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Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. - Boletín Oficial del Estado de 25-11-1994

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  • Ámbito: Estatal
  • Estado: DEROGADO PARCIALMENTE desde 01 de Enero de 2003 por LEY 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
  • Fecha de entrada en vigor: 26/11/1994
  • Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 282
  • Fecha de Publicación: 25/11/1994
    • Este documento tiene versiones

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La necesidad ineludible de actualizar la legislación sobre fundaciones viene determinada, de un lado, por el artículo 34 de la Constitución, que reconoce el derecho de Fundación para fines de interés general con arreglo a la Ley, y, de otro lado, por la importancia que en la vida social ha adquirido el ejercicio del indicado derecho de Fundación. La reserva de Ley sobre este derecho es establecida por el artículo 53 del texto constitucional.

A esa necesidad se une otra, también actual pero no estrictamente jurídica, cual es la de estimular la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general. Como la primera, también esta necesidad de estímulo es ineludible, vistos la dificultad de los poderes públicos de atender plenamente ese interés general y el protagonismo que la sociedad reclama y entrega a las variadas entidades sin ánimo de lucro.

Ambas necesidades son atendidas de manera uniforme en la presente Ley, lo que se justifica en la evidencia de que, tanto una regulación actualizada sobre fundaciones, como un régimen de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general son soluciones a un mismo problema: dotar al campo de las actuaciones altruistas de una base jurídica fomentadora y ajustada a la actual demanda que la sociedad presenta.

En este sentido, la Ley dedica un Título I a las fundaciones y un Título II a los incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.

II

Atendiendo a la realidad social puede advertirse sin esfuerzo que las fundaciones, fenómeno expresivo de la autonomía de la voluntad, tienen hoy innegable peso como coadyuvantes en la satisfacción del interés general. El estado de gran parte de las normas legales y reglamentarias vigentes, antiguas y preconstitucionales, obliga a su revisión para adaptarlas al marco que la Constitución establece en materia de fundaciones.

La situación actual es la de una maraña legislativa constituida por reglas dispersas y dispares, con una vigencia e incluso validez más que dudosas y del más variado tipo. Se hace imprescindible, por consiguiente, simplificar el sistema dotándole de claridad y racionalidad y reforzando la seguridad jurídica, al tiempo que se facilita la labor de los destinatarios de las normas.

A ello atiende el Título I de la Ley y a tal fin dirige sus objetivos, que pueden resumirse en los siguientes:

a) Acomodar la regulación de las fundaciones a la Constitución y a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

b) Ofrecer una regulación sistemática, ordenada y precisa de las fundaciones, acorde con la trascendencia económica, jurídica y social del hecho fundacional.

c) Unificar el régimen aplicable a todas las fundaciones y garantizar el cumplimiento de los fines fundacionales que han de ser, necesariamente, de interés general. Así, el Protectorado ejercitado por las Administraciones Públicas se configura en el Título I de la Ley como instrumento garantizador del recto ejercicio del derecho de Fundación, sin llegar a un intervencionismo que pudiera ser esterilizante y perturbador.

III

El Título I de la Ley es el resultado de la sedimentación de los antecedentes histórico-normativos del derecho de Fundación, el marco de los derechos constitucionales. Dichos antecedentes pueden cifrarse en los siguientes:

1. La vieja Ley de 20 de junio de 1849, General de Beneficencia, sin duda una de las disposiciones más antiguas de las que todavía se encuentran formalmente en vigor en el ordenamiento español. Constituye el punto de partida de la regulación sobre las fundaciones.

2. El Código Civil, la más importante disposición sobre régimen jurídico-privado de las fundaciones. Hacer referencia extensa a su contenido es ahora innecesario, por lo que basta con reiterar su importancia y el hecho de que la regulación originaria apenas ha sufrido cambios desde entonces.

3. Si el Código Civil es la piedra angular del derecho privado de las fundaciones, el Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899 lo es del régimen jurídico-público de las fundaciones asistenciales, puras y mixtas. Se trata de una norma que ha marcado toda una época en la regulación de tales entidades. Es, sin embargo, una disposición que necesariamente, y sin más demora, debe ser sustituida por otra que se adapte a la nueva realidad de las fundaciones.

4. El protagonismo de la Instrucción de 1899 citada quedó diluido al aprobarse el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, dictado en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley General de Educación, de 4 de agosto de 1970. Este reglamento es aplicable sólo a las fundaciones culturales y docentes.

5. Junto a las anteriores disposiciones, que configuran la regulación general de las fundaciones, otras muchas normas se refieren asimismo a importantes aspectos relacionados con ellas. Así, puede citarse el Real Decreto de 20 de julio de 1926, de instituciones y fundaciones benéfico-docentes particulares de enseñanza agrícola, pecuaria o minera; el Decreto 446/1961, de 16 de marzo, de fundaciones laborales; las previsiones contenidas en las leyes fiscales en relación con los beneficios fiscales que se les reconocen; los Decretos de 1923 y 1928 sobre enajenación y arrendamiento de bienes de fundaciones, o las recientes disposiciones sobre contabilidad y rendición de cuentas de fundaciones asistenciales.

Los ejemplos reseñados son muestra de las numerosas disposiciones que configuran el ordenamiento fundacional y que necesariamente debe ser simplificado y actualizado. El Título I de la presente Ley pretende conseguirlo, por primera vez tras la aprobación de la Constitución.

IV

El Título I de la Ley se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.1ª, 6ª y 8ª de la Constitución.

En primer lugar, el artículo 149.1.1ª atribuye al Estado competencia exclusiva para regular «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». El derecho de Fundación queda incluido entre aquéllos cuyas condiciones básicas igualitarias pueden ser reguladas por el Estado. La presente Ley incluye preceptos que deben ser integrados dentro de tal categoría de normas y que por tanto corresponde al Estado regular, tal y como se recoge en la disposición final primera, punto 1, en tanto en cuanto son condiciones básicas del derecho de Fundación y conciernen al concepto legal de Fundación: los beneficiarios, la capacidad de constitución y sus modalidades, la exigencia de un órgano de gobierno y representación, las causas de extinción y sus formas y los fines del Protectorado.

Es indudable la presencia de importantes normas de derecho civil en el régimen jurídico de las fundaciones. Normas que afectan, de una parte y en todo caso, al domicilio de las fundaciones, a los requisitos exigidos a las fundaciones extranjeras y a la eficacia del Registro de Fundaciones; y, de otra, a materias como las que se refieren a los requisitos de capacidad, la escritura de constitución, la adquisición de personalidad jurídica, los Estatutos y su modificación, las obligaciones básicas del Patronato, la responsabilidad de los patronos, su cese y suspensión, y la legitimación del Protectorado para solicitar al Juez la fusión de fundaciones cuando concurran determinadas circunstancias. Teniendo en cuenta la diversificación de este título competencial, se ha distinguido entre los preceptos que se consideran, en todo caso, de aplicación general en todo el territorio nacional y aquellos otros en los que se han considerado prevalentes las habilitaciones estatutarias correspondientes a las Comunidades Autónomas, con mención específica a la habilitación relativa a la materia de derecho civil, foral o especial. La anterior dualidad se refleja en el punto 2 de la disposición final primera.

El tercero de los Títulos competenciales del Estado que se manifiesta en la Ley es el previsto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, en cuanto se refiere a la legislación procesal.

Por último, las demás normas del Título I de la Ley son sólo de aplicación a las fundaciones de competencia estatal.

V

El Título I de la Ley se estructura en siete capítulos. Parte de un concepto tradicional de Fundación, pero poniendo el acento en su carácter de organización; se expresa la posibilidad de que las personas jurídico-públicas puedan constituir fundaciones; se afirma que las fundaciones adquieren personalidad jurídica desde la inscripción de su escritura de constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones; se exige la existencia de un órgano de gobierno y representación y la suficiencia de la dotación inicial, cuya aportación podrá hacerse de forma sucesiva, e igualmente se exige que en la escritura de constitución consten la forma y realidad de dicha aportación; se determina la responsabilidad de los patronos por los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos fundacionales, o por los realizados negligentemente; y se somete a decisión judicial la suspensión de los patronos y su cese en determinados supuestos. Se regula, en fin, la extinción de la Fundación y sus formas.

Merecen destacarse, además, dos aspectos que inciden sobre la actividad de las fundaciones: el primero es la posibilidad de que ejerzan directa o indirectamente actividades mercantiles o industriales; el segundo consiste en la exigencia de que una determinada proporción de las rentas y de cualesquiera otros ingresos que obtenga la Fundación sea destinada a la realización de los indicados fines.

En la regulación del Protectorado se ha partido de una concepción que le da nuevo contenido al asignarle no sólo funciones de control, sino también de apoyo, impulso y asesoramiento. A estos efectos es de subrayar la previsión de un mecanismo excepcional de intervención de las fundaciones para aquéllos supuestos patológicos que puedan derivar en un grave incumplimiento de la finalidad que justifica la propia existencia de la Fundación.

Párrafo aparte debe dedicarse al Registro de Fundaciones, que se configura como constitutivo y de publicidad frente a terceros. La articulación concreta entre el Registro y los diversos Protectorados, que se determinará reglamentariamente, parte del principio de que las inscripciones practicables requerirán el informe de los órganos administrativos a los que corresponda el ejercicio del Protectorado.

Por último, es novedad destacable de la Ley la creación del Consejo Superior de Fundaciones como órgano consultivo del que forman parte representaciones administrativas y de las propias fundaciones.

VI

En las sociedades democráticas desarrolladas constituye una realidad la participación, junto con el sector público, de personas, entidades e instituciones privadas en la protección, el desarrollo y el estímulo de actividades de interés general en las diversas manifestaciones que éstas pueden revestir, desde lo puramente benéfico y asistencial hasta lo cultural y artístico.

En España esta situación ha adquirido dimensiones crecientes en los últimos años, enlazando con las preocupaciones de sectores sociales de muy diversa naturaleza, lo que ha determinado una constante demanda de adecuación a sus características de la normativa fiscal existente que, evidentemente, no pudo contemplar en su momento las particularidades que este fenómeno, en su dimensión social, reclama.

En consecuencia, el Título II que se dicta al amparo del artículo 149.1.14ª de la Constitución, preservando las especialidades de los regímenes tributarios forales, tiene una finalidad claramente incentivadora, tendente a estimular la participación de la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general. Esta participación puede canalizarse a través de las siguientes vías, a las que se concede un régimen fiscal ventajoso:

Constitución de entidades que persigan fines de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, o cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza análoga, y que, en razón de su forma de personificación, tengan esta finalidad como exclusiva, caso de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública.

Realización de aportaciones a las entidades anteriormente descritas al objeto de contribuir por esta vía a la realización de sus fines específicos.

Participación e intervención directa de las empresas en la consecución de estos fines. En este contexto se enmarcan medidas que encajan en el concepto general de mecenazgo como la denominada oferta de donación de obras de arte, y el tratamiento previsto para determinados gastos derivados de la realización de actividades de tipo asistencial, cultural, científico, de investigación y deportivo o de fomento del cine, teatro, música, danza e industria del libro.

De esta forma se pretende dinamizar de manera sustancial la realización de actividades de interés general, lo que redundará decisivamente en beneficio de la colectividad.

Este objetivo debe quedar definitivamente garantizado, de suerte que resulte asegurado su destino e inversión en las finalidades que motivan el apoyo del ordenamiento jurídico. Para ello resulta preciso identificar de una forma clara e indubitada a las entidades que han de constituir el vehículo directo y principal de enlace entre la voluntad de los ciudadanos y el fin social.

Esta identificación se efectúa en la presente Ley en la siguiente forma:

Definiendo como entidades sin fines lucrativos, al objeto de ser destinatarias de los beneficios contenidos en la norma, a las fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y a las asociaciones declaradas de utilidad pública.

Estableciendo una serie de requisitos que las entidades antes descritas deben reunir para garantizar la realización de los objetivos perseguidos. En la configuración de estos requisitos se han tenido muy presentes las normas del régimen jurídico general aplicable a estas entidades, tanto a nivel de legislación estatal como autonómica.

Una vez identificadas debidamente las entidades destinatarias de las medidas incentivadoras contempladas en el Título II de la presente Ley, el régimen tributario que para las mismas se prevé en el capítulo I de dicho Título comporta dos tipos de normas:

Disposiciones incentivadoras que atienden, en unos casos a neutralizar la imposición existente sobre las aportaciones recibidas al objeto de posibilitar su íntegra aplicación a los fines que las motivan y, en otros, a reducir determinadas cargas tributarias que pesan sobre estas entidades permitiendo de esta forma una mayor liberación de sus recursos en cumplimiento de sus fines específicos.

Al lado de esas disposiciones se recogen otras que pudieran denominarse de ajuste, al objeto de tener en cuenta las peculiaridades propias de estas entidades y la aplicación práctica de las exenciones que en beneficio de las mismas se establecen.

VII

Por su parte, el planteamiento del capítulo II, del Título II, dedicado al régimen tributario de las aportaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas, es paralelo al del capítulo anterior, aunque con las lógicas diferencias derivadas de las razones de coherencia que motivan en cada caso el establecimiento de las normas.

En efecto, la Ley no busca que los beneficios fiscales para estas aportaciones tengan como destinatario o beneficiario último al aportante, disminuyendo así la presión fiscal que incide sobre éste; si éste fuera el fin buscado por la norma, los beneficios fiscales serían injustos.

Lo que se persigue con esta regulación es hacer más atractiva la realización de aportaciones a entidades que tengan como última finalidad la realización de actividades de interés general. Este planteamiento obliga, por ello, a extender el régimen previsto para las aportaciones efectuadas a favor de las entidades contempladas en la Ley a las realizadas en beneficio del Estado y otras instituciones y entes públicos, a los que se refiere la disposición adicional sexta, dado que resulta indubitada la aplicación de las cantidades así recibidas a la realización de actividades de interés general.

VIII

Si importante es para los objetivos de esta Ley la adecuada tipificación y ordenación de los beneficios fiscales desde el punto de vista de las entidades expresamente constituidas para la consecución de los fines de interés general mencionadas, resulta igualmente trascendente la aportación que en este campo cumple la colaboración individual de muchas empresas y entidades en el desarrollo de los mismos fines. Esta colaboración, más generalmente conocida como actuación de patrocinio o mecenazgo, es objeto asimismo de reconocimiento en el texto a través de un conjunto de disposiciones específicas contenidas en el capítulo III del Título II.

En esta línea de actuación interesa, sin embargo, destacar que el capítulo III no entra a regular las denominadas actividades de patrocinio publicitario, las cuales tienen un régimen propio en el ordenamiento jurídico publicitario al que pertenecen y cuya realización no obedece estrictamente a actividades de interés general, sino de índole publicitaria. Por el contrario, el denominado Convenio de colaboración en actividades de interés general, permite atraer al ámbito de la Ley aquellas aportaciones que, aunque motivadas también por la idea de conseguir la difusión de la personalidad del aportante, son realizadas preferentemente en beneficio de las entidades a las que se refiere la norma.

Finalmente, el capítulo III contempla aquellas actuaciones en las que es la propia empresa el vehículo directo o el motor que impulsa la realización de actividades de interés general. No obstante, su regulación es, como consecuencia de su finalidad mercantil específica, más limitada que la prevista para aquellas entidades en las que dichas actividades constituyen la razón que justifica su existencia.

IX

Por último, las disposiciones contenidas en esta Ley, obligan a dar nueva redacción al artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de excluir del campo de aplicación de dicho precepto a las entidades objeto de la reforma, permitiendo, sin embargo, que aquéllas que no encajen dentro de la caracterización subjetiva que en la presente Ley se realiza, continúen como entidades parcialmente exentas en el contexto de la regulación que, en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, se encuentra actualmente vigente.

Al lado de esta modificación se realiza una reordenación del conjunto del precepto, incorporando a su campo de aplicación a aquellas entidades que, en virtud de disposiciones específicas, venían ya disfrutando de dicha exención por la vía de la equiparación normativa.

Merece igualmente especial mención la revisión del régimen de las entidades de previsión social, a las que se libera de los efectos contradictorios que en su situación fiscal produciría la sujeción al impuesto en régimen de exención limitada no obstante la realización exclusiva de una explotación económica, sometiéndolas al régimen general del Impuesto, aunque a un tipo de tributación reducido.

Asimismo, es destacable la modificación que se opera por la disposición adicional decimotercera en el artículo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones, en relación con los requisitos que estas entidades deben reunir para poder ser declaradas de utilidad pública y, en consecuencia, ser beneficiarias del régimen fiscal previsto en esta Ley. En todo caso, esta modificación parcial no hace sino adelantar algún aspecto de lo que habrá de ser el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, a fin de adecuar de forma plena el derecho de Asociación a los imperativos de la norma constitucional.

TITULO I. Fundaciones
CAPITULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. Concepto.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 2. Fines y beneficiarios.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 3. Personalidad jurídica.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 4. Domicilio.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 5. Fundaciones extranjeras.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO II. Constitución de la Fundación
Artículo 6. Capacidad para fundar.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 7. Modalidades y forma de constitución.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 8. Escritura de constitución.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 9. Estatutos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 10. Dotación.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 11. Fundación en proceso de formación.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO III. Gobierno de la Fundación
Artículo 12. Patronato.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 13. Patronos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 14. Delegación y apoderamientos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 15. Responsabilidad de los patronos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 16. Sustitución, cese y suspensión de patronos.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO IV. Patrimonio de la Fundación
Artículo 17. Composición, administración y disposición del patrimonio.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 18. Titularidad de bienes y derechos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 19. Enajenación y gravamen.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 20. Herencias y donaciones.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO V. Funcionamiento y actividad de la Fundación
Artículo 21. Principios de actuación.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 22. Actividades mercantiles e industriales.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 23. Contabilidad, auditoría y presupuestos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 24. Obtención de ingresos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 25. Destino de rentas e ingresos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 26. Autocontratación.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO VI. Modificación, fusión y extinción de la Fundación
Artículo 27. Modificación de los Estatutos.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 28. Fusión.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 29. Causas de extinción.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 30. Formas de extinción.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 31. Liquidación.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO VII. El Protectorado y el Registro de Fundaciones
Artículo 32. Protectorado.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 33. Autorizaciones.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 34. Intervención temporal.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 35. Recursos jurisdiccionales.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 36. Registro de Fundaciones.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 37. Eficacia registral.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 38. Consejo Superior de Fundaciones.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 39. Funciones del Consejo Superior de Fundaciones.

(DEROGADO)

Modificaciones
TITULO II. Incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general
Artículo 40. Objeto y ámbito de aplicación.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO I. Régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 41. Definición de entidades sin fines lucrativos a efectos del presente título.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 42. Requisitos para disfrutar del régimen fiscal previsto en el presente Título.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 43. Órganos rectores.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 44. Contabilidad.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 45. Domicilio fiscal.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 2.ª APLICACIÓN Y PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS FISCALES
Artículo 46. Aplicación de los beneficios fiscales.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 47. Pérdida de los beneficios fiscales.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 3.ª IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Subsección 1.ª Rendimientos e incrementos de patrimonio exentos
Artículo 48. Ámbito de la exención.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 49. Rentas e ingresos amparados por la exención.

(DEROGADO)

Modificaciones
Subsección 2.ª Rendimientos e incrementos de patrimonio gravados
Artículo 50. Determinación de la base imponible.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 51. Partidas no deducibles.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 52. Exención por reinversión.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 53. Tipo de gravamen.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 54. Cuota líquida.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 55. Cuota reducida.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 56. Cuota diferencial.

(DEROGADO)

Modificaciones
Subsección 3.ª Obligación de declarar
Artículo 57. Contenido de la obligación de declarar.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 4.ª TRIBUTOS LOCALES
Artículo 58. Tributos locales.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO II. Régimen tributario de las aportaciones efectuadas a entidades sin fines lucrativos
SECCIÓN 1.ª APORTACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS FÍSICAS
Artículo 59. Deducciones en la cuota.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 60. Cómputo de la deducción en la cuota.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 61. Límite a la deducción.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 62. Tratamiento de los incrementos o disminuciones patrimoniales resultantes de la donación de bienes.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 2.ª APORTACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 63. Donativos deducibles en la determinación de la base imponible.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 64. Cómputo de la deducción en la base imponible.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 65. Tratamiento de las rentas resultantes de la donación de bienes.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 3.ª JUSTIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS EFECTUADOS
Artículo 66. Justificación de los donativos efectuados.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 4.ª ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PRIORITARIOS DE MECENAZGO
Artículo 67. Porcentajes de deducción.

(DEROGADO)

Modificaciones
SECCIÓN 5.ª COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Artículo 68. Convenio de colaboración en actividades de interés general.

(DEROGADO)

Modificaciones
CAPITULO III. Régimen tributario de otras actuaciones de colaboración empresarial
Artículo 69. Adquisición de obras de arte para oferta de donación.

(DEROGADO)

Modificaciones
Artículo 70. Gastos en actividades de interés general y de fomento y desarrollo de algunas artes.

(DEROGADO)

Modificaciones
DISPOSICIONES ADICIONALES
D.A. 1ª. Cargas duraderas.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 2ª. Fundaciones del Patrimonio Nacional.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 3ª. Fundaciones de entidades religiosas.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 4ª. Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 5ª. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 6ª. Régimen tributario de las aportaciones efectuadas a otras entidades.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 7ª. Legalización de libros y presentación de cuentas.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 8ª. Adaptación del Plan General de Contabilidad.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 9ª. Modificación de los artículos 5 y 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 10ª. Modificación del artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 11ª. Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 12ª. Régimen aplicable a las federaciones deportivas españolas, territoriales de ámbito autonómico y al Comité Olímpico Español.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 13ª. Modificación del artículo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las asociaciones.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 14ª. Canje o conversión de títulos, pagarés e inscripciones de la Deuda perpetua.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 15ª. Federaciones y asociaciones de entidades.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 16ª. Fundaciones extranjeras.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 17ª. Asociaciones deportivas que pueden ser declaradas de utilidad pública.

(DEROGADO)

Modificaciones
D.A. 18ª. Fundaciones laborales.

(DEROGADO)

Modificaciones
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. 1ª. Fundaciones preexistentes.

1. Las fundaciones preexistentes de competencia estatal, constituidas a fe y conciencia, estarán sujetas a los preceptos de la ley salvo aquéllos cuya aplicación suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por el fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la Fundación.

2. Respecto de dichas fundaciones, el artículo 31.2 sólo será de aplicación transcurridos dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, quedando sin efecto desde esa fecha las disposiciones estatutarias que se le opongan.

D.T. 2ª. Adaptación de Estatutos de Fundaciones y asociaciones de utilidad pública.

1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las fundaciones ya constituidas deberán adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en la misma y presentarlos en el Registro de Fundaciones.

Excepcionalmente, el Protectorado, a solicitud razonada del Patronato, y cuando consten acreditadas circunstancias que objetivamente lo justifiquen, podrá prorrogar hasta un máximo de dos años más dicho plazo.

En igual plazo, y respecto de las fundaciones preexistentes que no hubieran de adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en esta Ley, el Patronato dará traslado de aquéllos y de la escritura de constitución al órgano de Protectorado respectivo quien a su vez los remitirá al Registro de Fundaciones a efectos de inscripción.

2. Para las fundaciones de competencia de las Comunidades Autónomas dicha adaptación sólo procederá en los términos de la disposición final primera.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1, las fundaciones reguladas en los apartados anteriores, en tanto no cumplan las obligaciones previstas, no podrán gozar de los beneficios fiscales contemplados en la legislación vigente ni obtener subvenciones y ayudas estatales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27.3 de esta Ley.

4. Las asociaciones declaradas de utilidad pública con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, deberán adaptar sus Estatutos a los requisitos contenidos en la disposición adicional decimotercera y en las normas que se dicten para su cumplimiento, dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de las mismas. En caso contrario, la declaración de utilidad pública quedará sin efecto desde la terminación del indicado plazo.

D.T. 3ª. Proporción de gastos de administración.

En tanto no se determine reglamentariamente la proporción a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley, los gastos de administración no podrán sobrepasar el 10 por 100, salvo que, de acuerdo con la legislación anteriormente vigente, el Protectorado ya hubiera autorizado una proporción superior.

D.T. 4ª. Registro de Fundaciones.

A los efectos previstos en la presente Ley y en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el artículo 36, subsistirán los Registros de fundaciones actualmente existentes.

D.T. 5ª. Acreditación en materia de participación mayoritaria en sociedades mercantiles.

1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley las fundaciones ya constituidas y las asociaciones ya declaradas de utilidad pública que ostenten participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles deberán acreditarlo de acuerdo con lo que se establece en el artículo 42.1, c), de esta Ley.

2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y en tanto la entidad no haya procedido a acreditarlo, no podrá disfrutar del régimen fiscal regulado en el Título II de esta Ley.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
D.DT. UNICA. Derogación de normas.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Ley General de Beneficencia de 20 de junio de 1849.

El Real Decreto de 14 de mayo de 1852 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Beneficencia.

El artículo 137 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, si bien mantendrá su vigencia como norma de carácter reglamentario en tanto se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

El artículo 183, apartado 2.º, del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, regulador del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El párrafo primero de la disposición final cuarta de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley recogidas en el Real Decreto de 14 de marzo de 1899 sobre reorganización de servicios de la beneficencia particular e instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno, en el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Fundaciones culturales privadas y entidades análogas y de los servicios administrativos encargados del Protectorado sobre las mismas y en el Decreto 446/1961, de 16 de marzo, sobre fundaciones laborales.

Las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES
D.F. 1ª. Aplicación de la Ley.

1. Los artículos 1.1; 2.1 y 2; 3; 6.1; 7.1 y 2; 12.1; y 29, constituyen las condiciones básicas del derecho de Fundación reconocido en el artículo 34, en relación con el 53, de la Constitución, y son de directa aplicación en todo el Estado al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1ª de la propia Constitución.

2. a) Los artículos 4, 5 y 37.2 serán, en todo caso, de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8ª de la Constitución.

b) Los artículos 6.2, 3 y 4; 7.3; 8; 9; 10.1; 11; 12.2; 15; 16.2; 17.1; 20.1; 27.1, 2 y 3; 28.2; 30.1, 2 y 3; 32.1 y 34.1 y 2 serán de aplicación general, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8ª de la Constitución, a todas las fundaciones incluso a aquéllas cuya competencia corresponda, de acuerdo con lo previsto en sus respectivos Estatutos de Autonomía, a las Comunidades Autónomas. No obstante, todos estos artículos serán únicamente de aplicación supletoria en las Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho civil, foral o especial.

3. Los artículos 16.3; 20.3, último inciso; 28.3, 30.4, 32.3, 34.3 y 35 constituyen legislación procesal, dictada al amparo del artículo 149.1.6ª de la Constitución.

4. El Título II; las disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima, undécima, duodécima y decimotercera; y la disposición final tercera se dictan al amparo del artículo 149.1.14ª de la Constitución. Esta regulación se entiende sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

5. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las fundaciones de competencia estatal.

D.F. 2ª. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante lo anterior, las disposiciones previstas en la sección 3.ª del capítulo I del Título II, surtirán efectos para los ejercicios que se cierren a partir de la expresada fecha.

D.F. 3ª. Retroactividad.

1. La exención prevista en el artículo 58.1 de esta Ley será aplicable a las cuotas devengadas desde el día 1 de enero de 1994.

Los contribuyentes que, teniendo derecho a la exención establecida en el artículo 58.1, hubieran satisfecho los recibos correspondientes, tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.

2. Con excepción de lo dispuesto en el apartado anterior, la eficacia de lo previsto en el Título II de la presente Ley, no podrá abarcar a hechos imponibles o situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, los cuales se regirán por lo dispuesto en las normas vigentes en tales fechas.

3. Las entidades que reúnan los requisitos previstos en el Título II de la presente Ley, a la fecha de entrada en vigor de la misma, dispondrán de un plazo de tres meses contados a partir de dicha fecha para dirigirse a la Administración Tributaria, acreditando su condición en la forma prevista en el artículo 46 de esta Ley. Este reconocimiento surtirá efectos desde la entrada en vigor de esta Ley.

D.F. 4ª. Habilitación a la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar, de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución Española:

a) El tipo de gravamen a que se refiere el artículo 53.

b) La reducción prevista en el artículo 55.

c) Los porcentajes de deducción y límites cuantitativos para su aplicación previstos en los capítulos II y III del Título II.

D.F. 5ª. Desarrollo reglamentario.

1. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley el Gobierno deberá aprobar las normas reglamentarias precisas para su desarrollo.

3. El Ministro de Economía y Hacienda dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del Título II de esta Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 24 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

NORMA AFECTADA POR

LEY 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

LEY 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias.

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto sobre sociedades.

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

NORMA AFECTA A

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

  • Fecha Publicación: 1987-12-19
  • Entrada en Vigor: 1994-11-26
  • Artículos:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio historico español.