Castilla y León mejora de condiciones del personal dedicado a incendios forestales

El BOCYL de 24 de octubre de 2025 publica el Decreto-Ley 1/2025, de 23 de octubre, de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Esta norma introduce profundas modificaciones en la estructura, el régimen jurídico y las condiciones laborales del personal dedicado a la prevención y extinción de incendios forestales, con el objetivo prioritario de anticiparse a la próxima campaña de alto riesgo y dotar de mayor eficacia y estabilidad al operativo autonómico.

Diagnóstico: una nueva realidad marcada por emergencias recurrentes y de alta complejidad

El Decreto-Ley nace como respuesta a la grave crisis experimentada durante el verano de 2025, en el que se han sucedido numerosos y devastadores incendios tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas, revirtiendo la tendencia positiva lograda en 2023 y 2024. Tal situación, unida a la creciente complejidad de estos siniestros, ha forzado a la administración autonómica a revisar su modelo operativo.

Históricamente, la respuesta a los incendios forestales en la región estaba centrada en campañas estivales, abarcando un periodo limitado del año. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que tanto el riesgo como la realidad de los incendios ya no son estacionales, sino permanentes, lo que exige la transformación de un modelo de intervención puntual hacia un dispositivo profesional y permanente, capaz de atender prevención, extinción y restauración de los terrenos forestales afectados a lo largo de todo el año.

La Junta fundamenta la extraordinaria necesidad y urgencia de esta regulación no solo en la coyuntura de este 2025, sino en la observancia de una progresiva profesionalización y la obligación de adecuar el marco autonómico a las recientes leyes estatales de 2024 sobre agentes forestales y bomberos forestales, que imponen directrices básicas para todas las autonomías.

Medidas clave: profesionalización del operativo, seguridad jurídica y mejora de condiciones laborales

El nuevo Decreto-Ley pivota sobre tres ejes fundamentales:

• Reforma de las estructuras de personal: se acomete la creación, en la Administración Especial de Castilla y León, del Cuerpo de Agentes Medioambientales, integrado en el Grupo B y con acceso vinculado a la posesión del título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural o equivalente. De manera paralela, se declara a extinguir la anterior Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos (Subgrupo C1), permitiendo la integración voluntaria en el nuevo grupo a quienes cuenten con la titulación requerida.
• Reconocimiento de la cualificación de “bombero forestal”: el Decreto-Ley incorpora a la normativa autonómica las obligaciones derivadas de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre estatal, calificando como bomberos forestales a funcionarios de los Cuerpos de Ingenieros Superiores de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Agentes Medioambientales (Grupo B) y, en régimen de extinción, a los Agentes Medioambientales del Subgrupo C1, siempre que ocupen puestos asignados para funciones de incendios forestales o que excepcionalmente desempeñen tales tareas por necesidades operativas. Este reconocimiento implica la percepción del complemento específico y el reconocimiento de derechos estatutarios y jubilatorios propios de este colectivo.
• Mejoras en la selección, formación y condiciones laborales:
• Se flexibilizan y agilizan los procedimientos de selección temporal de personal operativo durante periodos de alto riesgo, mediante regulación de procedimientos específicos.
• Se acuerda, antes de final de 2025, la aprobación de nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo que garanticen la ocupación a tiempo completo durante todo el año, especialmente para el personal laboral que pasará de fijo discontinuo a permanente.
• Se establece un programa específico de formación sectorial, en colaboración con el Centro para la Defensa contra el Fuego de León y la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, para la profesionalización y mejora continua de conocimientos y destrezas.
• Se fija el compromiso de que el dispositivo de incendios forestales de Castilla y León sea enteramente público para 2028, salvo en servicios altamente especializados que requieran la intervención del sector privado por criterios técnicos.
• Se establece la cuantía específica del complemento por funciones de incendios forestales: 2.660 euros en 14 pagas para Ingenieros Superiores de Montes y Técnicos Forestales; 1.050 euros en 14 pagas para Agentes Medioambientales.

Impacto en la gestión integral frente al cambio en la naturaleza de los incendios forestales

La aprobación de este Decreto-Ley supone la consolidación de un modelo de gestión integral de incendios, articulado bajo el nuevo Plan INFOCAL 2025. Tal modelo aborda no solo la extinción, sino también medidas preventivas (trabajos selvícolas, reducción de combustible vegetal, sensibilización ambiental) y restauradoras (reforestación y recuperación posincendio), asignando al personal un papel transversal y multifuncional, incluyendo su participación en situaciones de protección civil en entornos naturales, rurales y urbanos.

Asimismo, el dispositivo pasa a tener tanto cobertura legal como una estructura flexible, lo que permite la movilidad y la adaptación ante emergencias imprevisibles y complejas cada vez más frecuentes.

Nuevas regulación de bomberos y agentes forestales