Sentencia Social 695/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 123/2024 de 05 de julio del 2024

PRIMERO.-La cuestión debatida en el proceso en curso, de que esta suplicación dimana, tal como ha quedado delimitada en esta sede, y antes en la demanda y juicio oral celebrado, se ciñe a determinar a quién corresponde abonar, y en qué porcentaje, la prestación de incapacidad permanente total que le fue reconocida a Don Yordan derivada de accidente de trabajo por resolución del INSS de 5-9-22 y efectos del 1-9-22.

SEGUNDO.-La sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 23 de los de Madrid el 5 de septiembre de 2023, en sus autos nº 221/2023, aclarada por auto de 4 de octubre de 2023, ha estimado la demanda deducida por la MUTUA COLABORADORA ASEPEYO frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Don Yordan y MECAENVAS SL y, en consecuencia, revoca la resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL por la que se atribuye a la MUTUA COLABORADORA ASEPEYO la responsabilidad del 100% en orden al abono de la prestación derivada de la incapacidad permanente, por accidente de trabajo, declarando la existencia de infracotización con responsabilidad directa de la empresa demandada MECAENVAS SL, correspondiendo a la Mutua colaboradora el abono del 67,53 % y a la empresa demandada, por responsabilidad directa, el abono de la cantidad restante del 32,47 %. Así mismo se declara que, para el supuesto de insolvencia empresarial, corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, como continuador del extinto fondo, el abono de dicho porcentaje, sin perjuicio de poder repercutirlo frente a la empresa, y el anticipo de las entidades gestoras y colaboradoras dentro de sus respectivas responsabilidades.

TERCERO.-Disconformes se han interpuesto sendos recursos de suplicación tanto por la empresa como por Don Yordan, recursos que serán examinados conjuntamente dada su íntima conexión.

El primer motivo de la empresa MECAENVAS SL, dividido en dos apartados, toma como base el apartado b) del artículo 193 LRJS, interesando por una parte la revisión del hecho probado 13º, que dice así:

"En el documento de formalización de la protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, obrante al folio 35/161, no se han cumplimentado los campos referidos a la descripción de trabajos realizados por la misma".

Propone esta otra redacción alternativa:

(Sic) "Queda probado hecho a través de la documental que la mercantil MECAENVAS SL se encuentra dada de alta en la Seguridad Social como actividad reparación de maquinaría".

El motivo se rechaza, dado que de la documental que le sirve de sustento no se aprecia de modo contundente e incuestionable, evidente, patente y directo, indubitado y fehaciente, el error in facto que se achaca a la sentencia, antes bien, se colige del folio 35/161 que en el documento de formalización de la protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no se cumplimentaron los campos referidos a la descripción de trabajos realizados por la empresa que se dejaron en blanco, aparte de que el texto ofrecido es inocuo y redundante, toda vez que el hecho probado 12º señala que en el documento de apertura de cuenta de cotización obrante al folio 33/161 del expediente administrativo, presentado en fecha del 29 de enero de 2004, se hace constar que la empresa tiene por actividad económica la de reparación de maquinaria. De ahí que el iudex a quo, a partir de este hecho probado decisivo en relación con el 16º, enfatice que la empresa figura en el impuesto de actividades económicas con el código CNAE 3312 con tipo de accidente de trabajo de 3,85 % desde el día 17 de febrero de 2022,es decir con posterioridad al accidente de trabajo que da lugar a la baja por IT de 25 de junio de 2020, cuando hasta ese momento se vino haciendo de manera ventajosa para la mercantil demandada con el código CNAE 9512 de reparación de equipos de comunicación por un tipo de 2,60, no haciéndolo así por la actividad real llevada a cabo por la empresa y la consecuencia de ello es que Mecaenvas SL ha incurrido en un supuesto de infracotización que tomando en consideración la divergencia entre los distintos tipos de cotización tiene una repercusión total sobre la base reguladora del 32,47 %. Así, basta realizar una sencilla regla de tres para comprobar que el tipo de cotización por el cual la empresa ha venido cotizando, del 2,60 % representa tanto como el 67,53 % de aquel otro por el que debió cotizar, del 3,85 %. Siendo ello así, el porcentaje de responsabilidad en orden al pago de la prestación derivada de accidente de trabajo debe repartirse tomando en consideración proporcionalmente a la infracotización. Corresponde a la mutua colaboradora el abono del 67,53 % y a la empresa demandada, por responsabilidad directa, el abono de la cantidad restante del 32,47 %.

Por otra parte, dentro del primer motivo, solicita la revisión del hecho probado 14º, pero sin dar una redacción alternativa al mismo, por lo que viene abocado al fracaso. A este respecto la doctrina sobre la revisión de los hechos probados en los recursos extraordinarios en la jurisdicción social, tanto de casación como de suplicación, se reitera en numerosas sentencias de las que se cita la del del TS de fecha 5-6-11 en los siguientes términos:

"(...) El punto de que hemos de partir para dilucidar las múltiples revisiones propuestas no puede ser otro sino el de que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud- art. 97.2 LPL - únicamente al juzgador de instancia [en este caso a la Sala "a quo"], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar un nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación (recientes, SSTS 11/11/09 -rco 38/08 -; 13/07 / 10 -rco 17/09 -; y 21/10/10 -rco 198/09 -). Y como consecuencia de ello se rechaza la existencia de error, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes (entre tantas otras, SSTS 11/11/09 -rco 38/08 -; y 26/01/10 -rco 96/09 - ).

A lo que añadir que la revisión de hechos probados exige los siguientes requisitos: 1º.- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. 2º.- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. 3º.- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; y 4º.- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10 -; 18/01 / 11 -rco 98/09 -; y 20/01/11 -rco 93/10 -). E insistiendo en la segunda de las exigencias se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 -rco 79/05 -; y 20/06/06 -rco 189/04 -".

En el mismo sentido puede citarse la sentencia del TS de 25-6-14 rec. 198/13, que ha declarado lo siguiente:

"(...) El motivo no puede aceptarse porque no se ajusta a las exigencias jurisprudenciales en la materia. Como nos recuerda la reciente sentencia de esta Sala del 24-2-2014 (R. 268/2011 ), " para que un motivo por error de hecho pueda prosperar en casación es necesario, tal como establecen, entre otras muchas, las sentencias de 2 de febrero de 2000 , 8 de marzo de 2004 , 20 de julio de 2007 , 8 de febrero de 2010 y 11 de febrero de 2014 que se cumplan las siguientes exigencias: 1º) que la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) que se identifique el documento y se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) que el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) que el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo".

CUARTO.-En el segundo motivo del recurso, sin amparo formal en ninguno de los apartados del artículo 193 LRJS, MECAENVAS SL aduce que no se acredita haya actuado con ánimo defraudatorio, ocultación o falseamiento; que la Mutua ASEPEYO no puede manifestar ahora en qué epígrafe debería de cotizar ya que tiene los mecanismos suficientes para revisar si las empresas se encuentran ubicadas en un epígrafe erróneo o correcto, con lo que, podría haber detectado, con anterioridad, el posible error de inclusión en el epígrafe adecuado, y sin embargo en el caso que nos ocupa no ha obrado con la debida diligencia.

El reproche se rechaza dado que el art. 196.2 de la Ley Reguladora del orden social requiere que en un motivo de la naturaleza del analizado, el recurrente no sólo identifique la concreta norma jurídica que considera infringida sino que exponga con claridad las razones jurídicas de su oposición a la resolución de instancia, carga que recae sobre dicha parte, sin que el Tribunal de suplicación esté autorizado a apartarse de los términos en los que el debate de fondo ha quedado planteado en el escrito de interposición. Solución distinta implicaría que tuviese que asumir una función de defensa material de la parte, vulnerando el principio de imparcialidad que debe presidir su actuación, y supondría improcedente aplicación de la regla "da mihi factum, dabo tibi ius" (dame el hecho y aplico el Derecho), en relación con el principio "iura novit curia" (el órgano judicial conoce el Derecho), que según una doctrina jurisprudencial constante y notoria, no rigen en los recursos extraordinarios, lo que es lógico pues el Tribunal "ad quem" no está habilitado para indagar de oficio posibles fundamentos distintos de los invocados por el interesado. Lo contrario iría además en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte que no podría oponerse tan siquiera a los argumentos desplegados por la Sala para acoger el recurso.

QUINTO.-El tercer motivo del recurso de MECAENVAS SL, una vez más sin amparo formal en ninguno de los apartados del artículo 193 LRJS, denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial que cita, sosteniendo se encuentra bien ubicada en el epígrafe correspondiente, puesto que el alta y reanudación de su contrato con las mutuas recoge siempre la misma actividad: "reparación de maquinaria".

Por su parte el trabajador Don Yordan, que ha sido declarado afecto de IPT derivada de la contingencia de accidente de trabajo, además de adherirse en su escrito de impugnación al recurso a la tesis de la empresa, solicitando la desestimación de la demanda de la Mutua, formula su propio recurso de suplicación denunciando en un exclusivo motivo, canalizado por el apartado c) del artículo 193 LRJS, infracción del artículo 61.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por RD 1993/1995, que remite al art. 126.3 de la LGSS/1994, dado que los supuestos de incumplimientos empresariales por consignación de datos que no se ajusten a la realidad en el "documento de asociación" ( art. 62 RD 1993/95), han de ser interpretados conforme a la jurisprudencia elaborada en las sentencias de la Sala IVª del TS 18-2 2008, 12-9-2009 y la doctrina de los TSJ de Justicia, del País Vasco de 17-10- 20017, de Cataluña de 5-3-2007, Galicia de 8-3-2012, así como del art. art. 219 de la LEC y 97 de LRJS, por incurrir la sentencia en incongruencia

Defiende, en primer lugar, que la demanda no plantea en ningún caso la existencia de ánimo defraudatorio de la empresa MECAENVAS SL al suscribir el documento de asociación dirigido a la MUTUA IBERMUTUAMUR, con quien inicialmente suscribió la asociación del riesgo de accidentes de trabajo, por lo que deviene incongruente la sentencia que así lo aprecia.

Además, sostiene que la Mutua demandante ha tenido tiempo suficiente desde el 29 de enero de 2004 (fecha de registro de la asociación empresarial) hasta la fecha del accidente de trabajo (25 de junio de 2020) para revisar el anexo al documento de proposición de asociación requiriendo a la empresa la subsanación en orden a cumplimentar te debidamente dicha documento y, en segundo lugar, porque la descripción de los trabajos o industria objeto de gestión no determina el coeficiente de cotización sino la actividad de la empresa (reparación de maquinaria). En su opinión, la Mutua no ha obrado con diligencia en la revisión de la documentación de asociación empresarial cuando no lo ha detectado hasta después del accidente del trabajador ocurrido el 25 de junio de 2020.

SEXTO.-La resolución recurrida no ha incurrido en ninguno de los defectos de los que se le acusa.

En lo tocante a la incongruencia de la sentencia es preciso comparar la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005).

Las sentencias han de ser claras, precisas, motivadas exhaustivas y congruentes, ( art. 218 LEC) pudiendo ser aclaradas en los supuestos prevenidos en el art. 267 LOPJ (conceptos obscuros, materiales y aritméticos). La congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido». Recordaba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde pronunciamientos aún iniciales como la STC 20/1982, de 5 de mayo en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia es definido como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy numerosas las decisiones del TC en las que ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que aquí interesan, en los siguientes puntos: a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi. b) Dentro de la incongruencia se distingue, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. De otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el hecho tercero de la demanda fundamenta la pretensión en que se ha producido infracotización por la empresa demandada atendiendo a que su actividad es el "mantenimiento y reparación de maquinaria industrial",CNAE 3312, con un tipo de cotización del 3'85 %; sin embargo, la mercantil demandada ha cotizado por el CNAE 9512, "reparación de equipos de comunicación",por un tipo del 2'60 %, lo que supone una infracotización del 1'25 %.

Y es a partir de estos datos por los que considera la Mutua existe una responsabilidad empresarial por infracotización del 32'47 %, y debe declararse a cargo de la empresa ese porcentaje de la IPT declarada al trabajador, limitando la responsabilidad de Asepeyo al 67.53% de la IPT reconocida. Significar que estos datos han quedado acreditados por la sentencia recurrida, y en función de ello estima la pretensión rectora del proceso en curso, no incurriendo en ninguna clase de incongruencia concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido. A ello no obsta que la sentencia recurrida, en aplicación de principio iura novit curia, haya fundado el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, de ahí que, ex abundancia, considere haya existido ánimo defraudatorio imputable a la empresa, sin que con ello quiebre el deber de congruencia establecido en el artículo 218 LEC, razonando en un juicio de inferencia lógica, compartido por la Sala, que:

"En el presente supuesto acontece un hecho que debe destacarse, tal y como se hace constar con el valor de hecho probado, Mecaenvas SL figura de alta en el impuesto de actividades económicas con el código CNAE 3312 con tipo de accidente de trabajo de 3,85 % desde el día 17 de febrero de 2022. De ello se infiere, en una primera aproximación a la cuestión debatida, acudiendo a la doctrina de los actos propios, que la empresa ha realizado una variación sobre la actividad declarada, acogiéndose, con posteriodad al accidente de trabajo, al código de actividad postulado por la mutua demandante.

(...) El CNAE correspondiente a la actividad inicialmente declarada era el 9512, de "reparación de equipos de comunicación", para el que se establece un tipo de cotización del 2'60 %.

Por el contrario, se estima, a tenor de los diversos certificados, informes y documentación que se hace constar en los hechos probados, que se debió cotizar de conformidad con la actividad real realizada por la empresa, "mantenimiento y reparación de maquinaria industrial", CNAE 3312, extremo corroborado ex post, por la propia variación efectuada por la empresa.

La consecuencia jurídica que cabe anudar a la anterior calificación es la de reputar que la empresa Mecaenvas SL ha incurrido en un supuesto de infra cotización que tomando en consideración la divergencia entre los distintos tipos de cotización tiene una repercusión total sobre la base reguladora del 32,47 %.

(...) No puede compartirse la tesis de las codemandadas al sostener que el error no determinaría la responsabilidad empresarial. Se aprecia una total y absoluta descorrelación entre las tareas realizadas por la empresa y las cotizaciones satisfechas en atención a los distintos epígrafes. Es difícil sostener que se trate de actividades tangenciales y que no hubo un propósito de reducir el coste social que representar para la empresa el cotizar con arreglo al tipo más elevado.

La prueba practicada pone de relieve que hay una total y absoluta divergencia entre la actividad declarada (al menos a tenor del epígrafe), la de "reparación de equipos de comunicación", para el que se establece un tipo de cotización del 2'60 % y la efectivamente realizada, la de "reparación de maquinaria industrial". Media una importante diferencia entre las actividades, desmintiendo de forma abierta y evidente, los contratos y tareas propias de la empresa, la tesis del error en el acto de identificación de la actividad.

Destaca que la empresa no cumplimentase los campos expresamente previstos en el documento de formalización al que se hace referencia en los hechos probados. Paradójicamente, el error no da lugar a un exceso de cotización, sino a todo lo contrario. Del mismo modo, es tan evidente para la empresa que los trabajos acometidos no se realizaban en el ámbito de las comunicaciones que, en efecto, acudir a un epígrafe previsto para tal sector, permite concluir que se selecciona un epígrafe que permite reducir los costes sociales a expensas de no responder a la realidad de los servicios que presta la empresa. Como se dijo, no se trata de una actividad que pueda estar comunicada tangencialmente, si bien se trata de la reparación, ninguna relación guarda la de equipos de comunicación con la industrial, por razones evidentes.

Por ello se estima que sí hubo un ánimo defraudorio imputable a la empresa que no pudo ser detectado por la mutua colaboradora, que obró en la creencia de que la empresa se dedicaba a la actividad declarada. Resulta ilusorio pensar que la Mutua colaboradora, que carece de los mecanismos de control y supervisión con los que cuentan las entidades gestoras, tuvo a su alcance la posibilidad de constatar la conducta defraudatoria imputable a la empresa. Por esta razón se considera que no es aplicable a este proceso lo señalado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de junio de 2009 ".

Tampoco ha incurrido la Mutua demandante en una falta de diligencia a ella achacable, que obró en armonía y concordancia con la información que le fue trasladada, máxime cuando según el firme hecho probado 13º en el documento de formalización de la protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, obrante al folio 35/161, no se han cumplimentado los campos referidos a la descripción de trabajos realizados por la mercantil demandada, la cual, por cierto, consciente de que no cotizaba con el código correspondiente a su actividad económica real de mantenimientos de equipos y maquinaria industrial, eso sí, ex post facto al accidente de trabajo acaecido, ha cambiado de código de cotización figurando de alta en el impuesto de actividades económicas con el código CNAE 3312 con tipo de accidente de trabajo de 3,85 % desde el día 17 de febrero de 2022.

Por último, mal cabe colegir se haya infringido la jurisprudencia emanada del órgano de casación social denunciada (entre otras SSTS, 4ª de 18-2-2008 y 13-10-2009) al evidenciarse en la relación de probanzas (hechos probados 13º y 16º) un ánimo intencional defraudador recogido por la disposición reglamentaria [el art. 94.2.c) del Texto Articulado I de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social , aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de abril], y dado que el art. 61.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por RD 1993/1995, remite al art. 126.3 de la LGSS/1994 para los supuestos de incumplimientos empresariales, y evidentemente la consignación de datos que no se ajusten a la realidad ( art. 62 RD 1993/95) da lugar a responsabilidad empresarial.

Ampliando lo anterior, debemos explicar brevemente nuestra tesis. Así, aunque el art. 195, del Real Decreto Legislativo (RDLeg) 1568/80, permitía en el trámite impugnatorio adherirse al Recurso, esa posibilidad desaparece posteriormente. Y, desde luego, con la entrada en vigor del también RDLeg 521/90, hasta ahora art. 194. Imposibilidad que permanece en la Ley procesal actualmente aplicable.

Este debate se había suscitado con anterioridad, lo que llevó al extinto Tribunal Central de Trabajo a rechazar esta posibilidad en su sentencia de 2-5-86, RA 2322; que, a su vez, excluye la aplicación subsidiaria de los arts. 858 y 892, de la también derogada Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 1881, ya que las prescripciones de la Ley procesal laboral: "son completas sin adolecer de vacios y cuya naturaleza impugnatoria es extraordinaria y no ordinaria". En ese mismo sentido, resaltaremos que los preceptos de la LEC que acabamos de mencionar, no fueron trasladados a la LEC 1/2000. Asimismo, el actual art. 461, tampoco contempla esa posibilidad, pues solo se refiere a la "oposición al recurso".

En definitiva, se impone desestimar los dos recursos y confirmar la sentencia de instancia, al haber incurrido la empresa demandada en responsabilidad por infracotización.

Procede la condena en costas de la empresa MECAENVAS SL ( art. 235 LRJS) por importe de 400 más IVA, así como la pérdida del depósito recurrir ( art. 202.4 LRJS) , comprendiendo las costas los honorarios de la letrada de la Mutua que lo impugnó, pero no así respecto a los honorarios reclamados en su escrito de impugnación por el letrado de Don Yordan, dado que se adhirió al recurso de la empresa no mostrando una actitud discrepante o de oposición al mismo.

Sin que quepa la condena en costas por el recurso promovido por Don Yordan al tener ex lege reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,