Articulo 2 Emergencias y Protección Civil

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por emergencia aquella situación que sobreviene de modo súbito, en la cual la vida o la integridad física de las personas y los bienes se ponen en grave riesgo o resultan agredidas, y que exige la adopción inmediata de medidas para hacer frente al riesgo con el fin de minimizar los daños. En este concepto se incluyen las emergencias de protección civil, quedando excluidas de este las catástrofes, en los términos que se definen en el punto siguiente.

2. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se entenderá por:

a) Peligro: potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil.

b) Vulnerabilidad: característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.

c) Amenaza: situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

d) Riesgo: Posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.

e) Emergencia de protección civil: situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.

f) Catástrofe: situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.

g) Servicios esenciales: servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Administraciones Públicas.