Nuevas medidas complementarias para la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica de 2021

En el BOE del 26/11/2025 se publica el Real Decreto-ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, el 27 de noviembre de 2025; derogando todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo en él dispuesto.

La erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021 en la isla de La Palma afectó gravemente a los vecinos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte; así que, desde entonces, se han aprobado diversos paquetes de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo, con el objetivo de ayudar a los afectados y de articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de infraestructuras.

Por medio de esta nueva norma, se mantienen algunas medidas del escudo de protección económico y social, y se establecen nuevas medidas complementarias que permitan culminar el proceso de reconstrucción de la isla:

• Habilitación para que Canarias pueda destinar el superávit presupuestario de 2024 a financiar ayudas a afectados. De forma excepcional, se habilita a la CA de Canarias para que pueda destinar 100 millones de euros del superávit presupuestario de 2024 a financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica, principalmente los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas generadas, sin que le resulte aplicable a estos efectos lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone que en caso de superávit este deberá destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto. En este sentido, el gasto ejecutado en este concepto se tendrá que registrar contablemente de forma separada y no tendrá la consideración de gasto computable a efectos de la regla de gasto.
• Ampliación de la deducción en IRPF por residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma. Se amplía al período impositivo 2025 la deducción análoga a la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma.
• Nuevo plazo para solicitar la suspensión de obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria. Aquellos deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas de la isla de La Palma cuyos ingresos principales provengan de la agricultura y que hubieran solicitado la suspensión de sus obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria o la prórroga de la misma en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, podrán solicitar, hasta el 15 de enero de 2026, una nueva suspensión de seis meses, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, de sus obligaciones de pago derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria. En todo lo demás, serán de aplicación los artículos 15 a 24 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.
• Eliminación de la limitación temporal de ciertas actuaciones subvencionables. Se modifica el apartado 2 del artículo 46 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, que incluye ayudas, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la CA de Canarias y al Cabildo de la Palma para la prevención y mitigación de daños a la biodiversidad y el patrimonio natural; a fin de eliminar la limitación temporal relativa a las actuaciones subvencionables contenida en ese apartado y de garantizar la adecuada ejecución y finalización de los proyectos financiados.