Sentencia Social 2459/2023 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1527/2023 de 31 de octubre del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia (con el Auto de aclaración de 25 de octubre de 2022), ha estimado parcialmente la demanda formulada por el Sr. Domingo frente a RANDSTAD EMPLEO ETT S.A (en adelante RANDSTAD), BERGE MARITIMA BILBAO S.L (BERGE), CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL S.L (CSP IBERIAN), SERVICIOS LOGISTICOS PORTUARIOS SL (SLP), CONSIGNACIONES BETOLAZA Y TORO SA (BETOLAZA Y TORO), y la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, declarando que constituye despido improcedente la extinción contractual de 6 de enero de 2022, condenando a dichas demandadas (salvo a la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, a la que absuelve), a estar y pasar por tal declaración con las consecuencias que establece, reproducidas en los antecedentes de hecho de esta sentencia y, en concreto, y adoptando como antigüedad del trabajador la del último contrato suscrito (1 de febrero de 2017), fija la indemnización conforme a la misma, de acuerdo con un salario diario de 111,78 euros.

La decisión judicial sigue la línea adoptada en la sentencia de esta Sala de 14 de diciembre de 2021 (rec.2021/2021), y también en la dictada en el recurso 1406/2022, que estima en parte el recurso de suplicación formulado por otro compañero del actor, cuyas circunstancias y avatares profesionales son semejantes a las del ahora demandante, remitiéndose a los razonamientos que esta Sala de lo Social sostiene sobre el particular, y concluye estimando de modo parcial la pretensión en los términos que expone en su parte dispositiva, rectificados en el Auto de aclaración de sentencia.

Tanto la parte actora, como las cinco empresas condenadas solidariamente interponen recurso de suplicación; mientras que el Sr. Domingo circunscribe su recurso a la fijación de su antigüedad el 3 de abril de 2007, con la modificación del fallo judicial en los términos que indica, particularmente en la cuantía indemnizatoria, invocando la cosa juzgada en orden al fondo litigioso, las demandadas en los suyos, al margen de las reformas de hechos probados que proponen en alguno de ellos, y de las excepciones que también se articulan por alguna de las empresas, todas interesan una sentencia absolutoria con un pronunciamiento de la Sala que rechace la existencia de cesión ilegal, y en todo caso, manteniendo la antigüedad que figura en sentencia, y discrepando del salario.

La legal representación de la parte actora ha presentado escritos impugnando todos y cada uno de los recursos de suplicación formalizados, en tanto que todas las empresas condenadas en la instancia, impugnan el recurso de suplicación del demandante.

Examinaremos en primer término los recursos de todas las demandadas y, finalmente, el interpuesto por el trabajador.

SEGUNDO.- Puesto que dos de las recurrentes plantean la reforma de hechos probados, examinaremos conjuntamente las propuestas.

Y al hacerlo de modo previo recordamos que venimos sosteniendo con apoyo en la norma legal y en la doctrina jurisprudencial, que la revisión de la crónica judicial está condicionada a que la modificación propuesta resulte relevante a los efectos del resultado del recurso y, por supuesto, a que exista un error en la redacción de hechos probados de la sentencia ( STS 13 de marzo de 2019, rec. 63/2018), exigiendo en todo caso que la certeza del dato cuya inclusión se interesa o la falta de veracidad de aquél que se pretende eliminar, queden evidenciados de manera indubitada, concluyente e inequívoca, por la fuerza directa que derive de documentos o pericias obrantes en las actuaciones, sin precisar la adición de ninguna otra prueba y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas ( STS de 26 de febrero de 2019, rec. 185/2017).

Afirmamos también que no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o de la pericial, entre en contradicción con el resultado de otras pruebas, así como que la doctrina jurisprudencial es clara en cuanto a la imposibilidad de sustentar la revisión fáctica " salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" (STS de 6 .de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas)".

Conforme a estos criterios, pasamos a examinar las modificaciones a la crónica judicial solicitadas.

A)RANDSTAD interesa la reforma del hecho probado primero de la sentencia; el ordinal ahora cuestionado, refleja que el actor ha venido y viene prestando servicios por cuenta de RANSTAND, con la categoría profesional de peón especialista estibador, antigüedad de 1 de febrero de 2017 y salario bruto mensual de 3.400 euros incluida la prorrata de pagas extras, sin que ostente ni haya ostentado, la condición de representante legal de los trabajadores.

RANDSTAD solicita que, en su lugar, y con apoyo en la documental que señala, figure en el ordinal primero que la prestación de servicios para dicha ETT tiene lugar desde 1/02/2017, mediante la suscripción de contratos temporales en los que se indica la categoría de Peón Especialista Estibador, y un salario bruto mensual de 3.400 euros, con inclusión de prorrata de pagas extras, y que trabajó 80 jornadas en el periodo de 12 meses anterior a la fecha en la que se fija el despido, como indica la instancia en el hecho probado tercero.

Reforma que no se admite; por un lado, en el ordinal segundo de la sentencia (que ha quedado inalterado), consta que el actor inicia la relación laboral en fecha de 3 de abril de 2007, para ADECCO, que desde junio 2.010 hasta enero del 2017 presta servicios para DENBOLAN, y desde el 1 de febrero de 2017 para RANSTAD, figurando también el salario (corroborado en el Auto de aclaración), extremos que inciden en la antigüedad a considerar (como veremos al examinar el recurso de la parte actora). En cuanto al salario que fija el ordinal primero, la Juzgadora se apoya en los contratos suscritos, y es acorde por lo demás a lo establecido en el art.12 del convenio colectivo, en función de las jornadas anuales de trabajo establecidas, tal y como hemos expuesto en sentencias anteriores de esta Sala.

Pero es que además y como hemos dicho en sentencias previas al pronunciarnos sobre cuestiones similares planteadas en recursos de las mismas empresas, no estamos ante cuestiones fácticas, sino que tanto la antigüedad como el salario de la persona trabajadora, se determinan en función de normativa jurídica, y la doctrina de los Tribunales que interpreta la misma, máxime cuando resultan controvertidos como en el supuesto actual.

B) Por su parte TORO Y BETOLAZA y CSP IBERIAN, solicitan que se incluya un nuevo ordinal, que sería el octavo, que refleje que el demandante percibió en concepto de indemnización por la extinción de su contrato de trabajo el 6 de enero de 2022, 13,78 euros.

La variación cuenta con respaldo documental y se admite, sin perjuicio de la relevancia que la Sala otorgue a tal extremo en el resultado del recurso de suplicación (no consta que se hubiese planteado el descuento en la indemnización de esa cifra en la instancia, tal y como objeta la parte actora en el escrito de impugnación).

TERCERO.- A continuación examinaremos las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario, y falta de acción, oponiendo la primera de ellas tanto BETOLAZA Y TORO, como CSP IBERIAN, y BERGE, en tanto que la falta de acción únicamente la articulan las tres primeras empresas.

La excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario se sustenta en no haber sido demandadas las EMPRESAS HIJOS DE CABANELLAS SA y TRINCAS Y JARCIAS SL, cuando el actor también ha celebrado contratos de puesta a disposición para dichas empresas.

La excepción no se acoge básicamente porque el actor ha ejercido una acción de despido en la que defiende la existencia de cesión ilegal de mano de obra, siendo solidarias las obligaciones que surgen de tales figuras, de manera que puede dirigir su acción frente a cualquiera de los obligados solidarios ( art.1144 del Código Civil), sin generar indefensión a las empresas que no son llamadas.

Es más, la estrategia de la parte actora consiste en dirigir su acción frente a las cuatro empresas que son socias de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, dejando al margen a las empresas que no lo son, actuación que como hemos dicho en pronunciamientos previos, es lógica dado que se señala como detonante de la acción que se actúa la decisión adoptada por la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO el 10 de enero de 2022 (hecho probado decimosexto), vinculándose la misma con sus entidades socias.

En consecuencia, no ha quebrantado la sentencia el art.12 .2 LEC al no haber apreciado tal excepción, sin que se aprecie la indefensión denunciada con apoyo en el art.24 CE (en su caso serían tales empresas quienes podrían invocarla, pero no las ahora recurrentes), por lo que la excepción no puede prosperar, ni como cuestión jurídica, ni como apta para sostener la nulidad de actuaciones. Tal es el criterio adoptado en las sentencias previas dictadas por esta Sala sobre la cuestión, que ahora seguimos.

En orden a la falta de acción, como razona la sentencia de instancia, es una excepción de fondo y no procesal que, como tal ha de examinarse al pronunciarse sobre el mismo, criterio que es el que hemos seguido también en las sentencias dictadas por la Sala al resolver recursos de suplicación similares al actual.

CUARTO.- En cuanto a los restantes motivos de censura jurídica articulados por las mercantiles, correctamente amparados en el art.193 c) LRJS, denuncia RANDSTAD la infracción por sentencia de los arts. 18, 19, 20 y 21 LETT, art.15 y 43 del ET, la DA 9ª de la LETT, y la STJUE de 11 de diciembre de 2014, todo ello para sostener, en apretada síntesis, que no estamos ante una cesión ilegal, que es posible la contratación del demandante que ha venido realizando conforme a toda la normativa expuesta, y que en todo caso, se ha vulnerado por la instancia el art.56 ET, al no ser el salario del trabajador el adoptado en sentencia.

Por su parte, CSP IBERIAN, BETOLAZA Y TORO, y BERGE, formulan en similares términos la censura jurídica, denunciando todos ellos la infracción del art.56 ET, y también del art.15 ET, sosteniendo la inexistencia de fraude de ley de contratación del actor, la validez de los contratos de obra suscritos, al igual que los eventuales por circunstancias de la producción, pretendiendo en definitiva la asunción por la Sala del inferior salario que defienden en función de las jornadas realmente trabajadas.

SLP denuncia igualmente la vulneración de los arts.15 y 56 ET, así como de los arts.19, 20 y 21 del RDL 9/2019 de 29 de marzo, rechazando el fraude de ley en la contratación del actor y la existencia de despido, así como la infracción del art.43 ET, negando la cesión ilegal de mano de obra.

CSP, Consignaciones TORO y BETOLAZA, interesan además que, para el supuesto de fracaso del recurso, se descuente de la indemnización la cuantía de 13,78 euros.

Para dar respuesta a los recursos, hemos de partir de los extremos contenidos en el relato fáctico de la sentencia.

De acuerdo con el mismo, el demandante ha venido prestando servicios por cuenta y cargo de la empresa RANSTAD con la categoría profesional de peón especialista estibador, siendo el salario bruto mensual de 3400 euros; la prestación de servicios en tal actividad la inició el 3 de abril de 2007, para ADECCO ETT S.A.; desde junio 2.010 hasta enero del 2017 lo hizo por cuenta de DENBOLAN ETT S.A, y desde el 1 de febrero de 2017 lo es por cuenta de RANSTAD.

El actor ha suscrito los contratos que reflejan los hechos probados segundo -por remisión al informe de vida laboral- y tercero de la sentencia, contratos formalizados con las ETT, eventuales pero fundamentalmente para obra o servicio determinado identificando el objeto contractual como la estiba y desestiba del buque o buques que en ellos se señalaba, prestando los servicios de estiba y desestiba para el concreto buque designado en el contrato. Los contratos son para la puesta a disposición de diversas empresas estibadoras en concreto las demandadas, que son socias de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO, además de algunos de ellos para TRINCAS Y JARCIAS SA e HIJOS DE CABANELLAS SL.

La sentencia indica que el proceso de estiba y desestiba puede durar más de un día, reflejando también los acuerdos que alcanzaron las empresas estibadores con las centrales sindicales en junio de 1995 y abril de 1998, para señalar a continuación que en la actualidad en la bolsa de trabajo hay un numero de aproximadamente 100 trabajadores, listados por apellidos y son llamados rigurosamente por su orden.

Recoge también la relación de jornadas normales, especiales y las jornadas a través de ETT, señalando que los estibadores indefinidos pueden llegar a doblar su jornada, realizando un turno de 12 horas diarias. El incremento de horas por este medio trae como consecuencia que el equipo de estibadores agote su jornada máxima anual antes de la finalización del año natural. Una vez que los estibadores van agotando esa jornada máxima anual aumenta progresivamente el recurso a los estibadores eventuales de la bolsa. Refleja igualmente que el 10 de enero de 2022, el responsable de la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA, remitió whatsapp al grupo de delegados sindicales que señala que " habida cuenta de la situación de demandas, sentencias, situación de nuestra tesorería, jornada, etc... os comunico que voy a actuar de la siguiente manera: Primero se asignan jornadas a los trabajadores del CPE, incluidos dobles y cuando no tengamos nadie en nuestra empresa ofreceremos nuestras jornadas a los eventuales (Ranstad)". Esto ha determinado que los estibadores fijos aumenten el número de turnos dobles en detrimento de la contratación de los trabajadores temporales.

La relación de jornadas normales, especiales y las jornadas a través de ETT, son las primeras, en el año 2.019, 70.263, las jornadas especiales 7.933 y las jornadas cubiertas por ETT son 17.887.

El actor tras la interposición de la demanda de despido fue nuevamente contratado los días 2 y 10 de marzo, 21 de abril, 4 de mayo, 17, 26 y 30 de junio, 7, 15, 28, 29 y 31 de julio, todos ellos de 2022.

QUINTO.- Esta Sala se ha pronunciado ya sobre las cuestiones planteadas por las recurrentes en varias sentencias (entre otras muchas las dictadas en los recursos 2021/2021, 1850/2022, 1851/2022, 2088/22, 1986/2022, 2738/2022, 2142/2022, 2563/2022, 254/2023, 548/2023, 1570/2023...), cuyo criterio vamos a seguir por razones de coherencia y seguridad jurídica.

Estamos ante un trabajador de la misma ETT que figura en las anteriores sentencias, quien desde abril de 2007 presta servicios para distintas empresas usuarias de estiba y desestiba, las recurrentes, por lo que reiteramos los argumentos expuestos en nuestras sentencias, subrayando como también lo hacíamos en las mismas, que las empresas de trabajo temporal, aún las legalmente constituidas, pueden protagonizar fenómenos de cesión ilegal de trabajadores cuando sus actuaciones no se ajustan a la legalidad ( STS de 25 de julio de 2014, rec. 1405/2013).

En nuestra sentencia de 2 de noviembre de 2022 (rec.1986/2022), sustentada a su vez en la de 20 de septiembre de 2022 (rec.1850/2022), dábamos por reproducidos los fundamentos jurídicos tercero a séptimo de la sentencia de 14 de diciembre de 2021 dictada en el rec. 2021/2021, sentencia esta última que recalcamos -como lo hace la parte actora en su recurso-, ha devenido firme conforme al Auto de la Sala Cuarta de 30 de mayo de 2023; exponíamos en la meritada sentencia que "En nuestro caso, la ETT puso el trabajador a disposición de la empresa usuaria para la realización de varios contratos temporales, por obra o servicio determinado y eventuales, que no cumplen con los requisitos propios de estas formas de contratación temporal, - artículo 15 ET -.

Como ya hemos explicado al resolver el recurso 2021/2021, las ETT, cuando actúan en el sector de la estiba y desestiba, no están exentas de la aplicación del artículo 15 ET , ni se les aplica el artículo 21.4 de la LETT.

Véase incluso la nueva redacción del artículo 15.5 ET , en vigor desde el 30 de marzo de 2022, y su mención de nuevo expresa a las ETT:

Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

Estas medidas de limitación temporal, son las expresamente previstas por nuestro legislador para controlar la contratación temporal, y también son de aplicación a las empresas de trabajo temporal. El hecho de que la ETT realice contratos de puesta a disposición en el sector de la estiba no permite disipar las limitaciones a la contratación temporal, pues con ello se conculcaría la Directiva 2008/104 , y las garantías para preservar el carácter temporal del trabajo a través de las ETT.

Como concluye la STJUE, de 14 de octubre de 2020, asunto C- 681/18 :

"El artículo 5, apartado 5, primera frase, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no limita el número de misiones sucesivas que un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal puede realizar en la misma empresa usuaria y que no supedita la licitud del recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal a que se indiquen razones de orden técnico, productivo, organizativo o de sustitución que justifiquen dicho recurso. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro no adopte ninguna medida para preservar la naturaleza temporal del trabajo a través de empresas de trabajo temporal, así como a una normativa nacional que no establece ninguna medida para evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas de un mismo trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal a una misma empresa usuaria con el objetivo de eludir las disposiciones de la Directiva 2008/104 en su conjunto."

En conclusión, la ETT no se ajustó en su actuación a las exigencias propias del régimen de contratación temporal, lo que constituye un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en el que participaron las codemandadas, que deben ser condenadas solidariamente.

En el mismo sentido se pronuncia la STS de 19 de febrero de 2009, recurso 2748/2007 , ponente Luis De Castro:

"A manera de resumen cabe indicar que la provisión de fuerza de trabajo a empresas usuarias por medio de empresas de trabajo temporal es en nuestro Derecho la excepción a la norma general de la ilegalidad de la cesión de trabajadores, y como tal regla de excepción debe ser interpretada de manera estricta. Y que resulta ilegal la cesión de trabajadores no solamente cuando es llevada a cabo por empresas que no estén debidamente autorizadas como ETT, sino también cuando el contrato no se hubiese concertado en "los términos que legalmente se establezcan"; esto es, en los supuestos de contratación temporal legalmente autorizados, por así imponerlo la interpretación literal, sistemática e histórica del art. 43 ET [para más detalles, la STS 04/07/06 -rcud 1077/05 -]. Lo que significa que el CPD no puede ser una vía para alterar el régimen general de la contratación temporal, sino únicamente un instrumento para trasladar la temporalidad del ámbito de contratación de la empresa usuaria a la empresa de trabajo temporal. Y al efecto puede argumentarse: a) limitar las obligaciones de la ETT -en este aspecto- a que el CPD obedezca tan sólo formalmente a causa legal justificativa, invitaría a reducir la diligencia de la indicada empresa en orden al cumplimiento de las previsiones legales, con la consiguiente desprotección para los intereses del trabajador; b) la defensa de tales intereses ha llevado a la jurisprudencia a sostener la aplicabilidad -por analogía- de las previsiones del antiguo art. 43 ET incluso en supuestos de válida circulación de empleados entre las diversas empresas de un grupo (así, en las SSTS 26/11/90 [-rec. 645/90 -]; 30/06/93 [-rec. 720/92 -]; 26/01/98 [-rec. 2365/97 -]; 21/12/00 [-rec. 4383/99 -]; 26/09/01 [-rec. 558/01 -]; 23/01/02 [-rec. 1759/01 -]; y 04/04/02 [-rec. 3045/01 ]); c) aún para el caso de que faltase toda connivencia de la ETT con la empresa cliente en la utilización fraudulenta del CPD para atender necesidades permanentes o supuestos excluidos, no hay que olvidar que la exigencia de responsabilidad de que estamos tratando es tan sólo laboral y precisamente la solidaria de la empresa usuaria -e infractora- respecto de las obligaciones de la ETT [art. 12 LETT ]; y d) alguna otra garantía -también laboral- correspondiente al trabajador cedido y que afectaría igualmente a la ETT en el caso de que el CPD resultase nulo por causa directamente imputable a la cesionaria [cual es el derecho a integrarse en plantilla como trabajador fijo, inactuable tras extinguirse la cesión: SSTS 11/09/86 , 17/01/91 -rec. 2858/89 - y 08/07/03 -rec. 2885/02 -], en manera alguna excluye la reclamación -de todo orden- que la citada ETT puede efectuar frente a la empresa usuaria e incumplidora.

3.- En nuestro parecer, la expresión legal examinada ["los términos que legalmente se establezcan"] no comprendería -como integrante de cesión ilegal- determinaciones reglamentarias y elementos accesorios que no alcanzasen la sustancial regulación efectuada por la Ley; esto es, que el art. 43 ET únicamente alcanza a los CPD realizados en supuestos no previstos en la formulación positiva del art. 6 LETT y a los contemplados en la formulación negativa de las exclusiones previstas por el art. 8 LETT , pudiendo hacerse la afirmación general de que en todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, supuestos en los que el CPD se manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del art. 6.4 CC . Y la doctrina es igualmente aplicable al supuesto de despido nulo por traer causa en haberse solicitado privadamente la fijeza en la empresa usuaria, cuando se trata de contratos de puesta a disposición encadenados para atender necesidades permanentes de la empresa usuaria..".

La sentencia de instancia está en línea con nuestros pronunciamientos previos al apreciar la cesión ilegal, correspondiendo al trabajador el derecho de opción inicial por integrarse en una u otra de las empresas demandadas, que responden solidariamente, y también sigue los mentados pronunciamientos anteriores de este Tribunal al absolver a la SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, CENTRO DE EMPLEO PORTUARIO al no constar que haya actuado como ETT de forma ilegal en el caso del demandante, ni estar ante una empresa usuaria de sus servicios .

SEXTO.- Pero precisamente, y conforme a tales sentencias, y abordando el recurso del demandante, se impone acoger los dos primeros motivos del recurso que, sustentados en el art.193 c) LRJS, denuncian la infracción de la Directiva 1977/70/CE, art.15.4 ET, y TSJUE de 4 de julio de 2006, asunto C-212/2004, y las sentencias de la Sala Cuarta que cita, así como la vulneración del art.56 ET, numerales 1 y 2, en lo relativo a la antigüedad del trabajador y, subsiguientemente la indemnización que le corresponde.

En efecto, la antigüedad a considerar es la postulada desde demanda, esto es, 3 de abril de 2007, como se desprende de los ordinales segundo y tercero de la sentencia, amparados en el informe de vida laboral y en los contratos suscritos, siendo el salario el que figura en el hecho probado primero, considerado por la Magistrada de instancia en función de las jornadas máximas conforme al convenio colectivo (son 228 jornadas), art.12 del mismo.

En consecuencia, se fija la indemnización por el despido improcedente para el supuesto de opción por la readmisión en 61.311,33 euros, sin que proceda el descuento de tal cantidad de la indemnización de 13,78 euros que se le abonó por fin del contrato de 6 de enero de 2022, por tratarse de una cuestión planteada novedosamente en el recurso, quedando el resto del fallo de instancia inalterado.

Tal decisión comporta el rechazo al tercer motivo del recurso entablado por la parte actora, que pretende que corresponda al trabajador la opción entre la indemnización y la readmisión, tanto porque no consta el planteamiento en la demanda, ni en instancia de esta petición, ni la invocación de la norma que la apoya, estando ante una cuestión novedosamente suscitadas, como porque no consta la aplicación de la normativa que cita al supuesto que nos ocupa.

SÉPTIMO.- Se impone a las mercantiles recurrentes la condena en costas, que comprenden los honorarios del letrado del trabajador impugnante de cada uno de los recursos ( art.235 LRJS), que se fijan en 400 euros por cada una de las impugnaciones llevadas a cabo.