DECRETO 94/1991, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. - Diario Oficial de Galicia de 25-03-1991

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Estado: VIGENTE
  • Fecha de entrada en vigor: 26/03/1991
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Fecha de Publicación: 25/03/1991
  • Esta norma NO ha sido modificada legislativamente
  • NOTA: Versión actualizada desde 21 de julio de 2004

Artí­culo único.

Se aprueba del Reglamento de régimen disciplinario de la Función Pública de la Administración autonómica de Galicia, en desarrollo y ejecución de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, cuyo texto se inserta a continuación.


REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPITULO I. Ámbito de aplicación
Artí­culo 1º.

1. El presente reglamento es de aplicación a todo el personal funcionario comprendido en el ámbito de la aplicación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia.

Los funcionarios en prácticas estarán sometidos a lo dispuesto en el presente reglamento, en la medida en que les sea de aplicación, sin perjuicio de las normas especiales que regulen su proceso procedimiento de selección.

2. El régimen disciplinario establecido en este reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pueden incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma en que determine la Ley.

3. En lo no reservado a la legislación del Estado, se aplicará este reglamento al personal de la Administración local.


CAPITULO II. Faltas disciplinarias
Artí­culo 2º.

Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos podrán ser muy graves, graves y leves.


Artí­culo 3º.

Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomí­a en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así­ como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual. (NOTA: letra b) modificada por Decreto 157/2004, de 7 de julio)

c) El abandono del servicio.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así­ declarados por Ley o clasificados como tales.

f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

g) La violación de la neutralidad o independencias polí­ticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en los procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad.

i) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

k) La participación en huelgas, los que tengan expresamente prohibido por la Ley.

l) El incumplimiento de las obligaciones de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.

n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un perí­odo de un año.


Artí­culo 4º.

1. Son faltas graves:

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.

b) El abuso de la autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas del delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de las faltas muy graves o graves de sus subordinados.

e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.

f) Causar daños graves en los locales, en el material o en los documentos de los servicios.

g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se de alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicios a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan faltas muy graves.

i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.

j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.

k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de alguna situación de incompatibilidad.

l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga un mí­nimo de diez horas al mes.

m) La tercera falta injustificada de asistencia en un perí­odo de tres meses, cuando las dos anteriores hubiesen sido objeto de sanción por falta leve.

n) La grave perturbación del servicio.

ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.

o) La grave falta de consideración con los administrados.

p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

2. A efectos de lo dispuesto en el presente artí­culo, se entenderá por mes el perí­odo comprendido desde el dí­a primero al último de cada uno de los doce que componen el año.


Artí­culo 5º.

Son faltas leves:

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo cuando no suponga una falta grave.

b) La falta de asistencia injustificada de un dí­a.

c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.

d) El descuido o la negligencia en el ejercicio de sus funciones.

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba ser calificados como falta muy grave o grave.


CAPITULO III. Personas responsables
Artí­culo 6º.

1. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancia

Los funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio activo podrán incurrir en responsabilidad disciplinarias por faltas previstas en este reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiaridades administrativas. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por encontrarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta se hace efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que hubiese transcurrido el plazo de prescripción.

2. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.

La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal contraí­da por faltas cometidas durante el tiempo en que se hubiese mantenido aquélla.


Artí­culo 7º.

1. Los funcionarios que induzcan a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de faltas disciplinarias incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. De no consumarse la falta, incurrirán en responsabilidad, de acuerdo con los criterios establecidos en el artí­culo 89 de la Ley de funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (RCL 1964\348).

2. Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves cuando dicho acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos y serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el apartado anterior.


CAPITULO IV. Sanciones disciplinarias
Artí­culo 8º.

Por razón de las faltas descritas en este reglamento se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Separación del servicio.

b) Suspensión de funciones.

c) Traslado con cambio de residencia.

d) ( Suprimida) (NOTA: letra d) suprimida por Decreto 157/2004, de 7 de julio)

e) Apercibimiento.


Artí­culo 9º.

1. La sanción de separación de servicio únicamente podrá imponerse por faltas muy graves, previo informe de la Comisión de Personal o, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial de funcionarios.

2. Las sanciones de los apartados B) o C) del Artí­culo 8 podrán imponerse por la comisión de faltas graves o muy graves.

La sanción de suspensión de funciones, propuesta por la comisión de faltas muy grave, no podrá ser superior a seis años ni inferior a tres. Si se impone por falta grave, no excederá de tres años.

3. Las faltas leves solamente podrán ser corregidas con la sanción que se señala en el apartado e) del artí­culo 8. (NOTA: apdo. 3 modificado por Decreto 157/2004, de 7 de julio)


Artí­culo 10.

1. Si la suspensión firme no excede del perí­odo en que el funcionario permaneció en suspensión provisional, la sanción no comportará necesariamente la pérdida del puesto de trabajo.

Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, durante tres años, si la sanción fue impuesta por falta muy grave, y durante uno, si correspondió a la comisión de una falta muy grave, y durante uno, si correspondió a la comisión de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó el traslado.

2. ( Suprimido) (NOTA: apdo. 2 suprimido por Decreto 157/2004, de 7 de julio)


Artí­culo 11.

1. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves más que en virtud del expediente instruido al efecto, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente reglamento.

2. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la instrucción previa del expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al interesado, que deberá evacuarse en todo caso.


CAPITULO V. Extinción de la responsabilidad disciplinaria
Artí­culo 12.

1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, por muerte, por prescripción de la falta o de la sanción, por indulto y por amnistí­a.

2. Si durante la substanciación del procedimiento sancionador se produce la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará una resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubiesen adoptado con respecto al funcionario inculpado.


Artí­culo 13.

1. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves, al año, y las leves, al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que se cometió la falta.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves, al año y las impuestas por faltas leves, al mes.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el dí­a siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, o desde que se quebranto el cumplimiento de la sanción, si ya hubiese comenzado.

4. La amplitud y los efectos de los indultos de sanciones disciplinarias se regularán por las disposiciones que los concedan.

5. La prescripción se interrumpirá por el comienzo del procedimiento: a este efecto, la resolución de incoación del expediente disciplinario deberá ser debidamente registrada y volverá a correr el plazo si el expediente permanece paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.


CAPITULO VI. Tramitación
Artí­culo 14.

En cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento de la autoridad que lo ordenó la incoación del expediente para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal a través de la Asesorí­a Jurí­dica General de la Xunta de Galicia. Ello no será obstáculo para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución y la imposición de la sanción, si procediera.

No obstante, cuando se trate de hechos que pudiesen ser constitutivos de alguno de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la administración pública y contra las garantí­as constitucionales, tipificados en el tí­tulo XIX y en el capí­tulo V del tí­tulo XXI del libro II del Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario hasta que recaiga resolución judicial. (NOTA: párrafo segundo modificado por Decreto 157/2004, de 7 de julio)


Artí­culo 15.

1. El procedimiento para la sanción de faltas disciplinarias se impulsará de oficio en todos sus trámites.

2. El procedimiento se regirá por el presente Reglamento y, en su defecto, por las normas contenidas en los tí­tulos preliminarRCL 1992\2512, IRCL 1992\2512, IIRCL 1992\2512, IIIRCL 1992\2512, IVRCL 1992\2512, VRCL 1992\2512, VIIRCL 1992\2512, VIIIRCL 1992\2512 y XRCL 1992\2512 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(NOTA: apdo. 2 modificado por Decreto 157/2004, de 7 de julio)


CAPITULO VII. Iniciación
Artí­culo 16.

1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo motivado del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia del orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.

2. De haberse producido denuncia, deberá comunicarse el acuerdo al firmante de la misma.


Artí­culo 17.

1. El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de alguna información reservada.

2. Serán competentes para ordenar la incoación del expediente disciplinario el secretario general técnico de cada consellerí­a y los directores de los organismos autónomos y entes públicos de oficio o, en su caso, a propuesta de los delegados provisionales y territoriales con relación a los funcionarios dependientes de ellos.


Artí­culo 18.

1. En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará un instructor, que deberá ser funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los establecidos en el artí­culo 19 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo. En caso que dependa de otra consellerí­a, se requerirá la autorización previa del secretario general técnico de la misma.

2. Cuando la complejidad o la trascendencia de los hechos a investigar así­ lo exijan, se procederá al nombramiento del de secretario, que en todo caso deberá tener la condición de funcionario.

3. La incoación de procedimiento con el nombramiento del instructor y del secretario se notificará al funcionario sujeto al expediente, así­ como a los lesionados para ejercer dichos cargos.


Artí­culo 19.

1. Les serán de aplicación al instructor y al secretario las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artí­culos 28RCL 1992\2512 y 29RCL 1992\2512 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (NOTA: apdo.1 modificado por Decreto 157/2004, de 7 de julio)

2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga el conocimiento de quienes son el instructor y el secretario.

3. La abstención y la recusación se plantearán ante la autoridad que acordó el nombramiento, que deberá resolver en el término de tres dí­as.


Artí­culo 20.

1. Iniciado el procedimiento, la autoridad que acordó la incoación del expediente podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiese recaer.

2. La suspensión provisional podrá ser acordada previamente por el conselleiro correspondiente, previo informe de la Comisión de Personal y a propuesta de la autoridad que acordó la incoación del expediente, durante la tramitación del procedimiento disciplinario, en los términos y con los efectos señalados en los artí­culos 47, 48 y 49.2 y 3 de la Ley de funcionarios civiles del Estado.

Asimismo podrá acordarse la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento en los términos establecidos en el artí­culo 15 del presente reglamento.

3. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de los derechos amparados por las leyes.


CAPITULO VIII. Desarrollo
Artí­culo 21.

1. El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

2. El instructor, como primeras actuaciones, procederá a recibir declaraciones del presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquél hubiese alegado en su declaración.

Todos los organismos y dependencias de la de la Administración están obligados a facilitar al instructor los antecedentes o informes necesarios, así­ como los medios personales y materiales que precise para el desarrollo de sus actuaciones.


Artí­culo 22.

1. A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contado a partir de la incoación del procedimiento, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos o propuesta de sobreseimiento. En el primer caso, dicho pliego de cargos incluirá los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artí­culo 8 del presente reglamento. El instructor podrá, por causas justificadas, solicitar la ampliación del plazo referido en el párrafo anterior.

2. El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al funcionario.

El instructor deberá proponer, en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o el levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiese adoptado.


Artí­culo 23.

El pliego de cargos se le notificará al inculpado, concediéndole un plazo de 10 dí­as para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. En este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que su defensa crea necesarias.


Artí­culo 24.

1. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor podrá acordar la practica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así­ como la de todas aquellas que considere pertinentes. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes.

2. El instructor podrá denegar la admisión y la práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución quepa recurso del inculpado.

3. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento se podrán acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.


Artí­culo 25.

Para la práctica de las pruebas propuestas, así­ como para las de oficio cuando se estime oportuno, se notificará al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.


Artí­culo 26.

1. La intervención del instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del secretario, sin perjuicio de que el instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

2. Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente tí­tulo se dará vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que en el plazo de diez dí­as se alegue lo que estime pertinente para su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilitará una copia completa del expediente al inculpado cuando este así­ lo solicite.


Artí­culo 27.

1. El instructor formulará dentro de los diez dí­as siguientes la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos probados, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, y hará la valoración jurí­dica de los hechos, determinando, si procede, la falta cometida, la responsabilidad del funcionario y la sanción que estime procedente imponer.

2. La propuesta de resolución se notificará al interesado para que, en el plazo de diez dí­as, pueda alegar ante el instructor cuanto estime pertinente para su defensa.

3. Oí­do el inculpado o transcurrido el plazo sin que haya alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente completo al órgano que acordó la incoación del procedimiento, el cual lo remitirá al órgano competente para que proceda a dictar la resolución que corresponda o, en su caso, ordenará al instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.


CAPITULO IX. Terminación
Artí­culo 28.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá adoptarse en el plazo de diez dí­as, salvo en el caso de la separación del servicio, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.

2. La resolución tendrá que ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de aquellos que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurí­dica.

3. El plazo máximo en el que deberá dictarse y notificarse la resolución no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación  (NOTA: apdo. 3 añadido por Decreto 157/2004, de 7 de julio)


Artí­culo 29.

El órgano competente para imponer la sanción podrá devolver el expediente al instructor para la practica de las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para imponer la sanción, se dará vista de lo actuado al funcionario inculpado a fin de que en el plazo de diez dí­as alegue cuanto estime conveniente.


Artí­culo 30.

Serán órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:

1. El Consello de la Xunta, a propuesta del conselleiro competente en materia de función pública, para imponer la separación del servicio, salvo lo dispuesto en la normativa sectorial de funcionarios.

2. Los titulares de la consellerí­a en que esté destinado el funcionario, o los secretarios generales técnicos por delegación de aquellos, para imponer las sanciones por faltas graves o muy graves.

Si la sanción se impone por la comisión de faltas en materia de incompatibilidades en relación con las actividades desarrolladas en diferentes consellerí­as, la facultad corresponderá al conselleiro competente en materia de función pública.

3. Los directores generales y los delegados provinciales, respecto del personal dependiente de su dirección general o su delegación provincial, para la imposición de sanciones por faltas leves.


Artí­culo 31.

1. En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinarse con toda precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida, la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.

2. Si la resolución estimase la inexistencia de la falta disciplinaria o la de responsabilidad para el funcionario inculpado hará las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales.

3. La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.

Si el procedimiento se inició como consecuencia de la denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma.


Artí­culo 32.

Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan, y en el plazo máximo de un mes, salvo que, por causas justificadas, se establezca otro distinto en dicha resolución.


Artí­culo 33.

El conselleiro competente en materia de función pública podrá acordar la inejecución de la sanción y el órgano competente para resolver podrá acordar su suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción.

Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de su inejecución o suspensión corresponderá al Consello de la Xunta.

Ambos acuerdos podrán adoptarse de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada. En ambos casos deberá ser oí­da la Comisión del Personal.


Artí­culo 34.

Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en el registro de personal, con indicación de las faltas que los motivaron.

La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del interesado en la forma prevista en el número 2 del artí­culo 93 de la Ley de funcionarios, de 7 de febrero de 1964 (RCL 1964\348 y NDL 14563). En ningún caso se computarán, a efectos de reincidencia, las sanciones canceladas o que pudiesen serlo.


DISPOSICIONES ADICIONALES
D.A. 1ª.

Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que tenga la condición de delegado sindical, delegado de personal o cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas, deberá notificarse dicha incoación a la correspondiente sección sindical, junta de personal o central sindical, según proceda, a fin de que puedan ser oí­das durante la tramitación del procedimiento.

Dicha notificación deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se practique dentro del año siguiente al cese del inculpado en alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo anterior. También deberá efectuarse si el inculpado es candidato, durante el perí­odo electoral.


D.A. 2ª.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/1984 (RCL 1984\2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), este reglamento es de aplicación al personal contratado administrativo, al personal interno y al personal eventual.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. UNICA.

Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la publicación de este reglamento seguirán regulados por las disposiciones anteriores, salvo que las de este les sean más favorables, y concediéndose, en todo caso, audiencia al interesado.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS
D.DT. UNICA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones con igual o inferior rango se opongan a este reglamento.


DISPOSICIONES FINALES
D.F. 1ª.

Se faculta al conselleiro de la Presidencia y Administración Pública para la adopción de las disposiciones oportunas, para el desarrollo de lo preceptuado en el presente decreto.


D.F. 2ª.

Este decreto entrarán en vigor el dí­a siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».


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