Sentencia Social 330/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1222/2020 de 09 de mayo del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de determinar si un correo electrónico tiene naturaleza jurídica de prueba documental a efectos de revisión de los hechos probados en trámite de suplicación.

La sentencia recurrida es la dictada por la Sala Social del TSJ de Galicia de 18 de febrero de 2020, rec. 5835/2019, que desestima la petición de revisión de hechos probados formulada por la empresa en su recurso de suplicación, con el argumento de que el correo electrónico invocado para sustentar esa pretensión no es prueba hábil a efectos revisorios porque no se trata de ninguno de los medios probatorios referenciados en el art. 193 b) LRJS, negando que se le pueda atribuir el tratamiento de documento electrónico o informático que lo equipare a prueba documental.

A lo que finalmente añade que ya ha sido en todo caso valorado por la juzgadora de instancia, sin que pueda dejarse sin efecto esa valoración.

2.- El recurso de casación unificadora denuncia infracción de los arts. 24. 1 CE; 193 b) LRJS y 326 LEC, para sostener que el correo electrónico tiene carácter de prueba documental y debe ser considerado como un documento privado adecuado para solicitar la revisión de los hechos probados de acuerdo con lo previsto en el art. 193 b) LRJS.

Invoca de contraste la sentencia de la Sala Social del TSJ del País Vasco de 2 de febrero de 2016, rec. 2372/2015.

3.- El Ministerio Fiscal informa en favor de acoger el recurso, el sindicato demandante interesa su desestimación, por entender que del correo electrónico en cuestión no se desprenden los hechos que pretende acreditar la empresa.

SEGUNDO. 1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.- Lo que sin duda merece una respuesta afirmativa, por cuanto la sentencia referencial acepta de forma expresa la revisión de los hechos probados solicitada en el recurso de suplicación con base a un correo electrónico emitido por el departamento de recursos humanos de la empresa demandada, aceptando de esta forma su naturaleza jurídica de prueba documental.

3.- Es cierto que la sentencia recurrida añade otra serie de consideraciones adicionales para fundamentar la desestimación de los hechos probados solicitada en ese caso por la empresa, pero no lo es menos que la primera, principal y esencial causa en la que sustenta esa desestimación es la de negar expresamente la naturaleza documental de los correos electrónicos, a lo que dedica los extensos y fundados argumentos jurídicos que le llevan a alcanzar ese resultado, de forma que esas otras consideraciones son posteriormente invocadas de modo subsidiario y a mayor abundamiento.

A lo que vamos a añadir que, contra lo que se dice en la misma, en la sentencia de instancia no aparece ninguna específica valoración de ese correo electrónico, por lo que no es el caso de mantener en sus términos la decisión del juez de instancia en ese particular.

Sea como fuere, es evidente que ambas sentencias han aplicado una diferente doctrina que debemos unificar, sin perjuicio de que, lógicamente, y respondiendo en este particular a las alegaciones del escrito de impugnación, corresponda en todo caso a la sala de suplicación la decisión de fondo, sobre si ese correo electrónico acredita el error evidente de apreciación de prueba que pudiere dar lugar a la rectificación de los hechos probados fijados por el órgano judicial de instancia.

TERCERO. 1.- La cuestión ya se encuentra resuelta en la STS Pleno 706/2020, de 23 de julio (rcud. 239/2018).

Como en ella concluimos "El avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo. En consecuencia, debemos atribuir la naturaleza de prueba documental a los citados correos electrónicos obrantes a los folios 730, 731 y 505 de las actuaciones. Ello no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia.

Criterio que aplica y reitera la STS 325/2022, de 6 de abril (rcud. 1370/2020): "Es cierto que la Sala ha aceptado un concepto amplio de prueba documental, partiendo de la base de que hay que distinguir entre medios de prueba y fuentes de prueba. Medios de prueba son los instrumentos de intermediación requeridos por el proceso para la constancia material de los datos existentes en la realidad exterior; mientras que la fuente de prueba se refiere a la fuente de información del mundo exterior que está en capacidad de ofrecer el medio de prueba. Las fuentes de prueba que se incorporan al proceso a través de los medios de prueba son ilimitadas, pero los medios de prueba únicamente pueden ser los regulados en la LEC".

Tras lo que recuerda que en nuestra precitada sentencia ya hemos atribuido naturaleza documental a los correos electrónicos, sin perjuicio de que deban aplicarse, lógicamente, los criterios ordinarios de valoración de esa clase de prueba para decidir finalmente si acreditan adecuadamente los hechos que sostiene la parte, y, en su caso, un manifiesto error de apreciación del órgano judicial de instancia que pudiere justificar la revisión de los hechos probados conforme con las reglas habituales a tal efecto.

2.- Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, debemos estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a la misma, para que el órgano judicial de procedencia conozca y resuelva el primero de los motivos del recurso de suplicación, partiendo de que el correo electrónico invocado por la recurrente es prueba documental hábil a efectos de solicitar la revisión de los hechos probados, resolviendo con libertad de criterio lo que legalmente corresponda. Sin costas y con devolución del depósito constituido para recurrir.