El Supremo anula el registro único estatal de alquileres de corta duración

El Tribunal Supremo, en su sentencia n.º 620/2026, ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de arrendamientos y se crea la ventanilla única digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

La resolución considera que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional único que se superpone a los registros autonómicos ya existentes respecto de la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos.

Por qué es relevante la sentencia

El fallo delimita el alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de alquileres de corta duración y aclara que la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1028, de 11 de abril de 2024, no permite por sí sola imponer un sistema estatal de registro único al margen del reparto interno de competencias.

El Tribunal parte de la existencia de una preocupación creciente, tanto en la Unión Europea como en España, por el aumento de los arrendamientos de corta duración ofertados mediante plataformas en línea y por su incidencia en el mercado de la vivienda, especialmente por la reducción de la oferta de alquiler de larga duración y el incremento de precios.

Antecedentes del recurso

La Generalitat Valenciana impugnó la norma estatal que regulaba el procedimiento del llamado Registro Único de arrendamientos y la creación de una ventanilla única digital para la recogida e intercambio de datos sobre servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

El Real Decreto recurrido afirmaba dictarse en aplicación del Reglamento (UE) 2024/1028. Sin embargo, el Tribunal Supremo destaca que la norma europea obliga a adaptar los sistemas de registro e información existentes a sus previsiones, pero no exige que el procedimiento de registro sea nacional ni altera el sistema de distribución competencial de cada Estado miembro.

Los argumentos del Tribunal Supremo

La sentencia analiza distintos títulos competenciales invocados para justificar la regulación estatal, entre ellos la legislación civil y la ordenación de los registros e instrumentos públicos, las condiciones básicas de igualdad, las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la estadística para fines estatales.

Según el Tribunal, ninguno de esos títulos ampara la creación de un registro único estatal con la configuración prevista en el real decreto. En particular, precisa que no se trata de una regulación sustantiva del arrendamiento ni de un registro destinado a inscribir contratos o cargas con efectos frente a terceros, sino de un procedimiento para obtener un número de registro exigido para poder ofertar un servicio de alquiler o arrendamiento de corta duración en plataformas en línea.

También rechaza que la medida pueda sostenerse en la competencia estatal sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, al entender que la norma va más allá de una base o coordinación y establece una regulación exhaustiva que se superpone a los registros autonómicos ya existentes.

Qué preceptos se anulan y cuáles se mantienen

La estimación del recurso es parcial. El Supremo anula únicamente los preceptos por los que se crea el denominado registro único de arrendamientos.

En cambio, desestima la impugnación respecto de las disposiciones relativas a la ventanilla única digital de arrendamientos, la transmisión de datos por las plataformas en línea y la remisión de información con fines estadísticos, materias en las que sí aprecia cobertura competencial estatal en los títulos de coordinación de la actividad económica y estadística para fines estatales.

Impacto práctico

La sentencia impide que el Estado mantenga un registro único nacional de arrendamientos de corta duración con el alcance previsto en el Real Decreto 1312/2024, pero permite conservar el esquema de ventanilla única digital y las obligaciones de intercambio de datos. El criterio refuerza, además, la necesidad de respetar el reparto competencial cuando se desarrollen mecanismos de control de la actividad de alquiler turístico y de corta duración.

Fuente: Poder Judicial