El Tribunal Constitucional ampara a un preso al que le habían denegado las visitas de sus hijas

El Tribunal Constitucional, en una decisión unánime de la Sala Segunda, ha estimado el recurso de amparo presentado por un padre privado de libertad, al que se le había negado el derecho de visita de sus hijas menores de edad en el centro penitenciario donde cumplía condena por robo en casa habitada. La sentencia declara insuficientes los argumentos del órgano judicial para fundamentar la decisión de privar al demandante del derecho a comunicarse con sus hijas, subrayando la necesidad de proteger el interés superior del menor, conforme al artículo 39 de la Constitución Española.

El caso se remonta a una decisión muy restrictiva de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el contexto de una demanda de divorcio, que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo. El padre alegó vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la CE), criticando la falta de fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales respecto a la restricción total del derecho de visitas.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, apoyándose en abundante jurisprudencia, enfatizó la importancia de la participación de los menores en procedimientos que les afecten y la consideración de su opinión, en función de su edad y madurez, para determinar el interés superior del menor, destacando:

«(...)la necesidad de que todos los poderes públicos cumplan con el mandato dirigido a ellos en el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público».

La sentencia resalta que no se demostró perjuicio alguno a las menores por las visitas al padre y critica la falta de audiencia a las menores y la ausencia de una motivación reforzada por parte del juez.

El Tribunal Constitucional concluye que las sentencias impugnadas no atendieron adecuadamente al interés superior de las menores y no justificaron debidamente la medida restrictiva del derecho de visitas. Además, señala que la limitación impuesta desconoce el derecho del interno al desarrollo integral de su personalidad y la importancia de mantener vínculos familiares para la orientación resocializadora de la pena de prisión, como establece el artículo 25.2 de la CE.

Como resultado, la sentencia del Tribunal Constitucional anula las resoluciones judiciales previas y ordena la retroacción de las actuaciones para que se emita una nueva sentencia que respete el derecho fundamental vulnerado y cumpla con los requisitos de motivación reforzada en interés de los menores.

Fuente: Tribunal Constitucional