El TSJ de Asturias concede incapacidad permanente a una contable con fatiga crónica post-COVID

La STSJ de Asturias n.º 1395/2024, de 17 de septiembre de 2024, ECLI:ES:TSJAS:2024:2152, ha dictado una sentencia histórica al conceder la incapacidad permanente absoluta a una contable diagnosticada con síndrome de fatiga crónica post-COVID y cefaleas persistentes. Esta decisión reafirma el derecho de la demandante a recibir una prestación económica equivalente al 100% de su base reguladora de 1.825,53 euros mensuales, más las revalorizaciones pertinentes.

Los magistrados de la Sala Social del TSJ, al ratificar la decisión de un juzgado de Oviedo, subrayan que para la inhabilitación completa se requiere que la trabajadora haya agotado el tratamiento médico y que haya quedado acreditada la ausencia de posibilidades de recuperación, o que estas se consideren inciertas o a largo plazo. En este caso, la patología diagnosticada se originó tras un episodio de neumonía bilateral provocada por la infección por SARS-CoV-2.

En el informe médico evaluado, se destallan síntomas significativos que afectan la calidad de vida y la capacidad laboral de la afectada, incluyendo astenia, cefaleas intensas y un deterioro cognitivo considerable. El TSJ ha destacado la grave repercusión de estos problemas en la funcionalidad de María Inmaculada, que lleva acariciando una evolución patológica negativa, lo que a su vez justifica el fallo a favor de la incapacidad permanente.

Desde la resolución inicial emitida el 23 de noviembre de 2022 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que negó la existencia de incapacidad permanente, la trabajadora ha enfrentado un largo proceso legal. Tras apelar la decisión, el TSJ determinó que los tratamientos médicos han sido insuficientes para revertir su estado, lo que pone de manifiesto que su cuadro clínico no solo se mantiene, sino que también se agrava, evidenciado por síntomas de ansiedad y depresión relacionados con su condición.

Los magistrados argumentan que las evidencias médicas reunidas en el proceso demuestran una sintomatología persistente y significativa, lo que obedece a la normativa que regula las incapacidades, según la cual deben valorarse las repercusiones funcionales y no solo los diagnósticos clínicos en sí. Así, se reconoció que para que una persona sea declarada incapacitada permanentemente, es crucial contemplar no solo su condición médica, sino las limitaciones funcionales que esta implica en la vida diaria y laboral.

La resolución del TSJ puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Fuente: Poder Judicial.