La DGT aclara las obligaciones fiscales de quien retira dinero de su cuenta y lo conserva en efectivo en casa

La Dirección General de Tributos, en su consulta vinculante (V1563-25), de 3 de septiembre de 2025, aborda las obligaciones tributarias formales y la justificación de operaciones de quien retira dinero de su cuenta y lo conserva en efectivo en casa.

El consultante, persona física que retiró dinero lícito de una cuenta bancaria, pudiendo acreditarlo mediante justificantes y extractos bancarios, y el cual conserva en su domicilio sin la intención, a corto plazo, de depositarlo de nuevo en una entidad financiera, plantea la consulta acerca de las obligaciones tributarias formales asociadas a la tenencia de dinero en efectivo, así como su justificación ante la Administración. 

La Dirección General de Tributos parte de la siguiente hipótesis, también reseñada por el consultante en el escrito de solicitud:

• No se superan los umbrales cuantitativos que determinan la obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, IP).
• El dinero retirado no tiene origen en bienes o derechos sitos en el extranjero.
• No se han realizado movimientos transfronterizos de efectivo.

Por lo que respecta a una obligación tributaria formal de declaración del efectivo, el Centro directivo acude al artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) e indica que, en principio y dada la hipótesis de partida, se puede afirmar que no existe una obligación tributaria específica que obligue a suministrar la situación a que se refiere la consulta. Esto es, bajo las circunstancias planteadas, no existe una obligación tributaria específica que obligue al contribuyente a declarar la tenencia de dicho efectivo, siempre que no se superen los umbrales del IP, el dinero no provenga de bienes o derechos situados en el extranjero y no se realizasen movimientos transfronterizos de efectivo. No obstante, se recuerdo que el artículo 93 de la LGT establece la obligación de colaborar con la Administración tributaria, la cual podrá hacerse efectiva mediante la contestación del correspondiente requerimiento de información.

En lo que concierne a la justificación de la operación realizada ante un hipotético requerimiento de la Administración tributaria, la DGT acude a los artículos 105 y 106 de la LGT, y concluye indicando que el consultante estará a lo dispuesto en la legislación civil relativo a los medios de prueba a efectos de justificar la operación realizada, recordando que la valoración de los medios de prueba corresponde la Administración tributaria gestora en cada caso concreto. Asimismo, indica que lo dispuesto en la consulta es conforme con la doctrina manifestada por el Centro directivo, entre otras, en las consultas vinculantes (V0195-25), de 19 de febrero de 2025 y (V0665-22), de 25 de marzo de 2022.