Sentencia Social 599/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 74/2023 de 21 de junio del 2023

PRIMERO.- Disconforme la parte actora con la sentencia de instancia, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el derecho aplicado en dicha resolución.

Al recurso se opone la parte demandada en su escrito de impugnación por las razones alegadas en el mismo.

Así, en los tres primeros motivos del recurso la actora solicita, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, la revisión de los hechos declarados probados, en los términos que propone.

Así las cosas, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre de 2004, recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05 y esta misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09), entre otras, con doctrina enteramente aplicable tras la entrada en vigor de la LRJS, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

Pues bien, en el supuesto de autos la representación de la actora solicita en estos motivos, respectivamente, la modificación de los Hechos Probados Séptimo y Octavo y la adición de uno nuevo con el ordinal Noveno, en los términos propuestos.

Sin embargo, en cuanto al motivo Primero, se observa que los documentos en que la actora trata de sustentar la revisión han sido ya valorados por el juzgador, que ha tenido en cuenta toda la documental obrante en autos, sin que quepa apreciar error alguno con transcendencia al recurso susceptible de ser corregido por esta Sala, lo que obliga a rechazar este primer motivo. Y la misma suerte debe correr el motivo Segundo, ya que aquí se trataría en todo caso de un error material que pudo ser objeto de rectificación por vía de aclaración de sentencia, siendo por lo demás la revisión pedida totalmente intranscendente al fallo.

Finalmente, en cuanto al motivo Tercero, hemos de señalar que la recurrente mezcla aquí cuestiones de hecho y de derecho, que necesariamente han de ser tratadas por separado, al querer incluir en el relato fáctico que la empresa demandada se integra como sector público institucional del Ayuntamiento de Madrid conforme a lo dispuesto en la normativa que cita, y en consecuencia ha de decaer también este motivo.

En definitiva, ninguna de las revisiones pedidas resulta posible, bien entendido que, al no ser la suplicación una segunda instancia y configurarse como un recurso de naturaleza extraordinaria, lo que implica el objeto limitado del mismo, el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada, como si de una apelación se tratara, como no puede revisar "in totum" el Derecho aplicable, y ello aun cuando las pruebas estuvieran mal interpretadas y aunque el Derecho estuviera mal aplicado. Y ha de insistirse asimismo en que el criterio del juzgador para establecer la datación fáctica no puede ser sustituido por el interesado y particular del recurrente sino en virtud de causa objetiva, contundente y suficientemente acreditada que evidencie de manera patente e incuestionable un error en la narración histórica con trascendencia al recurso, y nunca en virtud de otras pruebas de similar valor a las que el juez considere preeminentes o que ya fueron tenidas en cuenta por él para la conformación de su juicio.

SEGUNDO.- A continuación la parte actora denuncia, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, la infracción del artículo 2.1 c) en relación con el artículo 2.2 b) y del artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como de su artículo 81 y del artículo 27 del Convenio Colectivo de aplicación en la empresa demandada y de la Disposición Adicional Cuarta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 29 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2022 (BOCM de 31 de diciembre de 2021), en relación con el artículo Primero del Acuerdo de 13 de enero de 2022 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se determina el incremento retributivo del personal al servicio del sector público del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio de 2022 (BOAM de 17 de enero de 2022) .

Así las cosas, vistas las alegaciones efectuadas, se ha de significar que para la resolución de este motivo deben hacerse las consideraciones siguientes:

1ª) En primer término, y dadas las pretensiones deducidas en la demanda presentada, conviene precisar que si el artículo 1 de la LRJS establece, a modo de declaración general, que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos (particularizándose a continuación que dichos órganos conocen de las cuestiones litigiosas que se promuevan "en procesos de conflictos colectivos" - art. 2.l de la LRJS-, la referida Ley regula los procesos sobre conflictos colectivos como modalidad procesal, disponiendo que se tramitarán a través de dicho proceso "las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo o de una práctica de empresa..." ( art. 153.1 de la LRJS).

De este modo, y tal como tiene declarado el Tribunal Supremo, las pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo se definen por dos elementos: uno subjetivo, integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores entendiendo por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad; y otro elemento objetivo, consistente en la presencia de un interés general que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como un interés indivisible correspondiente al grupo en su conjunto y por tanto no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros o como un interés que, aunque pueda ser divisible lo es de manera refleja en sus consecuencias que han de ser objeto de la oportuna individualización pero no en su propia configuración general ( SS. TS. 9 de mayo 91 (AR 3796), 25 de junio 92 (AR 4672), 7 de noviembre 95 (AR 8253), 22 de abril 96 (AR 3335), 27 de mayo 96 (AR 4679), 12 de junio 96 (AR 5061), 7 de mayo 97 (AR 4226), 16 de marzo 99 (AR 2994), 17 de noviembre 99 (AR 9502), 28 de marzo 00 (AR 3516), 12 de junio 00 (AR 6629), 15 de diciembre 00 (AR 818/01), 22 de diciembre 00 (AR 1874/01), 15 de enero 01 (AR767) y 770, 26 de febrero 01 (AR 3830), 14 de marzo 01 (AR 3183) y 15 de mayo 01 (AR 5211).

En consecuencia, la controversia planteada no puede consistir en la solicitud del reconocimiento de una situación individualizada de uno o varios trabajadores, sino en una declaración general que se corresponda con el propio carácter genérico del grupo de los trabajadores incluidos en el conflicto ( SS. T.S. de 25 de junio de 1992 -AR 4672-, 22 de marzo de 1995 -AR 2178-, 19 de mayo de 1997 -AR 4274-, 2 de febrero de 1998 -AR 2207- y 17 de noviembre de 1999 -AR 9502). Y por ello, afectando la cuestión a un conjunto de trabajadores, si se hace una petición genérica para todo el grupo, será el proceso de conflicto colectivo el procedimiento adecuado ( SS. T.S. de 13 de junio de 1995 -AR 4896-, 23 de junio de 1995 - AR 5218- y 26 de junio de 1995 -AR 5366-, entre otras).

Así, por el Tribunal Supremo se ha venido declarando reiteradamente que la sentencia emitida en proceso de conflicto colectivo es declarativa, siendo ésta la verdadera esencia de tales procesos, en que recaen sentencias meramente declarativas, que se limitan a aplicar o a interpretar normas, pactos, decisiones o prácticas de empresa, sin cuantificar las cantidades adeudadas a cada uno de los trabajadores afectados por el conflicto ( Sª. TS. de 20-9-1994 -AR 7728). Si bien el propio Alto Tribunal ha establecido que aun cuando las sentencias que ponen fin a los procesos de conflicto colectivo son normalmente declarativas, esto no significa que estén totalmente excluidas de esta clase de procesos las sentencias de condena puesto que en determinadas ocasiones es posible que en esta modalidad principal recaiga resolución de carácter condenatorio ( Sª T.S. de 16-3-1999 -AR 2994), debiendo tenerse en cuenta aquí actualmente lo dispuesto en el artículo 247 de la LRJS, a cuyo tenor las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160 podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a lo establecido en dicha norma.

Y en el supuesto que ahora examinamos se trata de un proceso de conflicto colectivo en que se aduce que la empresa demandada ha de reconocer a su personal su derecho al incremento del 2% de sus retribuciones de la misma forma que lo ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid para su personal, siendo el adecuado el procedimiento seguido.

2ª) Sentado lo anterior, se ha de significar que para que pueda estimarse la demanda ha de quedar acreditado el hecho constitutivo de la acción ejercitada por el demandante, recayendo sobre éste la carga de la prueba de dicho hecho, según declararon, aplicando la norma del art. 1214 del Código Civil, las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1980, de 21 de diciembre de 1981, de 15 de abril de 1982 y de 31 de octubre de 1983, entre otras muchas, y tal como se establece, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su art. 217, pfo. 2°, siendo preciso en todo caso para la existencia de la acción que haya una norma que anude al supuesto de hecho el efecto jurídico pedido, según cabe deducir de la propia disposición mencionada, e incumbiendo al demandado por su parte la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos constitutivos de la acción ( art. 217.3 LEC).

3ª) Cuando se trata de interpretar las normas jurídicas ha de atenderse a las reglas interpretativas establecidas al efecto ( art. 3.1 del Código Civil), pero debe tenerse en cuenta en todo caso que las reglas básicas de interpretación literal y sistemática son similares para la Ley y para el contrato - arts. 3.1 del Código Civil y 1281 y 1285 de dicho Texto legal- y ambas son aplicables a los Convenios Colectivos, y, en lo que proceda, a los Acuerdos suscritos entre la representación de la empresa y la de los trabajadores. Debiendo significarse al respecto que como criterio hermenéutico de preferente aplicación para interpretar las normas se establece "el sentido propio de sus palabras" ( artículo 3.1 C.C.) y también en cuanto a los contratos, a tenor de cuanto dispone el art. 1281 del Código Civil, se ha de estar al sentido literal de sus cláusulas cuando sean tan claras que no dejen lugar a duda sobre la intención de los contratantes, y hasta tal punto lo ha entendido así el Tribunal Supremo que, en sentencias de su Sala 1ª de 22 de febrero y 22 de junio de 1984 y 1 de abril de 1987, entre otras, ha declarado que la finalidad del art. 1281 del Código Civil radica en evitar que se tergiverse lo que aparece claro o que se admita, sin aclarar, lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto, las palabras empleadas y, en el segundo, la intención evidente de los contratantes, debiendo atenerse el intérprete al sentido literal de lo manifestado, siempre que el texto se ofrezca con la claridad que la norma exige, de manera que las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, y en este sentido se ha pronunciado también la Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirmando que si la interpretación literal y sistemática no es suficiente y hay necesidad de remontarse a la indagación de lo querido por las partes contratantes se ha de buscar cuál es la voluntad real, concordada o común (S.S. Tribunal Supremo de 22 de Marzo de 1.988), para lo cual deben tenerse en cuenta los antecedentes y los actos coetáneos y posteriores al contrato ( arts. 3.1 y 1282 del Código Civil), o los antecedentes históricos y legislativos en el caso de las normas, adquiriendo un gran relieve el uso o costumbre del país ( art. 1287 C.C.) y sin olvidar en ningún caso que se ha de estar al espíritu y finalidad de lo pactado o de la norma de que se trate, atendida la realidad social del tiempo en que debe aplicarse ( art. 3.1 del Código Civil), en el bien entendido, claro está, que unos medios interpretativos no excluyen los otros, debiendo usarse en su caso de todos ellos, en los términos expuestos, para alcanzar la solución correcta.

Y así, abundando en lo anterior, la sentencia del Tribunal Supremo de 30-10-2013, rec. 47/13, declara que "las normas de interpretación de los arts. 1282 y siguientes del CC tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, de forma que cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sean claras, no son de aplicar otras diferentes que las correspondientes al sentido gramatical; o dicho de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se admita, sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto las palabras empleadas, y en el segundo la intención evidente de los contratantes (aparte de otras muchas, SSTS 16/01/08 -rco 59/07; 26/11/08 -rco 95/06; 26/11/08 -rco 139/07; 03/12/08 -rco 180/07; 21/07/09 -rco 48/08; 21/12/09 -rco 11/09; 02/12/09 -rco 66/09)".

Y aquí se ha de recordar igualmente, amén de la doctrina antecitada, que la jurisprudencia reconoce un papel preponderante en la interpretación de contratos - y convenios colectivos - al juez de instancia ( STS 12-7-12 rec. 130/2011, 13-5-09, 12-7-2004, 3-4-07 y 16-1-08, entre muchas otras de la Sala 4ª), valiendo al respecto la cita de la sentencia del TS de 10-06-2014, rec. 209/2013, en los siguientes términos: "(...) viene reiterando esta Sala - sentencia de 16 de septiembre de 2013 (recurso de casación 75/2012), con cita de las sentencias de 15 de septiembre de 2009 (recurso casación 78/2008), 25 de septiembre de 2008 (rec. casación 109/2007) y 27 de noviembre de 2008 (rec. casación 99/2007) que "es doctrina constante de esta Sala la de que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". Así se han pronunciado las sentencias de 12 de noviembre de 1993, 3 de febrero del 2000, 27 de abril del 2001 y 16 de diciembre del 2002".

4ª) En el supuesto ahora enjuiciado la parte actora efectúa reclamación solicitando en su demanda que se declare el derecho del personal de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. al incremento del 2% de sus retribuciones de la misma forma que lo ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid para su personal. Y frente a ello se opone la empresa demandada, aduciendo al efecto que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA es una entidad del Sector Público dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid y, por ende, sujeta a las limitaciones presupuestarias que la Ley General de Presupuestos disponga, indicando que el incremento retributivo para el año 2022 no puede superar el límite máximo de la LPGE del 2% pero que en cualquier caso ese es el límite, sin que sea preceptiva la subida máxima del 2%, y que la cuestión debe resolverse por vía de negociación colectiva, como resulta del hecho de que las partes han estado negociando sobre el objeto de controversia del presente conflicto.

Pues bien, lo cierto es que la empresa demandada forma parte del sector público estatal, siendo importante resaltar que, según señala la sentencia, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. es una Sociedad Mercantil, en concreto una Sociedad Anónima cuyo capital social pertenece al 100% al Excmo. Ayuntamiento de Madrid, lo que implica que es una sociedad mercantil de titularidad pública perteneciente al sector público institucional, de conformidad con lo señalado por el artículo 2.2. b) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, pero no es una Administración Pública ni una entidad de derecho público vinculada a una Administración Pública de las mencionadas en el artículo 2.2. a) de la Ley 40/2015, como fija el apartado 3 del artículo 2 de dicha Ley, resultando aplicable asimismo lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2.016, núm. 618/2016, cuando concluye que "...las sociedades mercantiles de capital público no son administraciones públicas, estableciendo el artículo 85 ter del Texto Refundido de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local , que las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo".

Y en cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, el artículo 21 del EBEP (RDLeg 5/2015, de 30 de octubre) dispone que "Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos", no pudiendo "acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal". Límite al que alude su artículo 27 al disponer que "Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto".

Y así el artículo 19 de la Ley General de Presupuestos para el año 2022, que regula las retribuciones máximas del personal al servicio del sector público, establece:

"Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público".

Con lo que, según se observa, del contenido literal del precepto se infiere que la LGPE de 2022 regula un límite máximo para el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

Y a su vez la Disposición Adicional Cuarta del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, respecto a la retribución del personal laboral para el año 2022, dispone:

"Las retribuciones del personal podrán experimentar, con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, un incremento con el límite del máximo porcentaje que, en su caso, sea fijado en la normativa aprobada por el Estado, todo ello sin perjuicio de lo que determine la negociación colectiva respecto del personal laboral.

En cumplimiento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará en el primer cuatrimestre del ejercicio presupuestario, la masa salarial del personal laboral del sector público municipal, respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en las correspondientes Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado".

Y, según se recoge en el Hecho Probado Quinto de la sentencia, textualmente, en cumplimiento de lo establecido en dicha Disposición Adicional Cuarta, la Junta de Gobierno dictó en fecha 13-1-2022 acuerdo por el que se establece que el incremento retributivo para el personal del sector público del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2022, con efectos de 1-1-2022, será del 2% de las retribuciones, indicándose en dicho acuerdo:

"PRIMERO.- Fijar para el año 2022 con efectos de del personal al servicio del sector público del Ayuntamiento de Madrid respecto a las vigentes a 31/12/2021 en los términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Este incremento se hará efectivo tras la realización de los procesos técnicos que sean necesarios, en la primera nómina que sea posible".

Y el artículo 27 del Convenio de aplicación regula el incremento retributivo de los empleados para 2017, 2018 y 2019, disponiendo que "...para los años 2020 y 2021 los incrementos salariales serán equivalentes al incremento que se establezca en las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado para los Empleados Públicos". Debiendo tenerse en cuenta aquí que, según se indica en la sentencia de instancia, es un hecho admitido por ambas partes que la vigencia del convenio, al no haber sido denunciado, ha sido prorrogada tácitamente.

Por lo que, en una interpretación efectuada con arreglo a los criterios hermenéuticos antecitados, es indudable que se ha de rechazar la pretensión de la recurrente, habida cuenta de que de todo lo anterior resulta que las sucesivas Leyes de Presupuestos vienen estableciendo el límite máximo de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, pero no vincula, más allá de fijar ese límite, respecto a la subida que debe acordarse. Y en el presente caso el Ayuntamiento de Madrid aprobó para su personal la subida del 2% para el año 2022, si bien esa subida en nada vincula a la empresa demandada, que ha venido regulando su propia subida de las retribuciones para cada anualidad en el convenio colectivo.

Pudiendo observarse que, de hecho, el propio convenio especifica la subida concreta para cada anualidad, la última la de 2021, y, llegado a su vencimiento sin que se haya negociado nuevo convenio, queda en manos de la negociación colectiva la subida para el año 2022, como lo demuestra, además de lo recogido en el Hecho Probado Cuarto, la circunstancia de que, tal y como resulta del Hecho Probado Séptimo, empresa y trabajadores hayan venido intentando alcanzar un acuerdo a lo largo de toda la anualidad, sin que el defecto de acuerdo pueda suplirse con la aplicación automática de la subida que sí ha efectuado el Ayuntamiento de Madrid a sus empleados, por lo que, con arreglo a lo expuesto, se hacía preciso desestimar la demanda interpuesta por la actora, sin que sean de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas, de que las retribuciones anuales de los trabajadores de la empresa demandada han de ser incrementadas necesariamente en el 2%, al igual que el resto de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, conforme a lo indicado.

Por consiguiente, al no haber incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas, procede, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución. Sin costas ( art. 235 LRJS).

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,