I �nico Presupuestos 2010 Canarias

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2010 están sustancialmente condicionados por el contexto internacional de crisis económica en que se enmarcan y, consecuentemente, aunque las líneas definitorias de la política de gastos coinciden, en general, con los objetivos fundamentales fijados para esta legislatura por el Gobierno, no pueden ser ajenos a la situación de fuerte desaceleración y crisis económica general.

Esta situación y su efecto sobre las cuentas públicas ha ocasionado una sustancial minoración de los recursos con que hacer frente a las necesidades de gasto público, obligando, en línea con la tendencia ya iniciada en los Presupuestos del ejercicio anterior, a un importante y responsable ejercicio de contención y racionalización del gasto público, principalmente en términos de eficiencia y economía, que garantizando los niveles de prestación de los servicios públicos básicos, permitiera, a su vez, reforzar las necesidades de mayor gasto social para atender las nuevas necesidades de las personas y colectivos más desfavorecidos y que, lamentablemente, más se han visto perjudicadas por la actual coyuntura económica.

A la hora de afrontar este reto, el Gobierno ha desechado la alternativa fácil de actuar sobre los ingresos públicos, incrementando la presión fiscal, consciente de que cualquier decisión en esta línea conllevaría a un agravamiento de la situación de las familias y del tejido empresarial que la actual crisis ya de por sí les está provocando, y se ha fundamentado principalmente en actuar sobre el gasto público, aplicando políticas de austeridad y de reorientación del mismo.

Así, el importante volumen del ajuste a realizar, a pesar de agotar al máximo las opciones de endeudamiento autorizadas por la Administración General del Estado, y a diferencia del Presupuesto del ejercicio anterior, ha exigido un esfuerzo y sacrificio generalizado a la totalidad de las políticas de gasto y colectivos que componen el sector público. Y por ello, aunque con carácter general las políticas de gastos asociadas a la prestación de servicios básicos tampoco hayan podido quedar al margen de este proceso de austeridad y racionalización del gasto público. Y a la hora de materializar o exigir ese esfuerzo, el Gobierno ha aplicado criterios claros de priorización del gasto público social o asociado a la prestación de servicios públicos fundamentales, de tal forma que a estas políticas de gasto se aplicarán porcentajes de reducción muy inferiores a los del resto de políticas de gasto sin menoscabo alguno en los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales.

La gradualidad del esfuerzo de austeridad o racionalización del gasto público realizado con motivo de la elaboración de los Presupuestos 2010 queda, aparentemente, en entredicho a tenor del crecimiento global del total por operaciones no financieras de los estados de gastos -un 0,7% sobre el Presupuesto inicial 2009- por el efecto de la nueva financiación afectada o condicionada recibida en el 2010 sobre el ejercicio anterior. Esta financiación no permite disponer libremente de dichos recursos adicionales para destinarlos a las prioridades u objetivos de Gobierno, por lo que el gasto público se reduciría en torno a un 4%, cifra con respecto a la cual deben realizarse las comparaciones, en términos de financiación afecta homogénea, para poder visualizar el efecto real del esfuerzo de ajuste y priorización realizado por el Gobierno.

Asimismo, desde la vertiente de la naturaleza económica del gasto público, este necesario esfuerzo ha afectado a la totalidad de los capítulos económicos.

En materia de gastos de personal, que suponen casi el 40 por ciento del gasto total, y con la voluntad de no afectar al nivel de empleo público, el ajuste se ha centrado en la aplicación del incremento retributivo general, que no se ha aplicado a altos cargos y personal directivo, limitándose a las retribuciones básicas del resto de empleados públicos.

En el resto de gasto corriente, el esfuerzo se ha centrado en aminorar severamente el gasto de funcionamiento de carácter general, así como en atemperar el crecimiento del gasto público asociado a la prestación de servicios públicos básicos mediante la introducción de medidas de mejora de la eficacia y de la eficiencia.

En coherencia con lo anteriormente expuesto, y en relación con las políticas de inversión pública, aunque a nivel cuantitativo global también se han visto afectadas por la necesidad de ajustarlas a la caída en los recursos públicos y el objetivo básico del mantenimiento de los niveles de prestación de los servicios sociales básicos, se ha producido, a nivel interno, una importante reorientación de las mismas, priorizando las inversiones productivas que refuercen la posición competitiva de Canarias de cara a una previsible acentuación en el cambio de ciclo económico, principalmente en materia de infraestructuras y de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Esta medida de reorientación de la inversión pública, así como las medidas de apoyo financiero a pymes, mediante la política de avales a Sociedades de Garantía Recíproca y a fondos de titulización, y sobre todo la decisión de no incrementar la presión fiscal, configuran principalmente el componente incentivador de la actividad productiva que el presupuesto, como instrumento de política económica, ha incluido de cara a paliar las consecuencias que la actual coyuntura económica y financiera está provocando sobre el tejido productivo canario.

Y en este sentido, todas estas medidas deben entenderse complementarias de las aplicadas dentro de la estrategia global de dinamización frente a la desaceleración de la economía canaria que el Gobierno de Canarias ya había aprobado a principios del 2008, y que desde entonces se ha venido aplicando.

El Presupuesto 2010, de acuerdo con lo recogido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se engloba dentro del escenario presupuestario plurianual previsto para el período 2010-2012, en el que se establece el marco que permitirá situar la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma en el largo plazo, marco que delimita, a su vez, la gestión presupuestaria de todos los entes de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo.

El Presupuesto 2010 se enmarca en un contexto económico global de una generalizada situación de debilitamiento de la actividad económica, iniciada en el 2008 como consecuencia de los impactos de la crisis del sistema financiero mundial y de los importantes ajustes producidos en los mercados inmobiliarios de numerosas economías avanzadas.

No obstante, en este segundo semestre del 2009, como consecuencia de las políticas públicas de apoyo y las mejores condiciones financieras por la contención de precios y de los tipos de interés, se está apreciando una tendencia de moderación de la caída de la actividad económica que pudiera indicar que la recesión ha tocado fondo y que se inicia un período de recuperación a nivel global, que, no obstante, será lento y diferenciado por países, aunque con una cierta incertidumbre sobre la fortaleza y sostenibilidad de ésta en el tiempo.

Estas incertidumbres se acentúan al intentar prever el grado de afectación en la economía canaria de esta situación económica global, así como sobre cuándo se iniciará la fase de recuperación y sobre cómo podrá ser esta fase de recuperación, toda vez que la actividad económica en Canarias a lo largo del 2009 está atravesando por una fase de acentuación de los impactos de la crisis mundial en relación con la evolución del resto de economías, y ello en parte por la contracción experimentada por el sector turístico como consecuencia de la situación en los países de origen de los turistas.

Así, la economía canaria durante el segundo semestre del 2009 y el 2010, aunque inicie una fase de recuperación, continuará discurriendo en un entorno de debilidad, tanto desde una perspectiva exógena como endógena.

Desde un ámbito exógeno, a pesar del cambio de inflexión a nivel global, y de que algunas economías relevantes de nuestro entorno hayan moderado su caída, todavía persisten las incertidumbres derivadas de la falta de liquidez, de la debilidad de la demanda interna y de los riesgos de la evolución de los precios y los tipos de interés. En cualquier caso, va a ser un factor de vital importancia para la evolución de la economía canaria el grado de estabilización y, en su caso, de inflexión de la economía internacional y, en particular, de las economías de nuestro entorno, como la alemana o la británica.

Y desde un punto de vista endógeno, la tendencia negativa del mercado de trabajo continuará actuando como una losa importante en la evolución del consumo privado en un entorno de mayor propensión al ahorro.

Ante estas perspectivas, se estima que la economía canaria registre un descenso en la actividad en torno al -3,9% en el 2009, en función del comportamiento del sector turístico en los últimos meses del año. Y para el 2010 se prevén unos resultados menos desfavorables que en 2009, un decrecimiento del -0,4%, en una fase inicio de recuperación aunque todavía dentro de unos niveles de actividad débiles, y condicionada por un entorno global de fin de recesión, pero con un ritmo de recuperación lento y muy dispar en una dimensión geográfica. No obstante, dicha recuperación no tendría un efecto inmediato de reflejo en las previsiones de recaudación de ingresos públicos, y, en todo caso, sería insuficiente para ya no sólo plantearse políticas expansivas de gasto público, sino, incluso, para mantener los niveles actuales, con carácter general, de gasto público.

Desde una perspectiva sectorial se prevé la continuidad de la debilidad de la actividad en el sector primario y de la industria; en el sector de la construcción tampoco se prevén sustanciales cambios en la situación recesiva de dicho sector, que, en su parte residencial privada, continuará el proceso de ajuste del mercado inmobiliario en un contexto de exceso de oferta y menor disposición de las familias al acceso al crédito hipotecario.

La evolución del sector turístico está asociada a la esperada recuperación de la economía mundial, que se muestra heterogénea desde una perspectiva geográfica, sobre todo al ritmo y grado de fortaleza de la recuperación de los países de nuestro entorno de los que proviene el turismo.

No obstante, dado que parece que esta recuperación puede ser larga y dubitativa, con importantes incertidumbres o riesgos, la evolución del sector sería acorde a ésta, y aunque puedan moderarse a corto los importantes descensos en la afluencia de turistas, no se vislumbraría todavía una recuperación de los resultados empresariales.

Las previsiones relativas al mercado de trabajo no son ajenas al contexto y apuntan hacia la continuación de su debilidad, al menos hasta la primera mitad de 2010. No obstante, como en otras variables, los fuertes ajustes producidos en 2009 y el menor ritmo de descenso de la actividad en 2010 hacen prever una moderación en el ritmo de caída del empleo, que conforme vaya concluyendo 2010 podría mostrar tímidas tasas de crecimiento.

Dada la evolución más lenta de los activos, la tasa de paro superaría en promedio las cifras de 2009, aunque conforme avance el segundo semestre pueden observarse ciertos descensos en las tasas de paro.

En lo referente a la evolución de los precios para 2010, la modesta actividad económica prevista no hace presumir una aceleración significativa de la tasa de inflación, la cual, no obstante, podría retomar cifras positivas, dada la evolución del precio del petróleo y materias primas.

Desde una perspectiva financiera, el Presupuesto para el ejercicio 2010, a pesar de estar sustancialmente condicionado por la caída de los recursos tributarios, se ha conformado de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, lo que implica que el Presupuesto que anualmente elabora, aprueba y ejecuta esta Comunidad Autónoma deba ajustarse en su elaboración, aprobación y ejecución al marco de estabilidad presupuestaria prefijado por el Gobierno de la Nación para el conjunto de las administraciones integrantes del sector público, en orden a la consecución de la estabilidad y crecimiento económicos en el marco de la Unión Económica y Monetaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, el Consejo de Ministros de 19 de junio de 2009 fijó el objetivo de estabilidad presupuestaria referido al trienio 2010-2012 para el conjunto del sector público y para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 del referido texto refundido, de acuerdo a las previsiones económicas contenidas en el informe sobre la posición cíclica de la economía española de 12 de junio de 2009.

No obstante lo anterior, el referido Consejo de Ministros, ante la actual coyuntura económica, con carácter temporal y excepcional, en el caso de que las Comunidades Autónomas presenten planes económico-financieros de reequilibrio a los que se refiere la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, cuyas medidas sean declaradas idóneas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el trienio 2010-2012, con carácter de máximos: un 2,5 por 100 de déficit en 2010, un 1,7 por 100 en 2011 y un 1,3 por 100 en 2012, SEC 95, sin incluir el déficit por inversiones previsto en el artículo 3.1 de la citada Ley Orgánica 5/2001.

La Comunidad Autónoma de Canarias prevé presentar un plan económico-financiero de reequilibrio que le permita acogerse en el 2010 al máximo de déficit permitido y en consecuencia financiar dicho déficit con un incremento de deuda.

Además, al amparo de lo previsto en el artículo 3 de la reiterada Ley Orgánica 5/2001 y en el Acuerdo 3/2007, de 24 de abril, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comunidad Autónoma presentó en mayo de 2009 un programa de déficit por inversiones para 2010, por el 0,25 por 100 del Producto Interior Bruto regional en cómputo anual de la Comunidad Autónoma.

En base al referido acuerdo y dentro de los límites máximos fijados por la normativa aplicable, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el 2010 se presenta con un déficit del 2,75 por 100 del PIB regional, cifra que oscilaría en torno a los 1.154 millones de euros, del cual un 2,5 por 100 sería el déficit cíclico, previsto en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001, y el 0,25 por 100 restante correspondería al permitido en el mismo artículo por haber presentado esta Comunidad Autónoma un Programa de Déficit por Inversiones Productivas para el ejercicio 2010.

Asimismo, y teniendo en cuenta que la propuesta de objetivo de estabilidad presupuestaria formulada para las Comunidades Autónomas se ha fijado en términos de Contabilidad Nacional (SEC-95), el resultado presupuestario previsto para el Presupuesto 2009 se presenta también en idénticos términos de Contabilidad Nacional, de forma que sea posible verificar el cumplimiento de dicho objetivo.

Para la financiación del referido déficit, y en consonancia igualmente con el acuerdo del Consejo de Ministros referenciado, se ha previsto incrementar el nivel de endeudamiento de nuestra Comunidad, si bien significando que éste se sitúa, en términos porcentuales sobre el PIB regional, por debajo de la media del resto de Comunidades Autónomas.

Asimismo, y en relación con la financiación autonómica, debe reseñarse que actualmente está en tramitación una modificación de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que supone una sustancial reforma del vigente Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, cuyo contenido tendrá una aplicación progresiva desde el año 2009 hasta el 2012, y cuyos previsibles mayores recursos para el 2010, estimados en base a los datos disponibles, se han incluido en la previsión de ingresos.

En base a la disposición adicional cuarta del Proyecto de Ley del sistema de financiación, que establece el aplazamiento y fraccionamiento de la liquidación negativa correspondiente al ejercicio 2008, no se ha incluido en la previsión de ingresos el importe estimado de la misma.

Y en relación con la modificación del sistema de financiación autonómico, hay que mencionar que en la previsión de ingresos se contempla el incremento total de recursos por la menor compensación al Estado por la desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE), obtenido tras los acuerdos con la Administración General del Estado derivados del nuevo sistema de financiación, incluida aquella parte que el Gobierno acordó distribuir con las corporaciones locales canarias de acuerdo con los criterios de distribución del Bloque de Financiación Común de los ingresos del REF.

Desde la perspectiva de las políticas de gasto público, y ante el recorte de ingresos públicos que ha provocado la actual coyuntura económica, el reto esencial al que se ha enfrentado el Gobierno de Canarias, a la hora de elaborar este Presupuesto 2010, ha sido mantener el nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales, sobre todo los de carácter social y asistencial, y más en concreto, de las áreas de sanidad, educación, empleo, servicios sociales y justicia.

En general, el carácter marcadamente social del Presupuesto autonómico, en el que los gastos de las cinco políticas anteriores suponen más del 72 por 100 del Presupuesto, impedían que éstos pudieran quedar al margen del recorte presupuestario a aplicar para lograr que los gastos se ajustaran a los ingresos previstos. Por tanto, se hizo un ejercicio de priorización, de tal forma que el gasto asociado directamente a la prestación de estos servicios se redujera únicamente en aquel volumen asumible mediante medidas de racionalización o mejoras de gestión en términos de eficiencia sin afectar a los niveles de prestación de los mismos, poniendo el énfasis del ajuste en los gastos del resto de políticas y, principalmente, en los gastos administrativos de carácter general e inversión de reposición.

Así, en el área de sanidad, el esfuerzo se ha concentrado en mantener el nivel de prestación de los servicios, en función del importante aumento en su demanda, debido al incremento poblacional, y de la necesidad de poner en funcionamiento los nuevos centros finalizados en este ejercicio. Para ello se ha dado prioridad al gasto destinado a los recursos humanos y se ha centrado el ajuste en el área de inversiones -difiriendo temporalmente el plan de infraestructuras previstoen el gasto administrativo de carácter general y en la aplicación de medidas de mejora de eficiencia en el gasto de funcionamiento.

En el área de educación, y en aras de mantener los niveles de calidad en la prestación de estos servicios, se han priorizado en materia de educación no universitaria las necesidades para afrontar la demanda educativa, así como en mantener en su integridad aquellos proyectos destinados a mejorar los resultados educativos, la integración de las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento y el aprendizaje de lenguas extranjeras.

En la educación universitaria se han incrementado las aportaciones a la financiación de las universidades canarias de cara a su convergencia en el Espacio Europeo de Educación, así como las becas a alumnos para cursar estudios universitarios.

Con respecto al área social, el esfuerzo se ha centrado en atender a las personas y colectivos más desfavorecidos: para las personas en situación de dependencia se han incrementado las dotaciones para financiar la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a Personas en Situación de Dependencia, integrando en este nuevo marco normativo común que regula la dependencia, las actuaciones anteriormente desarrolladas en el área de mayores y discapacitados a través de planes sectoriales aprobados por el Gobierno.

Asimismo, se incrementan las dotaciones para atender los menores, principalmente para la atención a menores extranjeros no acompañados y las situaciones de acogimiento familiar y en centros especializados. Y, en consonancia con la actual situación económica, para los sectores más desfavorecidos se incrementa la dotación de las Ayudas Económicas Básicas previstas en la Ley 1/2007, de 17 de enero, de Prestación Canaria de Inserción.

Con respecto al área de empleo, industria y energía el incremento se ha concentrado en las políticas de empleo a desarrollar por el Servicio Canario de Empleo, y en concreto, en los programas de inserción y reinserción ocupacional de desempleados. Y en relación con la política energética, se mantiene la apuesta por las energías renovables y las medidas de ahorro y eficiencia energética.

Los servicios públicos básicos de justicia y seguridad también han reforzado sus dotaciones destinadas a la mejora en su prestación y a facilitar el acercamiento de la justicia a los ciudadanos. En este sentido, se consignan las dotaciones necesarias para, entre otras actuaciones, poner en funcionamiento las nuevas unidades judiciales, mantener la ejecución del Plan de Infraestructuras Judiciales y potenciar los equipamientos e informatización de los juzgados ya existentes. Y en materia de seguridad, se pretende afianzar el funcionamiento y mejora en la prestación de servicios del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad y posicionar las dotaciones iniciales para acometer el proyecto de la creación de la policía canaria.

Con el objetivo de orientar los gastos de capital hacia aquellas áreas de inversiones de carácter más productivo y que mejoren la competitividad económica de Canarias de cara a un futuro, uno de los mayores esfuerzos se ha producido en el área de Investigación, Desarrollo, Innovación (I+D+i) y sociedad de la información, cuya gestión recae principalmente en la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, siendo de destacar el proyecto de implementación de parques tecnológicos en varias islas del archipiélago.

En el área de turismo, la actual situación económica obligará a priorizar las actuaciones a acometer en materia de promoción turística para intentar mantener la actividad de un sector capital en nuestra economía; y en el ámbito de las infraestructuras turísticas, se priorizan las actuaciones para poder abordar la "estrategia de mejora del espacio público turístico" para renovar, regenerar y aprovechar las infraestructuras públicas existentes.

Las inversiones del área de infraestructuras y servicios de transporte se han concentrado en aquellas que constituyen los objetivos básicos del Gobierno, y que suponen una apuesta estratégica por el futuro competitivo de Canarias: inversiones en carreteras, obras hidráulicas y puertos de competencia autonómica, así como las dotaciones para subvenciones al transporte interinsular de personas y mercancías destinadas a la consecución del objetivo de cohesión interinsular del archipiélago como un único territorio.

En materia de medidas de apoyo al tejido productivo o pymes, la principal medida adoptada ha sido no incrementar la presión fiscal sobre éstas y acompañar un paquete de medidas, por importe de 250 millones de euros, para mejorar el acceso de las mismas a la financiación, mediante medidas de reaval de la Comunidad Autónoma a operaciones avaladas por las Sociedades de Garantía Recíproca y de avales de la Comunidad Autónoma para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos.