Castilla y León: procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dispone en su artículo 10.1 que las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad. A su vez, la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, establece en el artículo 5.1 que los productos, equipos, instalaciones, actividades industriales y establecimientos industriales deben cumplir los requisitos de seguridad establecidos en la normativa vigente.

La ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre tiene por objeto establecer el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial situadas en Castilla y León que, por motivos de antigüedad, destrucción de archivos, causas de fuerza mayor, errores de inscripción, traspasos de activos entre empresas o cambios de titularidad no comunicados, no dispongan de la documentación que sirvió en su día para acreditar su puesta en servicio.

Siguiendo la parte expositiva de la norma, uno de los requisitos, que se recoge de manera genérica en los distintos reglamentos de seguridad industrial, es la presentación de la documentación oportuna como paso previo a la puesta en marcha de las instalaciones Industriales sometidas a dichos reglamentos.

Por otro lado, el artículo 7.d) de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, impone como obligación a los titulares de las instalaciones industriales conservar la documentación que acredite que la instalación cumple con las disposiciones técnicas y administrativas aplicables. La documentación técnica requerida para la puesta en servicio de las instalaciones acredita el cumplimiento reglamentario de las mismas, lo que conlleva su necesaria conservación.

Con la documentación presentada, se inscribirá de oficio la correspondiente instalación en el Registro Industrial de Castilla y León y se dará traslado, cuando corresponda, al Registro Integrado Industrial.

Se ha constatado que hay un gran número de instalaciones que no cuentan con la documentación que sirvió en su día para la puesta en servicio de las mismas, lo que supone una situación irregular, siendo necesaria su regularización.

Esta falta de documentación dificulta tanto a los técnicos de los órganos competentes en materia de industria como a los organismos de control, en cuanto agentes encargados de las inspecciones periódicas, la determinación de la antigüedad de la instalación y en consecuencia la del reglamento que debe aplicarse en la inspección de la misma, así como la valoración técnica de si se mantienen las condiciones con las que las instalaciones fueron puestas en servicio, o por el contrario se han ampliado o modificado, y en este caso, si se han cumplido los requisitos reglamentarios para ello.

Además, el no tener constancia de la inscripción de las instalaciones, implica un desconocimiento de la realidad del sector industrial de la Comunidad y, en consecuencia, una traba para el necesario control que debe realizar la Administración.

La inmensa mayoría de los reglamentos de seguridad industrial no han contemplado esta situación de falta de documentación posterior a la puesta en marcha en su ordenación. Solamente se ha reflejado en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, aprobado por Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre y en el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Todo esto ha provocado actuaciones no homogéneas de las Administraciones públicas competentes en el registro y control de estas instalaciones, en relación con el procedimiento de regularización administrativa de las instalaciones.

Resulta así necesario establecer un procedimiento de regularización administrativa, que por una parte, permita registrar esas instalaciones, lo que será instrumento esencial para su control, y por otra, permita realizar la inspección en esas instalaciones, verificando la seguridad de las mismas, en aplicación de las normas técnicas en vigor en la fecha en que se acredite su puesta en servicio.

El procedimiento de regularización administrativa ofrecerá variantes en función de la intervención o no de un organismo de control acreditado y en función de la vigencia o no de la normativa a la que debieron acogerse las instalaciones en el momento de su ejecución. También tendrá en cuenta si se han establecido procedimientos específicos en la normativa de aplicación, y, en su caso, si se han superado los plazos establecidos en ella.

El documento «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobado por los Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre de 2015, incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. En concreto, la presente disposición se alinea con la meta 9.1 del ODS 9, desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Seguridad industrial en la prevención de riesgos laborales.