Aprobado el Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios

El Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2025 ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al aprobar la remisión al Congreso del Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 

Esta normativa busca consolidar un marco jurídico más robusto y unificado, que cumpla con la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE, suprimiendo la fragmentación y dispersión existente en la actual regulación en esta materia. En este sentido, se persigue la creación de un procedimiento judicial específico regulado en un mismo título de la LEC .

La iniciativa tiene el objetivo primordial de fortalecer la posición de los consumidores ante posibles infracciones que afecten sus derechos. A partir de esta ley, un grupo de consumidores podrá unirse para reclamar de manera colectiva en relación con infracciones que perjudiquen los intereses colectivos de consumidores y usuarios. A estos efectos, se legitima para actuar en dichas acciones colectivas al Ministerio Fiscal y a las entidades habilitadas, como son las asociaciones de consumidores o distintos órganos de administración competentes en materia de tutela de los consumidores.

Entre las novedades más significativas que presenta el proyecto de ley se encuentra el enfoque hacia aquellas actuaciones que buscan reparación o compensación económica. De acuerdo con la normativa, el proceso judicial vinculará a todos los titulares de derechos o intereses lesionados, a menos que alguno de los afectados solicite explícitamente desvincularse de la acción. Esto implica que se establece un mecanismo legal que determina que todos los consumidores afectados por una misma infracción pueden ser considerados en un único proceso judicial.

En cuanto a las circunstancias que por su naturaleza y cantidad permitan esta acción colectiva, la ley plantea que en los casos donde la reclamación económica individual supere los 3.000 euros, el tribunal podrá optar por establecer un sistema que limite el impacto de la resolución judicial solo a aquellos consumidores que hayan decidido adherirse formalmente al proceso. Esta disposición busca evitar que los consumidores no informados se vean involucrados sin su consentimiento en reclamaciones que pudieran resultarles ajenas.

Como parte de este proceso, y para garantizar la máxima transparencia y accesibilidad, cada caso contará con una plataforma electrónica específica. Esta herramienta digital permitirá a todos los afectados tener acceso a información actualizada sobre el procedimiento y facilitará la manifestación de su voluntad de vinculación o desvinculación del proceso colectivo, marcando un cambio significativo en la gestión de reclamos masivos.

En definitiva, la nueva norma busca, con las medidas que incorpora, fortalecer la posición de los consumidores y usuarios y, por consiguiente, la protección y defensa de sus derechos e intereses. 

Fuente: Consejo de Ministros