El Senado avanza en la reforma de los derechos laborales por discapacidad

El Pleno del Senado ha aprobado el texto del Proyecto de Ley por el que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

La iniciativa, tramitada por el procedimiento de urgencia, busca adaptar la legislación al artículo 49 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos impulsar políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles. 

El texto continúa siendo un proyecto de ley, por lo que sus disposiciones no resultarán aplicables hasta que concluya la tramitación parlamentaria, se publique la norma y se produzca su entrada en vigor.

Un nuevo enfoque de los derechos laborales

La reforma proyectada amplía el tratamiento de la inclusión social y refuerza conceptos como la igualdad efectiva, la autonomía, la accesibilidad universal, los apoyos y los ajustes razonables. En el ámbito laboral, el objetivo es mejorar las oportunidades de acceso, mantenimiento, promoción y retorno al empleo de las personas con discapacidad.

Igualdad y no discriminación. La futura regulación pretende reforzar la protección frente a la discriminación directa e indirecta en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo. También concede especial atención a las situaciones de discriminación múltiple y a las personas que necesitan mayores apoyos.

Políticas activas de empleo. El proyecto profundiza en el deber de los poderes públicos de elevar las tasas de actividad y ocupación, mejorar la calidad del empleo y facilitar apoyos durante todol. La regulación vigente ya configura estos objetivos como finalidad de la política de empleo.

Empleo ordinario, empleo con apoyo y empleo protegido

El texto revisa la regulación de las distintas vías de participación laboral, con especial atención al empleo ordinario, los servicios de empleo con apoyo, los centros especiales de empleo y los enclaves laborales.

Empleo con apoyo. Se refuerza la orientación individualizada y el acompañamiento en el puesto de trabajo como instrumentos para facilitar la inclusión en empresas del mercado ordinario, especialmente cuando concurran mayores dificultades de acceso o permanencia.

Cuota de reserva. La regulación vigente obliga a las empresas públicas y privadas con 50 o más personas trabajadoras a reservar, al menos, un 2 % de su plantilla paracidad, sin perjuicio de las excepciones y medidas alternativas previstas.

Cambios en los centros especiales de empleo

La iniciativa revisa el papel de los centros especiales de empleo como instrumentos de inclusión laboral y de tránsito hacia el empleo ordinario. Estos centros mantienen su finalidad productiva y su función de asegurar un empleo remunerado, junto con la prestación de servicios de ajuste personal y social.

La normativa vigente exige que las personas trabajadoras con discapacidad representen, como mínimo, el 70 % de la plantilla, sin sin discapacidad dedicado a los servicios de ajuste.

También se mantiene la categoría de centros especiales de empleo de iniciativa social, vinculada a la participación mayoritaria de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro o de carácter social y a la reinversión íntegra de los beneficios mpleo y mejora de la actividad.

Modificaciones en otras normas laborales y sociales

La reforma del Real Decreto Legislativo 1/2013 se acompaña de cambios relacionados en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la normativa del ingreso mínimo vital.

Estas modificaciones persiguen coordinar el reconocimiento de derechos con su aplicación en el empleo privado, el empleo público, la protección social y el régimen sancionador. En este último ámbito, las infracciones laborales sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad se encuadran enen social.

Entrada en vigor e impacto práctico

Según el texto aprobado por el Senado, la regla general de entrada en vigor se produciría a los veinte días de la publicación de la futura ley. No obstante, se contemplan excepciones para determinadas modificaciones, especialmente cuando su aplicación comporte efectos presupuestarios.

Para empresas, administraciones públicas, servicios de empleo y centros especiales de empleo, la reforma supondrá revisar las políticas de igualdad, los apoyos individualizados, los ajustes razonables y las medidas de acceso y permanencia en el trabajo. Hasta que finalice la tramitación y se publique la ley, continuará aplicándose la normativa vigente.

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030