Sentencia Social 2768/2023 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1378/2023 de 12 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La resolución judicial de instancia ha desestimado la pretensión de la trabajadora demandante que con categoría profesional de dietista presta servicios en la administración local del Ayuntamiento de Vitoria y solicita que la determinación de contingencia del periodo IT, que va desde el 20 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2022, lo sea por la contingencia de accidente de trabajo. La juzgadora de instancia una vez rechazada la acumulación de acciones que peticionaba originalmente (e insistirá en el recurso) la trabajadora demandante, por cuanto solicita el recargo de prestaciones del 30 al 50% con cargo a su empresa, entiende que estamos ante un cuadro de DIRECCION001, cuya exclusiva consideración común queda acreditada, por cuanto no hay percance, circunstancias específicas más allá de las relaciones personales interiorizadas o vivencias subjetivas que delimita como elementos ajenos al ámbito profesional y que coincide con otros aspectos familiares personales históricos y distintos de la contingencia profesional.

Disconforme con tal resolución de instancia, la beneficiaria plantea recurso de suplicación en un escrito de 43 folios que articula a través de dos motivos anulatorios, siguiendo el párrafo a) del artículo 193 de la LRJS, séis motivos de revisión fáctica y finalmente, otros cuatro motivos de revisión jurídica siguiendo los párrafos c) de dicho artículo.

Existen impugnaciones de la Administración Local y de MUTUALIA.

SEGUNDO.- El motivo de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes. Sin embargo este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1ª) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 y 6 de junio de 1990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Insiste la recurrente en la existencia de una infracción procesal sobre acumulación indebida de acciones, por cuanto considera que pueden ser objeto de validación y estudio no solo la determinación de contingencia, sino también el recargo de prestaciones, desoyendo con ello la argumentación excelsa que ha desarrollado la juzgadora de instancia en su fundamento de derecho segundo tras citar, no solo el artículo 26 de la LRJS, sino su doctrina jurisprudencial en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2016 R-424/2016, que simplemente damos por reproducido. Esta sala no puede adentrarse en suposiciones subjetivas e interesadas respecto de reclamaciones acumuladas que caprichosamente pretende reproducir la recurrente cuando los modelos y modalidades exigen procesos diferenciados.

Del mismo modo, debemos desestimar la segunda infracción procesal anulatoria que advierte sobre una falta de pronunciamiento respecto de la ampliación de la demanda habida el 23 de noviembre del 2022, por cuanto considera que la juzgadora de instancia incumple la tutela judicial efectiva y guarda silencio respecto de la correspondiente denegación expresa del INSS extemporánea y tardía. Sin embargo, nuevamente debe desestimarse dicha proposición anulatoria, por cuanto no hay ninguna incongruencia omisiva del órgano judicial ni indefensión por falta de pronunciamiento, ya que seguimos estudiando la determinación de contingencia de posible accidente de trabajo respecto de un periodo de incapacidad temporal y el DIRECCION001, sin que podamos intentar interpretar razonamiento respecto de silencios judiciales, ampliaciones de demanda o motivaciones de resoluciones administrativas extemporáneas, cuyas pretensiones no han quedado acumuladas ni deben ser objeto de discusión en este procedimiento, ya lo sean de prevención de riesgos, recargos u otros.

Se rechaza la postulación de innovaciones procesales anulatorias al no darse las mismas.

TERCERO.- Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

" En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R- 5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica."."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión de la beneficiaria recurrente que induce inicialmente a la modificación fáctica por inclusión de un HP4º bis en materia de prevención de riesgos laborales y, como hemos procedido a especificar que no cabe la acumulación de acciones, tampoco revisaremos el relato para atender a una pretensión que queda al margen de este procedimiento.

La segunda revisión fáctica que propone modificar e informar la fecha del informe de 4 de octubre de 2021 como posterior hecho causante de la IT de 20 de abril del 2021 deviene ahora inoperante, por cuanto estamos ante la determinación de la contingencia sin exigencia de mayor plasmación respecto de otras proposiciones e informes o circunstancias de riesgos psicosociales.

La tercera revisión fáctica que propone incorporar un HP5º bis para recoger los emails y conversaciones que conciernen al aparataje de conflicto que entiende le produce la ansiedad y que quiere derivar de la profesionalidad y el conflicto laboral, nuevamente esta Sala debe rechazarlo, por cuanto ha sido ya objeto de valoración judicial y esos emails no conforman una documental que pueda ser adverada por la Sala y contrastada de cara a constituir un histórico de lo probado.

Tampoco la siguiente modificación y creación de un HP11º para corregir el término informe por el de dictamen-propuesta puede tener éxito, por cuanto resulta intrascendente la modificación del HP12º para lo que puede ser una mejora de la historia clínica y deviene inasumible, en tanto en cuanto quiere particularizar algunas de las evoluciones, dolencias y circunstancias, que ya han quedado relatadas de forma sintética por la juzgadora de instancia y que no exigen mayor pormenorización para descubrir los ámbitos de la personalidad de la recurrente y sus DIRECCION001 o cuadro psicológico o psiquiátrico.

Respecto al siguiente HP12º bis que quiere modificar la recurrente para aclarar que no existen bajas de IT prolongadas que conecten con la de 20 de abril del 2021, nuevamente deviene inoperante por cuanto no estamos ante una cronología o duración de los procesos que confirmen otros y supongan un estudio de su duración, sino que estamos ante la determinación de la contingencia.

Finalmente, tampoco cabe revisar el HP13º para simplemente corregir que no es un contrato a tiempo parcial, sino un contrato a tiempo completo con reducción de jornada por guarda legal, por cuanto con ello no se modifica la base reguladora, que es el único dato de importancia, más allá de que pueda haber algún error de 82,73 € a 83,42 €, porque al menos el 75% de lo que allí se manifiesta que impide ser 62, 56 €, y no 62,05 €, según propone la recurrente pero que no se infiere de la documental que refiere o aporta más allá de las suposiciones, con lo que a esta Sala le faltan datos objetivos para el recálculo de una temática estrictamente jurídica, cual es la cuantificación de la base reguladora.

Por todo lo manifestado, procede la íntegra desestimación de la revisión fáctica propuesta, por cuanto los instrumentos probatorios en los que se basa la recurrente no dicen relación más que a interpretaciones subjetivas, conjeturas y elucubraciones que no conforman una realidad que demuestre el error en la valoración judicial de instancia.

CUARTO.- En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curia o vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como en el supuesto de autos la trabajadora recurrente utiliza tres motivos de infracción jurídica, denunciando no solo la determinación de la contingencia para que lo sea de accidente de trabajo, citando los artículos 156 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social, sino que insiste nuevamente en la infracción del artículo 164 para con respecto de su petición acumulada en el cargo por falta de medidas de seguridad, y finalmente invoca una especie de nulidad de la resolución ampliada que dice relación al motivo anulatorio y que atiende única y exclusivamente a lo que denomina ser infracciones de procedimiento administrativo expuestas respecto a esa ampliación del 22 de noviembre de 2022, que esta Sala siguiendo el criterio de desacumulación correcta, tan solo atenderá a la determinación de la contingencia sin acceder a postulados de recargo ni siquiera a los ya resueltos del motivo anulatorio, denegado respecto de la ampliación de las resoluciones del INSS y sus consideraciones en el procedimiento administrativo.

Como es de todos conocido el concepto legal de accidente de trabajo se expresa como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena" ( art. 156, 1º de la LGSS) , por lo que el accidente de trabajo se configura a través de tres elementos básicos: la existencia de una lesión corporal (todo daño o detrimento corporal, incluido el psicológico o el psíquico), la condición de trabajador por cuenta ajena del sujeto accidentado y la relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, que jurisprudencialmente ha sido exigido con una precisa doble relación, por una parte la señalada entre el trabajo y la lesión y por otra entre la lesión y la situación invalidante protegida ( STS 27.11.89, Ara. 8266). Dichos requisitos han sido generosamente interpretados desde muy antiguo por la jurisprudencia del T.Supremo y por la doctrina jurisprudencial del extinto T.Central del Trabajo en aras a la máxima protección del trabajador y, en concreto, a situaciones de patologías coronarias, como es el caso.

En definitiva, el párrafo 1º del art. 156 de la LGSS define el accidente de trabajo de modo y manera que si la lesión no aparece vinculada a la ocasión o la consecuencia laboral no existe el mismo, salvo que concurran determinadas circunstancias que el propio artículo en su párrafo segundo declara por vía ampliatoria como generadora de accidente de trabajo o por vía de presunción legal iuris tantum en el párrafo 3º del mismo artículo. Tal es así que dicha conceptuación de accidente de trabajo se ve ampliada por la presunción legal que permite considerar incluida en el concepto estricto las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo, presunción legal iuris tantum que adquiere gran importancia para el trabajador accidentado, pues le puede eximir de la prueba de la existencia de la relación de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión sufrida. Por el contrario, quien alegue que el accidente ocurrido durante la jornada laboral y en el lugar de trabajo no guarda ninguna relación con la actividad profesional desarrollada debe aportar pruebas evidentes de ello.

La amplia casuística que han desarrollado los tribunales sociales a la hora de calificar un accidente como laboral o no, permite clarificar la aplicación de la presunción señalada requiriendo siempre la concurrencia de, al menos, dos requisitos: que el trabajador sufra lesiones en tiempo y lugar de trabajo y que no haya prueba en contrario que desvirtúe tal conclusión (entre otras, STSJ País Vasco de 22-02-00, 23-11-99, 2 y 16-02-99, 15-02-98, 19-03-97, 01-10-96, 24-09-96, 26-03-96, 09-05, 28-02 y 17-01-95, y 16 y 28-06-94; Rec. nº 2454/99, 1573/99, 1292/99, 262/99, 3145/98, 2697/98, 1174/98, 1688/96, 2742/95, 2026/96, 1104/95, 2071/94, 1684/94, 1405/94, 2106/93 y 2641/93, respectivamente).

Igualmente, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentado una sólida doctrina que se pone de relieve, entre otras, en sus sentencias de 29 de septiembre de 1998 (Ara. 7148), 07-03-87 (Ara. 1350), y 22-09-86 (Ara. 5025), junto a las más recientes de 27 de diciembre de 1995 (ara. 9846), 15-02-96 (Ara. 1022), 18-10-96 (Ara. 7774), 27-02-97 (Ara. 1605), 18-06-97 (Ara.4762), 11-12-97 (Ara. 9475), 23-01-98 (Ara. 1008), 04-05-98 (Ara.4091), 18-03-99 (Ara.3006), 12 y 23-07-99 (Ara. 5790 y 6841), que tienen el valor añadido de venir sentadas con la finalidad de proclamar la doctrina buena en la materia. Doctrina según la cual dicha presunción entra en juego cuando la lesión presentada en el lugar y tiempo de trabajo tiene su origen en una enfermedad, salvo que exista prueba fehaciente de que el trabajo no ha sido también elemento decisivo en la producción o desencadenamiento del daño corporal sufrido.

Doctrina jurisprudencial que nos permitimos sintetizar en una conclusión apodíctica por la cual ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que, de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con el nexo causante indispensable en el que de algún grado o manera se de sin necesidad de pensar su significación mayor o menor, próxima o remota, con causa coadyuvante cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y padecimiento, con la salvedad de que hubiesen ocurrido hechos de tal relieve que evidencien a todas luces la absoluta carencia de aquella relación, cediendo la presunción ante la prueba cierta y convincente de la causa del suceso excluyente de la relación laboral, cuya carga se desplaza a quien niega la consideración de accidente de trabajo.

Del mismo modo ha de recordarse que el art. 156 2E de la LGSS, considera accidente de trabajo aquellas enfermedades que no estando incluidas en el art. siguiente, es decir, no sean profesionales, pueda contraerlas el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Tal es así que ha de demostrarse que cualquier proceso de incapacidad temporal que iniciado tenga un cuadro consistente en una u otra enfermedad, sus consecuencias y continuaciones, se deben a problemas laborales que de forma exclusiva proceden de la ejecución del trabajo. Por ello tanto, el diagnóstico del proceso de incapacidad temporal como las consecuencias que guarden relación con la actividad laboral, a modo y manera de reacción de problemas que puedan surgir, no puedan ignorarse si existen indicios determinantes del proceso médico y coinciden con alteraciones, antecedentes u otras repercusiones, resultando de recibo poder anudar unos procesos de incapacidad temporal con consecuencias o supuestos tumultuosos conflictivos o de otra índole que permitan apreciar cualesquiera figuras que nos acercan a enfermedades que se contraigan debido a la realización del trabajo y con causa exclusiva en el mismo, donde deben distinguirse efectivamente los procesos que se motivan por decisiones empresariales de los que tienen lugar por la propia realización del trabajo. No es lo mismo hablar de enfermedades que se contraen debido a la realización del trabajo y con causa exclusiva en el mismo, de aquellas que a lo sumo pueden ser consideradas surgidas indirectamente por la actividad laboral.

Del mismo modo ha de recordarse que el art. 156.2 f) LGSS refleja que tendrán la consideración de accidente de trabajo las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de accidente, donde la noción, no desarrollada legalmente, ha sido objeto de una amplia jurisprudencia, a menuda contradictoria, pero donde generalizan que existen tres elementos exigibles que concurren en tal disposición y es que existiendo unas enfermedades o defectos que aún congénitos o comunes se padezcan con anterioridad y resulten agravados como consecuencia de una lesión evidente y constitutiva del accidente de trabajo, tales dolencias, secuelas y posteriores consideraciones deberán ser conceptuadas en la consideración de contingencias profesional. Son supuestos evidentes en los que los traumatismos causan efecto de elemento desencadenante de la enfermedad padecida previamente, agudizando o sacando de su estado latente la patología, aunque también es cierto que el hecho de que una enfermedad de etiología común se revele exteriormente con ocasión del ejercicio de una ocupación laboral no dota a la misma sin más de la característica jurídica de accidente de trabajo en tanto en cuanto no se demuestre una efectiva influencia de aquel ejercicio laboral en la aparición de la patología de referencia, por cuanto no se trata de una presunción efectiva, sino que debe quedar perfectamente acreditada la relación de causa efecto entre las lesiones sufridas en el accidente y sus consecuencias.

Finalmente el párrafo g) de ése artículo 156 establece que las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyen complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación, también deberán tener la consideración de accidentes de trabajo por ser enfermedades intercurrentes.

Así en el supuesto de autos, como quiera que la temática litigiosa se advierte en el cuestionamiento efectivo de si estamos ante una contingencia profesional de accidente de trabajo, constando un inicial proceso del subsidio de incapacidad temporal que va desde el 20 de abril de 2021 a 31 de mayo de 2022, con un diagnóstico de DIRECCION001 en una calificación de personalidad específica, la referencia a si ese cuadro de ansiedad de la recurrente debe tener una causalidad directa en los sucesos laborales conflictos que menciona, a criterio de la Sala no podrá tener éxito, por cuanto no hay antecedentes, procesos de información o patología que obtenga un diagnóstico profesional o un origen exclusivamente laboral, ni podemos objetivar circunstancias que aparentemente repercutan en una hipótesis corroborada de exclusivo conflicto profesional, más allá de valoraciones subjetivas de las partes.

Y es que la temática litigiosa se advierte en ese cuestionamiento efectivo de si estamos ante una contingencia profesional de accidente de trabajo cuando el subsidio que debuta con esa referencia de un cuadro de DIRECCION001, con una base de personalidad, no recoge causalidad informada, patología subsiguiente, más allá de diagnósticos indirectos o evaluaciones históricas en cuadros psicológicos, psiquiátricos ya conocidos en la referencia tutorial Clínic.

No podemos circunstanciar supuestos de lugar y tiempo que acontezcan concomitantes a imposibilidades laborales, relaciones personales o profesionales, en una actividad probatoria suficiente, sino que nos encauzamos ante patologías evidentes de enfermedad común con tratamiento mantenido que queda comprobado a través del historial psicológico.

El cuadro no debuta con ocasión o como consecuencia del lugar y tiempo de trabajo ni hay un incidente con exigencia de tratamiento o medicación, sino que, muy al contrario, hay una evolución de trastornos previos y latentes con un tratamiento y un control de realidades previas, aunque lo fuesen de entidades diferenciadas, que afloran posteriormente, pero que no conforman un ambiente laboral.

Es difícil atender a que un diagnóstico de crisis de ansiedad o DIRECCION001 apunte a una actuación en lugar y tiempo de trabajo si no se justifica la causalidad, por mucho que haya vinculado estos sucesos a padecimientos previos y dolencias comunes.

Por eso, a diferencia de nuestras resoluciones de 12 diciembre de 2022 R-2104/22 y R-2567/21, en los que hemos aceptado la contingencia profesional de accidente de trabajo por cuanto el conflicto, la reacción y el problema, debutan en lugar y tiempo de trabajo y bajo la idiosincrasia laboral, lo cierto es que en otros supuestos como en la sentencia de 4 de enero de 2022 R-17107/21, las circunstancias parejas de DIRECCION001, cuadros depresivos, patologías que advierten episodios previos sujetos a tratamiento, en los que no se acreditan el evento exacerbante instantáneo, suponen que al no haber esa asistencia médica inmediata y comprobar la agravación en lugar y tiempo de trabajo, nos veamos abocados a insistir en un origen común diferenciado por la preexistencia del cuadro ansioso antes de cualquier suceso laboral, que puede en cualquier momento aflorar con o sin la influencia de hechos calificables como laborables, con evolución de comportamientos en los que la causa exclusiva no es la laboral sino ámbitos propios de personalidad y otros elementos confluyentes.

En resumidas cuentas, nos encontramos ante la tesitura de confirmar la conclusión de instancia, por cuanto existe una desacreditación de elementos circunstanciales que supongan que el diagnóstico de ansiedad o DIRECCION001 conlleven actividad probatoria suficiente, unos antecedentes o circunstancias, que demuestren la realidad de una violencia laboral psíquica o una situación de conflicto laboral específico mantenido y grave, que pudiera llevar a una justificación o actuación distinta de la relación de causalidad en el origen de los hechos, vinculándolos directa o indirectamente a una actividad laboral, que no queda confirmada históricamente y que por lo tanto esta Sala no puede solventar

Por todo lo manifestado, procede la íntegra desestimación del recurso de suplicación de las beneficiaria recurrente al no darse las infracciones jurídicas denunciadas.

QUINTO.- Como quiera que la trabajadora recurrente goza del beneficio de justicia gratuita, en atención al artículo 235.1 de la LRJS, no habrá condena en costas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,