Sentencia Social 46/2024 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 362/2023 de 19 de enero del 2024

PRIMERO: Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, se dictó Sentencia el día 16/02/2023, en el Proceso nº 284/2021 , sobre despido , acordando la desestimación de la demanda en la que se pretendía que se dictara Sentencia por la que declare la nulidad del despido o, subsidiariamente la improcedencia con vulneración de derechos fundamentales por los cuales se interesó una indemnización adicional de 6250 euros, condenando a los demandados a estar y pasar por ello con las consecuencias legales y económicas inherentes a dicha declaración.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, basándolo en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.

B) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

C) Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida. El Ministerio Fiscal también interesó la confirmación de la sentencia en cuanto que no apreció la vulneración de derechos fundamentales del artículo 24 de la Constitución, concretamente, la garantía de indemnidad.

SEGUNDO: Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.

La parte recurrente entiende que debe procederse a la reposición de los autos al momento anterior al dictado de la sentencia ya que en esta se ha producido la infracción del artículo 105.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al admitirle al demandado que, en defensa de la carta de despido, "trajera los despidos realizados a otros trabajadores de la empresa a lo largo del año 2021".

Por lo que se refiere a la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, esta impugnación procesal reviste las siguientes especialidades:

1. En cuanto a las exigencias para su apreciación, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia no es apreciable de oficio salvo si afecta a algún presupuesto procesal -como sería el caso de vulnerar la cosa juzgada-, pero el alegato de infracción, a diferencia de la infracción de otras normas o garantías del procedimiento, no exige:

a) Ni acreditar existencia de indefensión -pues esta se presume cuando concurre la infracción-.

b) Ni tampoco formular protesta -porque, al no poderse hacer con anterioridad, la denuncia del vicio se hace directamente al anunciar e interponer recurso de suplicación-.

2. En cuanto a los efectos de su estimación, no conducen, como es la norma general para todos los demás motivos de impugnación procesal, a la nulidad de actuaciones, sino a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Esta solución se exceptúa cuando ( LRJS art.202.2):

a) Es insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida.

b) No se pueda completar por el cauce procesal correspondiente, acordando entonces la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones.

Descendiendo ya al caso que nos ocupa, este primer motivo del recurso está abocado al inmediato fracaso.

La parte recurrente confunde la sede procesal correcta. En efecto, la denuncia normativa que hace no es más que una cuestión de legalidad ordinaria sin trascendencia constitucional. Si el Juzgador ha incorporado a los hechos probados algo de lo que relata la recurrente, esta podrá combatirlo a través de la revisión de los hechos probados o de las censuras jurídicas que considere oportunas pero en ningún caso se trataría de una lesión de calado constitucional. En cualquier caso, la nulidad pretendida es inviable pues, con total independencia de lo que resulte del examen de la revisión de los hechos probados que se ha pedido, los que constan como tal en la sentencia nos permitiría resolver dentro de los términos propios del debate de conformidad con el artículo 202.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Añadimos que dado que se trata de una aportación documental que se hizo en el acto del juicio, como quiera que la parte recurrente debió examinar la que aportó la empresa demandada, debió formular, si consideraba que su admisión era improcedente, la oportuna protesta a efectos del recurso de suplicación.

TERCERO: Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

En Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que "el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

En este caso, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, por la recurrente se solicita la modificación de los hechos probados en los siguientes términos:

1º. Modificación del Hecho probado Primero.

Pretende añadir lo siguiente , basado en su documento nº 2: "... con cláusula de no competencia postcontractual que obliga a la trabajadora durante un período de 60 meses desde la fecha de terminación de su relación laboral a no poder tener relación profesional con ninguna persona física o jurídica que al momento de finalización del contrato de trabajo estuviera relacionada directa o indirectamente con el sector de la fabricación y elaboración de zumos, bebidas o cualquier procesado de mezclas de frutas o vegetales".

Visto ello, la Sala debe rechazar lo solicitado. Hay que recordar que lo que se quiere ahora añadir es algo novedoso pues ni siquiera en la demanda rectora de las actuaciones se hizo referencia a ese pacto de no competencia para después de terminado el contrato, sin que en los hechos probados exista rastro de que esa discusión existió, como tampoco la hay en los razonamientos jurídicos de la sentencia de instancia. De hecho, en el Fundamento de derecho Primero se dice que el ordinal Primero de la crónica fáctica se conformó en base a los datos de la demanda, con los cuales se mostró conforme la empresa demandada. Ni de ese razonamiento ni de en ningún otro, se desprende que la existencia de ese pacto de no competencia fuera objeto de debate en el juicio.

2º. Modificación del hecho probado Quinto.

Se propone adicionar lo siguiente, como encabezamiento del ordinal: "Tras la presentación de Demanda de Conciliación de la Vida Laboral cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Social Nº 2 de Murcia Autos PEF 702/2020 mediante escrito de 11/12/2020 la empresa comunicó a la trabajadora lo que sigue:

"Muy Sra. Nuestra:

En relación con su escrito....."

La revisión se pide en base al documento nº 6 de la parte actora.

Visto ello, el Tribunal entiende que ello no es posible. En primer lugar, no se nos dice que trascendencia tendría ello para la modificación del Fallo de la sentencia de instancia y, además, que la petición de la trabajadora dio lugar a un proceso ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia ya consta en el hecho probado Sexto.

3º. Modificación del hecho probado Séptimo:

Se solicita que la redacción de este ordinal sea la siguiente: "Los resultados económicos de la empresa demandada entre el 1/7/2019 y el 31/12/2020 son los que siguen: Período comprendido entre el 1/7/2019 y el 30/6/2020, - 3.286.822,97 €; período comprendido entre el 1/7/2020 y el 31/12/2020, - 209.421,28 €, cifra muy inferior a la recogida en la Carta de Despido en la cual se recogía como pérdidas la cuantía de - 1.533.432,21 €".

Lo funda en los documentos 61 a 89 del ramo de prueba de la parte demandada.

La Sala considera que lo que se pide es inaceptable. En primer lugar, la redacción propuesta es valorativa y, sobre todo claramente predeterminante del Fallo cuando se utiliza la expresión " .. cifra muy inferior a la recogida en la carta de despido en la cual se recogía como pérdidas la cuantía de 1.533.432,1 euros". En segundo lugar, añadir esta última cita es innecesario si ya consta en la carta de despido.

4º Modificación del hecho probado Cuarto.

La parte recurrente solicita que ese ordinal tenga la siguiente redacción: "Durante el ejercicio del 1/1/2021 al 31/12/2021 la empresa tuvo un resultado económico muy inferior de pérdidas, tan sólo -609.180,14 € y un aumento de su plantilla de 20 trabajadores Fijos y 21 trabajadores no fijos".

Lo basa en el documento nº 5 de la parte demandada.

Visto ello, rechazamos lo pedido pues, fundamentalmente, se incurre en el error de no señalar la trascendencia que la modificación pedida tendría para cambiar el signo del Fallo de la sentencia del Juzgado y, además, también es una redacción valorativa y predeterminante del fallo cuando se dice " ...muy inferior de pérdidas".

En consecuencia, el relato de hechos de la sentencia recurrida queda inalterado ya que:

1ª) Las características del Orden Social de la Jurisdicción exigen al Juez de Instancia la construcción de un relato de hechos probados suficiente, no solo para la Sentencia que debe dictar, sino también para el órgano de Suplicación a la hora de resolver el Recurso. Ahora bien, la construcción judicial fáctica no tiene por qué ser extenuante en el sentido de que el Juzgador tenga que recoger en su crónica todos y cada uno de los documentos y demás medios probatorios aportados por los litigantes y si, únicamente, aquellos que considere de trascendencia para resolver el debate.

2ª) En cumplimiento de lo anterior y con amparo en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Magistrada de Instancia ha dado por probados aquellos hechos que consideró esenciales para dictar Sentencia, la cual es producto de un examen racional, comparativo y crítico de todo el conjunto probatorio que se puso a su disposición.

3ª) Esta Sala ha fijado una Doctrina constante conforme a la cual no es sustituible el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses (S.T. Sala de lo Social del T.S.J. de Murcia de 10/11/2020. Rec. 101/2019).

CUARTO: Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B) Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

Censuras jurídicas de la parte recurrente.

La parte recurrente entiende que la sentencia recurrida infringe los artículos 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los artículos 51.1, 53 y 55.5 b) de la misma norma y, literalmente, "la Jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia". No obstante, luego cita correctamente las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que considera vulneradas.

Eran dos las causas en las que se basó la parte demandante.

Acerca de la nulidad del despido.

Por un lado, se pedía la nulidad del despido porque a su entender la empresa había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de la garantía de indemnidad, al despedir a una trabajadora con reducción de jornada por guarda legal de un menor sin existencia de causa, provocando la nulidad objetiva del despido.

El Juzgador de instancia desestimó esta pretensión, con argumentos que ratificamos. En efecto, se dice en la sentencia recurrida, que es cierto que en el caso de autos la decisión de despedir a la trabajadora, materializada en la carta de 12/3/2021, estuvo precedida por una demanda interpuesta por ésta en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que dio lugar a un procedimiento judicial que concluyó el 28/1/2021 mediante conciliación de los litigantes. Sin embargo esta circunstancia no basta por sí sola para estimar vulnerada la garantía de indemnidad e infringido el principio de igualdad, pues no se ha constatado ninguna circunstancia añadida reveladora de la voluntad empresarial de represaliar el ejercicio de sus derechos por parte de la trabajadora. Para la Sala el hecho de que el litigio ante el Juzgado de lo Social nº 2 terminara con una conciliación, es muestra que no hubo una voluntad totalmente obstativa al reconocimiento del derecho pues la empresa manifestó, y no consta que ello fuera rebatido por la trabajadora, que la petición de ésta ya estaba reconocida desde el 15/12/2020 sin ningún tipo de restricciones y objeciones. Ello es un dato relevante para considerar que con la decisión del despido no hubo ánimo de represalia.

En ese sentido, hay otros datos de relevancia. La recurrente no fue la única trabajadora despedida por causas económicas y organizativas, ya que en la misma fecha que ésta, también fue despedido en razón a idénticos motivos el Director del Departamento de Calidad, dato este también relevante al estar la actora adscrito al mismo. Posteriormente, durante 2021 vieron extinguidos por tales razones sus contratos otros cuatro trabajadores, dicho esto a los solos efectos de apreciar la ausencia de ánimo de represalia de la empresa. La inexistencia de este se justifica también porque la decisión impugnada por la recurrente se produce, no por ninguna reclamación de la trabajadora, sino a resultas de una causa preexistente, como es la existencia de pérdidas económicas.

En este tipo de acciones de nulidad del despido, y en aplicación del artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es exigible a la parte actora la aportación de indicios discriminatorios, los cuales no se aprecian en el presente caso. Aunque se considerara que el proceso seguido ante el Juzgado de lo Social nº 2 tiene la naturaleza de indicio, el comportamiento empresarial descrito acredita, destruyendo tal indicio, la inexistencia de la vulneración de la garantía de indemnidad. Se dio pues cumplimento a la carga probatoria que se impone a las empresas en el artículo 53. 4º c), párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores.

Sobre la improcedencia del despido.

La empresa demandada fundamentó su decisión extintiva en causas objetivas de carácter económico y organizativo, en una carta que se reproduce literalmente en los hechos probados.

El Magistrado del Juzgado de lo Social desestimó la pretensión de declaración de improcedencia del despido al entender que las razones empresariales estaban justificadas.

En el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores se dice, a propósito de este tipo de despidos, lo siguiente:

" Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado".

En cuanto a los despidos por causas económicas, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 10/10/2023, ha establecido lo siguiente: " 2.- En punto al control de razonabilidad de las medidas extintivas que pudiera adoptar una empresa con fundamento en las causas establecidas en el artículo 52.c) ET (EDL 2015/182832) (que remite directamente al artículo 51 ET (EDL 2015/182832)), la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 (EDJ 2018/572074); 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 (EDJ 2018/571959) y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 (EDJ 2020/739586); entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE (EDL 1978/3879)) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981, de 2 de Julio ( EDJ 1981/22) ; 125/1994, de 25 de Abril (EDJ 1994/3630) ; y 192/2003, de 27 de Octubre (EDJ 2003/108861)) , porque tanto exigencias constitucionales como compromisos internacionales, hacen que rija entre nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma, lo que no significa que no hayan de tenerse en cuenta los derechos constitucionales de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad, pero sí que se ha de atender a la necesaria concordancia entre los artículos 35 y 38 CE . Igualmente, a la misma conclusión hemos de llegar por la directa vía de aplicar los citados principios generales de Derecho Común en el ejercicio de los derechos subjetivos, y muy particularmente tanto el que impone que el mismo haya de llevarse a cabo "conforme a las exigencias de la buena fe" ( Artículo 7.1 CC (EDL 1889/1)), cuanto el que prohíbe el "abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo" ( Artículo 7.2 CC (EDL 1889/1)).

Y al efecto no cabe olvidar que la actuación conforme a las exigencias de la buena fe es un principio general positivizado en el referido artículo 7 CC , precepto al que la doctrina atribuye cualidad de norma cuasi-constitucional, en tanto que constituye el límite institucional o intrínseco de todo derecho subjetivo, de toda situación de poder jurídico, cualquiera que sea la calificación jurídica que el mismo tenga [derecho; facultad], hasta el punto alcanzar incluso a los derechos fundamentales contemplados en la CE, en cuyo ejercicio se someten - como afirma el máximo intérprete de la Constitución- al control de actuación acomodada a la buena fe; de manera que a la hora de determinar la licitud o ilicitud del ejercicio del derecho, es la buena fe a la que hay que atender para determinar el ámbito de actuación Criterio permitido.

3.- Como ponen de relieve nuestras sentencias precitadas, los preceptos anteriormente reseñados -de orden constitucional y común- constituyen insuperable obstáculo para limitar el control judicial a la exclusiva apreciación de la concurrencia de la causa como simple dato fáctico justificativo de la medida extintiva, prescindiendo de la entidad -cualquiera que ésta fuese- de la reacción adoptada por el empresario para corregir la crisis padecida, sino que muy contrariamente imponen un juicio de "razonabilidad" acomodada a los referidos mandatos, plenamente ajustado a nuestro sistema jurídico constitucional y ordinario"

El citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1). - Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2).- Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3). - Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 (EDJ 2014/17352 )-; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial.

Pues bien, atendiendo a la necesidad de ese juicio de razonabilidad, y teniendo en cuenta que, tal como dijimos en nuestra sentencia de 15/03/2022, citando la sentencia de 21/12/2012 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, " el control judicial previsto en la ley para determinar si las medidas adoptadas por la empresa para «superar» las dificultades que impidan su buen funcionamiento se ha de limitar en este punto a comprobar si tales medidas son plausibles o razonables en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajustan o no al estándar de conducta del «buen comerciante» (véanse las SSTS 10/05/06 -rcud 725/05 -; 31/05/06 -rcud 49/05 -; y 02/03/09 -rcud 1605/08 " , en el presente caso debemos coincidir con el Juzgador de instancia en los argumentos utilizados.

Se dio por probado que ha existido una situación económica negativa desde el 01/07/2019 al 30/06/2020, con unas pérdidas de -3.286.822,97 euros, y también el periodo de 30/06/2020 al 31/12/2020 por importe en cuantía de -1.533.432,21 euros, lo que ha obligado a la mercantil demandada a llevar a cabo una reorganización para mantener su viabilidad, al unificar los dos departamentos en que dividía su actividad, amortizando el puesto de Director del Departamento de calidad, al que estaba adscrita la actora, cuyo puesto también quedó amortizado, dato este que, como ya dijimos, nos parece verdaderamente relevante para justificar una necesaria reorganización de la mercantil.

Por último, en cuanto a lo que la recurrente llama "vulneración de la prohibición de despedir", en relación con la pandemia COVID 19, no se cita ninguna norma específica de la llamada "legislación COVID", por lo que, por esta sola esta razón, al no cumplirse con la obligación procesal de citar la norma jurídica infringida, ya debemos desestimar esta alegación.

No obstante, debemos citar la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19/07/2023, Recurso 2092/2022, donde se ha dicho que "El artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 (EDL 2020/7728 ) establecía:

"La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".

La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 239/2022, de 16 de marzo (rec. 265/2021), compendia la doctrina jurisprudencial sobre esta materia, con cita de las sentencias del Pleno de la Sala Social del TS 1276/2021, de 15 diciembre (rec. 196/2021) y 1281/2021, de 16 diciembre (rec. 210/2021):

a) El artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020 no es aplicable cuando el origen de las causas económicas o productivas que justifican el despido se hubiera iniciado antes de la pandemia y trajeran causa de una crisis estructural propia o sectorial, pero no en la crisis sanitaria.

b) Si concurren las causas coyunturales previstas en los artículos. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 no se considerará justificado el despido o la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, sino que dichas circunstancias facultan, en su caso, para proceder a la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor (artículo 22) o para la suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 23).

c) Cuando la empresa acredita la existencia de una situación estructural, sí que puede acordar el despido colectivo.

d) En los despidos colectivos realizados durante la vigencia de la pandemia que estén relacionados con el COVID-19, incumbe a la empresa acreditar, con arreglo a las reglas de carga de la prueba del artículo 217 LEC (EDL 2000/77463) y, en particular, la facilidad y disponibilidad probatoria, que las circunstancias que motivaron el despido colectivo son estructurales y no meramente coyunturales: que las medidas de flexibilidad interna de los artículos 22 y 23 del Real Decreto- ley 8/2020 son insuficientes para paliar su situación crítica. Si así lo hace, cumpliendo con el resto de requisitos legales, la calificación del despido no podrá ser otra que la de ajustado a derecho [ sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 168/2022, de 22 febrero (rec. 232/2021)].

En el caso examinado, no se ha vulnerado el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, puesto que las causas económicas invocadas por la empresa se iniciaron antes de la declaración del estado de alarma por el Covid-19, ya que la situación de pérdidas existe desde el 1/7/2019.

Por todas estas razones, la Sala considera que no se ha producido ninguna de las infracciones jurídicas y jurisprudenciales denunciadas en el recurso, por lo que este debe ser desestimado, quedando confirmada la sentencia de instancia.

QUINTO: Costas.

De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción no procede la imposición de costas a la parte recurrente al gozar del beneficio de justicia gratuita.