La DGT se pronuncia sobre...jubilación

Última revisión
21/06/2024

La DGT se pronuncia sobre la tributación en IRPF de unos atrasos percibidos por sentencia judicial de una pensión de jubilación

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Materias: fiscal

Fecha: 21/06/2024

La DGT concluye que los atrasos de pensión de jubilación percibidos en 2022 por sentencia judicial se imputan al año de firmeza de la misma y pueden aplicar la reducción del 30 % del artículo 18.2 de la LIRPF.

La DGT se pronuncia sobre la tributación en IRPF de unos atrasos percibidos por sentencia judicial de una pensión de jubilación
La DGT se pronuncia sobre la tributación en IRPF de unos atrasos percibidos por sentencia judicial de una pensión de jubilación


La consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (V0910-24), de 25 de abril de 2024, se pronuncia acerca de la tributación en el IRPF de unos atrasos percibidos en el año 2022 de una pensión de jubilación así como de la posible aplicación de la reducción por irregularidad.

Es importante señalar que dichos atrasos se han percibido en cumplimiento de sentencia judicial, por lo que serían imputables al ejercicio de firmeza de la misma y, en su caso, sería de aplicación la reducción contemplada en el artículo 18.2 de la LIRPF, a condición de que se cumplan determinados requisitos.

Imputación temporal de los atrasos percibidos

En primer lugar, el Centro Directivo estudia la imputación temporal de los atrasos percibidos teniendo en cuenta el artículo 14 de la LIRPF, que en su apartado primero estipula como regla general que los rendimientos de trabajo se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

Dicho precepto establece, además, una regla especial para el supuesto en que, como es el caso, una renta no se haya satisfecho de manera total o parcial: «Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza».

Así pues, esto lleva a concluir que el importe de los atrasos de la pensión de jubilación se imputarán al año 2022 por entenderse que es el período impositivo donde la resolución judicial ha adquirido firmeza.

Posible aplicación de una reducción del IRPF

Ahora bien, una vez analizada la imputación temporal, la DGT se pronuncia sobre la posibilidad de aplicar el artículo 18 de la LIRPF, que regula una serie de reducciones aplicadas a determinados rendimientos de trabajos.

Tal precepto determina lo siguiente:

«1. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.

2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único período impositivo.

(…)

No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a los rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años cuando, en el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos años, a los que hubiera aplicado la reducción prevista en este apartado.

La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

(…)

3. El 30 por ciento de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a) 1.ª y 2.ª de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.

(…)».

Por consiguiente, se plantean dos alternativas de reducción del 30 %:

  • Para los supuestos de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el art. 17.2 a) de la LIRPF, que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo (art. 18.2 LIRPF)
  • Para los supuestos de prestaciones percibidas de los regímenes públicos de la Seguridad Social, en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación (art. 18.3 de la LIRPF).

En cuanto a la primera de las alternativas, ha de incidirse en que el 17.2 a) de la LIRPF considera como rendimientos de trabajo «las pensiones y haberes pasivos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, (…)». Es por ello por lo que, a priori, se excluiría la posibilidad de aplicar la reducción contemplada en el art. 18.2 de la LIRPF, pero el Tribunal Económico Administrativo Central ha fijado el criterio siguiente en su resolución n.º 3228/2019, de 1 de junio de 2020:

«Cuando se perciban pensiones o prestaciones asimiladas de períodos anteriores, o complementos o recargos de las mismas de tales períodos, porque una sentencia judicial así lo haya reconocido, a las cantidades percibidas de períodos anteriores, cuando los períodos concernidos superen los dos años, no les resulta de aplicación la reducción del apartado 3 del art. 18 de la Ley 35/2006, pero sí la del apartado 2 de dicho artículo».

Así, el Centro Directivo asume dicha unificación de criterio en su consulta vinculante (V2761-20), de 10 de septiembre de 2020, donde resuelve que: «procede modificar el criterio interpretativo que esta Dirección General había venido manteniendo hasta ahora y pasar a considerar que la reducción del artículo 18.2 de la Ley del Impuesto resulta operativa respecto a las pensiones y haberes pasivos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, cuando vengan reconocidas por sentencia judicial y abarquen más de dos años».

Por todo ello, ha de afirmarse que la reducción del 30 % contemplada en el apartado segundo del artículo 18 de la LIRPF resulta operativa respecto de dichos atrasos, dado que existe un espacio temporal que es superior a dos años, toda vez que se cumplan los requisitos restantes establecidos para su aplicación en dicho precepto.

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