Anulado por el Tribunal Constitucional el Real Decreto que concede la ayuda a parados de larga duración de 426 euros.

La reciente sentencia del TC se suma a la dictada el pasado verano por el mismo organismo, y por el mismo motivo, contra el plan Prepara, al considerar que la ayuda económica encaja en el concepto de legislación laboral y su naturaleza es la de una subvención de fomento del empleo y de inserción laboral, de competencia autonómica.

A juicio del Constitucional el Estado debe desarrollar la legislación básica en esta materia, pero «no puede ignorar que la competencia para la ejecución de las normas dictadas en virtud de la competencia estatal sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica corresponde, en principio, a las Comunidades Autónomas». Aseverando del mismo modo que «la atribución que la normativa reguladora del citado Programa efectúa para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de modo que sea este el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de esta ayuda económica de acompañamiento, debe considerarse como inconstitucional y nula, por corresponder a la competencia de los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónoma».

T-17371