Artículo 106. Ley 1/2026, de 20 de febrero, Andalucía

1. Cada universidad pública andaluza elaborará su respectivo plan estratégico plurianual, en el que se fijarán sus objetivos específicos sociales, académicos e investigadores, la planificación económica y académica de su actividad y los programas destinados a lograr dichos objetivos.

2. A los efectos del apartado anterior, las universidades públicas andaluzas podrán elaborar programaciones plurianuales que puedan conducir a la aprobación, por la comunidad autónoma, de convenios y contratos programa estratégicos y estructurales que incluirán los objetivos a que se refiere el apartado anterior. En estos convenios y contratos programa se incluirán los medios de financiación, así como los criterios para la específica evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos.

3. Los planes estratégicos se concretarán en planes operativos de mejora de calidad que podrán servir de base para la firma de los contratos programa y para determinar su financiación vinculada a resultados.

4. De manera singular, las universidades públicas andaluzas podrán aprobar los programas de financiación universitaria condicionada que establecerán ayudas a programas universitarios orientados a favorecer la consecución de los objetivos establecidos en los respectivos planes estratégicos, así como a todas aquellas actuaciones de las universidades destinadas a promover iniciativas en favor del desarrollo económico y social de Andalucía, medidas de apoyo al estudiantado, a la mejora de la docencia, al rejuvenecimiento de su plantilla, al fomento de la investigación competitiva, a la transferencia de conocimientos a la sociedad, a la inclusión y a la no discriminación por discapacidad, a la accesibilidad universal, a la internacionalización y el apoyo a las universidades europeas, al emprendimiento, a la cultura y el deporte, a la digitalización, a la puesta en marcha de proyectos concretos de inversiones e infraestructuras, a la profesionalización de la gestión de las universidades, a las políticas y prácticas de igualdad y muy especialmente las de género, y a la atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos, entre otras.