DECRETO 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Prevision Social Voluntaria. - Boletín Oficial del Pais Vasco de 15-06-2007

1. El presente Decreto será de aplicación a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (en adelante, EPSV o Entidad), que integren planes de previsión para la jubilación así como para fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave, cuyos miembros mantengan o hayan mantenido con el socio protector una vinculación laboral o sean socios trabajadores o de trabajo en el ámbito de las sociedades cooperativas y laborales (en adelante modalidad de empleo), o que, en su defecto, cotizando a cualquier Régimen de Seguridad Social o mutualidades alternativas del sistema público, mantengan entre sí una vinculación profesional o asociativa (en adelante, modalidad asociada).

2. Asimismo, será de aplicación para cualquier otra Entidad de Previsión Social Voluntaria, cuya socio protector o promotor sea una entidad financiera que desarrolle las actividades de cobertura descritas en el párrafo 1 anterior, para socios ordinarios y beneficiarios integrados en la misma que sean personas físicas (en adelante, modalidad individual).

3. Constituyen planes de previsión los acuerdos que revistan la forma contractual, asociativa, de acto constitutivo o normativa que instrumente y regule el régimen de aportaciones y prestaciones para la contingencia de jubilación, así como para las contingencias de fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración o enfermedad grave, así como las condiciones para su obtención. Los planes de previsión se formalizarán en reglamentos de prestaciones y aplicarán sistemas financieros y actuariales de capitalización para la determinación de las mismas.

4. Cuando una EPSV realice, además de las actividades descritas en el párrafo 1 anterior, otras distintas, deberá tener claramente delimitado el conjunto de activos y pasivos afectos a aquellas actividades, restringiendo dicho conjunto delimitado a las operaciones relacionadas con las prestaciones de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración y enfermedad grave. Los activos y pasivos afectos serán gestionados y organizados independientemente al resto de actividades desarrolladas por las EPSV, y sin que, en ningún caso, sea posible la transferencia de derechos y obligaciones entre las distintas actividades.

1. Las EPSV afectadas por el presente Decreto deberán contar con una dirección eficiente, con experiencia y cualificación suficientes. La dirección efectiva será ejercida por la propia Junta de Gobierno de la Entidad o por las personas designadas al efecto como órgano de Dirección.

2.

3. Esta necesaria cualificación no condicionará los derechos de sufragio activo y pasivo de los miembros de los Órganos de Gobierno de las EPSV. Para ello, los nuevos cargos que se incorporen a dichos Órganos contarán con un año de plazo para obtener la necesaria cualificación.

4. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social elaborará la correspondiente norma de desarrollo relativa al alcance de los cursos de previsión mencionados en el presente artículo.

La Junta de Gobierno deberá presentar anualmente a la Asamblea General, para su aprobación, las cuentas anuales auditadas así como un informe de gestión del ejercicio.

El informe de gestión deberá contener como mínimo:

1. Una evaluación de los mercados financieros.

2. La rentabilidad neta obtenida en el ejercicio por la Entidad y por cada plan y una comparación con el objetivo anual de rentabilidad esperada recogido en la declaración de principios de inversión, por cada plan.

3. Número de socios ordinarios y beneficiarios de cada plan.

4. Las cuotas recaudadas, patrimonio acumulado y prestaciones abonadas y desglosadas por modalidades y por plan.

5. Las modificaciones que se hayan producido en los Estatutos o Reglamentos.

6. Las altas y bajas, movilizaciones y traslados de cada plan.

7. Las inversiones desglosadas por cada plan, detallando aquellas a que se refiere la letra d) del párrafo 4 del artículo 11 del presente Decreto y justificando su idoneidad.

8. Cualquier otra información relevante sobre la marcha de la Entidad.

Tanto las cuentas anuales como el informe de gestión deberán reflejar una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Entidad.

1. Con carácter general, todas las EPSV afectadas por este Decreto pondrán a disposición de los socios ordinarios y beneficiarios la siguiente información:

1. Los Estatutos de la Entidad y el Reglamento del plan al que se hayan adherido y la composición de los órganos de gobierno.

2. Las modificaciones estatutarias y reglamentarias y las modificaciones en la composición de los órganos de gobierno.

3. La Declaración de los Principios de Inversión que deberá incluir el perfil de riesgo (alto, medio o bajo) debido a los activos en los que se invierte o a las técnicas empleadas en su gestión.

4. Especificación del porcentaje a aplicar, en cada plan de previsión, en concepto de gastos de administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, así como del tanto %to que sobre el patrimonio del plan supongan los gastos de intermediación por la compra y venta de valores mobiliarios y del ratio de rotación de la cartera de dichos valores en los términos definidos por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

5. Identidad de los Auditores de la Entidad.

6. Evolución histórica del patrimonio del plan de previsión, de los objetivos anuales de rentabilidad establecidos y de la rentabilidad obtenida por el plan, en cada uno de los tres últimos ejercicios, o durante los ejercicios cerrados desde la existencia del plan, si su número fuera inferior a tres. La información sobre la rentabilidad histórica, debe incluir una declaración expresa que indique que la citada rentabilidad no garantiza ni determina rentabilidades futuras. A estos efectos, el cálculo de la rentabilidad obtenida se ajustará a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 del presente Decreto.

7. Información del régimen fiscal aplicable, tanto a las aportaciones como a las prestaciones correspondientes a las distintas contingencias.

2. Para los planes de previsión del sistema de prestación definida, al menos con periodicidad anual, la Entidad remitirá a cada socio ordinario y beneficiario una certificación sobre las aportaciones directas o imputadas realizadas en cada periodo, el valor al final del mismo de sus derechos económicos, si los hubiera, y el importe de las prestaciones satisfechas en el periodo. Asimismo, remitirá un informe de gestión abreviado, excepto cuando mantenga una relación telemática con sus socios.

Para los planes de previsión del sistema de aportación definida, al menos con periodicidad semestral, la Entidad remitirá a cada socio ordinario y beneficiario una certificación sobre el valor de sus derechos económicos, el número de partes alícuotas del patrimonio afecto que suponen y el valor de cada parte alícuota, al inicio del periodo; las aportaciones directas o imputadas realizadas en el periodo, así como las movilizaciones realizadas y las prestaciones satisfechas en el mismo; y el valor de sus derechos económicos, el número de partes alícuotas del patrimonio afecto que suponen y el valor de cada parte alícuota, al final del periodo. Asimismo, remitirá un informe de gestión abreviado, excepto cuando mantenga una relación telemática con sus socios.

3. La puesta a disposición de esta información a los socios ordinarios y beneficiarios se realizará:

1. por medios telemáticos cuando el número de socios ordinarios y beneficiarios supere el de quinientos, salvo remisión individualizada, pudiendo efectuarse por otros medios cuando el total de aquéllos no supere dicho número.

2. en cualquier caso, para las Entidades de la modalidad de empleo, esta información podrá ponerse a disposición de los socios ordinarios y beneficiarios a través de sus representantes sindicales, de las empresas socias protectoras, de tablones de anuncios debidamente señalizados o de los medios telemáticos que se estimen oportunos.

3. en todo caso, cuando un socio ordinario o beneficiario solicite esta información expresamente a la Junta de Gobierno, deberá facilitarse la misma de manera individual.

4. Los Departamentos de Hacienda y Administración Pública y de Justicia, Empleo y Seguridad Social ejercerán los controles recogidos en la Ley 25/1983 y en el Decreto 87/1984, de EPSV para la observancia del derecho a la información y defensa del socio ordinario y beneficiario señalado en este artículo. Los socios ordinarios y los beneficiarios, para la defensa de sus derechos, deberán presentar, previamente a cualquier actuación, reclamación ante la Junta de Gobierno de la EPSV que deberá suministrar oportuna respuesta. A este respecto se deberá dar cumplida información de dicho procedimiento al socio ordinario en el Reglamento de prestaciones o en el boletín de adhesión.

5. Las Entidades de Previsión Social Voluntaria de la modalidad individual deberán designar, a través de la Asamblea General, un Defensor del Asociado que, de manera independiente al socio protector, velará por los derechos de los socios ordinarios y beneficiarios.

Lo expresado en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la utilización por parte de los consumidores y usuarios de otros sistemas de protección previstos en la legislación vigente, en especial, la mediación y el arbitraje regulados en la normativa de consumo.

1. La Junta de Gobierno aprobará la política de inversión de la Entidad a través de una Declaración escrita de Principios de Inversión que se revisará, al menos, cada tres años por la Junta de Gobierno, pudiendo modificarse en función de la evolución de los mercados u otras variables, velando, en todo caso, porque se apliquen las normas estatutarias y asumiendo las responsabilidades que de dicha decisión se deriven.

2. Dicha Declaración comprenderá, como mínimo, los métodos de medición de los riesgos inherentes a las inversiones y los procedimientos establecidos para el control de la gestión de dichos riesgos, incluyendo los límites de la política de inversión; la estrategia de inversión en relación con la naturaleza, plazo y duración de sus compromisos, en su caso, analizando su congruencia; indicación de los activos en los que se puede invertir el patrimonio del plan, especificando si se autorizan operaciones con instrumentos derivados y si éstas tienen carácter de cobertura o carácter de inversión, indicando las posibles repercusiones de la utilización de estos instrumentos en el perfil de riesgo y, en su caso, el importe de los compromisos que se deriven de los instrumentos derivados contratados; y el objetivo anual de rentabilidad esperada.

3. La modificación de la Declaración de Principios de Inversión requiere el acuerdo correspondiente de la Junta de Gobierno, debiendo dar cuenta del mismo en la primera Asamblea General que se celebre.

4. Asimismo, se deberá establecer el régimen que regule las inversiones en instrumentos financieros a fin de que cada transacción relacionada con la Entidad pueda reconstruirse con arreglo a su origen, las partes que participen, su naturaleza y el tiempo y lugar en que se haya realizado, así como que los activos de la sociedad se inviertan con arreglo a sus estatutos y a las disposiciones legales vigentes.

Se faculta al Departamento de Hacienda y Administración Pública para establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir los sistemas de control de gestión y control de riesgos, a que hace referencia el párrafo anterior, así como la forma en que deba informarse de la existencia y funcionamiento de dichos sistemas.

La información mínima que las Entidades afectadas por el presente Decreto deben facilitar a las autoridades competentes es:

1. La Declaración de Principios de Inversión.

2. Las cuentas anuales auditadas y el informe de gestión.

3. El informe actuarial, en su caso.

4. Los contratos con terceras personas de gestión de activos, de depósito y custodia de valores y de reaseguro.

Se podrá dar publicidad a la información relativa al perfil de riesgo, a los gastos de administración y a la rentabilidad histórica de los planes de previsión de acuerdo con lo que establezca el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Las EPSV afectadas por el presente Decreto garantizarán una adecuada organización administrativa y contable. Asimismo, dispondrán de procedimientos de control interno referidos a su organización y operativa, que velarán por el buen funcionamiento del personal que trabaja para la Entidad y por la actuación de las EPSV hacia sus socios ordinarios y beneficiarios en materias referidas a las mismas como las relativas a la información o a la participación.

1. Las EPSV que asuman riesgos biométricos y/o garanticen ya sea el resultado de la inversión ya sea un nivel determinado de prestaciones deberán constituir, por cada plan de previsión, las provisiones técnicas suficientes en relación con las obligaciones asumidas.

2. El cálculo de la cuantía mínima de las provisiones técnicas deberá realizarse anualmente por personal actuario mediante la utilización de métodos actuariales prospectivos suficientemente prudentes, teniendo en cuenta todos los compromisos en materia de prestaciones y cotizaciones de acuerdo con las modalidades de pensión de la Entidad. Dicha cuantía deberá ser suficiente para financiar las prestaciones en curso, así como para reflejar los compromisos que se deriven de los derechos de pensiones devengados de los socios ordinarios. También se elegirán con prudencia las hipótesis económicas y actuariales para la valoración de los pasivos, teniendo en cuenta un adecuado margen de desviación desfavorable.

3. El tipo de interés técnico utilizado en el cálculo de las provisiones técnicas será el determinado en función de la tasa interna de rentabilidad de las inversiones asignadas al plan de previsión, de acuerdo con los requisitos que establezca el Departamento de Hacienda y Administración Pública. En todo caso el tipo de interés técnico no podrá superar en tres puntos porcentuales la hipótesis de inflación prevista utilizada para determinar las provisiones técnicas, con un límite máximo del 5%.

4. Las tablas biométricas que se utilicen en el cálculo de las provisiones técnicas deberán ser oficiales y estar debidamente actualizadas. Igualmente, podrán utilizarse tablas basadas en la propia experiencia del colectivo cuando se acredite que se ajustan a la evolución del mismo, siempre que no resulten menos exigentes que las anteriores.

5. Cuando las prestaciones se encuentren reaseguradas no corresponderá elaborar informes actuariales.

1. Las Entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 anterior deberán mantener, para cada uno de los planes de previsión, activos suficientes y adecuados destinados a cubrir las provisiones técnicas especificadas en los estudios actuariales elaborados al efecto.

2. En el supuesto de que, durante tres años consecutivos, no se disponga de fondos constituidos para cubrir las provisiones técnicas necesarias o cuando los fondos existentes en un ejercicio concreto sean inferiores al 90% del importe de aquéllas, la Entidad, obligatoriamente, deberá elaborar un plan de reequilibrio que deberá ponerse en conocimiento de los socios ordinarios y beneficiarios. Dicho plan estará sujeto a la aprobación del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social previo informe vinculante del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

3. El plan de reequilibrio contendrá el programa de amortización del déficit existente entre los fondos constituidos y las provisiones técnicas.

Los fondos constituidos se definen como el valor de mercado de los activos que se asignen a la cobertura de las provisiones técnicas.

La cuantía reconocida en concepto de derechos por servicios pasados y, en su caso, de obligaciones ante socios ordinarios y beneficiarios que se correspondan con fondos constituidos se imputará individualmente, a efectos de cálculo, a cada uno de ellos.

Cuando el plan de reequilibrio incluya obligaciones con socios pasivos y beneficiarios no podrán asignarse fondos constituidos a los socios activos hasta haber cubierto con tales fondos todas las obligaciones con aquéllos.

En su caso, la diferencia positiva entre los derechos reconocidos por servicios pasados y los fondos constituidos correspondientes configura un déficit que se calculará individualizadamente para cada socio ordinario.

En el caso de socios pasivos o beneficiarios, el déficit individual asignado surgirá como diferencia entre el valor actual actuarial de la prestación y el fondo constituido asignado.

El plan de reequilibrio deberá prever que, en todo momento, el plan de previsión reciba las aportaciones en forma de tesorería o activos financieros habitualmente cotizados en mercados organizados, por importe no inferior a las cantidades a abonar en cada ejercicio por razón de las prestaciones correspondientes a socios pasivos o beneficiarios.

El déficit individualizado de cada socio ordinario tendrá que encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan de previsión.

Con carácter general, durante los años que dure el proceso de amortización del déficit, cada año deberá amortizarse, al menos, el 12,5 % del déficit inicial, debiendo cumplirse que a la mitad del periodo de amortización previsto en el plan de reequilibrio, al menos debe haberse amortizado la mitad del déficit global.

1. Las EPSV que integren planes de previsión que asuman la cobertura de riesgos biométricos o el resultado de la inversión o un nivel determinado de las prestaciones, deberán mantener, con carácter permanente, activos adicionales a aquellos en que se materialicen sus provisiones técnicas, en concepto de reservas. Estos activos estarán libres de todo compromiso previsible y servirán como margen de solvencia disponible para absorber las desviaciones entre los gastos y prestaciones, previstos y reales.

2. El margen de solvencia deberá contar con un importe mínimo del 4% de las provisiones técnicas.

3. Los planes de previsión reasegurados no requerirán constituir margen de solvencia.

Las inversiones de las EPSV afectadas por el presente Decreto y las de los planes de previsión que las integren se regirán por los siguientes principios:

1. Los activos de las EPSV se invertirán únicamente en interés de sus socios ordinarios y beneficiarios. En caso de posible conflicto de intereses, la Entidad velará por que la inversión se realice defendiendo únicamente el interés de las personas asociadas.

2. Los activos de las EPSV se invertirán mayoritariamente en mercados regulados. Los criterios a seguir por las EPSV en la ejecución de las inversiones serán los de seguridad, rentabilidad, liquidez, diversificación, dispersión, congruencia monetaria y de plazos adecuados a sus finalidades.

Las EPSV deberán tener la titularidad y libre disposición sobre los bienes y derechos en que materialicen las inversiones.

3. Son activos aptos para la inversión de las EPSV:

4. La inversión en activos aptos deberá realizarse cumpliendo los siguientes criterios de diversificación, dispersión y congruencia:

1. Al menos el 70% del activo de cada plan de previsión se invertirá en los activos a que se refieren las letras a), c), d), e) y f) del párrafo 3 anterior y en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados.

2. Los activos estarán suficientemente diversificados, evitando la dependencia excesiva de un activo, de un emisor determinado o de un grupo de empresas. La inversión en activos emitidos por una misma empresa que coticen en mercados regulados no podrá superar el 5% del activo de la EPSV, ni el 10% cuando se trate de activos emitidos por empresas de un mismo grupo.

3. Las EPSV no podrán invertir más del 2% de su activo en valores no admitidos a cotización en mercados regulados emitidos por una misma empresa, ni más del 4% cuando se trate de valores emitidos por empresas de un mismo grupo.

4. La inversión en valores no negociados en un mercado financiero regulado emitidos por los promotores o protectores de los planes de previsión, no podrá superar el 2% de los activos totales del plan.

5. La inversión en inmuebles y derechos reales inmobiliarios no podrá superar el 20% del total del activo del plan de previsión. La inversión en un solo inmueble o derecho real inmobiliario no podrá superar el 10% del activo del plan de previsión.

6. La inversión en valores o participaciones emitidos por sociedades o fondos de capital riesgo no podrán exceder del 20%, en valor nominal, del total de títulos emitidos o de participaciones en circulación.

7. La inversión en una sola institución de las previstas en la letra c) del párrafo 3 anterior podrá llegar hasta el 20% del activo de cada plan de previsión.

8. Los instrumentos derivados estarán sometidos, en los términos previstos en la letra b) anterior, a los límites de dispersión por el riesgo de mercado asociado a la evolución del subyacente. Para la aplicación de lo citados límites, los instrumentos derivados que tengan la consideración de instrumentos de cobertura se considerarán atendiendo a la posición neta.

9. En el caso de inversión en las sociedades a que se refiere la letra l) del párrafo 3 anterior, para el cómputo de los límites de diversificación y dispersión anteriores, se acumulará al valor de cada categoría de activos de los que es titular directamente la EPSV el que resulte de computar los activos correspondientes a estas sociedades en función de su porcentaje de participación.

10. Los límites previstos en las letras a) a g) anteriores no serán de aplicación cuando en la Declaración de los Principios de Inversión del plan de previsión se establezca que este tiene por objeto desarrollar una política de inversión que, o bien replique o reproduzca, o bien tome como referencia un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados.

11. Cuando el grado de concentración de riesgo se estime elevado o pueda comprometerse el desenvolvimiento financiero de los planes de previsión, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, podrá fijar condiciones especiales adicionales a las enumeradas en el presente artículo, a las inversiones de las EPSV que figuren en el pasivo de las empresas socias protectoras o promotoras o de las empresas pertenecientes al grupo de éstas.

5. Las normas definidas en los apartados 1 a 4 de este artículo deberán ser observadas, tanto por las EPSV, como por cualquier otro instrumento o vehículo utilizado por éstas para llevar a cabo sus inversiones.

6. Los activos aptos se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Los valores negociables, sean de renta fija o variable, se valorarán por su valor de realización, conforme a los siguientes criterios:

1. Para aquellos valores admitidos a negociación en un mercado regulado, se entenderá por valor de realización el de su cotización al cierre del día a que se refiera su estimación o, en su defecto, al último publicado o al cambio medio ponderado si no existiera precio oficial al cierre. Cuando se haya negociado en más de un mercado, se tomará la cotización o precio correspondiente a aquél en que se haya producido el mayor volumen de negociación.

2. En el caso de títulos de renta fija no admitidos a negociación en un mercado regulado o, cuando admitidos a negociación, su cotización o precio no sean suficientemente representativos, el valor de realización se determinará actualizando sus flujos financieros futuros, incluyendo el valor de reembolso, a los tipos de interés de mercado en cada momento de la deuda pública asimilable por sus características a dichos valores, incrementado en una prima o margen que sea representativo del grado de liquidez de los valores en cuestión, de las condiciones concretas de la emisión, de la solvencia del emisor, del riesgo país o de cualquier otro riesgo inherente al título.

3. Cuando se trate de otros valores, distintos de los señalados en las letras anteriores, se entenderá por valor de realización el que resulte de aplicar criterios racionales valorativos aceptados en la práctica.

2. Los inmuebles se valorarán por su valor de tasación. Los inmuebles deberán ser tasados al menos anualmente por una entidad tasadora autorizada. En el caso de los inmuebles hipotecados o adquiridos con pago aplazado, se deducirá del valor de tasación el importe de la responsabilidad hipotecaria pendiente o el valor actual de la parte aplazada del precio que se halle pendiente de pago. Se utilizará para su actualización la tasa de interés de la deuda pública de duración más próxima a la residual de la respectiva obligación.

3. Los créditos se valorarán por su valor actual, con el límite del valor de la garantía, utilizando para su actualización los tipos de interés de mercado en cada momento de la Deuda Pública de duración más próxima a la residual del crédito, incrementado en una prima o margen que sea representativo de las condiciones concretas de contratación, de la solvencia del emisor, del riesgo país, o de cualquier otro riesgo inherente al crédito.

4. No obstante, el Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá establecer, para los planes de previsión de la modalidad de empleo normas específicas de valoración de la renta fija en atención a su permanencia en el activo del plan de previsión.

7. Asimismo, el activo de cada plan de previsión podrá materializarse en:

1. Créditos contra la Hacienda Pública por las retenciones y liquidaciones de impuestos.

2. Créditos frente a las reaseguradoras por su participación en provisiones en la parte en que no se hubiesen recibido depósitos por razón de las mismas.

3. Deudas de socios protectores correspondientes a fondos pendientes de transvase o a un déficit pendiente de amortizar en virtud de planes de reequilibrio.

8. Se faculta al Departamento de Hacienda y Administración Pública para establecer el régimen y condiciones de las inversiones de otros activos afectos a los planes de previsión, no enumerados anteriormente.

1. Las EPSV, podrán contratar la gestión de los activos financieros en que se materialice el patrimonio de los planes de previsión, con entidades de crédito, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, empresas de inversión o entidades aseguradoras que operen en el ramo de vida.

La contratación a que se refiere el párrafo anterior se ajustará a los siguientes requisitos:

1. Los contratos deberán redactarse por escrito, previo acuerdo expreso de la Junta de Gobierno.

2. La gestión de los activos financieros de una EPSV podrá encomendarse a una o varias entidades mediante contratos independientes sobre carteras distintas.

3. Los movimientos económicos derivados de cada contrato se instrumentarán en cuentas de efectivo y de valores específicas, cuya finalidad exclusiva será instrumentar las operaciones generadas por dicho contrato.

4. Los contratos deberán especificar las obligaciones de información periódica y los mecanismos de control que la entidad contratada debe cumplir, a fin de que la EPSV pueda controlar y estar adecuadamente informada de la gestión y situación de los activos financieros objeto del contrato. A estos efectos se deberá establecer en él la obligación, para la entidad contratada, de notificar las operaciones efectuadas y la valoración diaria de los activos objeto del contrato, facilitando, al menos mensualmente, un informe completo de las operaciones realizadas.

5. Los contratos establecerán los límites de diversificación y dispersión y las condiciones cuantitativas y cualitativas de las inversiones que se consideren necesarias para garantizar una prudente gestión y un adecuado control del patrimonio gestionado.

2. Asimismo, las EPSV contratarán el depósito y custodia de los activos financieros en que se materialice el patrimonio de los planes de previsión con entidades depositarias, de acuerdo con la normativa vigente.

3. Asimismo, todos los contratos sobre gestión, depósito y custodia deben figurar en un libro Registro permanentemente actualizado y a disposición permanente de la Administración competente.

1. Las EPSV podrán realizar actividad publicitaria.

2. A estos efectos, tendrá la consideración de actividad publicitaria o publicidad, toda forma de comunicación realizada por una EPSV, que tenga por finalidad promover de forma directa o indirecta la adhesión de personas físicas a la Entidad, o que divulgue información sobre ella, cualquiera que sea el medio o soporte publicitario que se utilice.

3. La publicidad deberá transmitir a las personas destinatarias una información veraz, eficaz, suficiente y transparente, no dejando dudas sobre su contenido y mensaje publicitario. Cualquiera que sea el medio o soporte elegido, debe quedar claro el carácter publicitario del mensaje.

4. En toda publicidad deberá constar con claridad el nombre de la EPSV. Asimismo, se hará constar la denominación del socio protector o promotor de aquélla, así como la entidad o entidades que, en su caso, tengan encomendada la gestión del patrimonio afecto al plan de previsión.

5. Cuando la publicidad incluya referencias a la rentabilidad deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Se calculará, en todo caso, en términos anuales, con dos decimales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

   Rn = ((VPAn - VPAn-1) / VPAn-1) x 100

   Donde:

   Rn: Rentabilidad del año n.

   VPAn:Valor de cada parte alícuota del patrimonio a 31 de diciembre del año n.

   VPAn-1: Valor de cada parte alícuota del patrimonio a 31 de diciembre del año n-1.

2. En ningún caso, podrán utilizarse en la publicidad rentabilidades correspondientes a periodos inferiores a un año, ni su correspondiente tasa anualizada. Asimismo no puede realizarse la extrapolación de rentabilidades obtenidas en periodos anteriores, ni calculadas con base en estimaciones.

3. Si se publican rentabilidades históricas, se deberá hacer constar el periodo al que hace referencia e informar de manera clara y precisa que resultados históricos ni garantizan ni determinan resultados futuros.

4. En ningún caso deberán utilizarse expresiones que puedan inducir a los destinatarios a la creencia de rentabilidades positivas seguras, salvo que exista una rentabilidad mínima asegurada o garantizada por una persona jurídica externa a la EPSV. En este caso, deben indicarse con claridad los términos de la garantía externa y la persona jurídica que la realiza.

5. En los casos que exista una rentabilidad mínima asegurada o garantizada por una persona jurídica externa, o se realice una retribución en especie, deberá incluirse, de forma destacada, la tasa anual equivalente (TAE) a la rentabilidad asegurada o garantizada o realizada en especie incluyendo, además, un ejemplo significativo. Cuando el rendimiento efectivo a indicar en la publicidad pueda verse alterado por cualquier circunstancia, se indicará el intervalo significativo en que pueda moverse. Asimismo, cuando la rentabilidad publicitada, incluya una retribución total o parcial en especie, deberá acompañarse a la comunicación a que se refiere el apartado 6 de este artículo, detalle del coste del objeto ofertado como retribución, incluyendo explicación detallada de cada uno de los conceptos que integran el valor del producto.

6. Toda publicidad, previamente a su difusión, deberá ser comunicada al Departamento de Hacienda y Administración Pública. Los proyectos de campañas publicitarias reproducirán fielmente, según el medio de difusión, los anuncios, textos, carteles, folletos, cuñas radiofónicas, filmaciones o cualquier otro medio o soporte. Asimismo, especificarán su ámbito territorial y el periodo de duración de los mismos.

7. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá requerir a las EPSV la rectificación o el cese de la publicidad que no respete lo establecido en este artículo, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse a las mismas, en aplicación de la normativa vigente.

8. En relación con las comunicaciones y demás información que realicen las EPSV, modalidad de empleo, a las personas trabajadoras socios ordinarios y beneficiarios de las mismas o dirigidas a la integración de colectivos laborales en ellas, se estará a lo que disponga el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria ya inscritas en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria a las que resulte de obligada aplicación el presente Decreto, deberán adaptar sus Estatutos, a lo establecido en el mismo, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, cesando en sus efectos las disposiciones estatutarias y reglamentarias que se opongan al mismo. Se exceptúa de la aplicación de este plazo lo señalado en el punto 3 de esta Disposición Transitoria.

La adaptación de los Estatutos al presente Decreto se llevará acabo en la forma establecida en el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, para la modificación de los Estatutos.

La acreditación a que se refiere el apartado 2.a) del artículo 2 del presente Decreto deberá efectuarse en el plazo máximo de veinticuatro meses desde su entrada en vigor. A partir de este plazo, para las nuevas incorporaciones de miembros de Juntas de Gobierno se seguirá el plazo establecido en el artículo 2.3.

La puesta a disposición de información por medios telemáticos a que se refiere la l#a4|letra a) del apartado 3 del artículo 4 del presente Decreto}, deberá realizarse en el plazo máximo de veinticuatro meses desde su entrada en vigor.

El cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del presente Decreto será exigible a partir del 1 de enero de 2010.

Los planes de reequilibrio en vigor a la publicación del presente Decreto se mantendrán en los plazos y coberturas previamente aprobados.

Quedan derogadas todas las Disposiciones legales de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto.

El artículo 5 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

La letra b) del artículo 12 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

El artículo 16 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

La letra c) del artículo 31 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, queda con la siguiente redacción:

Se suprime la letra d) del artículo 31 del Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria y se añade un nuevo párrafo en el citado artículo, con la siguiente redacción:

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2007.

El Lehendakari, Juan José Ibarretxe Markuartu. La Consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain. El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga Rodero.