Sentencia Social 301/2024 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 2280/2023 de 06 de febrero del 2024

PRIMERO.- SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U. formula recurso de suplicación contra la sentencia que estimando la demanda que plantearon doña Aurelia, doña María Dolores y don Gabino en reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional que causó la muerte de don Gustavo, esposo y padre de aquellos demandantes y que falleció a consecuencia de un mesotelioma pleural.

La Magistrada autora de la sentencia parte de dos sentencias firmes que en su día dictó y considerando lo allí expuesto, entiende que procede la estimación de la demanda en los términos que constan en el fallo recurrido y además impone sanción de multa y abono de honorarios de letrado de los demandantes por temeridad procesal a dicha recurrente, a diferencia de la otra parte condenada en tal resolución.

Tales sentencias previas del propio Juzgado son la de fecha 15 de julio de 2019 (autos 995/2018) y la del día 17 de septiembre de 2021 (autos 730/2020).

La parte recurrente hace una serie de peticiones escalonada en su escrito de formalización del recurso, siendo la siguiente a la primera petición subsidiaria en caso de desestimación de ésta y así sucesivamente, planteando un total de cinco peticiones, que van desde la nulidad de actuaciones, a la estimación de un motivo de reforma fáctica, pasando por la petición de absolución de la recurrente de tal demanda o reducción de su responsabilidad en la indemnización y terminar con la petición de revocar la condena por temeridad a aquella multa y abono de honorarios de letrado.

Plantea un total de siete motivos de impugnación. El primero se plantea por la vía del apartado a del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre), el segundo por la del apartado b de tal artículo y el resto por la vía del apartado c.

Tal recurso es impugnado por los demandantes y por COFIVACASA, S,A,U., que se oponen a tales motivos de impugnación expresamente y terminan solicitando que se desestime tal recurso y se confirme la sentencia recurrida y con petición de condena en las costas del recurso a la parte recurrente y nueva sanción por temeridad al formular el recurso.

SEGUNDO. Primer motivo de impugnación.

La nulidad de actuaciones pretendida se basa en entender que la sentencia recurrida incurre en el vicio de incongruencia omisiva y por ello cita como infringido el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), el artículo 97, punto 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y el artículo 24 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978.

Sostiene la parte recurrente que en la sentencia se guarda silencio sobre su alegación relativa a reparto individualizado de la responsabilidad entre los demandados, petición que hizo en juico y con base en el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de fecha 21 de julio de 2022 (recurso 244/2019).

También cita dos sentencias de Tribunal Superior de Justicia que no son equiparables al presente caso. En la de Asturias, de 20 de abril de 1992, se trata de fijación de base reguladora de una prestación de incapacidad permanente, cuando lo que tratamos en este caso es objeto procesal bien distinto y es aquella sentencia del Tribunal Supremo que se cita, que es muy posterior en el tiempo a la asturiana, la que fija esa distribución proporcionada al tiempo trabajado en casos de reclamaciones como la presente. Lo mismo pasa con la sentencia andaluza que la recurrente menciona: la sentencia de la sede Málaga rata de un caso en que lo que se discute es en relación a una prestación de incapacidad temporal.

Asumimos que el instituto de la congruencia entre las pretensiones de las partes y la respuesta judicial a la misma tiene su base en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que regula el artículo 24, punto 1 de la Constitución y que se asienta en la general idea de que la sentencia no puede dar más o menos de lo pedido por las partes procesales ni tampoco cosa distinta a lo que las mismas pidan, pero siempre se ha de otorgar o denegar lo pedido.

Sin embargo, también se ha matizado, de siempre, que no cabe hablar de incongruencia, en los casos en que, aún y cuando no mencione expresamente la pretensión sobre la que se alega omisión de pronunciamiento, de la propia lectura de la sentencia se colige que se desestima implícitamente la misma. Así lo explican, por ejemplo, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 1 de marzo de 2017, 29 de enero de 2019 y 23 de abril de 2013 ( recursos 2128/2015, 226/2017 y 792/2012).

Con respecto de lo alegado, conviene recordar la síntesis que, sobre la materia se contiene en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 21 de enero de 2020 (recurso 4089/2017), cuando explica: "Para resolver la cuestión, conviene reiterar algunas consideraciones que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han venido reiterando sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, reconocida positivamente, con carácter general en el artículo 218 LEC cuando dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" ( STS de 16 de febrero de 1993, Rec. 1203/1992 , con cita de otras muchas). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro.

Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal (por todas, STC 136/1998, de 29 de junio )" (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005 ).

Igualmente, hay que tener presente que la Sala viene manteniendo con reiteración que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones (...) y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" (por todas, STS de 30 de mayo de 2002, Rec. 1230/2001 ). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que "...hemos afirmado reiteradamente, partiendo de la distinción entre las respuestas a las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, y entre las respuestas a estas dos cuestiones y la motivación de dichas respuestas ( STC 1/1999, de 25 de enero ), que el artículo 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( SSTC 68/1999, de 26 de abril y 171/2002, de 30 de septiembre )".

En muy similares términos, su posterior sentencia de fecha 10 de enero de 2023 (recurso 2582/2020).

Pues bien, entendemos que la petición de nulidad de actuaciones ha de ser desestimada por las siguientes razones:

1.- Porque esa omisión puede ser suplida por esta Sala sin acudir a medio tan drástico como es la nulidad de actuaciones, resolviendo al efecto en esta sentencia sobre aquella petición de individualización de responsabilidades. De hecho, con posterioridad y en el propio recurso, la propia parte recurrente pretende un pronunciamiento limitativo de su responsabilidad invocando aquella sentencia del Tribunal Supremo del año 2022.

A tal idea responde el artículo 202 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y al efecto, no está de más recordar que esa idea de que la nulidad de actuaciones es remedio último y siempre subsidiario de otro de menor coste económico procesal late de forma constante en la doctrina jurisprudencial. Por citar de forma ejemplificativa, cabe mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de enero de 2023 (recurso 4071/2019) cuando sintetiza: " 1º) El "incidente de nulidad de actuaciones es (...) un remedio procesal de carácter extraordinario que permite a los órganos judiciales subsanar ellos mismos aquellos defectos que supongan, una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de dichos órganos, en relación con los vicios formales causantes de indefensión". 2º) El art. 11.2 Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la obligación de los Juzgados y Tribunales de "rechazar fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal". 3º) El legislador, consciente del elevado coste procesal que la nulidad comporta, en cuanto que contraría los principios de celeridad y economía procesal, dispone que "no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones" ( art. 241 LOPJ ). Esta dimensión se refuerza, con la finalidad de evitar situaciones fraudulentas, mediante las reglas que establecen, como norma general, la no suspensión de la ejecución, la condena en costas en caso de desestimación, o la imposición de multas cuando la interposición se considera temeraria. En la misma dirección apunta el establecimiento de unas reglas simples para la tramitación procedimental y la delimitación del objeto del incidente."

2.- Porque, además, la Juzgadora ya explica en forma por qué no puede fijar el reparto de responsabilidades pretendido, fijando de forma consciente la responsabilidad solidaria expresamente. Basta al efecto con leer no sólo el final del fundamento de derecho de tercero de la sentencia recurrida, sino también todo el, en cuanto que allí expresa cómo procede esa solidaridad, al entender concurrente el fenómeno sucesorio del artículo 44 de Estatuto de los Trabajadores (citando varios precedentes propios de este Tribunal y Sala) y el efecto material, positivo y prejudicial de la cosa juzgada (citando aquellas dos sentencias que previamente había dictado en relación con las consecuencias derivadas de la misma enfermedad profesional que contrajo el difunto señor Gustavo).

Tal efecto de la cosa juzgada, en su vertiente material y positiva y no puramente formal, está previsto en el artículo 222, punto 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley que es de subsidiaria aplicación al proceso laboral, por mor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Misma y en la disposición final cuarta de la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social.

Pues bien, en la sentencia más reciente de las dos precedentes del propio Juzgado que la Magistrada considera en la recurrida, nos referimos a la de 17 de septiembre de 2021 (autos 730/2020), se desestima de forma íntegra la impugnación que la ahora recurrente hizo del recargo de las prestaciones de Seguridad Social que correspondían al que fue don Gustavo y que se le había impuesto en vía administrativa, asumiendo en aquella sentencia que existía sucesión de la recurrente en las responsabilidades de las otra demandada en el proceso. Por otra parte, en la más antigua de esos dos procedentes, nos referimos a la de 15 de julio de 2019 (autos 995/2018) la misma Juzgadora estimó la demanda que, en reclamación de daños y perjuicios y frente a COFICASA, S.A.U. y la propia recurrente formuló tal difunto cuando todavía estaba vivo. Allí ya se fijaba esa sucesión aludida y se fijaba también entonces ya la responsabilidad solidaria de la recurrente por esa responsabilidad por daños, desestimando las excepciones de falta de legitimación pasiva, siendo evidente que la única diferencia con este pleito es que ahora demandan sus sucesores, pero mismos los hechos.

TERCERO. Reforma de hechos probados.

Se pretende la supresión del cuarto hecho probado de la sentencia de la aseveración de que el amianto se usaba por toda la empresa, reputando que es aseveración demasiado genérica y sin sustento probatorio.

También debe ser rechazado este motivo.

Lo que se pretende suprimir expresamente constaba ya como probado en aquella sentencia del propio Juzgado de fecha 15 de julio de 2019 (autos 995/2018) que se acaba de mencionar y también en la de 17 de septiembre de 2021 (autos 730/2020).

Por otra parte, la jurisprudencia tradicional viene significando la insuficiencia del simple argumento de falta de prueba de lo dado por probado por el Juzgado por el Juzgado de lo Social, la llamada alegación de prueba negativa. En tal sentido, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 17 de febrero de 2022 y 23 de febrero de 2021 ( recursos 123/2020 y 112/2019).

CUARTO.- Examen de la normativa sustantiva aducida como infringida.

1.-En el tercer motivo de impugnación, la parte recurrente propugna la estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva que alegó en juicio, citando al efecto como infringido el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), el artículo 17 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La responsabilidad de la ahora recurrente en base a aquella sucesión en responsabilidades y derivada de aquel artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en relación con la adquisición de la enfermedad que causó la muerte del que fue don Gustavo ya fue examinado en aquellas dos sentencias con respecto de las que opera aquel efecto de cosa juzgada material y positiva y ciertamente sería contradictorio con lo dicho ya de forma firme en sede judicial, estimar en este proceso esa excepción.

Sobre el ámbito de la cosa juzgada material y positiva y su vinculación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recopila la doctrina jurisprudencial la reciente sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 26 de abril de 2023 (recurso 1557/2020) cuando dice : "A) Como hemos recordado, entre otras, en nuestra STS 26 diciembre 2013, Rcud. 386/2013 , esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del alcance del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo ha hecho, en variadas ocasiones (por todas: SSTS de 3 de mayo de 2010, Rec. 185/07 , y de 18 de abril de 2012, Rec. 163/11 ), en las que ha establecido el criterio flexible con que han de interpretarse, aplicarse y apreciarse las identidades a que se refiere el mencionado precepto. Esta concepción amplia de la cosa juzgada deriva de la aplicación de los criterios de la LEC al enumerar las identidades que han de concurrir entre el primero y el segundo litigio en su artículo 222 que ha mitigado el rigor en la apreciación de las identidades, con especial incidencia en la subjetiva pues, según este precepto, en relación con el artículo 10 del propio texto legal, la cosa juzgada afecta a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, tanto de las que comparezcan y actúen en juicio como a los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

B) Con la nueva normativa hemos venido declarando que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio pues no cabe duda que los hechos sentados en el primitivo proceso son vinculantes en el segundo, toda vez que si pudieran discutirse los ya firmes, equivaldría a poder revisar subrepticiamente la ejecutoria ( STS de 9 de diciembre de 2010, Rec. 46/2009 ). A diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse excluiría el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es suficiente que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluya el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado.

C) Por su parte la STS de 4 de marzo de 2010, recurso 134/07 , estableció: "1.- A tal afirmación llegamos, partiendo de las siguientes consideraciones: a) la cosa juzgada es una proyección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, exigiendo que las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 190/1999 ; 58/2000 ; 135/2002 ; 200/2003 Y 15/2006 ) b) por ello se impone una concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos (entre las recientes, SSTS de 9 de diciembre de 2010, Rec. 46/2009 ; 5 de diciembre de 2005, rec. 996/04 y 6 de junio de 2006, rec. 1234/05 ); c) con mayor motivo se impone esa flexibilidad al aplicarse a una relación como la laboral, de tracto sucesivo y susceptible de planteamientos plurales por distintos sujetos de una idéntica pretensión, de manera que no ha de excluirse el efecto de cosa juzgada material por el hecho de que en los procesos puestos en comparación se hayan ejercitado acciones distintas por sujetos diferentes ( SSTS de 30 de septiembre de 2004, rec. 1793/03 y 20 de diciembre de 2004, rec. 4058/2003 , que hacen eco de la precedente de 29 de mayo de 1995 ; y d) conforme al 222 LEC, "la cosa juzgada ... excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" [párrafo 1] y que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada ... vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

En su consecuencia, desestimamos este motivo.

2.- En el cuarto motivo de impugnación, se citan como infringidos el artículo 1902 del Código Civil en relación con su artículo 1101 y el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vuelve a insistir la recurrente en su falta de legitimación activa, en este caso alegando esencialmente que no ha concurrido culpa o negligencia alguna de la recurrente en la causación de la enfermedad profesional que causó la muerte del señor Gustavo.

Como es de ver, esto también fue tratado en aquellas dos sentencias firmes del Juzgado de lo Social número 2 de los Bilbao. Una de ellas precisamente desestimaba la impugnación del recargo de prestaciones de Seguridad Social que a la propia recurrente impuso el Instituto Nacional de la Seguridad Social. conforme lo expuesto en los fundamentos de derecho anteriores, opera igualmente el efecto de cosa juzgada material y positiva. Nos remitimos a lo ya dicho.

3.- En el quinto motivo de impugnación, con cita del artículo 1902 y 1101 del Código Civil, se vuelve a insistir en la ausencia de culpa o incumplimiento de normativa preventiva en materia de prevención de los riesgos laborales del difunto. Nos remitimos a lo ya dicho anteriormente: esto ya fue resuelto en vía judicial de forma firme en aquellas dos sentencias del mismo Juzgado de lo Social número 2 de los de Bilbao.

4.- En el sexto motivo de impugnación, se pretende un reparto proporcional de responsabilidades en base al tiempo trabajado para cada una de las demandadas en base a aquella sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 21 de julio de 2022 (recurso 244/2019), reparto que no se decidió en aquella sentencia del año 2019 que dictó el mismo Juzgado de lo Social número 2 de los Bilbao en los autos 995/2018, siendo que resultaría contradictorio con lo dicho en aquel proceso fijar ahora ese reparto que entonces no se consideró. Nos remitimos a lo ya expuesto en los anteriores fundamentos.

QUINTO.- Sobre las sanciones por temeridad o mala fe.

En el último motivo de impugnación, se aduce la infracción de lo dispuesto en el artículo 75, punto 1 y 97, punto 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social del artículo 24, punto 1 y 2 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978, criticando la decisión judicial de imponer la sanción por temeridad o mala fe y alegando que el objeto procesal de esta causa es distinto que en aquellos dos procesos y que no podía alegar entonces aquella doctrina unificadora en materia de reparto de responsabilidades, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo, contenida en aquella sentencia de fecha 21 de julio de 2022 (recurso 244/2019).

Sobre este aspecto de la sentencia recurrida, es conveniente citar la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 8 de noviembre de 2023 (recurso 308/2021) cuando dice: " Como recuerda a este respecto la STS 126/2022, de 8 de febrero (rec. 56/2020 ), "La sanción pecuniaria por temeridad constituye, desde cualquier punto de vista, una cualidad accesoria respecto al fondo del asunto, como hemos mantenido en SSTS 20/2018 de 16 enero (rcud. 969/2016 ) y 1173/2021 de 30 noviembre (rcud. 1793/2019 ) , entendiéndose el adjetivo accesorio como algo secundario, según el diccionario de la RAE, que depende del principal, o que se le une por accidente. Las SSTS 4 octubre 2001 (rcud. 4477/2000 ) , 27 Junio 2005 (rec. 168/2004 ) y 15 febrero 2012 (rec. 67/2011 ), entre otras, explican que el precepto procesal (actual art. 97.3 LRJS ) "concede una cierta discrecionalidad para la imposición de la sanción, pero no cabe duda de que el sustrato básico imprescindible es que se ejerciten pretensiones totalmente infundadas, con conocimiento de su injusticia".

A lo que seguidamente añade que "La STS 685/2018 de 27 junio (rcud. 1946/1999 ) alberga unas reflexiones del todo trasladables a nuestro caso. En efecto, el artículo 97.3 de la LRJS otorga una facultad de sancionar al juzgador - revisable en sede de recurso, según indica el artículo 204 de la propia LRJS - que se refiere tanto al litigante que obró de mala fe o con temeridad, como al litigante que no acudió al acto de conciliación injustificadamente. Esta facultad se concreta en la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75 de la LRJS . Si el condenado es el empresario, éste deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros. La imposición de las anteriores medidas se efectuará, según indica el propio artículo 97.3, a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas.

Al respecto hemos afirmado que "el Tribunal de instancia tiene una cierta discrecionalidad para imponer la multa a que se refiere el citado artículo 97.3 de la LPL , valorando los factores que confluyen en la posición de la parte actora y motivando la decisión ( STC 41/1984 ) , que naturalmente puede ser analizada y eventualmente anulada por el Tribunal de casación si se entendiera que la medida ha sido arbitraria, pero para ello es preciso que consten de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación de aquel precepto fue inadecuada" ( STS de 7 de diciembre de 1999 Rec. 1946/1999 )".

Entendemos que esa misma discrecionalidad judicial ha de ser respetada en este caso, sin que conste que la decisión judicial cuestionada sea arbitraria, no desprendiéndose de autos que la misma pueda ser tildada como inadecuada de forma fehaciente y clara, siguiendo la letra de la última de las sentencia indicadas por el Tribunal Supremo, ya que la sucesión en responsabilidades de la ahora recurrente ya había sido declarada en otros casos distintos de forma firme, como se señalaba en aquellas dos sentencias previas, la condición de responsabilidad solidaria con otras sociedades ya se había declarado de forma firme en vía judicial en aquel proceso del 2019 cuando el difunto señor Gustavo reclamó lo mismo que ahora reclaman sus sucesores por los perjuicios propios en relación con la responsabilidad derivada de aquella enfermedad profesional que finalmente le costó la vida y además, incluso se consideró la responsabilidad de la ahora recurrente en aquel otro proceso del año 2021 en el que se desestimó la impugnación del recargo de prestaciones de Seguridad Social por enfermedad. Siendo que ya de forma firme se había fijado la responsabilidad solidaria en vía judicial y no mancomunada en función de periodos de actividad en la empresa; era evidente para cualquier profesional del derecho laboral que se iba a alegar cosa juzgada material y positiva si se plantease ahora esa responsabilidad mancomunada en base a esa nueva sentencia del Tribunal Supremo y de hecho, así se planteó y se asumió de forma correcta tal efecto de cosa juzgada en la sentencia recurrida, pues, en relación a la misma enfermedad profesional y persona no cabía imaginar otro procedimiento.

Por nuestra parte, también la imponemos en razón de lo dicho, entendiendo cumplido el trámite de audiencia a la parte recurrente con el traslado que se le dio del escrito de impugnación del recurso, sin que formulase alegaciones al respecto en base al artículo 197, punto 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, trámite del que perfectamente pudo hacer uso y no lo ha hecho.

La sanción pecuniaria que imponemos es la misma cantidad que la fijada por el Juzgado y las costas procesales del letrado de la parte impugnante del recurso se fijan en seiscientos euros por cada impugnación, considerando las concretas circunstancias de este caso, también aquellos preceptos que cita la parte recurrente en este último motivo de impugnación y el artículo 235, punto 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social.

SEXTO. Depósitos.

Procede acordar la pérdida y destino legal (ingreso en la Hacienda Pública) del depósito necesario realizado para recurrir y la pérdida y mantenimiento de la afectación al cumplimiento del fallo recurrido de lo consignado en concepto de principal objeto de recurso ( artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social).

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación.