Relevo digital: Citius reemplazará a LexNET en las comunicaciones electrónicas

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha abierto una consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto que regulará las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en su ámbito territorial y que servirá para implantar el sistema Citius como evolución del actual LexNET. La iniciativa parte de la necesidad de adaptar la regulación vigente —hoy contenida en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre— al nuevo marco de transformación digital configurado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

La documentación sometida a consulta fija con claridad el eje de la reforma: LexNET dejará de ser el sistema de referencia en favor de una plataforma más avanzada, flexible e interoperable. El plazo para presentar alegaciones permanece abierto durante quince días naturales, hasta el 23 de julio de 2026, según el texto facilitado por el Ministerio.

De LexNET a Citius: por qué se plantea el cambio

La regulación actualmente en vigor en materia de comunicaciones electrónicas judiciales se apoya en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, que ordenó las comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial del Ministerio y reguló expresamente el sistema LexNET.

Sin embargo, el cambio normativo producido por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, ha rediseñado la arquitectura digital de la Justicia con una lógica más amplia que la mera remisión y recepción de escritos y notificaciones. Ese nuevo marco apuesta por la tramitación electrónica integral, la orientación al dato, la interoperabilidad entre sistemas y la trazabilidad de las actuaciones. Ese contexto es el que hace necesaria una nueva regulación reglamentaria y una nueva herramienta tecnológica. 

Qué es Citius y qué pretende aportar

El proyecto no presenta Citius como un simple cambio de nombre, sino como una evolución del actual sistema LexNET destinada a mejorar la integración con los sistemas de gestión procesal y con las plataformas públicas de intercambio de información. La consulta explica que la nueva solución permitirá reforzar la interoperabilidad tanto dentro de la Administración de Justicia como con otras administraciones públicas.

Entre los objetivos expresamente señalados destacan la simplificación y agilización de las comunicaciones telemáticas entre órganos judiciales, profesionales, ciudadanía y otras instituciones, así como el refuerzo de la seguridad jurídica digital y de la calidad del servicio. La futura regulación también deberá abarcar la presentación telemática de documentos y expedientes, el traslado telemático de copias y, en general, cualquier actuación o comunicación que deba realizarse por vía electrónica.

Interoperabilidad, dato y conexión con otros sistemas

Uno de los aspectos más relevantes para despachos, procuradores, empresas y responsables de compliance es que Citius nace con una vocación de amplia que la del modelo anterior. La consulta pública prevé su integración con los sistemas de gestión procesal de los territorios que así lo decidan y con servicios de la Administración General del Estado como SIR e INSIDE, además de otras plataformas utilizadas por comunidades autónomas, entidades locales y organismos públicos.

Ese diseño resulta coherente con el régimen de interoperabilidad ya recogido en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Los sistemas de información y comunicación de la Administración de Justicia deben ser interoperables entre sí y que también deben garantizar esa interoperabilidad las aplicaciones y servicios electrónicos que los consejos generales profesionales pongan a disposición de abogados, procuradores y graduados sociales, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Seguridad jurídica digital y garantías técnicas

El borrador sometido a consulta anticipa que todas las comunicaciones realizadas al amparo del futuro real decreto deberán desarrollarse bajo garantías que aseguren acceso, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, portabilidad e interoperabilidad. También prevé el uso, cuando corresponda, de formularios orientados al dato aprobados por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.

La exigencia de seguridad no es accesoria. El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, refuerza el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad y prevé incluso un Subcomité de Seguridad y un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración de Justicia, lo que muestra que la transformación digital de la Justicia se está vinculando cada vez más a estándares técnicos comunes y a una gobernanza específica de la ciberseguridad.

Un nuevo real decreto, no una simple reforma parcial

La consulta pública descarta como opción principal una mera modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. Aunque esa alternativa se valora expresamente, el Ministerio considera más adecuado aprobar un nuevo real decreto que incorpore de forma sistemática las previsiones derivadas del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y establezca un marco integral para Citius.

Impacto para profesionales y organizaciones

Para los operadores jurídicos, la novedad es relevante porque anticipa un escenario en el que las comunicaciones procesales electrónicas estarán más integradas con los sistemas de gestión, con registros y con otras plataformas públicas, en línea con la evolución normativa de 2023. Para empresas y responsables de compliance, el cambio refuerza la idea de que la relación digital con la Justicia exigirá cada vez más atención a la interoperabilidad, la trazabilidad y la seguridad del dato. 

En conclusión, el movimiento del Ministerio marca el inicio formal del relevo de LexNET por Citius en su ámbito territorial. No se trata solo de sustituir una herramienta, sino de adaptar el sistema de comunicaciónes electrónicas judiciales a un modelo de Justicia digital más interoperable, orientada al dato y apoyada en mayores garantías técnicas. Habrá que esperar al texto definitivo del real decreto para conocer el alcance exacto de la transición, sus plazos y las obligaciones concretas para profesionales y usuarios.