias que justifican la decisión de la empresa, que nada tienen que ver con su garantía de indemnidad, pues la ampliación de la demanda en el proceso previo se le notificó en abril de 2023, y el cese tuvo lugar en mayo siguiente por la causa indicada, de manera que el despido no puede ser calificado como nulo, sino en todo caso de improcedente.

La recurrida se opone al motivo remitiéndose a lo expuesto por el juzgador de instancia.

En el proceso laboral, existen normas que alteran el sistema general de distribución de la carga de la prueba cuando se alega por el demandante la lesión de un derecho fundamental. El artículo 96 LRJS reitera, pero extendiendo su aplicación a todo tipo de procesos, la regla contenida en el artículo 181.2 LRJS, para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, que incluye toda lesión contra cualquier derecho fundamental o libertad pública, todo trato discriminatorio y todo tipo de acoso.

La inversión de la carga de la prueba en estos supuestos de discriminación, acoso o vulneración de derechos fundamentales tiene un origen judicial y constituye una de las mayores aportaciones del Tribunal Constitucional para garantizar la tutela judicial efectiva en aquellos litigios en los que se vean comprometidos estos derechos, objeto de especial protección conforme al mandato del artículo 53 CE. Ha de partirse de que común a toda conducta discriminatoria es su negación, sabedor quien discrimina de que ese proceder no puede encontrar cobertura en un ordenamiento respetuoso con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes ( artículo 10.1 CE) . La indudable dificultad probatoria de que tras una determinada decisión se esconde un propósito discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales, se resolvió por el TC ya desde sus primeras sentencias, así STC 38/1981, trasladando a la otra parte la obligación procesal de acreditar que su conducta respondía a un motivo razonable. Más adelante, la STC 38/1986, considerando que el demandante es gestor de su propio derecho y ha de actuar en el proceso con suficiente diligencia en el ámbito probatorio, incluso cuando alega discriminación, sentó el criterio de que constituía su deber procesal el aportar indicios racionales de los que pudiera deducirse el trato discriminatorio. Tal indicio, siguió argumentando la STC 29/2002, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquella se haya producido.

Por tanto, el criterio sentado por el TC ha venido a desplazar la obligación de acreditar la existencia de conductas discriminatorias, de acoso o vulneración de derechos fundamentales, por la de acreditar otros hechos, los indiciarios de los que pueda deducirse razonablemente que ese atentado se hubiera podido producir.

En este momento entra en juego una primera valoración judicial acerca de si el indicio tiene la suficiente consistencia como para derivar de forma fundada que la vulneración pudo ser producida. Así lo considera la norma al hablar de indicios fundados.

En caso positivo, se traslada al demandado la carga de probar la solvencia de su conducta, que tiene causas reales ajenas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que tuvieron la entidad suficiente como para adoptar la decisión objeto de litigio, justificada de forma objetiva y razonable, y por tanto soportada en hechos, de forma que se lleve a la convicción del juzgador que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de la mácula del propósito vulnerador de derechos fundamentales, tal y como se indica en la STC 29/2002.

En el presente caso la sentencia de instancia considera probados los indicios de la vulneración de la llamada garantía de indemnidad, argumentando que "entre la presentación de la demanda por la actora en reclamación del carácter indefinido de la relación laboral y de cantidades y el despido puede establecerse un enlace preciso y directo de tal manera que, atendido al criterio temporal (demanda presentada en enero y extinción en mayo, ambos de 2023) existen indicios de que ambas se encuentra relacionadas como causa y efectos". Empero, también reputa acreditado que el último de los contratos suscritos por la actora, el 13.09.2021, lo fue de interinidad para sustituir a otra trabajadora, identificada en el contrato, con derecho a reserva del puesto de trabajo (HP 3.º), así como que la empresa entrante y aquí recurrente, recibió de la saliente el 20.12.2022 fichero excel con los datos de la trabajadora último de los contratos suscritos y nóminas (HP 5.º), con la consecuente subrogación a partir del 01.02.2023, con mención a una antigüedad de 13.09.2021 (HP 4.º), y que la trabajadora sustituida, de baja por IT, fue declarada afecta de incapacidad permanente total con efectos económicos de 02.05.2023 (HP 6.º), con baja de la actora el 5 de mayo siguiente (HP 7.º).

A juicio de la Sala, estos últimos elementos fácticos ponen de manifiesto que al tiempo de la subrogación la empresa recurrente desconocía las circunstancias concretas de las contrataciones previas de la actora, y procedió al cese de la trabajadora recurrida cuando tuvo lugar la circunstancia que suponía la finalización de la cobertura de la temporalidad del contrato formalmente de interinidad por sustitución en el que se había subrogado, y ello aun cuando recientemente, en el mes de abril, se hubiera tenido por ampliada frente a la misma la demanda previa declarativa de la relación laboral indefinida, no resuelta, lo que supone que la decisión empresarial impugnada se presenta en principio, a partir de los elementos con los que contaba la empresa al tener lugar la subrogación, como verosímilmente adecuada a tales circunstancias, bajo parámetros de legalidad ordinaria, sin perjuicio de su análisis desde esta última perspectiva y a la luz de la realidad material constatada, quedando alejada de la mácula de la mera represalia frente al ejercicio de la reclamación efectuada por la trabajadora, pues tiene caracteres objetivos ajenos a la demanda declarativa previa, de manera que queda enervada la posible virtualidad de los elementos indiciarios de los que como hechos base se pretende derivar el hecho consecuencia de la vulneración del derecho fundamental aludido.

Lo razonado lleva a estimar el recurso parcialmente, acogiendo este último motivo, con declaración de la improcedencia del despido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.4 del ET, en relación con los artículos 56 del mismo cuerpo legal, 110 de la LRJS y concordantes, en que se establece la opción (en este caso por la empresa) entre la readmisión o la indemnización, con los salarios dejados de percibir en el caso de opción por la readmisión, es decir, los que se hubieran devengado de no haberse producido el despido o de no existir causa que los haga incompatibles, en los términos del artículo 56.2 ET, sin que proceda la indemnización adicional por la vulneración de derechos fundamentales que no se entiende producida.

De esta forma, debiendo estarse a lo dispuesto en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en punto a la cuantía indemnizatoria de los despidos ocurridos a partir del 12.02.2012 (inicio de la vigencia del Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, Disposición Transitoria 11ª del ET/2015) y referidos a contratos celebrados con anterioridad, lo que lleva a aplicar la doble escala recogida en la indicada D.T. 11ª del ET/2015 -anterior D.T. 5ª de la Ley 3/2012-, con 45 días de salario hasta el 11.02.2012 y 33 días desde la indicada fecha hasta el despido, partiendo del módulo salarial diario de 49,01 € (en cómputo diario de 365 días, de acuerdo con reiterada jurisprudencia: en cómputo anual de 365 días, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial en punto a la fórmula de calcular el salario diario a efectos del despido: SS.TS. -4ª- de 30.06.2008, rec. 2639/07, de 06.10.2009, rec. 2832/08, y de 27.02.2020, rcud. 3230/2017), y de un período iniciado el 26.09.2008, es decir, para el primer tramo de 41 meses (al computarse como mes entero la fracción de mes: SS.TS. -4ª- de 20.07.2009, rec. 2398/2008; 20.06.2012, rec. 2931/2011, y 06.05.2014, 562/2013) hasta el 11.02.2012, a 45 días de salario por año de servicio, supone 7534,78 €, y para el segundo tramo, desde el 12.02.2012 hasta el despido, a razón de 33 días de salario por año, 135 meses (también computando por entero la fracción de mes, D.T. 11ª del ET/2015), asciende a 18.193,73 €, lo que totaliza 25.728,51 €.

La estimación parcial del recurso interpuesto por la empresa conlleva la no imposición de costas ( artículo 235.1 LRJS) , y la devolución del depósito constituido para recurrir ( artículo 203.3 LRJS) .

Por lo expuesto,