Sentencia Social 1084/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 582/2022 de 01 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Interpone recurso de suplicación la actora contra sentencia que desestimó la demanda rectora de autos, dirigida contra el INSS y TGSS, tendente a la declaración de incapacidad permanente en los grados de absoluta, total o parcial, destinando el motivo inicial, dividido en tres apartados, con adecuado encaje procesal en el apartado b) del art. 193 LRJS, a la revisión del relato fáctico, con sustento en los documentos que indica, y en concreto:

A).- Del hecho probado quinto, proponiendo esta redacción:

"Se da por reproducida los folios 108 y 146 de autos en los que constan los tratamientos de la demandante a fecha enero 2022, que se caracterizan por la ingesta como tratamiento crónico de importantes dosis de potentes psicofármacos (venlafaxina 150 mg, mirtazapina 15 mg y Rivotril (clonazepam) 0,5 mg), siendo dicho tratamiento complementado con un volumen importante de medicamentos para tratar las distintas afecciones de la trabajadora, entre los que destacan una serie de medicamentos antinflamatorios y reumatoides que reflejan la existencia de un dolor real que está siendo objeto de tratamiento farmacéutico de forma crónica: Condrosan 400 mg, Etoricoxib 60 mg, Naproxeno 500 mg y Paracetamol 1gr."

B).- Del hecho probado sexto, proponiendo este texto alternativo:

" Si bien se constata por parte de los informes de rehabilitación de 30 de abril de 2021 (folio 116 de Autos) que la demandante presenta balance articular completo en mano izquierda, con dolor al forzar, completa puño y pinza, no completa oposición de forma activa pero si pasiva, con completa pinza con 5º dedo, pasivo si y mantiene; lo cierto es que la evolución de las patologías asociadas a la mano izquierda han demostrado un empeoramiento que ha requerido la intervención quirúrgica de la demandante con fecha de 26 de noviembre de 2021 (folio 119 de Autos), por síndrome de impactación cubital de la muñeca izquierda, que ha derivado en un empeoramiento de la funcionalidad de la mano izquierda, lo que ha conllevado la pérdida de movilidad del 56,25% y de potencia muscular de un 40%, constatados por el perito en la ampliación de su informe pericial (folio 102 de Autos)".

C).- Del hecho probado séptimo, proponiendo esta redacción:

" La demandante ha presentado dos ingresos por intentos de autolisis en 2018 y 2019, manteniéndose la atención por los servicios de urgencias ante las repetidas situaciones de desbordamiento emocional. Es altamente sensible para circunstancias y experiencias relacionales, presenta necesidades dependientes, dificultad para afrontar cambios, repitiendo episodios de desbordamiento emocional, ansiedad elevada con repercusión somática, cogniciones negativas, conducta de repliegue abandónico, aislamiento, encamamiento, reducción de ingesta al inicio y poco organizada después con aumento de apetito por las noches, tendencia al pensamiento rumiativo, defensas evitativas e ideas de muerte liberadoras.

La evolución ha sido lenta con fluctuaciones, sin lograr estabilidad, con mucha dificultad para avanzar en trabajo elaborativo e introducir-sostener cambiosque dependan de sí misma.

Se objetivó mejoría sintomática tras reanudar relación de pareja y convivencia, pero a expensas del sostén del entorno. CONTINÚA FIJADA EN CONFLICTOS NO RESUELTOS y distanciamiento de su familia de origen, juntoa otras incertidumbres de futuro, procesos médicos que comprometen funcionalidad y dificultades de afrontamiento.

Sostiene LABILIDAD EMOCIONAL, hiperemotividad, sentimientos de vulnerabilidad, ansiedad con reflejo corporal (presión cefálica, bloqueos,zumbidos de oídos, contracturas, descanso no reparador, diarreas) y conducta de repliegue-indefensión (Folios 103 a 107 obrantes en Autos).

SEGUNDO.- A este respecto debe recordarse, en línea con reiterada doctrina judicial, para que pueda prosperar en suplicación la revisión de los hechos declarados probados por el Magistrado de instancia, han de cumplirse los siguientes requisitos:

1.- Han de concretarse los documentos o pericias en los que se base. No es, entonces, suficiente la usual remisión a la documental o pericial "en su conjunto" o a "la que obra en autos", sin especificar el concreto folio o folios en los que ésta consta. La documental ha de ser pública o privada reconocida en juicio. La pericial, en conformidad con el principio de contradicción, debe estar ratificada, salvo en el caso de dictámenes oficiales que obren dentro del mismo expediente administrativo del que forman parte (como sucede en los procesos de incapacidad permanente con los informes del Equipo de Valoración de Incapacidades).

2.- No son admisibles la testifical, la confesión (incluida la ficta confessio) o la prueba indiciaria, porque contraen su eficacia a la instancia y, en concreto, a su práctica dentro del juicio oral, con la inmediación, oralidad y concentración que caracteriza a éste.

3.- Tampoco la confesión o la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental, lo que es frecuente (declaración de una de las partes que obra en escritura pública, informe de detective privado, declaración de autoridad o funcionario público, pero respecto de hechos que no constan en los archivos que tiene a su cargo, etc.).

4.- La indicación del concreto hecho que se trata de modificar o suprimir es necesaria y, en su caso, la redacción del texto alternativo que se pretende para el mismo. Esta última es exigencia no prevista específicamente en la ley, pero que facilita a la otra parte la contradicción y permite a la Sala que pueda obrar en correspondencia con lo pedido. Tal rigorismo puede salvarse, pero sólo cuando del recurso se desprende claramente lo pretendido por la parte.

5.- La revisión ha de ser trascendente para el signo del fallo, es decir, ha de constituir un elemento de hecho que tenga relevancia, más o menos inmediata, para la parte dispositiva de la sentencia. Es contrario a la economía procesal la constancia de datos que ninguna relación guardan con el objeto litigioso o que tan sólo guardan una relación lejana.

6.- La prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, porque, si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria. En este sentido, no son admisibles tampoco los motivos de recurso basados en deducciones u operaciones matemáticas de cierta complejidad.

7.- Puede solicitarse la revisión de cuanto tenga contenido fáctico y obre, sin embargo, de forma indebida en los Fundamentos de Derecho de la sentencia del Juez de lo Social. Al contrario, los conceptos jurídicos o predeterminantes del fallo se tendrán por no puestos, y de ser solicitada su constancia, serán rechazados por la Sala.

8.- Siempre que exista un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión fundada en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se trate.

9.- Los errores materiales o aritméticos pueden ser subsanados a través del recurso de aclaración, sin acudir a la vía de la suplicación más que cuando aquél fuese desestimado.

10.- Puede solicitarse la constancia de los hechos sobre los que las partes mantuvieran verdadera y estricta conformidad, sin necesidad de que estuvieran avalados por prueba documental o pericial alguna.

TERCERO.- Sentado lo anterior, el motivo inicial se rechaza, en tanto que, además de entremezclar cuestiones fácticas y jurídicas, estas últimas impropias de hacerse constar en la narración histórica, no se aprecia por la Sala error de hecho en la valoración de la prueba por la iudex a quo, pues la valoración imparcial y objetiva efectuada por la Juez de instancia no puede ser sustituida por la valoración subjetiva e interesada de la parte recurrente, y la propuesta que presenta el recurso es, en definitiva, la sustitución del criterio valorativo de la Magistrado de instancia, que aprecia la totalidad de lo actuado desde su imparcialidad, por la valoración de la parte interesada con apoyo de, sólo, los aspectos probatorios que estima son proclives a sus pretensiones materiales, lo cual no es posible salvo cuando queda evidenciado, de manera plena y sin contradicción, el error de evaluación, lo que aquí no sucede a la vista de la diversidad de informes aportados, y sin que pueda tacharse a la valoración judicial de errónea por haber otorgado mayor preponderancia a unos informes sobre otros de los obrantes en los autos.

La sentencia de instancia ha valorado la situación clínica de la actora teniendo en cuenta los informes médicos concurrentes en la fecha del hecho causante, abril de 2021, a los que ha dado prevalencia sobre los que invoca la demandante, de fecha posterior, además de que ha ponderado suficientemente, conforme a las reglas de la sana crítica, el informe pericial de parte, y así en el fundamento de derecho cuarto argumenta como sigue:

"En el informe pericial aportado por la parte demandante, las conclusiones sobre la incapacidad absoluta, giran en torno a la enfermedad psiquiátrica de la que la demandante está siendo tratada. Valorado este informe, conforme a las reglas de la sana crítica, ex. Art. 348 LEC , lo cierto es que el perito no es experto en el campo psiquiátrico, así como que en los informes médicos de la sanidad pública se objetiva una mejoría de la demandante, pero es que además, en lo que se refiere a la incapacidad para todo trabajo, no debemos olvidar que está reservada para patologías psiquiátricas de mayor envergadura, como una depresión mayor. Tampoco cabe omitir, en cuanto a la patología psicológica del demandante, que cuando se trata de procesos depresivos que no revistan acusada gravedad, la doctrina jurisprudencia viene sosteniendo que ha de tenerse en cuenta la llamada "terapia ocupacional", de manera que en tales procesos resulta factible y conveniente la realización de quehaceres -físicos o psíquicos- de liviana exigencia o de exigencia adecuada a la situación patológica (así, las SSTS de 24-04-90 EDJ 1990/4352 21/05/90 EDJ 1990/5346 29-04-87 EDJ 1987/3376 y 04-10-85 o entre las más recientes, SSTSJ Galicia 26-06-01 , 14- 07-01 , 26-09-01 , 26/01/02 , 31-01-01 , 09-05-02 , 29-06-02 y 29-06/02, citadas todas ellas por la ( STSJ Galicia de 28-2-2003 )".

En suma, el relato fáctico queda firme.

CUARTO.- El segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, denuncia, y por las razones que expone, infracción de los artículos 193.1, 194, 195 y 196 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como de la jurisprudencia que los interpretan, sosteniendo, en síntesis, pero haciendo supuesto de hecho de la cuestión y partiendo de unas premisas fácticas que no se compadecen con las que hemos declarado firmes, la propia naturaleza de las patologías psiquiátricas (trastorno afectivo bipolar adaptativo con sintomatología mixta ansioso-depresiva que precisa tratamiento y vigilancia continua), de su magnitud y gravedad, así como de los efectos propios del tratamiento a seguir (potentes dosis de fuertes psicofármacos), de las patologías físicas que afectan a las extremidades superiores de la trabajadora (síndrome del túnel carpiano bilateral, lesión del fibrocartílago triangular de la muñeca (LFT), Tendinopatía cubital de la mano izquierda y síndrome de impactación cubital de la muñeca izquierda), no puede deducirse la existencia de capacidad laboral residual suficiente, debiendo centrarse el debate sobre el grado de incapacidad a aplicar: absoluta o total.

A su parecer, y en esencia, no se han interpretado correctamente por la juzgadora los informes médicos que cita a continuación y que le hacen merecedora de alguno de los grados de incapacidad solicitados, por cuanto no ha tenido en consideración la totalidad de informes médicos aportados, ni las consecuencias reales en la vida diaria y la capacidad laboral residual de las distintas limitaciones orgánicas y funcionales reflejadas, tanto en los informes de los Servicios de Públicos de Salud, como en las conclusiones de los informes periciales ratificados en acto de Juicio por el Dr. Luis Andrés, que concluyen que la trabajadora no está capacitada para desarrollar actividad alguna.

QUINTO.- En materia de incapacidad hay que estar a la ecuación dolencias, menoscabo funcional y requerimientos de las diversas profesiones del mundo laboral.

A tenor del artículo 193.1 LGSS es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Así, pues el concepto de incapacidad permanente se desarrolla alrededor de las lesiones sufridas y su incidencia en la capacidad laboral.

Las notas características que definen el concepto legal de la incapacidad permanente son:

1. Una alteración grave de la salud, lo que hace referencia a que las diversas enfermedades deben valorarse en su conjunto, de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión si se ponderan y valoran conjuntamente, con independencia de la contingencia, común o profesional, que las haya originado. Exige también la norma un tratamiento médico previo y el alta en dicho tratamiento, cuya no finalización impide, temporalmente, la valoración.

2. El carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales, es decir, que se puedan constatar médicamente de forma indudable de acuerdo con los criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, y huyendo de las meras especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes de base científica.

3. La condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones, esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de incapacidad permanente. Por eso, no obsta a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

4. La gravedad de las reducciones, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de que disminuyan o anulen su capacidad laboral en función de la profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule. Este constituye el requisito central de la incapacidad permanente, pues resulta intrascendente una lesión -por grave que sea- que no incide en la capacidad laboral. Además, es importante tener en cuenta que esa dolencia sea posterior al momento de la afiliación, porque si durante un largo periodo no ha impedido el desarrollo del trabajo, no puede pretenderse que sea la determinante de una IP. No obstante, sí sería posible que sumada a otras dolencias lo sea.

SEXTO.- Dispone el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

"1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca".

Se define la IPA como aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. Por lo general, la IPA se equipara así a la capacidad mínima para asistir al trabajo, prestar atención, relacionarse, ejercitar actividad física y por lo tanto la grave dificultad para utilizar los medios de transporte público o privados, para entender y atender las instrucciones empresariales, para comunicarse o para efectuar mínimos esfuerzos físicos constituyen supuestos de IPA. Es decir, este grado no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aún con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar con cierta eficacia las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral ( STSJ Las Palmas 31-1-13, rec. 1801/2010); porque no debe olvidarse que la aptitud laboral no puede definirse por la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica o por el ejercicio de algún trabajo marginal, sino por la de poder realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible y con la habitualidad y profesionalidad necesarias.

Toda actividad laboral en régimen de ajeneidad y dependencia ha de ser desarrollada bajo las órdenes de un empresario, exigiéndose en todo caso unos mínimos de intensidad y eficacia durante la jornada laboral que se ha de mantener de forma constante, debiendo regir en la interpretación del precepto un principio de racionalidad, en el que se considere la finalidad de la norma y la propia experiencia de la vida del trabajo, lo que descarta cualquier interpretación basada en expectativas ilusorias o meramente teóricas de actividad laboral. De ahí que, ha de reconocerse no sólo a quien carezca de toda aptitud física para la realización de cualquier quehacer laboral, sino también a quien, manteniendo posibilidades de ejecución de ciertas tareas, se encuentre, sin embargo, sin facultades bastantes para su satisfacción con la eficacia normalmente exigible en el ámbito en que tales tareas se satisfacen y, por lo mismo, esa ausencia de facultades o aptitudes esenciales equivalen, "de facto", a una inhabilidad absoluta para cualquier tipo de trabajo o empleo. ( STSJ Castilla - La Mancha 20-11-2002, rec. 944/02). No es impedimento para declarar la IPA " la posibilidad de realizar trabajos marginales y de escaso o nulo valor en el mercado de trabajo". ( STSJ Madrid 27-12-2004, rec.4633/2004, y 22-11-2004, rec. 3549/2004). No es exigible una " actitud heroica o un sufrimiento excesivo". ( STSJ Madrid, 25-10-2004, rec. 3352/2004).

El criterio de posibilidad de desplazamiento al puesto de trabajo en condiciones que lo permitan es también utilizado judicialmente para poder reconocer el grado de IPA, así por ejemplo, la limitación provocada por el cuadro clínico con referencia, principalmente, a los miembros inferiores, con dificultad para la deambulación y la "utilización de medios de transporte público o privado", hace poco menos que utópico pensar que exista actividad que pueda llevarse a cabo " cuando para trabajar es preciso desplazarse al puesto a desempeñar y uno o dos viajes de ida y vuelta diarios". ( STSJ Madrid 22-11-2004, rec. 4091/2004).

En definitiva, la IPA debe reconocerse a quien carece de la posibilidad de desarrollar una actividad útil, o con escaso margen, y susceptible de recibir por ello una compensación económica. ( STSJ Madrid, 18-10-2004, rec. 3385/2004, y 11-10- 2004, rec. 3129/2004).

SEPTIMO.- Se entiende por incapacidad permanente total la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, con un mínimo de eficacia, y con rendimiento económico aprovechable, y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia.

Reiterada doctrina judicial ( STSJ Madrid 30-5-05, rec.1153/05) pone de manifiesto que, a los efectos de la declaración de incapacidad en el grado de total, ha de partirse de los siguientes presupuestos:

A).La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B).Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C).La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a "una continuación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano.

D).No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E).Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificada para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

La incapacidad permanente total para la profesión habitual, se caracteriza por un doble elemento: primero, por su carácter profesional lo que implica que, para su calificación jurídica, habrá de valorarse más que la índole y naturaleza de los padecimientos que presenta el trabajador, la limitación que ellos generen en cuanto impedimentos reales, esto essusceptibles de determinación objetiva y suficiente para dejar imposibilitado a quien los padece, de iniciar y consumar las tareas propias de su oficio, por cuanto son esas limitaciones funcionales las que determinan la efectiva reducción de la capacidad de ganancia; y segundo, por su carácter de permanencia que implica la necesidad de estabilización de su estado residual en el sentido que las patologías o secuelas tengan un carácter previsiblemente definitivo dado que la posibilidad de recuperación clínica se estima médicamente como incierta o a largo plazo. ( STSJ Asturias 19-10-00, rec.3246/00).

Precisa realizar un riguroso análisis comparativo de dos términos fácticos: el de las limitaciones funcionales y orgánicas que producen al trabajador las lesiones que padece y el de los requerimientos psíco-físicos de su profesión habitual. ( STSJ la Rioja, 25-5-00, rec. 147/00).

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 193.1 y 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social, éste en la redacción dada por la disposición transitoria sexta de ese mismo Texto Legal, la incapacidad permanente total se define en atención de un lado a las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al interesado las lesiones o enfermedades que padece y, de otro, a los requerimientos de su oficio habitual. De ahí, que el simple diagnóstico de una patología o los hallazgos clínicos detectados a través de las pruebas diagnósticas no sea determinante a la hora de evaluar su aptitud laboral, siendo el factor decisivo a tal fin la sintomatología de carácter permanente con la que cursa, su evolución y la reacción al tratamiento instaurado y, por ende, las limitaciones permanentes que las manifestaciones clínicas provocan, en el entendimiento de que como expresa un viejo aforismo cuya vigencia ha reconocido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo "no hay enfermedades sino enfermos" y que la valoración de la incapacidad laboral aparece marcada por su carácter casuístico e individualizado.

OCTAVO.- De los datos fácticos que han devenido firmes, y no así de los que parte la recurrente haciendo supuesto de hecho de la cuestión, aparece, y en lo que aquí interesa:

1.- La actora nació el 31-3-1966 y tiene como profesión habitual la de vigilante de comedor escolar.

2.- Iniciado expediente de incapacidad permanente, se emitió informe médico de síntesis de fecha 6/2/2021, que obrante en autos a los folios 30 a 32 del expediente, se da íntegramente por reproducido. En el mismo, se establecen como limitaciones de la demandante: mano izquierda: no inestabilidad RCD (similar a la contralateral). Dolor a la palpación en región cubital. Amiotrofia en musculatura extensora del carpo. BA completo. Dolor con el movimiento resistido en desviación cubital. Completa puño y pinza funcional.

3.- La demandante presenta balance articular completo en mano izquierda, con dolor al forzar, completa puño y pinza, no completa oposición de forma activa pero si pasiva, con completa pinza con 5º dedo.

4.- La demandante ha presentado dos ingresos por intentos de autolisis en 2018 y 2019. Es altamente sensible para circunstancias y experiencias relacionales, presenta necesidades dependientes, dificultad para afrontar cambios, repitiendo episodios de desbordamiento emocional, ansiedad elevada con repercusión somática, cogniciones negativas, conducta de repliegue abandónico, aislamiento, encamamiento, reducción de ingesta al inicio y poco organizada después con aumento de apetito por las noches, tendencia al pensamiento rumiativo, defensas evitativas e ideas de muerte liberadoras. Se ha objetivado mejoría sintomática en las últimas revisiones (folios 103 ss y 106 ss).

NOVENO.- Con estas bases fácticas la Juez de instancia razona así para desestimar la demanda:

"En lo que se refiere a la pretensión principal de incapacidad absoluta, la misma debe ser rechazada. En ningún caso, respecto de las limitaciones físicas que presenta el trabajador, se ha acreditado que se trate de impedimentos tales que le impidan realizar eficazmente trabajos sedentarios y livianos, que no comporten exigencias físicas ya que conserva la movilidad en general, y la capacidad visual, auditiva y sensorial, , facultades que le habilitan para incorporarse el mercado laboral y ejercer eficazmente una prestación de servicios por cuenta propia o ajena (expedición de tiques, administrativos, vigilante, entre otras). En el informe pericial aportado por la parte demandante, las conclusiones sobre la incapacidad absoluta, giran en torno a la enfermedad psiquiátrica de la que la demandante está siendo tratada (...)

Respecto de la incapacidad para su profesión habitual (vigilante de comedor escolar), lo cierto es que, sin cuestionar las patologías traumatológicas de la parte demandante, no alcanzamos a comprender como estas le impiden realizar de modo total su profesión habitual, cuando conserva puño, pinza, balance articular, y cuando las limitaciones que constan en el documento de la sanidad pública son en activo, probablemente producidas por el dolor, que, como se sabe es de referencia subjetiva. Todo ello sin perjuicio de incapacidad temporal en épocas de reagudización. Tampoco consta certificado de tareas en el que podamos ver cuáles son las desempeñadas por la actora, cuya profesión habitual consiste, básicamente, a nuestro juicio, en realizar las tareas de cuidado y atención de los alumnos usuarios del servicio de comedor y no se caracteriza por jornadas laborales a tiempo completo, lo que le permite periodos de alternancia. En cuanto a la patología psiquiátrica, en ninguno de los informes de la sanidad pública de psiquiatra o psicólogo se desaconseja la prestación de servicios por la actora, manifestado que se vería afectada en caso de una afectación de su entorno.

Adviértase en cualquier caso que el Tribunal carece de conocimientos médicos específicos que le permitan suplir las valoraciones de trascendencia incapacitante efectuada por los servicios médicos expresamente creados para ello, a cuya valoración habrá que estar cuando no sea apreciable una evidente desviación lógico-consecuencial o una desproporción de resultado apreciable desde la lógica que proporciona el común conocimiento de situaciones semejantes, desviación que aquí no se aprecia, atendiendo a la confrontación de las conclusiones del informe pericial, con las que obran, no sólo en el informe médico de síntesis, sino en la documental médica de la sanidad pública.(...).

Tampoco es posible reconocer la incapacidad permanente parcial que se solicita subsidiariamente, ya que no se ha probado que concurran limitaciones que impidan a la demandante llevar a cabo al menos un tercio de las tareas fundamentales de su profesión con repercusión equivalente sobre su salario. Aquí debe recordarse que la petición de incapacidad permanente parcial exige identificar qué parte concreta de las tareas no se pueden llevar a cabo a consecuencia de las limitaciones que restan y la incidencia de dicha parte de las tareas sobre la totalidad de las que conformen la profesión habitual del trabajador, y ello con el fin de poder valorar la afectación de las limitaciones sobre la capacidad de ganancia del interesado y en definitiva el cumplimiento de los fines propios de la prestación de incapacidad permanente, que no son otros que compensar la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador a consecuencia de las limitaciones producidas por el deterioro de su salud".

DÉCIMO.- Esta Sala, y aun valorando muy positivamente el notable esfuerzo argumentativo de la recurrente, comparte los criterios de la sentencia recurrida, todo ello sin perjuicio de que, en un futuro, y a la vista de la evolución que experimenten sus dolencias y su repercusión funcional, caso de agravarse, pueda pedir la revisión.

De las dos clases de dolencias que sufre la más grave es sin duda la psiquiátrica, tan es así constan dos ingresos por intentos autolíticos en 2018 y en 2019, pero en los informes médicos de la sanidad pública se objetiva una mejoría de la demandante de su dolencia psíquica, y en cuanto a la patología traumática en mano izquierda conserva puño, pinza, y balance articular. Por lo que, en su conjunto, y de la ecuación dolencias, menoscabos funcionales y requerimientos de profesionales de una vigilante de comedor escolar, juzgamos que no procede reconocerle, al menos por el momento, la incapacidad permanente en ninguno de los grados solicitados, al no reunir los requisitos legales para ello, lo que conduce a desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

Sin costas ( art.235 LRJS).

Vistos los preceptos citados,