El Consejo de la UE acuerda reforzar la protección y vigilancia sobre los «falsos becarios»

El Consejo de la Unión Europea ha acordado su posición sobre una nueva Directiva destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los becarios y combatir los conocidos «falsos períodos de prácticas». Esta postura marca un paso fundamental en el proceso legislativo, encaminado a garantizar derechos y protección para millones de jóvenes en transición de la educación al mundo laboral.

Antecedentes

La iniciativa legislativa se enmarca en un contexto de persistentes problemas detectados en la región. Numerosos informes han alertado en los últimos años de situaciones de abuso y de condiciones de trabajo injustas en el ámbito de las prácticas, tales como la ausencia de remuneración, precariedad o falta de protección social. La propia Comisión adoptó, el 20 de marzo de 2024, la propuesta de Directiva, acompañada de una Recomendación destinada a reforzar el marco de calidad de los períodos de prácticas, sustituyendo a la anterior recomendación de 2014.

Entre los principales objetivos identificados por la Comisión se encuentran: mejorar las condiciones generales de trabajo, asegurar el principio de igualdad de trato (incluida la remuneración, salvo que existan diferencias objetivamente justificadas), luchar contra situaciones de fraude laboral y potenciar la participación de representantes sindicales en la defensa de los derechos de los becarios.

Nuevas garantías para los trabajadores en prácticas

El acuerdo alcanzado por el Consejo mantiene la ambición original de la Comisión Europea: asegurar condiciones justas para los trabajadores en prácticas, reflejando al mismo tiempo la heterogeneidad de los sistemas nacionales de los Estados miembros. El objetivo principal es doble: por un lado, elevar el estándar de protección laboral para quienes se encuentran en prácticas que suponen una relación laboral efectiva; por otro, erradicar las prácticas abusivas mediante las cuales algunas empresas encubren relaciones laborales regulares utilizando la figura del becario, privando así a estos trabajadores de derechos fundamentales.

Según los datos oficiales, existen actualmente más de tres millones de trabajadores en prácticas en la UE, y se estima que esta cifra aumente un 16% de aquí a 2030. Este contexto ha motivado la acción institucional para corregir situaciones de precariedad y abuso detectadas en el sistema.

Doble alcance para una protección reforzada

La directiva propuesta —sobre la que el Consejo ya ha fijado su postura, conocida como “orientación general”— establece un ámbito de aplicación dual: se aplicará tanto a los becarios con una relación laboral formal, mejorando sus condiciones, como a las personas sometidas a “falsos” períodos de prácticas, con el fin de erradicar prácticas fraudulentas. Sin embargo, quedan fuera del texto aquellos períodos de prácticas regulados específicamente en el ámbito educativo o de las políticas activas de empleo, dada su naturaleza diferenciada.

Entre las novedades acordadas figura también una mayor claridad conceptual: se introduce el término “falso período de prácticas”, que permitirá identificar y perseguir las prácticas fraudulentas de manera más eficaz, sustituyéndose además la figura del “trabajador ordinario” por la de “trabajador comparable” para favorecer la equiparación de derechos en términos de remuneración y trato laboral.

Respeto a la diversidad nacional y flexibilidad para los Estados

El Consejo ha hecho hincapié en el respeto a la diversidad de los modelos existentes en los distintos países europeos. Así, la Directiva no obligará a los Estados miembros a tipificar una relación laboral específica para los becarios en su legislación nacional, pero sí deberán adoptar las medidas pertinentes para cumplir los objetivos fijados en el texto. En este sentido, se otorga flexibilidad a cada Estado para decidir cómo aplicar y hacer cumplir las nuevas normas, siempre dentro de los márgenes de la legislación y las prácticas nacionales.

Mejoras en el control y aplicación de las nuevas normas

Un aspecto especialmente destacado es el refuerzo de los mecanismos de control y supervisión del cumplimiento. La propuesta contempla la posibilidad de que los representantes de los trabajadores —en caso de que así lo permita la legislación de cada país— actúen en nombre de los becarios en procedimientos judiciales o administrativos para garantizar la protección efectiva de sus derechos. Además, se prevén canales de denuncia y control de malas prácticas, como inspecciones y revisiones, para evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo la apariencia de becas.

Calendario y próximos pasos

El Consejo se muestra preparado para comenzar el diálogo tripartito con el Parlamento Europeo, a la espera de que esta institución confirme su mandato negociador. De alcanzarse un acuerdo político, el texto de la Directiva será sometido a revisión jurídica, traducido a las lenguas oficiales de la UE y, posteriormente, adoptado formalmente por el Parlamento y el propio Consejo. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva entrará en vigor, ofreciendo a los Estados miembros un plazo estimado de dos años para su transposición y aplicación efectiva, pendiente de confirmación en el acuerdo final.

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