Última revisión
28/04/2026
El TS exige autorización previa a la Inspección de Trabajo para entrar en domicilio social si también es centro de trabajo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su STS n.º 441/2026, de 14 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1582, fija doctrina sobre la entrada de la Inspección de Trabajo en dependencias empresariales que son a la vez domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo.
La relevancia del fallo radica en que el Alto Tribunal declara que, en principio, es exigible autorización judicial previa para esa entrada cuando no exista consentimiento del titular, incluso aunque no se practique registro ni aprehensión de documentos o archivos. La exigencia deriva directamente del artículo 18.2 de la Constitución Española.
Antecedentes del caso
El litigio se originó por una actuación de la Inspección de Trabajo, con auxilio de la Policía Nacional, llevada a cabo el 23 de octubre de 2024 en una nave industrial situada en Foios (Valencia). Según los hechos recogidos en la sentencia, el inmueble constituía al mismo tiempo el domicilio social de la mercantil recurrente y un centro de trabajo.
La entrada se produjo sin autorización judicial y sin consentimiento del titular. Además, no se practicó ningún registro ni hubo intervención de archivos físicos o informáticos. El tribunal de instancia entendió que, al no haberse examinado ni aprehendido documentación, no se había vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
La doctrina del Supremo: la autorización no depende de que haya registro
El Tribunal Supremo rechaza ese razonamiento. Subraya que el artículo 18.2 de la Constitución Española utiliza la expresión “entrada o registro”, de modo que la garantía constitucional no se limita al supuesto en que la Administración pretenda examinar o incautar documentos, sino que alcanza también a la mera entrada en un espacio que tenga la consideración de domicilio a efectos constitucionales.
La sentencia recuerda, además, que las personas jurídicas también son titulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio, aunque su protección se module por la jurisprudencia constitucional. Esa tutela alcanza al espacio físico en que se dirige la actividad de la sociedad o se conservan sus archivos fuera del conocimiento de terceros.
Sobre esa base, la Sala considera que el silencio del artículo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, respecto del domicilio de las personas jurídicas, no elimina la necesidad de autorización judicial. A juicio del Supremo, esa exigencia deriva directamente de la Constitución y puede aplicarse aunque la ley no la mencione expresamente para esos supuestos.
Centro de trabajo y domicilio social en un mismo inmueble
El punto central del asunto era determinar si la coincidencia en un mismo local de centro de trabajo y domicilio social permitía a la Inspección entrar sin autorización cuando no se iba a registrar documentación. La respuesta del Supremo es negativa.
Para la Sala, no es aceptable sostener que la Administración pueda entrar primero y solicitar autorización solo más tarde si decide examinar archivos o documentos. La autorización judicial ha de ser previa a cualquier actuación de la autoridad o sus agentes dentro de un espacio que deba considerarse domicilio protegido por el artículo 18.2 de la Constitución.
El Tribunal solo apunta una posible excepción, supeditada a las circunstancias concretas de cada caso: que exista una separación física apreciable entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona destinada a centro de trabajo y, además, que la autoridad informe desde el inicio de que su propósito es únicamente acceder a esta última para el ejercicio de sus funciones legales. La propia sentencia aclara que esa situación no concurría en el supuesto enjuiciado.
Fallo y consecuencias
El Supremo estima el recurso de casación, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y declara que la actuación material de la Inspección de Trabajo, con auxilio de la Policía Nacional, fue constitutiva de vía de hecho y vulneró el artículo 18.2 de la Constitución Española.
Impacto práctico. La doctrina fijada refuerza las garantías frente a actuaciones inspectoras en espacios empresariales con doble condición de domicilio social y centro de trabajo. En esos casos, la entrada sin consentimiento del titular requerirá, como regla general, autorización judicial previa, aunque no se prevea practicar registro ni incautación de documentación.