Articulo 14 Autorización y acreditación de servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades

1. Como mínimo, los requisitos de autorización tienen que hacer referencia a los aspectos siguientes:

1. Las condiciones materiales, de seguridad, de edificación, de emplazamiento, de equipamiento y arquitectónicas de los equipamientos donde se presten los servicios y los medios tecnológicos necesarios para ofrecerla.

2. Las condiciones funcionales de los servicios:

1. Cartera de servicios.

2. Documentación técnica y administrativa referida a las personas usuarias y a los servicios (memoria y plan de actuación).

3. Uso de protocolos de actuación.

4. Recursos humanos: titulaciones, ratios y condiciones laborales.

5. Cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, entre otras obligaciones, se tiene que contar con una organización de la prevención de riesgos laborales en todas las especialidades, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales que incluya la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, y disponer de un diseño y una planificación de la formación en prevención de riesgos laborales por lugares de trabajo.

2. Además de los que se establecen en el apartado anterior, los requisitos mínimos de acreditación tienen que hacer referencia a estos aspectos:

1. Un nivel superior del que lo que se exige para mantener la autorización, con respecto a la estructura de los servicios, a los recursos humanos, a la evaluación objetiva de los servicios prestados y a la satisfacción de las personas usuarias.

2. La calidad en la ocupación:

1. La estabilidad en la ocupación, por lo cual se tiene que establecer un porcentaje de referencia y un periodo de transición para cumplirlo.

2. La participación del personal en planes de formación continua.

3. La aplicación efectiva de las condiciones de contratación establecidas en la Ley de Integración social de los minusválidos y al resto de disposiciones aplicables.

4. La aplicación de cláusulas sociales en los contratos con entidades proveedoras de servicios externos.

5. Aplicación de medidas relacionadas con la prevención de riesgos laborales por encima de los mínimos exigidos legalmente.

3. La aportación de información económico-financiera y de gestión:

1. Plan de igualdad, según lo que establece la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer.

2. Sistemas de control y evaluación de la actividad.

3. Memoria económica del servicio.

4. Plan financiero.