Sentencia Social 970/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 718/2023 de 03 de noviembre del 2023

PRIMERO.- La empresa Sagital S.A. (Sagital) solicitaba en la demanda de conflicto colectivo origen de las actuaciones en curso y presentada el 18 de enero de 2023, que se declarase que la huelga convocada por el Sindicato Autónomo de Empresas de Seguridad (ATES, en lo sucesivo), en el "fast track", del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas, tenía un carácter ilegal o que, subsidiariamente, fuera declarada ilícita por abusiva

La sentencia de 8 de febrero de 2023 y del Juzgado de referencia, desestimó esa solicitud. Indicaba, básicamente, que esa huelga no era merecedora de tales calificativos pues era formal y materialmente legal. Asimismo, rechazó la oposición a las medidas cautelares instadas en su momento por la misma empresa, formulada ahora por el Sindicato demandado, ante la pérdida sobrevenida de su objeto.

SEGUNDO.- Dos son los recursos de Suplicación articulados en las presentes actuaciones, iniciaremos el debate por el formalizado por la empresa Sagital.

Su primer motivo de Suplicación toma como base el art. 193.b), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

Tiene como objetivo completar el tercer hecho probado. Cita a tal fin el documento incorporados al folio 213. El texto que propugna es el que sigue:

"En el Acto de Mediación celebrado ante el Instituto Regional de Mediación el 29 de diciembre de 2022 previo a la interposición de la Demanda, por parte de la representación del Comité de Huelga y el Sindicato ATES se propuso desconvocar la huelga y no impugnar el Auto de Medidas Cautelares si la empresa reconocía sin necesidad de presentar conflictos individuales los complementos reconocidos por el Juzgado 7 en Sentencia de 20 de septiembre de 2018 así como las derivadas de la compensación y absorción por las Sentencias del TS de los Recursos de Casación para Unificación de Doctrina 4329/18 , 30719 , 517/19 , 825/18 y 1070/19 , así como constituir mesa de negociación sobre "Plus Madrid.

La empresa manifestó que la mediación tenía por objeto conseguir la desconvocatoria de una huelga que se consideraba ilegal, que se convocó por unas demandas del personal de SAGITAL que nada tienen que ver con lo que ahora solicitaba el sindicato."

Dicho añadido debemos aceptarlo ya que presenta el necesario refrendo documental.

A lo cual uniremos que tiene relación con el debate suscitado en el actual Recurso y por ende que es necesario para tener todos los datos necesarios para solventar el litigio - Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), sentencias de 25-2-2003, rec. 2580/2002 y 30-9-2010, rec. 186/2009-. E intentando preservar el derecho de defensa de la mercantil peticionaria desde la perspectiva de las tesis que articula jurídicamente con posterioridad. Y, claro está, sin perjuicio de la trascendencia final que pudiera tener esa solicitud.

TERCERO.- Los tres siguientes motivos de Suplicación toman como sustento el apartado c), del art. 193; nuevamente de la LRJS. Pero dada su conexión los trataremos conjuntamente.

La parte actora, en este caso Sagital, estima en primer lugar que la sentencia objeto de Recurso, infringe lo dispuesto en el art. 4, del Real Decreto Ley 17/1977 (RDL). Asimismo y en segundo lugar, el art. 11.b), del RDL. Finalmente, aprovecha para denunciar como vulnerado el art. 7.2, siempre del RDL.

Defiende y con carácter inicial, que la huelga convocada por el Sindicato ATES ha de considerarse ilegal ya que a su convocatoria no se le dio la publicidad necesaria y con el fin de que fuera conocida por los usuarios; más teniendo en cuenta, sigue diciendo, que el servicio prestado ha de calificarse de público y que las fechas afectadas eran de especial tránsito de pasajeros en el Aeropuerto de Madrid. A continuación refiere que están prohibidas las huelgas de solidaridad o apoyo, como a su juicio aquí acontece, al convocarse de manera simultánea con otras tres empresas diferentes que prestan servicios de filtros de seguridad en dicho Aeropuerto; recuerda, en ese mismo sentido, que las reivindicaciones eran prácticamente idénticas de tal manera que algunas eran ajenas al sector en el que se incluye esta empresa -el de auxiliares que no el de seguridad-, o la propia propuesta que los trabajadores efectuaron para desconvocarla ante el IRMA, con unas peticiones distintas a las formuladas en la convocatoria de huelga. Explica, finalmente, que la huelga era ilícita en cuanto abusiva y por mala fe, de acuerdo a lo establecido en el art. 7.2, del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TCo), en las resoluciones nums. 72/1982 y 41/1984, y del TS, en la sentencia de 25-4-2019; que se encontraba viciada desde su origen vistas las irregularidades reseñadas, el momento de la convocatoria, con unas reivindicaciones que se presentan de forma irregular y sin otro objetivo que la paralización de la actividad de vigilancia y auxiliar al confluir con las otras tres empresas, con un margen temporal mínimo de negociación y un preaviso con notoria falta de claridad; que ese criterio abusivo también aparece reflejado en la resolución del TSJ Andalucía/Málaga de 19-3-2003.

Dos cuestiones previas aunque interrelacionadas. Sobre las características y condiciones de la huelga que se pretende declarar ilícita y es la primera, ya nos hemos pronunciado en nuestra sentencia de 27-7-2023, rec. 471/2023, que aunque referida a la mercantil Tablisa, lo allí expuesto es perfectamente trasladable al actual litigio. La propia Sagital y en su discurso argumentativo, menciona a dicha empresa, al igual que a otras dos -Securisa y Visabren-, como aquellas insertas en ese mismo movimiento huelguístico y sobre una actividad similar en el Aeropuerto de Barajas, aunque se subdivida en seguridad y vigilancia por causas contractuales. En ese mismo orden de cosas, la entonces resolución de instancia también reconocía esa identificación, cuando reseñó en el hecho probado décimo sexto, que: "...La huelga fue convocada no solo para el personal de TRABLISA, sino también en las restantes tres empresas de seguridad que desempeñan el servicio de seguridad en el Aeropuerto: SEGURISA, SAGITAL y VISABREN. Las cuatro huelgas fueron suspendidas por resoluciones de este Juzgado y los Juzgados de lo Social nº 10, 7 y 22, resolviendo las medidas cautelares promovidas por las empresas afectadas...".

La sentencia de instancia que acabamos de invocar y es la segunda, fue la dictada por el Juzgado de lo Social num. 39, de los de Madrid. Aparece referida tanto en el quinto ordinal del relato fáctico, como en el también quinto fundamento de derecho de la también actualmente recurrida. Pues bien, fue íntegramente revocada por nuestra sentencia antedicha. La conclusión adoptada fue desestimar la demanda de similar tenor a la ahora en curso, entonces formulada por la empresa Tablisa y ahora por Sagital. Pues, como allí expresamos, la huelga susodicha no era ilegal, ni abusiva.

CUARTO.- Conclusión de seguimos ratificando. No vemos razones de apartarnos de ese precedente. Visto lo cual y ya adelantamos, el Recurso de Sagital tiene que ser rechazado. Decisión que asimismo refrenda la dictada por la ahora Juzgadora de instancia. Por tanto, la huelga convocada por el Sindicato ATES no puede considerarse abusiva. Argumentaremos al respecto que:

a. Sobre las pretendidas irregularidades formales.

El primer párrafo del cuarto ordinal del relato fáctico, señala que: "...La convocatoria de huelga tuvo escaso eco en los medios de comunicación saliendo solo en un medio digital...".

Sin embargo y sobre la pretendida falta de publicidad esgrimida por la empleadora, ya establecimos e interpretando el último inciso, del art. 4, del RDL, que: "...No se pide que "todos" los usuarios conozcan que hay una huelga, sino que los convocantes realicen un esfuerzo de publicidad para que las personas afectadas al menos sepan la causa por la que no pueden viajar y adopten las medidas que entiendan oportunas.

Si se examinan las informaciones aportadas sí se puede apreciar que la publicación de la noticia es de 16 de diciembre de 2.022 -es la misma publicación, aclaramos- aunque la impresión de las mismas se haya realizado el día 9 de enero de 2.023. En definitiva sí ha existido publicidad a nivel nacional y de hecho, es público y notorio que se conocía la convocatoria por lo que aportación de una noticia sirve para avalar este hecho...".

Luego: "...tanto la convocatoria como la publicidad efectuada, aunque mejorables, sirven a los fines previstos en la norma...".

En ese mismo orden de cosas, añadimos ahora, que si la publicidad era un tema central para la demandante ya que por sí misma su ausencia determinaría la ilegalidad de la huelga, vistos los perjuicios que pudiera generar a los usuarios, más calificando su actividad de servicio público, es notorio que las empresas afectadas por este tipo de huelgas acuden a anuncios pagados por ellas mismas en la prensa escrita, buscando de esa manera beneficiar a tales usuarios, es decir lo mismo que defiende Sagital, donde además les imparten los consejos que estiman necesarios para que sus efectos no sean tan gravosos. Visto lo cual, podría haber subsanado los posibles déficits que imputa al Sindicato de referencia con una actuación similar; si lo consideraba tan decisivo.

b. Sobre cuando la empleadora califica a la huelga de solidaridad o apoyo, en base a que se convocó conjuntamente con los trabajadores adscritos a otras mercantiles.

Sagital confunde esos conceptos. Destaquemos en primer lugar el que maneja la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, puesto a su vez en relación con lo establecido por el TCo en las resoluciones nums, 11/1981, 36/1993, 193/2006, al respecto. Ninguna relación guarda con el defendido por la recurrente. Así, la resolución de 15-1-2020, rec. 166/2018, estableció que:

"...ya la STC 11/1981 , si bien con referencia a la huelga de solidaridad [art. 11 b) ROLRT] tuvo oportunidad de decir que (los intereses defendidos durante la huelga no tienen por qué ser necesariamente los intereses de los huelguistas, sino los intereses de la categoría de los trabajadores" y que el calificativo profesional empleado por el arto 11 b) RDLRT "ha de entenderse referido a los intereses de los trabajadores en cuanto tales...Premisas las anteriores desde las que resulta en verdad difícil que una protesta por la política social llevada a cabo por el Gobierno; por la petición de retirada de un proyecto de contrato llamado de "inserción" de jóvenes; por la reivindicación de un Plan General de Empleo; por la recuperación de dos puntos de poder adquisitivo como consecuencia de los errores en la previsión de inflación; por el incremento de la cobertura de los desempleados hasta un determinado porcentaje; por la equiparación de las pensiones hasta el salario mínimo interprofesional; y por las demás reivindicaciones de la huelga del 14 de diciembre, era por completo ajenas al interés profesional de los trabajadores [ art. 11 a) RDLRT] o a los intereses de los trabajadores ( art. 28.2 C .E .). En su virtud como antes".

Tal criterio ha sido seguido, entre otras por la STC 193/2006, de 19 de junio , que contiene el siguiente razonamiento:

"3. En este caso la huelga que se encuentra en el origen de la presente demanda de amparo es una huelga general.... La convocatoria de huelga afectaba a todos los trabajadores y funcionarios, y sus objetivos, concretados en el preaviso correspondiente, eran, de un lado, el rechazo a las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y, de otro lado, la mejora del funcionamiento y la cobertura del sistema de protección por desempleo así como el establecimiento de medidas para alcanzar el objetivo de pleno empleo, contribuyendo a la convergencia real con la Unión Europea. Atendiendo a las reivindicaciones por las que la huelga se convocó se trataba de una huelga lícita, de conformidad con los criterios sentados al respecto por este Tribunal, de acuerdo con los cuales "los intereses defendidos durante la huelga no tienen por qué ser necesariamente los intereses de los huelguistas, sino los intereses de la categoría de los trabajadores", debiendo entenderse referido el calificativo profesional del art. 11 b) del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo , sobre relaciones de trabajo, "a los intereses de los trabajadores en cuanto tales" ( STC 36/1993, de 8 de febrero , FJ 3)".

En el mismo sentido se ha pronunciado la STS de 11 de febrero de 2014, recurso 83/2013 :

"El quinto motivo del recurso alega, al amparo del artículo 207-E) de la L.J .S., la violación del artículo 11-b) del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo , por entender la recurrente que el proceso huelguístico respondió, entre otros, a una postura de solidaridad con el sindicato de pilotos SEPLA. Pero el motivo no puede prosperar porque, como la misma recurrente reconoce y se vió en el anterior fundamento, existían otros motivos profesionales relevantes que justificaban la movilización en defensa de intereses directos e indirectos de los trabajadores en orden a la conservación de sus puestos de trabajo y a las mejoras en las condiciones de la relación laboral, lo que, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1981 , impide calificar de ilegal la huelga, pues la solidaridad con los intereses de otro no determina por si sola la ilegalidad de la huelga cuando existe otro interés en ella por parte del colectivo convocante".

3.- Atendida la regulación legal y la interpretación jurisprudencial de la misma resulta que no es ilegal una huelga por el hecho de que su objetivo no se limite exclusivamente a la defensa de los intereses de los huelguistas -"los intereses defendidos durante la huelga no tienen por qué ser necesariamente los intereses de los huelguistas, sino los intereses de la categoría de los trabajadores" y que el calificativo profesional empleado por el art. 11 b) RDLRT "ha de entenderse referido a los intereses de los trabajadores en cuanto tales"- debiendo atenderse a los motivos por los que se convoca la huelga...".

En ese mismo orden de cosas, de seguirse la teoría de la empleadora cualquier huelga que superase su propio ámbito, sería calificable de solidaridad o apoyo. Por tanto, habría que declarar ilícitas todas aquellas que se dirigiesen a mejorar las condiciones de trabajo de un determinado sector productivo, y para lo cual confluyeran los trabajadores de múltiples empresas, de manera simultánea.

Aprovechamos para recordar y como ya lo hicimos en nuestra anterior sentencia, que: "...Estamos ante el ejercicio de un derecho constitucional especialmente tutelado como es el derecho de huelga que, si bien no puede considerarse como absoluto y sin ningún tipo de limitación, tampoco puede reducirse con formalismos que no afectan al núcleo de su legítimo ejercicio...". E, igualmente, ahora con cita del resolución del TS, de 22-9-2020, que el contenido esencial de este derecho: "... consiste en la cesación del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones, núcleo que implica a su vez la facultad de declararse en huelga, estableciendo su causa, motivo y fin y la de elegir la modalidad que se considera más idónea al respecto, dentro de los tipos aceptados legalmente. En tal contexto también resulta esencial la consecución de una cierta eficacia...".

Tampoco conlleva la ilegalidad que alguna de sus reivindicaciones no se ajustaran exactamente a lo que ha de entenderse como la labor inherente a un auxiliar de seguridad; más teniendo en cuenta que confluyendo una serie de empresas sobre un mismo objeto, los filtros de seguridad en el Aeropuerto de Barajas, la línea reivindicativa que las separase en cuanto a la actividad a ejecutar en uno u otro caso, fuera ciertamente tenue. Pero es que la propia empleadora es partícipe activa en dicha conexión pues como nos refiere la sentencia recurrida, a la hora de contestar a la reclamación de los huelguista, se remite a que lo pondrá en conocimiento de la patronal del sector, que identifica con Aproser, que es la de las Empresas de Seguridad, y que no es firmante del convenio colectivo que dice les aplica a sus trabajadores, recordemos el de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones -hechos probados tercero y quinto-. Con todo no puede olvidarse y tal como figura probado en tercer lugar, que se explicitaban y reivindican una serie de mejoras sociales, laborales y económicas; las cuales son coherentes con el ejercicio del derecho de huelga.

Lo mismo puede decirse sobre la oferta efectuada por los trabajadores y en orden a obtener un acuerdo el 29 de diciembre de 2022, en los términos que aparecen reflejados en nuestro segundo fundamento de derecho. Cualquier proceso de esas características está sujeto a variaciones y/o vaivenes; ofertas y contraofertas que pueden o no acomodarse a lo que fue el marco inicial de esa negociación. Lo fundamental era obtener un pacto que en este caso supusiera la desconvocatoria de la huelga. Y a ello colaboró activamente el Sindicato convocante cuando presentó esa alternativa.

c. Respecto al último grupo de argumentos de Sagital diremos que algunos de ellos son reiterativos por lo que nos remitimos a lo expuesto. Sobre otros que hasta ahora no han sido directamente contestados, hay que referirse y una vez más, a nuestra sentencia de 27-7-2023. Expusimos entones que:

"...no estamos ante una de las huelgas sobre las que el legislador se ha pronunciado expresamente sobre su carácter ilícito o abusivo (rotatorias, sectores estratégicos o de celo), debe ser la empresa la que acredite que la intención de los huelguistas es ocasionara la empresa un daño desproporcionado puesto que existe la presunción de licitud y en este punto es donde quiebra el argumento de la mercantil puesto que, con unos servicios mínimos del 90 % no se puede considerar que las consecuencias del conflicto pudieran dañar de esta forma sus intereses..".

Así como que: "...La eficacia de la comunicación a la empresa y la ponderación de otros derechos hacen que sea necesario el conocimiento de quienes están llamados a secundar la huelga. No obstante, el acceso a ese conocimiento no puede encorsetarse formalmente sino que puede adquirirse de distintas formas. El preaviso, por tanto, no se configura como un fin en sí mismo sino como la herramienta que permite fijar los contornos concretos del conflicto así como tener conocimiento de las reivindicaciones que se plantean a la empresa en orden a llevar a cabo la negociación.

Básicamente los trabajadores lo que plantean es que como sus condiciones en estos centros de trabajo son penosas, según su entender, se les deben mejorar sus condiciones salariales retribuyendo el mayor esfuerzo realizado a través de distintos complementos que se detallan en la convocatoria. Ese es el objeto de la huelga y por tanto debe estimarse que el preaviso aportado sí cumple con este requisito...".

Enlazando con lo que antecede: "...No se trata de atacar lo negociado en convenio, sino de obtener unas mejores condiciones para los trabajadores que prestan servicios en estos concretos centros de trabajo al estimarse por los convocantes que sus condiciones de trabajo son más gravosas que en los demás aeropuertos. El objeto de la huelga no es alterar las disposiciones del convenio colectivo en vigor sino obtener para un colectivo claramente diferenciado tanto por el lugar en el que realizan la actividad como por la empresa, mejoras sobre ese convenio...".

Y a modo de conclusión que: "...No existe duda de que los trabajadores tienen derecho a aspirar a mejores condiciones que las fijadas en un Convenio y que el derecho les ofrece herramientas para llevarlo a efecto, entre ellas la huelga...".

QUINTO.- Es el turno del Recurso formulado por el Sindicato ATES. Viene a discrepar jurídicamente de la decisión tomada en la resolución de instancia, al inasumir su oposición a la medida cautelar en su momento acordada por ese mismo Juzgado, mediante auto de 23 de diciembre de 2022.

A tal efecto articula dos motivos. Se sirve de los apartados b) y c), del art. 193, de la LRJS. Este segundo lo aprovecha para denunciar como vulnerados por parte de la sentencia recurrida, del art. 22, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto en relación con el art. 28.2, de la Constitución.

Constituye presupuesto imprescindible para poder analizar el presente Recurso, que los actuaciones afectadas sean recurribles. Cuestión que debe ser valorada y apreciada por la Sala, incluso de oficio.

Para solventar la presente solicitud, deberemos estar a lo dispuesto en el Texto Adjetivo Laboral sin quedar vinculados por el hecho de que el Juzgado de lo Social, decidiera posibilitar la Suplicación. Así, la competencia funcional de la Sala no es disponible por los órganos de instancia y, por tanto, resulta enjuiciable - sentencia 57/2001, del TCo y resolución del TS, de 7-4-2021, rec. 981/2019, por ejemplo-.

Visto lo cual, el que la resolución de instancia decidiera que era recurrible, que se tramitara y formalizara la presente Suplicación sin objeción alguna, incluso que la impugnante nada dijera sobre este específico tema, carece de relevancia argumental.

Sentadas estas bases, la respuesta a la posibilidad de tramitar el actual Recurso ha de ser negativa. Esta decisión entendemos que es congruente con lo establecido por el TS, en la resolución de 19-7-2021, rec. 31/2021. Rechaza esta posibilidad suplicatoria de tratarse en origen de una medida cautelar laboral.

Es cierto que el supuesto que nos ocupa presenta particularidades. Concretamente que el rechazo a la oposición entablada por ATES, entre otros, y frente al auto de referencia, dictado inaudita parte en su momento, se ha resuelto en la propia sentencia de instancia concretamente en su tercer fundamento de derecho. Decisión que su vez viene motivada por la decisión de acumular el conflicto colectivo a tales medidas cautelares por parte del Juzgado de lo Social num. 7; decisión que devino firme al no ser recurridas por los litigantes.

Sin embargo, tales circunstancias no pueden hacernos olvidar que la medida cautelar tiene idiosincrasia propia y que su naturaleza procesal no se modifica porque haya sido solventada en la misma sentencia. Que ello es así se deduce del tratamiento diferenciado que la Magistrada le concede, el antedicho, e, incluso, cuando en la propia parte dispositiva de su sentencia procede a desestimar de manera expresa la oposición al auto de medidas cautelares.

A tal efecto y aunque la cuestión litigiosa no sea la misma, la resolución del TS, de19-10-2022, rec 1363/2018, entendemos que ampara esta distinción.

Recordemos cuando afirma que: "...Si el legislador ha dispuesto que esos aspectos de legalidad ordinaria queden firmes en la sentencia de instancia, no puede ofrecerse un distinto tratamiento jurídico en función de que hayan sido planteados aisladamente o de manera acumulada con la invocada vulneración de derechos fundamentales...".

Idea en la que vuele a incidir la destacar que: "... es una clara manifestación de la voluntad del legislador de negar el acceso a la suplicación de aquellas materias que están expresamente excluidas del recurso, aun cuando la sentencia pudiere ser recurrible por otros motivos y razones diferentes, y tan solo para que pueda ser supervisada en esos concretos y únicos aspectos por el órgano judicial superior.

Una forma de dividir la continencia de la causa de recurrir, permitiendo la suplicación en aquellas materias en los que por su mayor relevancia se considera oportuna admitir esa posibilidad, para negarlo en otras que ya están expresamente excluidas del recurso...".

SEXTO.- Tratándose de un conflicto colectivo, cada parte debe hacerse cargo de las costas causadas a su instancia. En consonancia a lo establecido en el art. 235.2, de la LRJS. Asimismo, la recurrente perderá el depósito efectuado con tal fin. En este caso de acuerdo al art. 204, num. 4, de ese mismo Texto procesal.

Asimismo, la falta de competencia funcional en cuanto al Recurso de ATES no genera responsabilidad alguna sobre el pago de las costas generadas en la presente instancia; al no existir parte vencida desde esa perspectiva procesal.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,