Sentencia Social 181/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 840/2023 de 29 de febrero del 2024

PRIMERO.- Con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social interesa el recurrente que se revise el hecho probado cuarto, como sigue:

"El actor presentaba una previa patología diagnosticada "Hipercolesterolemia con riesgo cardiaco elevado." Por parte del Ayuntamiento de Madrid se ofrece bianualmente la posibilidad de realizarse reconocimientos médicos pudiendo los integrantes del cuerpo de bomberos acudir o no a los mismos. Desde el año 2005 el actor ha rechazado voluntariamente realizarse los reconocimientos médicos."

Para lo que se apoya en los documentos 9 y 10 de su ramo de prueba que, tal y como señala el demandante en su escrito de impugnación, fueron impugnados por su parte en el acto del juicio, por haber sido elaborados por el demandado sin su participación.

La revisión se rechaza, porque dichos documentos han sido valorados por la juzgadora de instancia, que alude a ellos en su fundamentación jurídica, junto con la testifical, teniendo como acreditado que, efectivamente, el actor voluntariamente no acudía a los reconocimientos médicos que se le ofrecían, por lo que la modificación carece de entidad para alterar el signo del fallo.

Asimismo propone que se añada al relato fáctico el siguiente hecho:

"El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid no se encuentra integrado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los reconocimientos médicos de los integrantes del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se ofrecerán de forma bianual y serán de carácter voluntario (doc.09 de la demandada). El demandante ha rechazado la realización de reconocimientos médicos ya que desde 2005 que fue el último que se realizó, ha rechazado todos los reconocimientos médicos que se le han ofrecido bianualmente."

Para lo que, de nuevo, se remite al documento 9, desestimándose la adición por igual causa que el anterior, señalando que la integración o no del cuerpo de bomberos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es una cuestión jurídica, que, en su caso, habrá de examinarse, en su caso, como tal.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alega el demandado que las guardias extraordinarias realizadas por el demandante fueron voluntarias, a excepción de una de ellas, la del día 31 de julio de 2017, que fue obligatoria en virtud de la Orden número 24/2017, en cumplimiento de la Resolución de 6 de julio del Director General de Emergencias y Protección Civil por la que se establecen Guardias Extraordinarias de carácter obligatorio para el personal operativo del Servicio de Extinción de Incendios, se dictan las medidas organizativas necesarias para la distribución y notificación de las Guardias Extraordinarias a realizar con carácter obligatorio, por lo que niega que se haya impuesto al actor una carga de trabajo insoportable. Pone de manifiesto que cuando el actor sufre el accidente, estaba vigente el Acuerdo de 28 de julio de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que aprueba el Acuerdo de 4 de julio de 2016 sobre la Mesa Sectorial de Bomberos sobre jornada y horarios de trabajo, en el que se establece que la jornada general ordinaria se establece para 2017 en 1524,88 horas en cómputo anual, fijándose en el año 2017, dos guardias de la jornada de verano y San Isidro que se asignarán en Guardias de sustitución de verano (GB) y 2 guardias se calendarizarán y serán solicitadas a libre disposición del trabajador, y autorizadas según las necesidades del servicio. Esto se establecerá todos los años. Por lo que, en 2017, en el calendario anual figuraban 56 guardias + 1 de formación (debiendo realizar 1524,88 horas de cómputo anual), de las cuales, 54 eran guardias ordinarias (GN) y 2 guardias de sustitución de verano (GB). A estas guardias se sumaron aquellas de tipo extraordinario ofertadas por la Jefatura del Cuerpo en función de las necesidades del Servicio. Además, concretamente, en el año 2017, la Jefatura del Cuerpo, como consecuencia de los establecido en la Orden del Cuerpo nº 24/2017 tuvo que asignar Guardias Obligatorias para mantener los mínimos de referencia por ser un Servicio Esencial, ya que los Bomberos se negaban a realizar Guardias Extraordinarias voluntarias por hallarse inmersos en un conflicto laboral.

En el mes de julio de 2017 el recurrente hizo diez guardias, distribuidas de la siguiente forma: CINCO guardias ordinarias, UNA Guardia de sustitución de verano (GB), TRES guardias extraordinarias en los días 1, 7 y 13 de julio que fueron voluntarias y UNA obligatoria, justo el día 31-07-2017. Se retiró de la guardia tras causar baja por sufrir una parada cardiaca durante una intervención.

Compara las guardias de dicho mes de 2017 con el mismo de 2016 en el que realizó SEIS guardias normales y CUATRO guardias extraordinarias (total 10 guardias) y durante el mes de junio de 2017 realizó CUATRO guardias normales y DOS guardias extraordinarias, todas voluntaria.

Se remite a los preceptos relativos a la no integración en las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios de extinción de incendios, así como de la regulación de los reconocimientos médicos en el Reglamento del Cuerpo de Bomberos, aprobado por acuerdo plenario de 27 de julio de 1984 y aduce que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad vienen definidas taxativamente en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no estando incluidos los bomberos y señalando que la competencia de los Ayuntamientos en esta materia, se atribuye por el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985.

Pone de relieve que los reconocimientos médicos del cuerpo de bomberos se regulan por el artículo 88 del Reglamento citado, ofreciéndose bianualmente a todos sus integrantes y habiéndose probado por la testifical que los trabajadores deciden voluntariamente si acudir o no y que el actor únicamente lo hizo en el año 2005, habiendo rechazado todos los demás. Asimismo, destaca que antes se comunicaba el ofrecimiento mediante comunicación al jefe de turno y ahora directamente por mail, al cobrar los trabajadores un plus por atender al correo corporativo.

Afirma el recurrente que la vigilancia del estado de salud del trabajador solo podrá llevarse a cabo cuando éste preste su consentimiento, insistiendo en que en el caso de los bomberos no hay una disposición legal que establezca la obligatoriedad de los reconocimientos médicos. También afirma que existen múltiples evaluaciones de riesgos laborales que afectan al Cuerpo de bomberos, siendo la inicial el 20 de octubre de 2014 y la evaluación psicosocial se realizó el 1 de abril de 2022, señalando que la intranet municipal dispone de un canal específico de prevención de riesgos laborales, donde el personal municipal puede acceder y que al cuerpo de bomberos se les notifica mediante norma interna las evaluaciones de riesgos realizadas, por lo que concluye que el actor era suficientemente consciente de la materia y de los riesgos que supone el desempeño de su actividad y, de forma consciente y voluntaria, renunció al control y a la realización de los reconocimientos médicos ofrecidos, sin que se pueda imputar al recurrente tal responsabilidad.

TERCERO.- Por la parte actora se alega en su escrito de impugnación que existió un sobreesfuerzo en las guardias realizadas, como relación causal con el accidente de trabajo sufrido en la asistencia al incendio el día 31 de julio de 2017, señalando que se venía demandando periódicamente refuerzos de plantilla, ante la imposibilidad de hacer frente al volumen de intervenciones a las que tenía que asistir el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento.

Aduce que no ha acreditado el Ayuntamiento que se le ofreciera la realización de reconocimientos médicos entre los años 2005 y 2017, ni su negativa a acudir a los mismos, no habiendo notificación en este sentido y, como prueba de la insuficiente o nula vigilancia de la salud del trabajador, se remite a la propuesta de requerimiento de la Inspección de Trabajo de 14 de septiembre de 2021 y señala que no tiene validez la testifical practicada porque el testigo nunca ha prestado servicios en el parque 8 y declaró que desconocía cualquier operativa de esta unidad, negando que en dicho periodo se le comunicara la posibilidad de realizar un reconocimiento médico, cuya falta fue determinante para desencadenar el accidente de trabajo, existiendo, a su juicio, una evidente relación de causa-efecto entre la falta de vigilancia de la salud y el infarto que sufrió, resaltando que ya en 2005 se le detectó hipercolesterolemia con riesgo cardiaco elevado, sin que desde entonces se le practicara otro reconocimiento médico.

Pone de relieve su sometimiento a una fuerte y prolongada tensión laboral, con excesos de jornada que duplicaban las previstas en la normativa vigente y concluye que esto fue la causa del grave accidente laboral, no habiéndose facilitado formación o información sobre riesgos laborales.

CUARTO.- Del inalterado relato de probados y de lo que, con igual valor, consta en la fundamentación jurídica, hemos de destacar lo siguiente:

1º) El actor sufrió una parada cardiorrespiratoria con pronóstico grave, cuando se encontraba prestando sus servicios en la extinción de un incendio el día 31 de julio de 2017.

2º) Por cuenta del Ayuntamiento se le realizaron reconocimientos médicos de vigilancia hasta el año 2005, en el que se le objetivó hipercolesterolemia y riesgo cardiaco elevado.

3º) Desde dicho año no se le ha efectuado ningún reconocimiento médico.

4º) El Ayuntamiento empleador ofrecía los reconocimientos médicos a los bomberos, a través del jefe de turno, siendo su asistencia voluntaria.

5º) Hasta la fecha del accidente no se habían efectuado por el Ayuntamiento evaluación de factores de riesgos, ni de riesgos psicosociales, ni actualización de la planificación de la actividad preventiva, no había proporcionado información preventiva al trabajador, ni tenía designados recursos preventivos.

6º) En el mes de julio de 2017 el actor realizó 10 guardias

7º) Siendo cada guardia desde las 22,30 horas a las 7,00 horas del día siguiente, de un total de 24,25 horas, más un coeficiente corrector de 1,283 por las nocturnas, en el mes de julio trabajó 266,55 horas, lo que supone 66,63 horas a la semana, un 60% más de la jornada semanal establecida de 37,5 horas semanales, al establecer la normativa aplicable la realización de 64 guardias al año.

8º) En el acta de la Inspección de Trabajo de 14 de octubre de 2019, se indica lo siguiente:

1.-El documento de evaluación inicial de riesgos laborales aportado por el Ayuntamiento a la Inspección, no incluye, en relación con las denominadas "actividades operativas", una completa evaluación de riesgos laborales y la consiguiente planificación de la actividad preventiva, conforme a lo exigido en los artículos 14, 15 y 16 de la LPRL y los artículos 3 a 9 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

2.-En relación a todos los procedimientos y planes de intervención específicos examinados, no existe constancia de la intervención de personal competente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

3.-No consta aportado documento que acredite que se haya realizado una evaluación de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la LPRL.

4.-En relación a la documentación aportado por el Ayuntamiento a la Inspección en relación con la actividad preventiva, debe señalarse que presenta insuficiencias relevantes.

5.-No existe nombrado ningún trabajador que haya sido nombrado Recurso Preventivo, incumpliéndose los postulados del artículo 32 bis de la LPRL.

Y se requiere al Ayuntamiento de Madrid para que:

1.-Complete la evaluación de riesgos laborales correspondiente al Parque de Bomberos número 8, en particular en lo relativo a riesgos psicosociales en el plazo de 3 meses.

2: -Realizar la evaluación de riesgos laborales en relación con todas las intervenciones del personal de bomberos en el exterior de los parques.

3.-Proceda a actualizar la planificación de la actividad preventiva correspondiente al Parque de Bomberos número 8.

4.-Adopte las medidas precisas para el nombramiento de recursos preventivos. En el expediente de fecha 14 de septiembre de 2021, tras investigación realizada por la Inspección y los requerimientos y declaraciones de entre otros de Don Gonzalo

QUINTO.- A partir de tales hechos, la juzgadora de instancia razona lo siguiente:

"En conclusión, según consta acreditado, procede afirmar la existencia de relación causal con el infarto agudo de miocardio que sufrió el trabajador en tiempo y lugar de trabajo, con la ausencia de reconocimientos médicos periódicos como consecuencia de la falta de evaluación y prevención de riesgos laborales por parte del Ayuntamiento de Madrid, por lo que el accidente de trabajo sufrido por el Sr. Damaso, el día 31 de julio de 2017 se encuentra directamente relacionado con esa manifiesta infracción por parte del Ayuntamiento de Madrid, sobre las medidas de seguridad y salud laboral, existiendo por tanto, una evidente causalidad, derivada de la falta de medidas de seguridad, máxime cuando además se estaba produciendo una sobrecarga de trabajo a la que venía siendo sometido el demandante, durante los días que precedieron a sufrir el infarto agudo de miocardio, derivada la sobrecarga a la falta de personal en el Servicio de extinción de incendios, cuestión esta que tampoco se tuvo en consideración por la falta de planificación de la actividad preventiva. Y ello, pese a reconocer que el actor no asistió de forma voluntaria a los reconocimientos médicos que se realizaban de forma bianual por el empleador, siendo el último de ello el realizado en el año 2005, por los razonamientos expuestos anteriormente.

En efecto, según se afirma por la perito doña Pura en el informe elaborado y ratificado a presencia judicial, contestando a todo tipo de preguntas de las partes y de esta juzgadora, en coordinación con el informe de la Inspección de Trabajo unido a las actuaciones, el empleador Ayuntamiento de Madrid no evaluó los riesgos en las actividades de intervención,· no evaluó los factores psicosociales de riesgo ni realizó la oportuna planificación preventiva [psicosocial],·en los procedimientos de trabajo, no se integraban las técnicas preventivas durante la actividad en emergencias; tampoco consta que interviniera en su elaboración el servicio de prevención,· no proporcionó información preventiva al trabajador,· no tenía designados recursos preventivos,· no llevó a cabo la vigilancia periódica del estado de salud del trabajador,· no investigó el accidente laboral. Se afirma que el accidente de trabajo sufrido por el actor (infarto agudo de miocardio) hubiera podido ser evitado con la adopción de medidas preventivas y que están relacionadas con la gestión de las condiciones de trabajo, la ordenación adecuada del tiempo de trabajo y la falta de la preceptiva evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva en materia psicosocial, unido a una vigilancia de la salud del trabajador. Así como que la adaptación de las correctas medidas preventivas, podrían haber evitado que el trabajador Damaso hubiera participado, como bombero, en intervenciones carentes de la mínima y necesaria seguridad; no habría estado expuesto, por ejemplo, a intervenciones prolongadas en el tiempo, a una distribución del tiempo de trabajo que antepuso el servicio público a la garantía de seguridad y salud de las personas que lo desempeñaban, o a la tensión añadida de asumir, como sargento, las funciones de las figuras que, en ese momento, no estaban ni siquiera designadas.

El trabajador sufrió un infarto agudo de miocardio, mientras realizaba una guardia obligatoria, en ausencia de todas las medidas de seguridad que hubieran podido evitarlo. Dicho de otro modo: entre el resultado producido y las infracciones constatadas, existe un enlace preciso y directo, y se puede concluir de manera razonable y fundada que, de no haberse producido aquellas omisiones, se habría detectado el riesgo físico en relación con las funciones cotidianamente realizadas en su puesto de trabajo, y no se hubiera impuesto al actor la realización de unas intervenciones de tan prolongada duración durante la cual se produjo el episodio coronario que desembocó en la aparición del infarto agudo de miocardio, y que este tiene relación directa con la prolongada actividad laboral impuesta, en ausencia de la necesaria vigilancia de la salud y de todas las medidas preventivas técnicas que la hubieran evitado.

Y esta conclusión es coherente con lo que dice el art. 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), en relación con el art. 3.3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio , por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. De ninguno de ellos se deduce que sea innecesario practicar reconocimiento médico sobre riesgos cardiovasculares en el puesto de trabajo del trabajador Damaso. En este sentido, el RSP establece cómo debe realizarse la vigilancia de la salud, tras recordar que "la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el art. 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales ... 3º. Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos", precisando a continuación que " c) La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada caso. Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos".

No hay constancia de que existan los citados protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. Y en todo caso, ello no explica la omisión de los reconocimientos, pues ya en ese precepto se incluye una disposición acerca del contenido mínimo que ha de tener el examen de salud, que ha de abarcar exploraciones, controles y estudios específicos en relación con las condiciones de trabajo. A falta de protocolos específicos, se ha de actuar conforme a este contenido mínimo en lo relacionado con las específicas condiciones laborales y las enfermedades que presente el actor, que pueden determinar la adaptación de sus cometidos a su estado físico o psicológico.

Y lo mismo se puede decir respecto a lo alegado respecto a lo dispuesto en el art. 3.3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio , según el cual "Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1, letras j) y k) de este artículo, no se incluirán entre las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios sanitarios de los servicios de prevención la realización de exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos laborales específicos de las tareas asignadas a los trabajadores o con riesgos inespecíficos que puedan dar lugar a agravar patologías previas", pues la patología cardiaca que padecía el trabajador sí tenía relación con las labores de extrema responsabilidad, y por tanto generadora de estrés, que venía realizando, por lo que no se pueden calificar como riesgos inespecíficos ajenos al trabajo y, por el contrario sí entra dentro de la competencia que le es propia de proceder a la vigilancia de la salud de los trabajadores a intervalos periódicos.

En consecuencia, procede concluir que el Ayuntamiento de Madrid ha incumplido la legislación preventiva, al no adoptar todos los medios posibles y razonables en materia preventiva, encaminados a la protección eficaz del trabajador Damaso en el desempeño de sus funciones, en los términos que establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y los RR.DD. que la desarrollan, y que habrían evitado la materialización del accidente de trabajo (infarto agudo de miocardio) ocurrido en fecha 31.07.2017.

De lo expuesto se deduce la existencia de relación de causalidad entre la infracción producida y el accidente ocasionado, dado que el accidente de trabajo se originó por las infracciones señaladas, aunque no se le haya impuesto sanción alguna, de conformidad con lo dispuesto en el articulado de la Ley 3171/995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, según redacción Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, en relación art. 3.1 y 3.4 en relación con el Anexo I, parte 1, punto 8 Anexo II parte I punto 1.3.5.RD 1215/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores. Igualmente, la LGSS prevé la responsabilidad empresarial cuando existe en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, la omisión de las medidas preventivas, el daño, y se acredita que entre aquellos y éste existe relación de causalidad. En el presente caso consta la relación de causalidad entre la omisión de la medida preventiva.

Es criterio jurisprudencial, que se comparte por esta juzgadora, la necesidad de que exista una relación de causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño producido y es cierto que esta conexión puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( SsTS de 20-3-1985 y 21-4-1988 ). Pero, ante todo corresponde al empresario el deber de prever y vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de sus trabajadores, según el artículo 15-4 LPRL 31/1995 de 8-11 y subvenir a ellas. Así se ha venido manteniendo en numerosas resoluciones la obligación del empresario de su deber in vigilando, aunque, también es cierto, que otras han declarado que no se le puede imponer al empresario una "vigilancia permanente y constante de cada uno de los obreros", al establecer que la inexistencia de "culpa in vigilando" debe medirse por la omisión de la diligencia debida a un buen padre de familia, debiendo graduarse en función de la edad del trabajador y de su antigüedad en la empresa, y no siendo, por tanto necesaria la presencia constante de un encargado de la empresa que vigile; y que no es responsable el empresario si el trabajador viola sus órdenes sobre seguridad. Pero no es el caso, en el que el trabajador con años de experiencia se encontraba realizando el trabajo sin los correspondientes exámenes para verificar su estado de salud, dado el trabajo, tras estresante que desarrolla. Ello es distinto y muchísimo más limitado que exigir del empresario una "vigilancia infinita" a que se refiere el empleador demandante, por lo que no puede tenerse en cuenta esta alegación que pretende la eliminación de la responsabilidad por defecto de medidas de seguridad en el trabajo.

De los hechos constatados se debe concluir en la existencia de responsabilidad para la empresa, al existir omisión de medidas de prevención de riesgos laborales y de seguridad y, en consecuencia, existencia de infracción del artículo 12.16.f) y concordantes de la LISOS , que regula un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos en cuanto la utilización de medidas de protección, desde el momento en el que consta expresamente reconocido por la propia Inspección actuante."

SEXTO.- Loa razonamientos de la juzgadora a quo son impecables y no existe en ellos infracción legal ni jurisprudencial alguna, por cuanto es evidente que el actor sufrió el infarto de miocardio cuando se encontraba desempeñando sus funciones, sometido a un fuerte estrés y sobrecarga de trabajo al haber prestado sus servicios en las semanas anteriores, un 60% más de la jornada establecida, a lo que no empece el hecho de que hubiera realizado guardias de manera voluntaria, porque compete al Ayuntamiento rechazar la realización de las mismas, cuando den lugar a esa sobrecarga, con el consiguiente riesgo, por ser evidente el incremento tal notable de la jornada establecida.

Es igualmente claro el incumplimiento del empleador con su deber de seguridad para con los trabajadores, habiendo incumplido el mandato del artículo 14 de la Ley de prevención de riesgos laborales, de proteger al actor frente a estos riesgos, estableciendo el apartado 1 de dicha norma que:

"Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo."

derechos que se han hurtado en el presente caso al demandante, así como se ha incumplido la obligación establecida en el apartado 2 del mismo artículo, permitiendo la realización excesiva de guardias, sin evaluación ni prevención adecuada de riesgos laborales, siendo el tenor de dicho precepto el siguiente:

"En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales."

Habiendo incumplido también el demandado con la obligación impuesta por el artículo 16 de la misma ley en cuanto a la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales con el que no contaba y obviado lo establecido en el artículo 19 de la repetida norma, en cuanto a la obligación de formar al trabajador en materia preventiva.

Hemos también de tener en cuenta que, si bien consta que se han considerado por el Ayuntamiento los reconocimientos médicos como voluntarios y el actor no se ha sometido a ellos, el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se refiere a la vigilancia de la salud, estableciendo en su apartado 1, lo siguiente:

"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad."

siendo en el caso del personal del cuerpo de bomberos más que cuestionable la voluntariedad de los reconocimientos, tratándose de un trabajo de alto riesgo y peligrosidad para quien lo desempeña y del que además, depende, en no pocos casos, la vida y la integridad física de otras personas, por lo que es crucial la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras de dicho cuerpo.

Pero, en todo caso, han quedado acreditados los claros incumplimientos del Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos laborales, que revisten aun mayor gravedad al tratarse del cuerpo de bomberos, sujetos a la realización de grandes esfuerzos físicos y psíquicos y expuestos a evidentes riesgos que, desde luego, han de evaluarse, planificarse y prevenirse, del mismo modo que se ha probado la relación de causalidad entre la sobrecarga de trabajo a la que estuvo sometido el actor, la omisión de la deuda de seguridad por parte de la demandada, y el accidente laboral padecido.

En corolario el recurso no puede tener favorable acogida, por cuanto, como hemos dicho, la resolución impugnada no incurre en infracción legal ni jurisprudencial algunas.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,