La DGT recuerda los requisitos fiscales y límites en planes de pensiones por discapacidad

La Dirección General de Tributos, en su consulta vinculante (V0312-26), de 12 de febrero de 2026, analiza las aportaciones que pueden realizarse a un plan de pensiones constituido a favor de una persona con discapacidad y los beneficios fiscales asociados, tanto para el propio partícipe como para su cónyuge. La consulta parte del caso de un contribuyente con un 65 % de discapacidad reconocido desde 2021 y recuerda que la aplicación del régimen fiscal especial exige, con carácter previo, el cumplimiento del régimen financiero especial previsto para estos sistemas de previsión social. precisa además que las cuestiones estrictamente referidas al régimen financiero especial exceden de la competencia de la DGT y corresponden a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, aunque expone el marco normativo aplicable a título informativo. Ese régimen se contiene en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en los artículos 12 a 15 del Reglamento de planes y fondos de pensiones. 

Quién puede acogerse al régimen especial

Según el criterio recogido en la consulta, este régimen está previsto para planes de pensiones a favor de personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %, discapacidad psíquica igual o superior al 33 % o personas con discapacidad con incapacidad declarada judicialmente, con independencia de su grado. La propia DGT subraya, no obstante, que no le corresponde determinar si el consultante reúne por sí mismo todos los requisitos para acogerse al régimen especial.

Aportaciones admitidas y límites máximos

En este régimen pueden realizar aportaciones tanto la propia persona con discapacidad partícipe como las personas que tengan con ella una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, además del cónyuge o quienes la tengan a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. Cuando las aportaciones las efectúen estas terceras personas, la persona con discapacidad debe quedar designada beneficiaria única e irrevocable para cualquier contingencia.

La consulta recuerda los límites financieros máximos del régimen especial: las aportaciones anuales de la propia persona con discapacidad no pueden superar 24.250 euros; las realizadas por cada familiar o por el cónyuge a su favor no pueden exceder de 10.000 euros; y, en todo caso, el total de aportaciones efectuadas a favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las propias, no puede rebasar 24.250 euros anuales.

Reducción en IRPF de las aportaciones

Desde el punto de vista fiscal, las aportaciones pueden reducir la base imponible general en los términos del artículo 53 de la LIRPF. Así, las aportaciones realizadas por familiares o por el cónyuge a favor de la persona con discapacidad pueden reducirse con el límite de 10.000 euros anuales por aportante, mientras que las aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad no podrán exceder de 24.250 euros anuales.

La resolución insiste en que el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que aporten a favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las de esta, no puede exceder de 24.250 euros anuales. Además, cuando concurran varias aportaciones, deben reducirse en primer lugar las realizadas por la propia persona con discapacidad; solo si estas no agotan ese límite conjunto podrán reducirse las efectuadas por otras personas, y ello de forma proporcional. Si no existe base imponible suficiente, las aportaciones que no hayan podido reducirse podrán trasladarse a los cinco ejercicios siguientes, sin embargo, esta regla no se aplica si las aportaciones y contribuciones exceden los límites legales. 

La opción por el régimen especial debe ser previa

Uno de los aspectos más relevantes de la consulta analizada es que recalca que la opción por el régimen especial ha de ejercerse antes de realizar las aportaciones. Si las aportaciones se hicieron bajo el régimen general, no cabe aplicar después el régimen especial para personas con discapacidad, ni tampoco el límite incrementado del artículo 53 de la LIRPF.  

En la práctica, la consulta confirma que el hecho de tener reconocido un grado de discapacidad no basta por sí solo para aplicar automáticamente el tratamiento fiscal reforzado. Es necesario que el plan de pensiones se haya configurado y alimentado desde el inicio bajo el régimen especial previsto para personas con discapacidad y que se respeten sus reglas financieras y subjetivas. Solo en ese caso podrán beneficiarse de la reducción específica tanto la propia persona con discapacidad como su cónyuge u otros familiares legitimados para aportar.