La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar condiciones laborales transparentes y previsibles

La Comisión Europea ha decidido formalizar una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer de forma completa a su legislación nacional la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, la Directiva (UE) 2019/1152. La iniciativa judicial llega tras constatar que España aún no cumple plenamente con los requisitos europeos para informar a los trabajadores sobre aspectos esenciales de su relación laboral, como el tiempo de trabajo y la remuneración. La Comisión solicitará, además, que se impongan sanciones financieras a España ante la insuficiencia de los esfuerzos realizados hasta la fecha.

Demora en la transposición de las normas europeas

La citada directiva, adoptada en 2019, establece obligaciones claras para los Estados miembros en materia de derechos laborales, con el objetivo de garantizar a los trabajadores de la Unión Europea condiciones mínimas de empleo y una mayor previsibilidad en la organización de su trabajo. Según datos de la Comisión, la norma afecta y protege a cerca de 200 millones de trabajadores europeos, y presta especial atención a entre dos y tres millones de empleados en situación de precariedad.

España, al igual que el resto de Estados miembros, estaba obligada a integrar la directiva en su ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, los pasos tomados por el Ejecutivo español y las Cortes no han sido suficientes a ojos de Bruselas. Tras una primera advertencia enviada en septiembre de 2022, y un dictamen motivado en junio de 2023, la Comisión ha registrado en febrero de 2025 la notificación de nuevas medidas legislativas por parte de España, pero considera que estas solo cumplen parcialmente con las exigencias comunitarias.

Pueden consultar un análisis del Proyecto de Ley sobre condiciones laborales transparentes aquí.

Normas fundamentales para los trabajadores

La Directiva (UE) 2019/1152 introduce derechos laborales considerados esenciales, tales como una información completa y oportuna sobre las condiciones de empleo, la previsibilidad en el tiempo y modalidad de trabajo, y la limitación de los períodos de prueba a un máximo de seis meses. Entre los puntos más relevantes se encuentra la obligación de que todos los trabajadores reciban, desde el inicio de su relación laboral, información clara y escrita sobre la remuneración, la jornada, sus funciones y el calendario laboral.

Estas regulaciones buscan proporcionar mayor protección especialmente para quienes se encuentran en empleos precarios o modalidades de trabajo atípicas, como trabajo temporal, a tiempo parcial o con contratos de duración determinada. La actualización de la legislación pretende adaptar el marco legal al cambiante mercado laboral europeo, adecuándose tanto a trabajos tradicionales como a los de nuevas plataformas digitales.

El procedimiento europeo de infracción

El procedimiento abierto por la Comisión Europea sigue los cauces ordinarios para los casos de posible incumplimiento del Derecho de la Unión. En primer lugar, se remitió a España una carta de emplazamiento con una advertencia inicial y solicitudes de información. Ante la falta de avances satisfactorios, Bruselas envió un dictamen motivado, en el que detallaba las deficiencias detectadas y concedía un plazo para la subsanación. Al considerar las autoridades comunitarias que las medidas notificadas en febrero de 2025 por España abordan solo parcialmente el problema, ha procedido al último paso: llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En paralelo, la Comisión Europea ha anticipado que solicitará al TJUE la imposición de sanciones financieras a España. Si el alto tribunal declarara la infracción y el país persistiera en el incumplimiento, podrían establecerse multas coercitivas hasta que el Estado se ajuste plenamente a la normativa europea.

Fuente: Comunicado de prensa de la Comisión Europea.