El Tribunal Supremo perfila la exoneración del pasivo insatisfecho y el trato del crédito público

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en febrero de 2026 que perfilan de forma relevante el régimen de la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona física tras la reforma operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas.

El Gabinete Técnico aborda por primera vez la limitación a la exoneración del crédito público del artículo 489.1.5.º del TRLC y fija doctrina sobre la condición de deudor de buena fe, la carga de información del solicitante y el alcance de las excepciones del artículo 487.1.2.º TRLC.

Contexto europeo y adecuación a la Directiva (UE) 2019/1023

Las resoluciones se dictan a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2024 (asuntos acumulados C-289/23, Corván, y C-305/23, Bacigán), que interpreta el artículo 23.4 de la Directiva (UE) 2019/1023. El TJUE declaró que la enumeración de exclusiones de la exoneración prevista en dicho precepto no es taxativa, de modo que los Estados miembros pueden prever otras categorías de créditos excluidos total o parcialmente, siempre que la exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional y respete, entre otros, el principio de proporcionalidad.

Partiendo de esta premisa, el Tribunal Supremo examina si las limitaciones al crédito público del artículo 489.1.5.º del TRLC y las causas de exclusión del artículo 487.1.2.º del TRLC superan el filtro de justificación exigido por el TJUE.

Alcance de la exoneración respecto del crédito público (art. 489.1.5.º del TRLC)

En las SSTS n.º 260/2026, de 18 de febrero, ECLI:ES:TS:2026:436 y n.º 254/2026, de 18 de febrero, la Sala Primera analiza el tratamiento del crédito público en el marco del concurso de persona física que solicita la exoneración del pasivo insatisfecho.

• Exclusión de los créditos públicos subordinados. El Tribunal Supremo matiza que el privilegio del crédito público tiene sentido en relación con los créditos privilegiados y ordinarios, pero no resulta proporcionado frente a los créditos subordinados. Estos últimos han sido ubicados en la cola de la prelación precisamente por razones que justifican un tratamiento negativo en el contexto concursal. En consecuencia, la Sala declara que los créditos públicos calificados como subordinados sí quedan afectados por la exoneración; solo respecto del resto de créditos públicos resultan aplicables las limitaciones cuantitativas del artículo 489.1.5.º TRLC.
• Aplicación a todo crédito de Derecho público, no solo AEAT y Seguridad Social. Aunque la literalidad del artículo 489.1.5.º TRLC se refiere únicamente a créditos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social, la Sala interpreta que la limitación a la exoneración debe extenderse a toda clase de crédito de Derecho público, con independencia del ente que gestione su recaudación, siempre que el crédito tenga esa naturaleza pública.

Para justificar este trato reforzado, el Tribunal acude al preámbulo de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, y a los mandatos constitucionales y legales en materia tributaria y de Seguridad Social: el apartado 1 del artículo 31 de la CE y el apartado 1 del artículo 2 de la LGT y el apartado 1 del artículo 3 de la LGT, así como el artículo 41 de la CE y el artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social. De este modo, la limitación se considera, en términos generales, justificada y proporcionada.

• Límite cuantitativo por cada acreedor de Derecho público. Las sentencias precisan que la ratio de la norma lleva a aplicar las limitaciones de forma individualizada a cada acreedor público. Así, respecto de cada acreedor titular de créditos de Derecho público:
• Se prevé una exoneración íntegra de los primeros 5.000 euros de su crédito.
• A partir de esa cifra, la exoneración alcanza el 50 % del crédito, hasta un máximo de 10.000 euros.

Este criterio resulta clave para el cálculo práctico del pasivo exonerable cuando concurren varios acreedores públicos (por ejemplo, administración tributaria estatal, autonómica o local, y entidades gestoras de la Seguridad Social).

Deudor de buena fe y carga de información (arts. 486 y 487 del TRLC)

En las SSTS n.º 259/2026, de 8 de febrero, ECLI:ES:TS:2026:441, n.º 261/2026, de 18 de febrero, ECLI:ES:TS:2026:437, n.º 262/2026, de 18 de febrero, ECLI:ES:TS:2026:439 y n.º 263/2026, de 18 de febrero, ECLI:ES:TS:2026:438, la Sala Primera desarrolla la noción de deudor de buena fe en el sentido del artículo 486 del TRLC, recordando que se trata de un concepto normativo concretado en la relación de causas de exclusión del artículo 487.1 del TRLC.

• Carga del deudor: información completa y origen de las deudas. El deudor que pretende la exoneración tiene la carga de aportar toda la información necesaria para que el tribunal pueda examinar su situación y verificar que no concurre ninguna causa de exclusión. Esto implica no solo detallar el activo y el pasivo, sino también el origen de las deudas y su justificación, especialmente cuando resulten desproporcionadas respecto de los ingresos y rentas del deudor en el momento de su contracción.

Esta obligación informativa se conecta con la causa de exclusión del artículo 487.1.6.º del TRLC, relativa a deudas generadas mediante un endeudamiento irresponsable o desproporcionado. El Tribunal destaca que la honestidad inherente a la buena fe exige que el deudor declare todas las deudas existentes cuyo perdón pretende.

• Verificación de oficio por el juez del concurso. La concesión de la exoneración está condicionada a la «previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley». El juez del concurso debe realizar este control de oficio, aunque no exista oposición de la administración concursal o de los acreedores, o incluso cuando estos muestren su conformidad, de acuerdo con los artículos 498.2 y 502.1 del TRLC.

El tribunal de apelación, por su parte, se encuentra limitado por el apartado 5 del artículo 465 de la LEC: si la cuestión relativa a los presupuestos de la exoneración no ha sido impugnada en apelación, el órgano ad quem no puede apreciarla de oficio.

Contenido de la resolución: identificación expresa de los créditos exonerados

En correlación con la carga informativa del deudor, las sentencias sobre el crédito público subrayan que la resolución judicial que acuerde la exoneración debe identificar los créditos exonerados. Esta exigencia cumple una doble función:

• Reforzar la seguridad jurídica, dejando claro qué créditos son objeto de exoneración y en qué medida.
• Preservar la competencia del juez del concurso para determinar el alcance efectivo y real del beneficio, evitando que la resolución se convierta en un «cheque en blanco» que pueda ser rellenado o reinterpretado con posterioridad.

Excepciones del art. 487.1.2.º del TRLC: sanciones muy graves y derivaciones de responsabilidad

En relación con el artículo 487.1.2.º del TRLC, el Tribunal Supremo examina su compatibilidad con la doctrina del TJUE en la sentencia Corván-Bacigán.

1. Lista taxativa de causas de exclusión. La Sala entiende que la exigencia europea de definición precisa de las excepciones se cumple en el artículo 487.1 del TRLC, que contiene una relación cerrada (taxativa) de supuestos que impiden al deudor acceder a la exoneración.
2. Justificación material: buena fe y proporcionalidad. A diferencia del régimen del crédito público, la Sala observa que la debida justificación de las exclusiones del artículo 487.1.2.º del TRLC no se desprende claramente del preámbulo de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ni del proceso legislativo. Por ello recurre a la naturaleza y finalidad del instituto de la exoneración: se trata de un mecanismo pensado para el deudor persona natural de buena fe, que no debe ser aprovechado por quienes no lo merecen.

Los comportamientos que deslegitiman al deudor son aquellos vinculados a las causas y circunstancias de su insolvencia o que, en general, menoscaban la confianza en el crédito y el tráfico económico. Desde esta óptica, la Sala distingue dos grandes supuestos:

a) Sanciones por infracciones tributarias o de Seguridad Social muy graves. La imposición de una sanción por infracción tributaria muy grave suele implicar, según la Ley General Tributaria ( por ejemplo, artículos 191.4, 192.4 y 193 de la LGT), el empleo de medios fraudulentos o una negligencia grave, lo que justifica la exclusión de la exoneración. Lo mismo ocurre con las infracciones muy graves en materia de Seguridad Social, que conllevan fraude o mal uso del sistema y afectan gravemente a su financiación o a los derechos de los trabajadores (artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

Este componente fraudulento o gravemente desvalorado permite equiparar tales conductas a la comisión de los delitos expresamente mencionados por la norma (delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o contra los derechos de los trabajadores), de modo que la exclusión de la exoneración resulta proporcionada.

b) Derivación de responsabilidad: no es una sanción y exige prueba de fraude. Distinta es la situación de la derivación de responsabilidades a la que se refiere el segundo inciso del artículo 487.1.2.º del TRLC. El Tribunal recuerda su doctrina previa (SSTS n.º 315/2020, de 17 de junio, ECLI:ES:TS:2020:2176,  n.º 316/2020, de 17 de junio, ECLI:ES:TS:2020:2177 y n.º 1578/2025, de 4 de noviembre, ECLI:ES:TS:2025:4867), conforme a la cual la derivación no tiene naturaleza sancionadora, sino que opera como un mecanismo de garantía para asegurar la recaudación.

En consecuencia, mientras no conste acreditado que el acuerdo de derivación trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a una infracción muy grave, la excepción basada en dicha derivación carece de justificación suficiente para privar al deudor del acceso a la exoneración de deudas, por contrariar el principio de proporcionalidad exigido por el Derecho de la Unión.

Impacto práctico para profesionales y operadores económicos

El TS consolida un marco interpretativo más preciso para la exoneración del pasivo insatisfecho tras la reforma de 2022. Los principales efectos prácticos son:

• Mayor claridad sobre el alcance de la exoneración del crédito público, especialmente en lo relativo a créditos subordinados y al cálculo de los límites cuantitativos por cada acreedor público.
• Reforzamiento de la carga de transparencia del deudor, que debe documentar exhaustivamente su pasivo, el origen de las deudas y las circunstancias de su endeudamiento.
• Confirmación del control de oficio del juez del concurso sobre los requisitos de la exoneración, incluso sin oposición de la administración concursal o de los acreedores.
• Delimitación más nítida de las causas de exclusión basadas en sanciones muy graves y relativización del efecto automático de los acuerdos de derivación de responsabilidad, que solo podrán operar como causa de exclusión si se acredita una conducta fraudulenta equivalente.

En suma, el Tribunal Supremo aproxima el régimen español de segunda oportunidad a las exigencias de la Directiva (UE) 2019/1023, combinando el objetivo de ofrecer una salida al deudor persona física de buena fe con la protección reforzada de los intereses públicos y la preservación de la confianza en el tráfico jurídico y económico.