Sentencia Social 710/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 280/2023 de 19 de julio del 2023

ÚNICO.- La representación de los ejecutantes formula recurso de suplicación contra el auto antecitado, el cual desestimó el recurso de reposición interpuesto por los mismos frente a la resolución de 20-6-2022, al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la LRJS.

Ahora bien, a la vista de lo actuado, se ha de significar lo siguiente:

1.- El recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) ó c) del art. 193 de la LRJS, según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión y que produce la consecuencia prevista en el art. 202 LRJS, se denuncien yerros fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o, finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material, conllevando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en el número 3 del propio artículo 202 LRJS.

Así, dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia, aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio.

2.- Por lo expuesto, sólo cuando se aprecia la infracción denunciada, procede la estimación del recurso, bien entendido que las infracciones procesales generadoras de indefensión han de denunciarse por el cauce del artículo 193 a) LRJS, si bien no con el objeto de modificar o revocar el fallo sino con el de que se declare la nulidad de la resolución dictada, como consecuencia de las infracciones de referencia.

3.- Por lo demás, dado que los recurrentes indican que la denegación del Juzgado a despachar ejecución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada en al artículo 24 de la Constitución, debe señalarse que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, aun cuando el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, ha de tenerse en cuenta asimismo que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que dicho derecho se satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental ( SS T.C. 11/1982, de 29 de marzo; 126/1984, de 26 de diciembre; 220/1993, de 30 de junio, 193/2000, de 18 de julio y 172/2002, de 30 de septiembre, entre otras).

Por ello, las decisiones judiciales de terminación del proceso -sea declarativo o de ejecución- son constitucionalmente legítimas siempre que el razonamiento responda a una interpretación de las normas legales conforme a la efectividad del derecho fundamental, dada la vigencia aquí del principio "pro actione", de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, sin que dicho principio deba entenderse tampoco como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las posibles que la regulan ( SS. T.C. 195/1999, de 25 de octubre; 191/2001, de 1 de octubre; 78/2002, de 8 de abril, y 172/2002, de 30 de septiembre entre otras).

Así, si bien el Tribunal Constitucional ha flexibilizado los requisitos procesales exigibles en atención al derecho a la tutela judicial efectiva y del principio "pro actione", constituye doctrina del propio Tribunal Constitucional que "el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal y así lo acuerde el órgano judicial en aplicación razonada y razonable de la misma" ( SS del TC 355/1993, de 29 de noviembre; 106/2002, de 6 de mayo; y 172/2002 de 30 de septiembre, entre otras ).

Asimismo se ha de señalar que, como tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con la competencia objetiva, en una reiterada doctrina (así, SS.T.S. de 17-5-1990 y 11-7-1990), al tratarse de una cuestión de orden público procesal, la Sala en suplicación no está sujeta siquiera a los concretos motivos invocados en el recurso (como tampoco ha de estar para su examen al relato de hechos probados en la forma recogida en la sentencia o resolución de que se trate, pudiendo valorar de nuevo y en su integridad cuantos medios de prueba se hayan propuesto y practicado) y tal cuestión escapa además al poder de disposición de las partes.

En definitiva, y conforme a lo indicado, con carácter previo al análisis de los motivos invocados la Sala ha de decidir sobre la competencia por razón de la materia del orden jurisdiccional social para conocer de las pretensiones deducidas, con facultad para formar su convicción mediante el análisis de la totalidad de las actuaciones practicadas, de manera exclusiva y excluyente, sin sujeción a los motivos y razonamientos expuestos en el recurso, ni a la declaración de hechos probados y argumentados de la resolución impugnada, porque la jurisdicción como norma de derecho absoluto y necesario constituye el primer presupuesto formal y trámite inexcusable para que el órgano judicial pueda conocer del pleito sometido a su consideración, y por afectar al orden público procesal las cuestiones de competencia "ratione materiae" quedan fuera del principio dispositivo de los litigantes y de la voluntad del propio Juzgado o Tribunal, siendo la jurisdicción improrrogable, como expresamente dispone el artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635; ApNDL 8375) hasta el extremo de la posibilidad de su apreciación de oficio - arts. 9.6 LOPJ y 5 de la LRJS -, imponiéndose el estudio preferente de la incompetencia objetiva o por razón de la materia, ya que de concurrir aquélla significaría un obstáculo insuperable que vedaría al órgano judicial entrar en el examen del fondo del asunto.

4.- Así las cosas, hemos de señalar que el apartado 5 del art. 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en redacción dada por la Disposición Final 15ª de la Ley 22/2003 de 9 de Julio (Ley Concursal), dispone que "en caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal" y, a su vez, el art. 8.3 de la citada Ley Concursal establece que la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado". A lo que se añade que, conforme al art. 55.1 de la propia Ley Concursal, "Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor".

Asimismo, y habida cuenta de la cuestión planteada en el supuesto de autos, conviene traer a colación la sentencia de esta misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4-3-2021 (Rec. 599/2020), que, en lo que aquí interesa, dice:

<< "(...) Se formula el presente motivo al amparo del artículo 193.c) de la Ley 36/2011, de la Jurisdicción Social, al objeto de examinar las infraccione de las normas sustantivas y de la jurisprudencia.

En concreto, se denuncia la infracción de lo dispuesto en los artículos 237.1 y 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 8.3, 55.1, 176 bis 4 y 178.2 de la Ley Concursal, lo dispuesto en el artículo 86. Ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 24.1 de la Constitución, al lesionarse el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente al generársele una total y absoluta indefensión.

En este sentido, se mantiene por la parte recurrente que en aplicación de la normativa concursal, y tratándose de un concurso exprés, en el que en el mismo auto de declaración del concurso se ha declarado además la finalización del mismo por insuficiencia de la masa activa, no existe inconveniente alguno para el inicio de ejecuciones singulares por parte de los acreedores, corno la que aquí se ha instado por el trabajador, debiendo conocer el Juzgado de lo Social por ser el órgano que dictó la sentencia cuyo pronunciamiento económico ahora se pretende ejecutar, con cita de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, de Cataluña de fecha 20 de abril de 2012.

Partiendo de que las sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia no constituyen Jurisprudencia a tenor del artículo 1.6 del Código Civil y, en consecuencia, no son un medio hábil para poder acoger un recurso como el de suplicación, ya que no pueden ser alegadas como infringidas por la sentencia de instancia, sino sólo como apoyo doctrinal o argumental a las tesis del recurso, se considera conveniente por esta Sección de Sala hacer un breve resumen de las resoluciones dictadas en el procedimiento a fin de enmarcar convenientemente la cuestión jurídica suscitada en el recurso de suplicación; y así:

-En los autos n° 903/2019 tramitados ante el Juzgado de lo Social n° 07 de Madrid, en reclamación por despido, se dictó sentencia de 2-12-2019 en la que se desestimaba la demanda, pero se condenaba a la empresa URAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. a que abonara a su trabajador DON Leopoldo la cantidad de 45.074,09 euros en concepto de indemnización por extinción de contrato por causas objetivas calificada de procedente.

-El actor presentó escrito -fechado el 24/01/2020- instando la ejecución de la sentencia por un principal de 45.074,09 euros más 13.522,22 euros presupuestados para intereses y costas.

-Por auto dictado el 4-2-2020, el Juzgado acordó no haber lugar a despachar la ejecución por encontrarse la entidad ejecutada URAN SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. en situación de concurso de acreedores.

-Frente a dicha resolución se interpuso por la parte actora ejecutante recurso de reposición por escrito fechado el 17/02/2020, recurso que fue admitido a trámite y que fue resuelto por el Juzgado de lo Social por auto de 18-06-2020, en cuya parte dispositiva se acordó desestimar el recurso reiterando que conforme a la Ley Concursal, una vez declarado el concurso, no podrían iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

A lo anteriormente expuesto, cabe añadir que según consta documentalmente acreditado y así figura en el auto de 4 de febrero de 2020, en el Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre de 2019 se publicó el edicto del Juzgado de lo Mercantil n° 10 de Madrid conforme al cual "en el concurso voluntario ordinario nº 1417/2019 , del deudor Uran Servicios Integrales S.L, con CIF n' B 82081894, se ha dictado con fecha de 12 de noviembre de 2019 auto de declaración de concurso y de conclusión del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 176 bis 4 de la L.C .".

El tema litigioso a resolver queda centrado en si es posible la ejecución separada social para la satisfacción de la cantidad que le ha sido reconocida al ahora recurrente por sentencia firme y, en tal caso, cuál es el órgano judicial competente para conocer de ese procedimiento singular, el juez de lo Mercantil o el de lo Social.

Ha de partirse de la actuación desarrollada por el Juzgado de lo Mercantil n° 10 de Madrid, concretada en el auto de 12 de noviembre de 2019, dictado en el procedimiento de concurso voluntario ordinario n° 1.417/2019, sobre el deudor URAN SERVICIOS INTEGRALES S.L., posterior en su fecha a la presentación de la demanda por despido, pero anterior tanto a la sentencia firme que constituye el título cuya ejecución se pretende como a la demanda de ejecución presentada por el actor.

Dicho auto en una misma resolución y momento procesal acuerda la declaración de la citada sociedad en concurso y la conclusión del mismo, con base en el art. 176 bis 4 de la Ley Concursal vigente en esa fecha y cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa.

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación a de responsabilidad de terceros.

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado."

Lo que debe ser puesto en relación con el art. 178 de la misma Ley Concursal que, en relación a "Efectos de la conclusión del concurso", establece:

"1. En todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación o de lo previsto en los capítulos siguientes.

2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equiparará a una sentencia de condena firme.

3. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimoniode la resolución firme".

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social), sec. 1', mediante auto dictado el 1-7-2020, rec. 1/2020, ha mantenido la siguiente doctrina:

"Para la resolución de la primera de estas cuestiones hay que poner en relación los arts. 8. 3', 176 , 176 bis y 178. 1 de la ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal (en adelante "LC'").

El citado art. 176 enumera las causas de conclusión del concurso, entre las cuales figura, según el apartado 3', la insuficienciade la masa activa para satisfacer las créditos contra la masa, conforme ha acontecido en el caso presente, lo que implica en este caso que con el auto de 17/2/20 concluyó el concurso de la empresa condenada en este proceso.

En consecuencia, el juzgado de lo mercantil perdió la competencia para la ejecución de los créditos existentes contra la sociedad deudora concursada, de conformidad con el art. 178 LC en relación con el art. 8.3 del mismo texto legal . El primero de esos preceptos acuerda que " En todos los casos de conclusión dcl concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación o de lo previsto en los capítulos siguientes". Correlativamente, dejó de ser aplicable el art. 8.3. 3º LOPJ y la competencia del juzgado de lo mercantil para la ejecución contra la empresa cuyo concurso ha terminado pasó al orden jurisdiccional competente, en este caso el social.

En concreto, es competente en el presente caso para tramitar esa ejecución este Tribunal, conforme al art. 237.2 LRJS . La duda sobre si la facultad Je ejecución de este Tribunal Superior de Justicia se ve mermada en este caso por la singular circunstancia de la extinción de la personalidad jurídica de la empresa deudora trae causa de la regulación del art. 178.3 LC : "Laresolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará suextinción y dispondrá la cancelación de la inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme."

La jurisprudencia no se habla pronunciado claramente sobre la capacidad para que pudiese ser parte procesal la sociedad de capital disuelta y liquidada después de la cancelación de todos sus asientos registrales y así la sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 25 de julio de 2012 (rec. 1570/09 ) mantuvo que una sociedad que se encontrase en tales circunstanciasno podía ser demandada, pues no cabe el ejercicio de acciones judiciales frente a una sociedad que no aparece en el Registro sin instar previamente la nulidad de dicha cancelación.

Por su parte la doctrina de las diversas Audiencias Provinciales se había mantenido vacilante en torno a la indicada cuestión. En contra de tal posibilidad, auto AP de Zaragoza de 4/6/19, rec. 686/17 ; a favor, auto AP de Barcelona, rec. 345/2014 .

La polémica ha sido definitivamente despejada por la STS (1ª) de 24/5/2017 (rec. 197/15 ), conforme a esta doctrina.

"Aunque con carácter general suele afirmarse que las sociedades de capital adquieren su personalidad jurídica con la inscripción de la escritura de constitución y la pierden con la inscripción de la escritura de extinción, esto no es del todo exacto. En el caso de las sociedades de capital, anónimas y limitadas, tanto bajo la actual Ley de Sociedades de Capital, coma bajo las anteriores leyes de sociedades anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada, la inscripción en el registro Mercantil de la escritura de constitución no es y era necesaria para adquirir la personalidad jurídica propia del tipo social elegido. En este sentido se expresa el actual art. 33. LSC , cuando regula los efectos de la inscripción, y antes lo hacía el art. 7.1 LSA . Pero la falta de inscripción de la escritura de constitución no priva de personalidad jurídica a la sociedad, sin perjuicio de cuál sea el régimen legal aplicable en función de si se trata de la sociedad en formación o irregular. En uno y en otro caso, tienen personalidad jurídica y, consiguientemente, gozan de capacidad para ser parte conforme al art. 6.1. 3º LEC . Sin perjuicio, además, de los supuestos previstos en el art. 6.2 LEC en los que se reconoce capacidad para ser demandados a "las entidades que, no habiendo cumplido con los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado". Por otra parte, aunque la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales de la sociedad extinguido conlleva, en principio, la pérdida de su personalidad jurídica, en cuanto que no puede operar en el mercado como tal, conserva esta personalidad respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación. A estos efectos, relacionados con la liquidación de la sociedad, esta sigue teniendo personalidad, y por ello capacidad para ser parte demandada. En otros términos, empleados por la Dirección General de los Registros y del Notariado, "después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular" (Resolución de 14 de diciembre de 2016). En estos supuestos, en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte de la liquidación, y que por lo tanto la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad de que pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad sino que además, no debemos exigir la previa anulación de la cancelación y la reapertura formal de la liquidación. De este modo, no debe privarse a los acreedores de la posibilidad de dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del crédito, se precisa su previa declaración. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes. Además, et art. 400 LSC atribuye esta representación a los (antiguos) liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación. De ahí que ratifiquemos la posición contenida en las sentencias de esta sala de 979/2011, de 27 de diciembre , y 220/2013, de 20 de marzo , y entendamos que la sociedad demandada gozaba de capacidad para ser parte en este concreto pleito, en el que se reclama la reparación del perjuicio sufrido por un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales asum idas por la sociedad frente a la demandante".

QUINTO. - Trasladando la doctrina que se acabade transcribir al caso presente resulta que, constituida en este proceso por sentencia de fecha 23/12/2019 una deuda contra "ZARAGOZA 2013 HOTEL S.L.", empresa que con posterioridad fue declarada en concurso por auto del Juzgado de lo mercantil n' 1 de Zaragoza de 17/2/2020 y en esa misma fecha fue concluido el proceso concursal por insuficiencia de bienes, procede la ejecución separada ante este órgano judicial de la deuda de referencia.

Pese a la extinción de su personalidad jurídica acordada por el juzgado de lo mercantil, cabe que dicha sociedad sea parte procesal en la ejecución de la sentencia de despido indicada, puesto que se refiere a la satisfacción de créditos nacidos antes de dicha disolución, si bien en este caso concurre la particularidad de que no cabe llamar a los liquidadores concursales, puesto que no los hay..."

Asumiendo esta Sección de Sala los argumentos expuestos en la sentencia que se ha transcrito parcialmente, cabe concluir, como en la misma se hacía, que existe un pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil n° 10 de Madrid que declara la conclusión del concurso, por insuficiencia de masa, por lo que dejó de existir en ese momento, anterior a la solicitud de ejecución de sentencia por parte del ahora recurrente, el obstáculo que se recogía en el auto objeto de suplicación para no acceder a despachar dicha misma (que la entidad ejecutada se encontraba en situación de concurso de acreedores), pues la facultad de ejecución separada a través de otro órgano que no sea el juez del concurso vuelve en estos supuestos, aquí, a la jurisdicción que ha conocido del asunto principal, la social, y al órgano que dictó la sentencia (el Juzgado de lo Social n° 07 de Madrid).>>

En consecuencia, por aplicación de lo anteriormente expuesto, se concluye que el auto de instancia ha incurrido en las infracciones denunciadas, lo que conlleva la estimación del recurso, declarando la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la ejecución de la sentencia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,