Sentencia Social 90/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 1302/2022 de 03 de febrero del 2023

PRIMERO.- Los Sres. Humberto, Germán y Jeronimo, y la Sra. Marisol solicitaban en la demanda origen de las actuaciones en curso y presentada el 31 de mayo de 2022, que se declarase la continuidad de las relaciones laborales que venían manteniendo con Suministros, Importaciones y Mantenimiento Eléctricos S.A. (Sermicro, en adelante), con la nueva adjudicataria del servicio, o sea Cos Mantenimiento S.A. (Cos, en lo sucesivo), con los mismos derechos y obligaciones que venían disfrutando, o, subsidiariamente, se reconociera la improcedencia de los despidos efectuados y con las consecuencia legales inherentes a esa declaración.

A instancias de Cos, los trabajadores ampliaron su demanda contra Inetum España S.A. (Inetum)

La sentencia del siguiente 27 de julio y del Juzgado de referencia, estimó básicamente esa solicitud al asumir que el despido era improcedente y del cual era únicamente responsable la empresa Cos. Indicaba y tras asumir la excepción de falta de legitimación pasiva propuesta por Inetum y rechazar la de falta acción respecto al Sr. Germán, que se había tenido lugar una sucesión empresarial en la contrata de la que es titular AENA y de la que había hecho caso omiso por parte de la primera de las mercantiles nominadas. Destaca en ese sentido que el servicio informático desarrollado es muy similar; que dicho servicio descansa preferentemente en la mano de obra; que se ha producido una asunción relevante de la anterior plantilla; que no se ha demostrado que los actores no cumplieran el perfil profesional exigido; que la inversión en bienes materiales por parte de Cos están destinados en su mayoría a pagar los salarios; y que los correos electrónicos entre esta última y Sermicro así como la testifical practicada, demuestran que era intención subrogarse en casi toda la plantilla.

SEGUNDO.- Empezando por el Recurso interpuesto por las personas trabajadoras, por razones exclusivamente temporales, el único motivo de Suplicación toma como base el art. 193.b), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

Tiene como objetivo modificar el primer hecho probado. Citan a tal fin los documentos nums. 13, 32, 51 y 63, de su ramo de prueba. El texto que propugnan es el que sigue:

"Dº Humberto comenzó a prestar sus servicios en la empresa SUMINISTROS IMPORTANCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SA (SERMICRO) con fecha 16-8-01, con la categoría profesional de oficial 2ª y con un salario anual de 21.481,22 euros brutos con prorrata de pagas extras (58,85 euros/día).

El actor Dº Germán comenzó a prestar sus servicios en la empresa SUMINISTROS IMPORTANCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SA (SERMICRO) con fecha 16-11-15, con la categoría profesional de Técnico 1-2/E1 y con un salario anual de 19.766,28 euros brutos con prorrata de pagas extras (54,15 euros/día).

El actor Dº Jeronimo comenzó a prestar sus servicios en la empresa SUMINISTROS IMPORTANCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SA (SERMICRO) con fecha 12-1-17, con la categoría profesional de Técnico 3/B2 y con un salario anual de 34.661,16 euros brutos con prorrata de pagas extras (94,96 euros/día).

La actora Dª Marisol comenzó a prestar sus servicios en la empresa SUMINISTROS IMPORTANCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SA (SERMICRO) con fecha 1-3-17, con la categoría profesional de Técnico 1-2/B2 y con un salario anual de 30.781,08 euros brutos con prorrata de pagas extras (84,33 euros/día)."

La petición que formulan sobre un salario superior al declarado probado no puede analizarse en los términos fácticos que nos propone. Cuestión distinta es que hubieran intentado incluir los parámetros de hecho necesarios para luego obtener la conclusión que defiende. Así, la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS, prohíbe incorporar al relato fáctico expresiones predeterminantes del fallo por ser ajenas a su naturaleza - sentencia de 6-11-2020, rec. 7/2019, y entre otras muchas en parecido sentido-. Ello concurriría de aceptar los nuevos y a la par superiores salarios que reivindican. Vista la importancia que tiene ese parámetro en un litigio de estas características. Así como que fue objeto de debate entre las partes; en ese sentido nos remitimos al primer fundamento de derecho de la resolución de instancia; y lo sigue siendo teniendo en cuenta lo alegado en el propio escrito de impugnación presentado por Cos.

TERCERO.- Ningún otro motivo de Suplicación articulan y, sobre todo, que tome como sustento el apartado c), del art. 193; siempre de la LRJS. Ausencia que determina las consideraciones que seguidamente apuntamos:

El principio pro actione no opera con igual intensidad en el acceso al recurso que en el acceso a la jurisdicción -Tribunal Constitucional ( TCo), sentencia 37/1995-. A tal efecto, dicho acceso a los recursos sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de impugnación -TCo, resoluciones 211/1996 y 258/2000-. Por tanto, antes de examinar los motivos formulados por los trabajadores, resulta preceptivo que la Sala compruebe si el recurso de suplicación reúne todos los requisitos legalmente establecidos; o si por el contrario, adolece de defectos insubsanables que harían imposible su examen y conducirían directamente a su desestimación - TS, sentencia de 3-11-20, rec 42/2019-.

Uno de los requisitos esenciales y al ser un recurso extraordinario, es que se fundamente, al menos, en un motivo de violación legal y/o jurisprudencial de los señalados normativamente - art. 196.2, de la LRJS y nuevamente TS, resolución de 3- 11-20-. Necesidad de concreción y precisión de la norma que se considera infringida que se exige en los num. 3 y 4, del art. 479, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Requisito que no se satisface en este supuesto.

Por tanto, no se viabiliza con el simple apoyo de que la resolución impugnada perjudica a los/la ahora recurrentes. Tampoco puede fundarse, exclusivamente, en la modificación de los hechos probados de la sentencia recurrida. Pues tal modificación, por relevante que sea no permite alterar el fallo de la sentencia, sin una alegación precisa y clara de las normas o de la jurisprudencia infringidas que posibilitarían analizar la aplicación del derecho efectuado por la sentencia recurrida y, en su caso, su revocación - TS, sentencia de 3-11-20, una vez más-.

Exigencia con la que no se pretende aplicar a la parte actora un rigorismo puramente formal, que sería contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, y que pudiere dispensarse con una interpretación flexible de los requisitos formales exigibles . Bien al contrario, garantiza ese mismo derecho a la recurrida en tanto que la estimación de un recurso que ha sido defectuosamente planteado, supone dejar en indefensión a la parte contraria. Así, obligaría al Tribunal a adoptar postura de parte -TS, resolución de 26-2-2020, rec. 160/2019-, quebrando el principio de imparcialidad, con el fin de subsanar y de oficio - TS, sentencia de 21-7-2015, rec. 9/2015-, los defectos en los que haya podido incurrir el personal trabajador; viéndose obligado de esa manera a identificar las normas legales que no han sido invocadas en el recurso cuya posible infracción dé lugar a variar la sentencia de origen, y al hilo de ello construir los argumentos jurídicos que conducen a su vulneración que no fueron articulados.

CUARTO.- Tras lo antedicho es el momento de pronunciarnos sobre el Recurso a su vez entablado por Cos.

Sermicro alega y con carácter previo, que ha de ser inadmitido sin más disquisiciones al incumplir los requisitos establecidos en el art. 200, de la LRJS, puesto en relación con los nums. 2 y 3, del art. 196, de ese mismo Texto legal y la jurisprudencia que los interpreta. Referencia esta última que carece de virtualidad al no reseñar ejemplo alguno; así y cuando menos, es preceptiva la cita expresa de las que considere aplicables -TS, resoluciones de 17-7-2006, rec. 172/2005 y 18-12-2006, rec. 24/2006-.

Indica que la recurrente a través de la modificación del relato fáctico que pretende, desvirtúa el propio Recurso ya que por su carácter extraordinario requiere demostrar que existe un error palmario del Juzgador, Juzgadora en este caso, aclaramos. No basta pues, continúa, una revisión generalizada y una valoración exnovo de la prueba practicada como si de un recurso de apelación se tratara. A lo cual añade que son vagas e imprecisas las afirmaciones fácticas que realiza y solo van dirigidas a configurar un relato de hechos probados que se ajuste a la posterior alegación sobre las normas aplicadas.

La petición antedicha tiene que ser rechazada de plano y al carecer de cualquier sustento normativo y/o jurisprudencial. Diremos al respecto y brevemente por las propias características de lo insustancial, incluso insólito, de tal solicitud, lo que sigue:

Aunque las modificaciones fácticas que pudiera Cos haber articulado fueran tan defectuosas como se pretenden por la impugnante, no por ello sería inadmisible la Suplicación. Bastaría con su rechazo. Y, sobre todo, quedaría por solventar el motivo que formula al amparo del art. 193.c), de la LRJS que tiene identidad propia a los fines de un Recurso de esta naturaleza.

Las peticiones revisoras de la relación de hechos probados podrán ser más o menos acertadas. Pero están suficientemente formuladas y en consonancia a lo establecido en el art. 196.3, de la LRJS.

Una solicitud tan taxativa y generalista como la que ahora nos ocupa genera a veces alguna contradicción de quien la realiza. Así, no se entiende desde esa perspectiva exclusoria que cuando la recurrente pretende modificar el ordinal décimo quinto, Sermicro diga y copiamos textualmente "sí debe estimarse". Incluso al principio se pronuncia en idénticos términos respecto al sexto hecho probado -folio 58 de la pieza separada-, para luego "arrepentirse" -folio 60, de esa misma pieza- .

QUINTO.- Aceptado que ha de tramitarse, el primer motivo de Suplicación lo sustenta en el apartado b), del art. 193; nuevamente de la LRJS. Por otra parte, dicha referencia procesal la mantendremos en los siguientes fundamentos de derecho y mientras no digamos lo contrario.

Tiene como objetivo e inicialmente, modificar el segundo hecho probado. No obstante queremos destacar que figura un primer recurso de esa misma empresa, presentado con anterioridad y en el que no figura esta pretensión, pero no excluiremos el actual debate al incluirse en el segundo y en aras a la tutela judicial efectiva - art. 24.1, de la Constitución-. Precisado lo que antecede, destaquemos que cita en ese sentido el documento incorporado a los folios 573, 574 y 575. El tenor de la petición es la siguiente:

"Las empresas IECISA (actualmente INETUM ESPAÑA, S.A) y SERMICRO fueron las adjudicatarias de los servicios de gestión de sistemas H24, SIPA Y UCA desde el 01/02/17.

Para la correcta prestación de los servicios (Gestion de Sistemas h24, Mantenimiento Sipa, y Mantenimiento UCA), con precios de adjudicación independientes, las empresas IECISA Y SERMICRO constituyeron tres UTES diferentes con CIFŽs U087717575, U087717534 y U087717633"

Dicho añadido debemos aceptarlo ya que presenta el necesario refrendo documental.

A lo cual uniremos que tiene relación con el debate suscitado en el actual Recurso y por ende que es necesario para tener todos los datos necesarios para solventar el litigio - TS, sentencias de 25-2-2003, rec. 2580/2002 y 30-9-2010, rec. 186/2009-. E intentando preservar el derecho de defensa de la ahora peticionaria desde la perspectiva de las tesis que articula jurídicamente con posterioridad. Y, claro está, sin perjuicio de la trascendencia final que pudiera tener esa solicitud

SEXTO.- Es el turno del sexto ordinal del relato fáctico y en forma de añadido. Menciona a esos efectos el informe pericial incluido en los folios 1454 y ss. La redacción que promueve es la que a continuación desglosamos:

"Para la correcta prestación del servicio según el contrato y el pliego de prescripción (sic) técnicas la empresa entrante está obligada a desplegar todos los medios materiales y humanos necesarios"

No puede admitirse por su falta de relevancia en sí misma considerada. A tal efecto, el adjudicatario de una contrata normalmente asume ese tipo de obligaciones y en orden a la adecuada prestación del servicio.

SÉPTIMO.- Invoca el séptimo hecho probado y para modificar el primero de sus párrafos. De nuevo toma como referencia el informe pericial relacionado en el fundamento de derecho anterior. El texto que solicita es el siguiente :

"La contrata DTC 366/21 mantiene la misma nomenclatura de los servicios H24, SIPA Y UCA que se venían prestando anteriormente pero añade los siguientes servicios nuevos".

Misma suerte denegatoria ha de correr que el que precede. Así que no se ha modificado la nomenclatura utilizada por AENA sobre tales servicios en la contrata así llamada, se deduce del redactado que se quiere poner en cuestión y justamente de ese primer inciso.

En cualquier caso si sus intereses van más allá y desde luego no se explicarían pormenorizadamente en el motivo en curso y tal como es preceptivo -art. 196.2-, no se demuestra el error sufrido por la Magistrada. Así y acudiendo de nuevo al TS, en este caso a las sentencias de 23-9-2014, rec. 231/2013 y 4-7-2017, rec 200/2016, la revisión fáctica no puede fundarse, salvo en supuestos de error palmario, en el mismo documento y/o informe pericial en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones; recordemos en ese sentido lo afirmado en el antepenúltimo párrafo de la página 11, de dicha resolución. En este mismo orden de cosas, como la valoración de la prueba corresponde a la Juzgadora y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquella por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente -TS, resoluciones de 11-11-2009, rec. 38/2008 y 26-1-2010, rec. 96/2009-. Y siempre sin olvidar lo establecido en el art. 97.2, de la LRJS.

OCTAVO.- Afecta al primer párrafo del décimo quinto ordinal del relato fáctico y para modificarlo. Relaciona con esa finalidad el documento num. 16, de Sermicro, puesto en relación con el cuarto hecho probado. El tenor de lo que propugna se concreta en:

"La empresa SERMICRO tenía adscritos al servicio 243 personas y la empresa COS a un total de 648 personas"

Lo rechazamos. No existe la contradicción pretendida. Lo que dice el cuarto ordinal es que al finalizar la contrata de Sermicro, o sea en mayo de 2022, ese era el número de trabajadores que permanecían en dicha empresa. Mientras que habitualmente eran 274 los contratados y tal como expresa el actual hecho probado. Esa distinción se clarifica en el segundo párrafo, de la página 11, de la sentencia recurrida.

NOVENO.- Pretende añadir un nuevo párrafo al décimo octavo hecho probado y que sería el segundo. Reseña el documento num. 15, de su ramo de prueba. El redactado que persigue es el siguiente:

"Los trabajadores procedentes de la UTE (222) suponen el 34% del total de trabajadores adscritos por COS en la prestación del servicio (648)"

No lo asumimos. Para la defensa de su teoría son más que suficientes los datos numéricos que figuran en el actual hecho probado, puesto a su vez en relación con los que aparecen en cuarto, décimo quinto lugar, y en el décimo sexto, especialmente.

DÉCIMO.- Finalmente, reivindica modificar el primero de los párrafos del ordinal décimo noveno y a la vez incorporar uno nuevo. Invoca el documento incorporado al folio 939 vuelto. Las dos peticiones que articula las concreta y respectivamente, en:

"En el primer año de ejecución del contrato, la empresa COS MANTENIMIENTO, S.A ha invertido 4.572.113 € en bienes materiales. El importe de adjudicación total del contrato a 3 años es de 39.495.043,86 €"

No aceptamos la modificación propuesta sobre el primero de esos párrafos. La resolución de instancia dice basarse en el documento num. 24, de los propios documentos de la recurrente y eso es lo que allí figura a junio de 2022 -folios 1290 a 1292-. El otro extremo se basa en el informe pericial y tal conclusión no se demuestra errónea, pues tan siquiera se intenta combatir la pretendida equivocación de la Magistrada desde esta última perspectiva probatoria.

Siendo la segunda:

"Poniendo en relación el plazo y la cantidad objeto de adjudicación, 3 años, supone que en cada ejercicio el presupuesto es de 11.498.479 €, por lo que la inversión realizada el primer año en bienes materiales es del 39,76%" .

Tampoco lo asumimos. Tal como aparece redactado es una mera conclusión y, por tanto, el lugar adecuado es su fundamentación jurídica.

UNDÉCIMO.- Inetum solicita completar el séptimo hecho probado en su escrito de impugnación y con cita del art. 197.1, de la LRJS. Invoca su documento num. 11, concretamente los folios 2072 y 2075, 1975 y 1976, respectivamente nominados. El texto que promueve es el que sigue:

"...En la cláusula 43 consta que, por razones de seguridad, operatividad y eficiencia, los abastecimientos de energía, agua, mobiliario, informática y comunicaciones serán suministrados por Aena. En concreto, el apartado 2.1.2 del citado pliego prevé que los medios informáticos necesarios para la prestación del servicio serán aportados por Aena.

Por su parte, en la cláusula 2 del pliego consta que el valor estimado del contrato, sin IVA y teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, así como la totalidad de las modificaciones previstas, es de 91.480.434,14 €. De los cuales, los costes laborales referidos a costes sociales, formación, bolsa de horas y otros costes de personal ascienden a 25,934.703,09 € y los costes salariales a 48.164.448,57 €"

Es cierto que esos datos figuran en contrato de referencia. Sin embargo, entendemos que la mención que se efectúa al mismo en el hecho probado original es suficiente para que abarque todo su contenido, mas teniendo en cuenta que nada se excluye de manera expresa.

Por tanto, se rechaza en cuanto redundante. A tal efecto, aquello que ya figura es inútil volver a incorporarlo - TS, sentencia de 8-11-2016, rec. 259/2015-.

DUODÉCIMO.- Volviendo al Recurso entablado por Cos, el último motivo de Suplicación lo sustenta en el art. 193.c), siempre de la LRJS

Estima que la sentencia objeto de Recurso, infringe lo dispuesto en el art. 44, del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Defiende que el supuesto que nos ocupa no puede considerarse como constitutivo de una sucesión de empresas o de sucesión de plantillas. De tal manera que, sigue diciendo, el único despido de los trabajadores demandantes ha tenido lugar por parte de Sermicro y, por ende, no puede declarársele responsable del mismo y tal como judicialmente se ha acordado. Alega en ese sentido que el servicio que le fue adjudicado no descansa en la mano de obra; que realmente pivota sobra la aportación de medios materiales y humanos y por ello, continúa, ha tenido que triplicar la plantilla e invertir en infraestructuras más de cuatro millones y medio en el primer año; que los adjudicados son servicios diferentes, incluso nuevos; que no son divisibles, ni susceptibles de adjudicación independiente y tal como antes acontecía al existir entonces hasta cuatro; que ha tenido que dar formación a los trabajadores provenientes de Sermicro durante varios meses y al ser manifiestamente insuficiente en origen. Para corroborar sus tesis recuerda las sentencias del TS de 29-1-2020 y de 24-9-2020, del TSJ de Extremadura de 9-5-2022, del de Madrid de 22-7-2022 y que además inciden la importancia de delimitar las circunstancias concurrentes en cada caso.

Como explica la resolución de instancia la pretendida sucesión empresarial no tiene como referencia el convenio colectivo de aplicación, Como tampoco y por controvertido que sea en la actualidad, el pliego de clausulas particulares por el que se regula la presente contrata. Es otro el marco del debate; concretamente el de la sucesión de plantillas.

Enlazando con lo anterior, es menester remitirse a la jurisprudencia del TS y como también lo efectúa la sentencia recurrida. Concretamente invoca y trascribe con amplitud, la resolución de 23-3-2022, rec. 3117/2020. De su extenso argumentario nos parece interesante incidir en dos cuestiones. La primera es que la cuestión de la sucesión: "...no se trata de algo que pertenezca al terreno de lo abstracto o dogmático sino al de los hechos y de su prueba. Es decir, el examen de las características de la adjudicación (condiciones de tiempo, exigencias sobre el modo de suministrar los servicios a la empresa principal, dirección del grupo de personas adscrito, adscripción funcional permanente o aleatoria, etc.), de la realidad transmitida (afectación funcional y locativa, medios audiovisuales, programas informáticos, mobiliario para el personal, etc.), del alcance que tenga la asunción de personas (no solo cuantitativa, sino también cualitativa) son aspectos valorables para despejar esa incógnita, que constituye al tiempo un condicionante de la subrogación....". Así como que: "...en sectores donde la mano de obra constituye lo esencial ha de valorarse de manera muy prioritaria el dato relativo al número o condición de quienes han sido asumidos por la nueva empleadora, al margen del título o motivo por el que ello suceda...".

DÉCIMO TERCERO.- Sentadas estas bases, adelantaremos que nuestro criterio coincide con el expuesto por la Juzgadora de instancia. A tal efecto, sus razonamientos no nos parecen arbitrarios sino que han de calificarse de pormenorizados, adecuados y congruentes con la cuestión sujeta a debate.

Nuestro argumentario se concreta en lo siguiente:

Empezaremos por analizar el aspecto cuantitativo del factor plantilla. Conocemos que Sermicro tenía 274 trabajadores adscritos a la contrata denominada DTC 212/16. No obstante y aunque a la postre no sea decisivo, hay que precisar que la titular de la contrata afectante a los servicios de H24, SIPA y UCA no era exclusivamente dicha mercantil, sino una UTE conformada también por Inetum; precisión que efectuamos porque desconocemos como tal los adscritos a esta última y salvo que por error se haya identificado a Sermicro con la UTE y en relación a ese dato, identificación a la que parece apuntar el décimo sexto hecho probado. Con todo, ese número había descendido a 243 trabajadores y con la misma precisión, cuando la contrata estaba finalizando en abril/mayo de 2022.

COS ha contratado a 222 trabajadores que en origen eran de la UTE y aquí ya sabemos que 203 era de Sermicro y 19 de Inetum. Pues bien, si ponemos en relación tales contrataciones con la plantilla de la que nos hicimos eco en el párrafo que antecede, los porcentajes pueden decirse que son muy significativos a los fines que nos ocupan. A tal efecto y como nos especifica la Juzgadora, si tomamos como referencia que el total fuera de 274 trabajadores, el porcentaje de afectación sería del 81,02%, incluso llegaría hasta el 91,35%, de partir de los 243 igualmente ante dichos.

Es cierto que la plantilla de la recurrente y en relación a la actual contrata DTC 366/21, es superior -648 trabajadores-. Por tanto y tal como defiende, si ponemos en relación este otro dato con las contrataciones que anteceden, el porcentaje descendería de manera significativa -34,26%, en concreto-. No obstante, entendemos que ese no es el marco cuantitativo a comparar. Así, hay que recordar que COS ha incrementado los servicios objeto de contrata por exigencias de la contratista y con independencia de otras circunstancias que entendemos no relevantes en este momento. Pero se han mantenido aquellos a los que estaban adscritos tanto los hoy actores como los restantes 222 trabajadores; recordemos H24, SIPA y UCA. Por tanto, la comparación solo puede hacerse en términos homogéneos y dicha homogeneidad determina que volvamos a los porcentajes precedentes.

Pero es que aunque aceptemos a los solos efectos dialécticos el debate en los términos propuestos por COS, también podría hablarse de sucesión de plantillas. En este caso el canon interpretativo sería el de la relevancia cualitativa e igualmente asumido por la jurisprudencia. Partiríamos de los tres servicios involucrados -H24, SIPA y UCA, reiteramos una vez más-, de los trabajadores adscritos en su momento por la UTE para ejecutarlos, y de los a su vez contratados por COS con esa misma finalidad. Llegados a este punto no puede obviarse que esa contratación no obedece, esencialmente, a un rasgo de generosidad por parte de la recurrente, ni tampoco es baladí. Por el contrario cobra especial importancia y pasa a un primer nivel, la experiencia y conocimiento adquirida al desarrollar un trabajo de características muy específicas para la anterior empleadora, por los nuevamente recontratados. Es un factor de especial valor. Más si tenemos en cuenta que las labores a desempeñar podemos calificarlas genéricamente como de informáticas y a la hora de ejecutarlas los conocimientos especializados del personal trabajador pasan a un primer plano y con independencia del concreto material de que se auxilien. No empece lo anterior que el sistema a utilizar con la entrante sea tecnológicamente más sofisticado o avanzado ya que este factor no ha sido decisivo para asumir a los 222 trabajadores de referencia; las posibles diferencias se han solucionado con la pertinente formación -hecho probado décimo séptimo-. Luego y sin olvidar que los involucrados supondrían más de un tercio de la plantilla actual de COS, también cualitativamente resultarían decisivos para la continuidad de la contrata.

Un último apunte. No afecta a lo anterior y tal como pretende la recurrente, el que la contrata que antecedió, es decir la DTC 212/16, se subdividiera en cuatro lotes. Mientras que ahora lo adjudicado a COS sea un todo global. En ese orden de cosas, los tres servicios a los que estaban adscritos los trabajadores de la UTE, se mantienen, incluso con las mismas denominaciones en origen -séptimo hecho probado-, y aunque con posterioridad estuviera previsto la unificación de dos de ellos -UCA y SIPA-. El mejor ejemplo de que no se ha producido una variación sustancial en sus tareas, es la mayoritaria contratación de la que nos hacemos eco en párrafos anteriores.

DECIMO CUARTO.- El siguiente tema a dirimir es hasta que punto lo anteriormente relacionado queda contrarrestado por la infraestructura que COS haya tenido que poner en juego y por mor de la asunción de la contrata.

Nuestra respuesta tampoco es satisfactoria para la recurrente. Como ahora constataremos, se ratifica que la mano de obra es un elemento esencial y a la par sustancial en esta contrata cualitativa y cuantitativamente. Destaquemos a tal fin lo que sigue:

Las principales infraestructuras corren a cargo de la contratista; o sea Aena. Las tareas se desarrollan en locales de su propiedad y con excepción de cuando tiene lugar en remoto, o sea cuando se teletrabaja. Todo ello con independencia de que la contratada asuma los gastos ordinarios generados por su uso. Igualmente es la mercantil antedicha quien facilita el sistema informático; aspecto este de especial importancia dado el tipo de labores a ejecutar.

La recurrente insiste en la inversión que ha tenido que realizar para poner en marcha el servicio y con la finalidad de incidir en su relevancia. Indica que solo el primer año asciende a 4.572.113 €. No obstante y aunque en una primera aproximación dicha suma pudiera calificarse de importante, si la ponemos en relación con la cuantía total de los costes previstos en ese marco contractual no puede considerarse decisiva a los efectos que nos ocupan.

Así y conforme al pliego de cláusulas particulares de la contrata adjudicada, el valor total estimado es de 91.480.434,14 euros, sin IVA. Sin embargo, un porcentaje muy significativo está destinado a sufragar los costes salariales y laborales inherentes a la misma -48.164.448,57 € y 25.934.703.09 €, respectivamente-. Supone un total de 74.099.151,65 €; es decir, un 81 % aproximadamente. Porcentualmente aun puede incrementarse si excluyéramos el denominado "beneficio industrial" a obtener por COS, sobre los 17.381.282,49 € restantes, y con el fin de evaluar la aportación final desde el punto de vista material.

En parecido sentido, el Pliego de Prestaciones Técnicas y redactado también para la nueva contrata, refiere que los costes "por cláusulas de medios materiales" -folios 1012 y 1013-, eran de algo más de unos 211.000 €/mes, o sea también algo más de 2.500.000 al año, y aunque la referencia fueran los que venía asumiendo la UTE por este concepto, hasta entonces la adjudicataria; es decir no son significativos y teniendo en cuenta las otras partidas que acabamos de relacionar. Pero es que aun volviendo a los referidos 4.572.113 €, observamos y de acuerdo al desglose que figura en los folios 1290 a 1292, que son múltiples los gastos a efectuar inicialmente y normalmente por una sola vez, teniendo en cuenta que la contrata tiene una duración prevista de tres años.

DÉCIMO QUINTO.- Con todo, la actuación de COS cuando menos con los ahora demandantes, puede considerarse contraria sus previas actuaciones. Sobre todo respecto a las tesis mantenidas en la vista oral y que, básicamente, perpetúa en la presente Suplicación.

En este orden de cosas y atendiendo a la relación de hechos probados, el noveno ordinal demuestra la intención por parte de la reseñada de mantener la plantilla original de la UTE, "al menos el 75%". Es decir, su mayoría y desde luego un porcentaje relevante desde el punto de vista de la sucesión de plantillas.

Efectuó un proceso de selección de trabajadores procedentes de diversas empresas, entre ellos de la UTE y que finalizó en el mes de marzo. Su resultado fue porcentualmente muy amplio para los trabajadores provenientes de la misma. Lo cual abunda en un aspecto ya resaltado en el fundamento de derecho que antecede, cual es la importancia de su experiencia y conocimiento de los puestos de trabajo desempeñados hasta ese momento. Incluso, uno de los en principio seleccionados fue el Sr. Germán, pero con el que COS no llegó a un acuerdo pues el salario ofertado era inferior al que venía percibiendo -ordinales duodécimo y vigésimo- y con independencia de otras renuncias que debía efectuar, cual era su antigüedad -página 12 de la resolución de instancia-.

Pero y esto aun resulta más significativo si cabe, a los hoy actores no se les rechazó porque la subrogación fuera jurídicamente inviable y tal como ahora sostiene. Sino porque había ya finalizado el proceso antes relacionado y en el mes igualmente indicado -hecho probado undécimo-. Causa esta última de extinción y no subrogación, que no está prevista legalmente.

Visto lo cual y como ya anunciábamos, a los demandantes y a COS les es de aplicación lo previsto en el art. 44.2, del ET.

DECIMO SEXTO.- El rechazo de la Suplicación de la empresa conlleva la condena al pago de las costas causadas en la presente instancia; incluidos los honorarios de las Letradas de Sermicro e Inetum, al igual que del Abogado la parte actora y que debemos cifrar en 800, 800 y 400 euros, respectivamente, atendiendo a la complejidad del asunto y al trabajo desarrollado; todo ello en consonancia a lo establecido en el art. 235.1, de la LRJS. Asimismo, COS perderá las cantidades consignadas y el depósito efectuado con tal fin; en este caso de acuerdo al art. 204, nums. 1 y 4, de ese mismo Texto procesal.

Por el contrario, la falta de asunción del Recurso de los en su día demandantes carece de incidencia a los efectos del pago de las hipotéticas costas que puedan haberse generado en la presente instancia. A tal efecto, recordamos que los trabajadores gozan del derecho a justicia gratuita y en consonancia a lo establecido en el art. 235.1, de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,